Se presentó en el Senado argentino un proyecto de ley en virtud del cual se dispone la creación de una “Comisión Bicameral Investigadora sobre Costos y Precios de la Energía y los Servicios Públicos”. El mismo cuenta con la autoría de Antonio J. Rodas, senador nacional por la provincia del Chaco, y tramita en la aludida Cámara Alta a través del Expediente S-1983/2022.

Según se especifica en su artículo 2°, dicha comisión investigadora tiene por objeto “el estudio y análisis de los costos implicados en la producción energética y la prestación de los servicios públicos nacionales, así como los correspondientes procesos de formación de precios a los consumidores y usuarios”.

Complementariamente, en el mismo precepto, se aclara expresamente que, de modo especial, la investigación postulada debe determinar, en relación a la actualidad y los últimos diez años, los siguientes tópicos:

1. El detalle pormenorizado y comparativo de los costos en cuestión y de los precios correspondientes.
2. Los conceptos componentes de dichos precios, con sus montos respectivos.
3. Los márgenes de ganancia obtenidos, las tasas de rentabilidad correspondientes, así como la relación comparativa de tales márgenes y tasas con los propios de otros rubros o sectores de actividad.
4. Si existen elementos y/o procedimientos alternativos que permitan reducir los costos de marras.
5. Todo otro dato o información útil para la dilucidación clara, completa y precisa de los tópicos precedentes.

Según se indica en los fundamentos respectivos, la iniciativa legal en cuestión “está destinada, básicamente, a indagar profunda y minuciosamente sobre la conformación de los referidos costos y precios, definiendo eventuales alternativas que puedan contribuir al abaratamiento de los productos y servicios involucrados”. Al respecto, seguidamente, se pone de relieve que “los costos y precios de las diversas formas de energía y los distintos servicios públicos, constituyen uno de los pilares de todo sistema económico”, enfatizándose el alto impacto -“tan directo como profundo”- que aquéllos tienen en todas las actividades económicas, en el nivel general de precios, en la tasa de inflación y en el poder adquisitivo de los ingresos, en general, y de los salarios, en particular.

Tales observaciones son rematadas resaltándose el carácter decisivo que reviste la incidencia de los mismos en el nivel y la calidad de vida de los distintos sectores sociales de la población, así como la centralidad acuciante que, en la actual coyuntura, posee la temática en cuestión, debido a los “incrementos puntuales ya producidos en algunos de los sectores implicados” y a que “las empresas de tales rubros -prácticamente, en su totalidad- demandan un reajuste sustancial de sus respectivas tarifas, aprestándose en tal sentido”.

Además, entre los fundamentos de marras, obra una nutrida reseña de consideraciones jurídicas y antecedentes institucionales relativa a las potestades de investigación que poseen las cámaras legislativas.

Actualmente, el proyecto se encuentra radicado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

El gobierno argentino aprobó una suba del 9% en las tarifas eléctricas, primer aumento de los dos pautados para este año 2021, levantando el congelamiento de las tarifas eléctricas que estaba vigente desde diciembre de 2019 y luego prorrogado por la pandemia. El incremento, que comenzará a regir en mayo, se dispuso al mismo tiempo que se decidió solicitarle la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, lo que fue desmentido a las pocas horas.

El, hasta el momento, subsecretario fue acusado de de «incompetencia», por no desarrollar un esquema segmentado para salir del congelamiento de forma ordenada, tomando en cuenta los costos, los subsidios y su impacto.

El subsecretario de Energía, Federico Basualdo, una figura cercana al Instituto Patria, buscaba limitar los incrementos, en contradicción con el ministerio de Economía, conducido por Martín Guzmán, que reclamaba ajustar las tarifas para frenar los subsidios en el área.

La decisión se tomó tras una serie de reuniones entre Alberto, Guzmán y Santiago Cafiero. Horas más tarde, desde sectores cercanos a Basualdo salieron a negar su renuncia: “Nunca existió el pedido de renuncia a Federico Basualdo». 

El aumento de tarifas se da en el contexto de una inflación anual proyectada para 2021 entre el 40 y el 50%, subas del salario mínimo del 35% en 7 cuotas y una discusión con Edenor y Edesur, empresas que rechazan renunciar a su reclamo ante tribunales internacionales por $ 60.000 millones, ingresos que habrían «dejado de percibir» en los últimos dos años por el congelamiento de las tarifas.

Cabe recordar que las empresas del rubro venían de beneficiarse, durante los cuatro años de la administración nacional de Mauricio Macri, con aumentos tarifarios de entre el 600% y el 3000%. Solo en 2018, Edenor y Edesur reportaron ganancias por $3700 millones de pesos.

Meoni, sostuvo que «Se mantendrá el esquema actual hasta que haya una revisión integral del sistema. Esto va en línea con lo que dijo el Presidente», en sintonía con la ley de «Solidaridad Social y Reactivación Productiva» en el marco de emergencia económica, recientemente promulgada, en defensa y protección de los sectores con mayor vulnerabilidad económica y social.

El ministro explicó que de esta manera tampoco se tocarán los subsidios a las empresas por los próximos meses. Los datos oficiales precisan que el Estado financia el 60 por ciento del boleto de colectivos y el 90 de los trenes. Estos porcentajes se mantendrán “al menos por 120 días”, plazo durante el cual se sucederán los encuentros entre funcionarios nacionales y provinciales para revisar los valores de esos subsidios.

El último aumento en la gestión de gobierno de Mauricio Macri, de la mano del entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, terminó con incrementos que en cuatro años treparon al 500%. La suba final de este año fue escalonada en el trimestre enero, febrero y marzo, y en el Área Metropolitana de Buenos Aires el boleto mínimo de colectivos pasó a costar 18 pesos, con secciones que van desde los 20 hasta los 22 pesos.

En los trenes, la tarifa mínima de las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín pasaron a costar 10 pesos; en el Roca, Belgrano Sur y Urquiza llegó a 6,25, y el Belgrano Norte trepó a 5,75 solo para la primera sección.