Por César Augusto Lerena

El Poder Ejecutivo retiró el proyecto de ley ómnibus pero no parece dispuesto a renunciar a sus intenciones y cumplirlas por otras vías. Aprovechando la invitación a disertar en un simposio celebrado en Miami, el cerebro del proyecto, Federico Sturzenegger, insistió en mencionar al sector pesquero argentino como un factor negativo. Incluso citó la Ley Federal de Pesca promulgada por el Presidente Carlos Menem en 1997.

Dijo Sturzenegger que en lugar de la ley vigente un nuevo régimen “buscaba licitar los permisos de pesca para que el Estado obtenga un mayor beneficio, pero la iniciativa no prosperó en el Congreso debido al lobby de las empresas pesqueras”.

En general los proyectos de ley se tratan en las comisiones específicas del Congreso. Respecto a la reforma de pesca, debió tratarse en la Comisión de Intereses Marítimos, cosa que no ocurrió, discutirse y eventualmente aprobarse por los diputados de esa representación. Finalmente, si se logran los consensos adecuados un proyecto puede recibir la media sanción parlamentaria si la mayoría lo aprueba en el recinto.

Cuando son proyectos del Poder Ejecutivo, como este caso, se presentan a defender la propuesta los ministros, secretarios o subsecretarios del área. Cuestión que insólitamente tampoco sucedió. En varios escritos insté al secretario de Bioeconomía Fernando Vilella y al subsecretario de Pesca José Antonio López Cazorla a que dieran su opinión. Ante su silencio, lo mejor fue aplicar aquel proverbio que dice que “hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”. Y apareció. Se llama Federico Sturzenegger. Queda claro porque fue uno de los temas que eligió para su exposición en el Miami Herbert Business School.

¿A qué economista se le ocurriría hablar en un foro de esta naturaleza sobre un tema tan complejo ajeno a su especialidad y a la de la universidad que lo convocó si no fuese porque se trata del autor del proyecto seriamente cuestionado por todo el arco político, empresario, gremial y técnico, a punto tal que debió ser retirado de la ley ómnibus?
Hay cierta egolatría en los autores de los textos -aun los malos- y es frecuente que el pez por la boca muera cuando no dispone de argumentos sólidos.

Es el caso de este profesor que, entre otras cosas, indicó: “La Argentina tiene un mar lleno de peces (donde) hay unas pocas empresas que pescan gratis los peces de todos nosotros, de lobbyies y de un adormecimiento de la sociedad durante cincuenta años (…) un régimen de pesca con un origen muy militar (…) No hay derechos de propiedad en el mar, el gobierno da la autorización para pescar a alguien y cobra por eso. En Argentina se cobra un 0,15 por ciento. O sea, es gratis. Cuando uno lee la ley de pesca se da cuenta de que los militares lo que querían eran barcos (y) decían: haceme un barco y yo te regalo la pesca (…) Luego se armó un sistema donde a aquel que tenía la pesca se le mantuvieron los privilegios. Nosotros quisimos plantear que esos permisos de pesca se tenían que licitar (y) no conseguimos ningún voto». Los textuales están tomados de la Revista Puerto del 14 de febrero último.

El proyecto viola la Constitución Nacional y el artículo 25º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y Políticos (16/12/1966) porque “menoscaba el derecho inherente de los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente de sus riquezas y recursos naturales” y por ello, seguramente, no obtuvo ni un solo voto en el Congreso.

Sturzenegger es, sin dudas, un hombre de la “casta”, y es llamativo que no hubiese planteado antes que “la pesca es un negocio de unos pocos” ya que fue secretario de Política Económica con Fernando de la Rúa en 2001, presidente del Banco Ciudad (2008-2013), diputado nacional (2013-2015) y presidente del Banco Central (2015-2018). No podría decirse que no era un hombre informado, ya que fue considerado “el segundo economista académico residente en Argentina con mayor impacto en la ciencia económica” (Ranking IDEAS). Aunque, sería bueno recordar también que según CEPA «la política monetaria del organismo conducido por Sturzenegger le costó al Estado unos 1,2 billones de pesos, y el déficit fiscal del 2017 fue el tercero más alto de la historia». Sturzenegger no tiene ningún antecedente en una actividad productiva. Tampoco en la pesca.

No siendo funcionario del gobierno actual, es evidente que Sturzenegger se expresa en su calidad de autor del proyecto en estas charlas de difusión popular. Pero de la lectura de la reforma que propone no solo se desprende que no conoce la industria pesquera. También surge que está promoviendo un pésimo proyecto económico y un modelo depredador que ha sido dejado de lado hace treinta años por las administraciones pesqueras más desarrolladas y modernas del mundo. Por lo cual, si realizó los mismos comentarios que hizo en Miami en Fundación de Rockefeller de la Universidad de Harvard, en la Universidad de San Andrés y en la Universidad HEC de París, la información que difunde es como mínimo errónea e incompleta. Además, desalienta seriamente las inversiones en esta materia en la Argentina y daña severamente a la industria argentina de capital nacional o extranjero radicada en el país. Esa industria compite en el mercado internacional con las reglas de éste. Lo hace incluso bajo las políticas poco competitivas de distintos gobiernos, entre otros el que lo tuvo a Sturzenegger como funcionario jerarquizado y esencial en la política monetaria.

Llama la atención, también, que Sturzenegger se refiera al negocio de pocos y, a los lobbyies, ya que si de ello se hubiese enterado recién en diciembre pasado habría que preguntarse por qué el gobierno actual designó como subsecretario de Pesca al citado López Cazorla que ha sido miembro del Consejo Federal Pesquero desde el 2006 a 2019 y, por tanto, directamente responsable de establecer la política pesquera, de aprobar permisos, cuotas y autorizaciones de captura y de fijar los valores de los derechos de captura a las empresas. En ese período Sturzenegger era presidente del Banco Central.

Por otra parte, el mar no está lleno de peces que puedan capturarse, como dijo en Miami. Las “capturas máximas sostenibles” las determinan el Instituto Nacional de Investigación (INIDEP) y el citado Consejo Federal, de modo tal que la máxima explotación posible sin dañar el ecosistema se distribuya en unos 520 buques también habilitados por este Consejo. El otorgamiento de cuotas y autorizaciones se realiza mediante una serie de exigencias definidas en los artículos 26º y 27º de la Ley 24.922 que el proyecto de Sturzenegger precisamente desnaturalizó.

La intención de Sturzenegger es que que el simple pago de un canon permitiese a buques extranjeros el acceso a la Zona Económica Exclusiva. Quiere allanarles el mar a estas flotas, que hubiesen podido tener cualquier antigüedad y utilizar solamente mano de obra extranjera. Y además, y muy importante, podrían desembarcar en cualquier puerto extranjero e incluso efectuar transbordos en el mar, procedimiento que la FAO considera una de las primeras causales de la pesca ilegal.

La mayoría de los buques que pescan a distancia, contrariando a la Organización Mundial de Comercio, lo hacen subsidiados. No pagan aranceles en sus países y realizan la pesca con trabajo esclavo. Incluso pescan a pérdida, porque vienen por la más importante proteína de origen animal.

El proyecto de Sturzenegger atrasa 30 años. La captura extranjera llevaría a cambiar el sistema de cuotificación implementado en la Argentina en 2008 por imperio de la Ley 24.922 sancionada en 1998, y no en el gobierno militar como refiere. El sistema quedaría reemplazado mediante la extracción por “pesca olímpica”, un método descartado en el mundo Se repetiría el error cometido en 1986 con los Acuerdos con la URSS-Bulgaria y en 1994 con la Unión Europea. Éste último acuerdo produjo una depredación sin precedentes. Su denuncia fue muy dificultosa por la asimetría económica y comercial entre los países partes. En ambos casos los acuerdos se limitaron a la captura de supuestos excedentes y no al total del stock pesquero que plantea el proyecto.

Todo ello, que omitió decir Sturzenegger en su charla de Miami, hubiese producido el más absoluto descontrol de la pesca y la consecuente depredación en el Atlántico Sur. La caída de las exportaciones pesqueras argentinas. La quiebra del sector con la consiguiente desocupación y el éxodo de las poblaciones portuarias de la Patagonia. Un procedimiento de apertura del mar argentino a flotas extranjeras que no tiene antecedente en ningún país desarrollado. Tampoco en los Estados Unidos, donde Sturzenegger dio su charla. Solo se aplica en Costa Rica, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y algunos países africanos, que no tienen desarrollada su flota, su industria ni sus mercados pesqueros.

Sturzenegger desconoce que el sistema de licitación fue desechado en todos los países del mundo desarrollado por ineficaz para promover una pesca sostenible, sustentable y estable en los Estados ribereños. La pesca no es la construcción de una ruta. Requiere previsibilidad y tiempo. Chile es el único país que “licita internamente” el 15 por ciento de sus cuotas y lo hizo mediante una negociación para promover el interés de nuevos actores a cambio de otorgar a los empresarios cuotas de pesca por veinte años con opción a otros veinte.

Referirse a que «Una posibilidad de éxito se basa en empobrecer a aquellos que empobrecen al pueblo, buscar mecanismos para restarles esos recursos, porque esos recursos van a ser usados como mecanismo de bloqueo a cualquier proceso de reforma», es incalificable. En este proyecto hubo intencionalidad, perversidad, audacia y desprecio por la industria nacional. No puede dejarse en estas manos el diseño de políticas que llevarían a la destrucción de un sector productivo, generador de pueblos e industrias en el litoral marítimo patagónico con la más baja densidad poblacional del país. Pero también afecta la industria pesquera de Mar del Plata, donde se desembarca el 50 por ciento de las capturas nacionales.

Sturzenegger también omitió hablar de la derogación del art. 27 bis (la Ley 26.386) que abriría el mar argentino a los buques que pescan en forma ilegal en Malvinas, violando la Constitución Nacional.

La Ley de Pesca debe reformarse en la mayoría de los artículos, pero absolutamente en ninguno de los propuestos por el animador de la ley ómnibus. Sturzenegger debería haberse ocupado en determinar cuál es el valor sustentable de los derechos de captura y por qué el Consejo Federal no habría establecido desde 1998 a la fecha. Debió conocer si todos los buques cuentan con la habilitación legal y cuál es el resultado del Informe de la Auditoría de la UBA.

Por qué motivo los fondos provenientes del cobro de derechos de captura en la Zona Económica Exclusiva no son distribuidos adecuadamente para solventar el total de gastos del Estado en investigación y control. Por qué existe concentración en la actividad. Cuáles son las razones por las cuales tratándose de recursos de dominio del Estado se negocian las transferencias entre privados y por el contrario la reforma eliminaba la intervención de la Autoridad de Aplicación; por qué motivo el gobierno no ha iniciado acciones a los buques extranjeros que pescan en Malvinas; por qué se siguen admitiendo los descartes que permitirían alimentar a tres millones de niños por día. Por qué no se ha actuado sobre los Estados de la flota extranjera que pesca los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva.

“Un Estado sin pesca nada puede sobre la mar”, escribió Manuel Belgrano. En el siglo XIX ya tenía ideas más claras que el disertante de Miami.

Cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entidad hegemonizada por la banca norteamericana, Macri reorganizó su Gabinete de Ministros de acuerdo a los dictados de una interna financiera supranacional. Con el correr de los días fueron desplazados Federico Sturzenegger del Banco Central (quien le había entregado la administración de las reservas internacionales y la autorización del giro de utilidades de las firmas multinacionales a Esteban Bertella del banco británico HSBC, el banco favorito de Domingo Cavallo, el mentor de Sturzenegger); Lucas Llach, ahora ex-vicepresidente del Banco Central, famoso por pedir públicamente la entrega completa de Malvinas al Imperio Británico;  al ministro de Producción, Francisco Cabrera (quien fue fundador de Máxima AFJP, del HSBC y como funcionario de Macri en la ciudad protegió de inspecciones a Iron Mountain donde justamente se quemaron intencionalmente papeles comprometedores del banco británico) y al ministro de Energía, Juan José Aranguren (presidente de la petrolera de la corona británica y holandesa, Shell, en Argentina). 

Sturzenegger fue reemplazado por Luis Caputo, el empleado del banco norteamericano por antonomasia, JP Morgan Chase, propiedad del clan Rockefeller. El dúo Sturzenegger-Cavallo estuvieron durante años procesados por el Megacanje, maniobra que otorgó U$S 55 mil millones a los bancos internacionales y que fue elaborada junto a David Mulford, representante del Credit Suisse First Boston de Londres.

El otrora poderoso señor de los Tarifazos tuvo que volverse a su casa y será reemplazado por Javier Iguacel, un funcionario de Cambiemos que viene de destacarse como Director de Vialidad Nacional entre otras cosas por construir un millonario puente ferroviario por el que no logran pasar trenes y haber realizado una auditoría sin fundamentos sobre la obra pública en Santa Cruz para poder acusar a Cristina Kirchner en Tribunales. Francisco Cabrera por su parte tuvo que dejar su cargo a Dante Sica, representante de los intereses de Peugeot-Citroën en Argentina y cercano a las cúpulas de la Unión Industrial.

Con Sturzenegger también se fue el pro-británico Lucas Llach, quien desde su cuenta de Twitter llegó a expresar la conveniencia de entregar por completo Malvinas al Imperio Británico:

De acuerdo al analista argentino Walter Formento: «El primer planteo era que Producción y Energía también pasaran a depender de Nicolás Dujovne, algo que le reclaman desde Wall Street y el FMI. Pero se prefirió fortalecer a los ya dentro del esquema de gobierno como el Grupo Macri (Socma controlante de Pluspetrol en varios países y con varios campos en Vaca Muerta) e incorporar otras apoyaturas económico-financieras como Perez Companc (Pecom Energía), Techint (Tecpetrol), a los grupos económico financieros Brasileños (FIESP) y un canal abierto hacia las multinacionales francesas y alemanas. Está claro, ademas, que, el poder para avanzar y forzar estos cambios/salidas en los sectores económico-financieros que fueron parte del esquema de gobierno de Mauricio Macri desde diciembre de 2015, están en relación con el peso que Washington impone, con la jugada desde el FMI en dialogo con una fracción de los grupos económicos locales».

Podemos concluir entonces una vez más que estamos ante un gobierno que estructura sus ministerios para servir a los poderes globales y responde incluso a las internas y pujas de poder entre las élites supranacionales, completamente alejado de las necesidades del pueblo argentino.

La gigantesca deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional por U$S 50.000 millones tendrá consecuencias sobre la economía real, haciendo caer el nivel de actividad, consumo e inversión, salarios, jubilaciones y empleo ya que implicará quitar al poder adquisitivo del conjunto de la sociedad unos $255.000 millones solo en el primer año ($ 570 mil millones durante los tres años que dura el acuerdo). Menos obra pública, menos salarios, menos salud y menos educación. Una economía congelada solo para poder seguir pagando la deuda externa y que las élites económicas puedan seguir fugando dinero al exterior. Tendrá tres años de gracia por lo que la Argentina deberá empezar a pagar capital e intereses de esta enorme deuda en 2021, verdadera «pesada herencia» para los próximos gobiernos. El conjunto de la oposición debería ya pronunciarse y desconocer este compromiso que no fue aprobado por el Congreso ni mucho menos por el pueblo que lo rechaza en su inmensa mayoría.

También habrá endeudamiento extra con otros organismos internacionales (BID, Corporación Argentina de Fomento, Banco Mundial) que elevarán la deuda a cerca de U$S 56 mil millones.

Cálculos del Gobierno estiman que bajar el déficit fiscal a 1,3% del PBI significará alrededor de US$ 8.500 millones menos de dinero del Estado en la economía. Los rubros que experimentarán esa caída son los subsidios a la energía y al transporte, salarios del Estado, transferencias a las provincias e inversiones en obras públicas del Estado

«El FMI espera que la devaluación corrija las cuentas externas a través de la caída de los ingresos, es decir, que no sea solamente una devaluación nominal sino en términos reales. Si el Fondo tiene éxito en este punto, será otra fuerza recesiva. Y si no tiene éxito, la situación se puede volver un espiral de inflación-salarios-devaluación. Yo creo que la economía argentina no va a volver a crecer hasta fin del año que viene. El Gobierno no va a poder estimular la economía como en 2017. El mejor escenario es de estabilidad macroeconómica y recesión”, afirmó el economista de la UMET, Mariano de Miguel.

Según comunicó el Ministerio de Hacienda, si los desembolsos del crédito no superan el 187,5% de la cuota argentina en el FMI, es decir unos 8.480 millones de dólares, los intereses a pagar serán del 1,96%: 980 millones de dólares. Si Argentina utiliza más de ese monto deberá pagar 3,96% de intereses: 1.980 millones de dólares. Y si Argentina utiliza más de ese monto por más de 3 años deberá pagar un interés del 4,96%: 2480 millones de dólares.

Según el periodista económico, Raúl Dellatorre: «los primeros seis meses vendrán teñidos por una inflación fuerte, dólar en alza y un estancamiento económico con tendencia a la recesión. Para 2019, la meta de reducción del déficit fiscal es ambiciosa, que es lo mismo que decir que el ajuste será brutal. Este es el costo que el gobierno decidió pagar para lograr un “blindaje” de 55.650 millones de dólares que intente preservarlo de los desequilibrios externos y de acontecimientos climáticos locales (…) A Fernando De la Rúa, en 2001, el mecanismo de “blindaje” no le funcionó (entonces era de 40 mil millones de dólares). También continuarán los tarifazos, porque el gobierno estará obligado a no correrse de las estrictas metas de reducción del déficit primario, para no dejar de cumplir con el déficit financiero (pago de intereses de la deuda)».

El Fondo aceptó que el gobierno tenga un margen adicional de déficit de 0,2% del PBI para dedicarlo únicamente al gasto social: “Se trata de alrededor de $ 30 mil millones, por ejemplo para sostener la Asignación Universal por Hijo. Nos parece muy importante. Son cláusulas de salvaguarda social inéditas”, se ufanó Dujovne.

El conjunto de la sociedad tendrá que soportar un durísimo ajuste y el congelamiento de la economía. Para evitar un levantamiento popular masivo el FMI prevé mantener cierto grado de ayuda social.

El megafondo buitre norteamericano BlackRock, socio de JP Morgan, ingresó este martes una cantidad importante de dólares a la rueda de la especulación financiera argentina y ayudó a ponerle un freno a la suba del dólar, salvando a Macri de la crisis que muchos esperaban con el «supermartes» y dejando el dólar en $25, lo que había pedido el FMI para iniciar las negociaciones del acuerdo (tener la divisa demasiado barata agranda el déficit comercial a cubrir). BlackRock por su parte hizo un gran negocio ya que sacó a comienzos de abril sus dólares a $20,20 para llevarlos a la bicicleta financiera que se armó en Egipto y los reingresó ahora con un dólar a $25 y luego de que la tasa subiera al 40% (la operatoria sumó al fondo Templeton, que de acuerdo al Financial Times aportó U$S 2.250 millones comprando bonos «BOTES»). Estabilizar el dólar (luego de entregarle a bajo precio a los bancos U$S 10.000 millones de nuestras reservas) permite además la continuidad de la bicicleta financiera con Lebacs a esa tasa usuraria, lo que dejará un enorme beneficio a especuladores a costa de congelar la economía real que ya de por sí debe soportar una inflación anual que ronda el 30% (2,7% solo en abril y 10% acumulado en 4 meses según el INDEC, habiéndole rebajado en los hechos un 15% el salario al conjunto de los trabajadores). Finalmente la bicicleta financiera sigue, en 35 días se volverán a renovar las Lebacs y el Mercader de Venecia volverá por su libra de carne (cada vez más dolorosa).

Sobre la participación en este juego del megafondo BlackRock, así lo afirma el portal La Política Online: «BlackRock pidió que le abran la emisión de bonos en pesos a tasa fija (Botes 2023 y 2026) para auxiliar al gobierno. Se comentaba incluso que detrás de la movida hubo algún guiño de la Reserva Federal, acaso activado tras la comunicación de Trump con Macri de este lunes». Este «salvataje» ocurre luego de que el diario norteamericano The Washington Post advirtiera que la crisis argentina podría extenderse a otros países del mundo.

BlackRock es quizá el megafondo especulativo más grande del mundo, paradójicamente le tocó en 2014 enfrentarse en los tribunales neoyorquinos contra el NML de Paul Singer, ya que a diferencia de este último BlackRock siempre fue un tenedor importante de títulos de la deuda argentina (hasta la actualidad) y había ingresado a los canjes de 2005 y 2010.

BlackRock es un fondo socio de JP Morgan del clan Rockefeller y tiene acciones en las principales corporaciones norteamericanas como: Citigroup, Bank of America, Visa, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Paypal, American Express, IBM, Intel, Amazon, AT&T, Disney, Chevron, ExxonMobil, Ford, General Motors, Coca Cola, PepsiCo y McDonald’s. Su vicepresidente: Philip Hildebrand, es miembro del elitista club Bilderberg, venía ser presidente del Banco Central de Suiza, es directivo en el Banco de Pagos Internacionales (BPI/BIS, Suiza) y miembro del Grupo de los Treinta, otra institución internacional financiera creada en 1978 por la Fundación Rockefeller.

Macri se había reunido con el CEO de BlackRock, Larry Fink en 2016 y visitó su sede en 2017:

Además de rifarse U$S 10.000 millones de reservas y de la nueva deuda contraída con estos megafondos especulativos, el gobierno le cargó a la sociedad argentina la renovación del 100% de las Lebacs con una altísima tasa usuraria del 40% que algún día tendrá que pagar la Argentina, una enorme masa monetaria que terminará en mayor devaluación e inflación.

En medio de una creciente devaluación y su consecuente alza inflacionaria, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se reunió este jueves con su mentor, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. El encuentro se dio en el marco de la reunión del Grupo de los 30, otra de las instituciones elitistas fundadas por David Rockefeller y de la que Cavallo es miembro hace ya muchos años.

Se descarta que analizaron la compleja situación económica que vive la Argentina y para las que el antiguo promotor de la dolarización viene anunciando sus recetas. También estuvieron presentes en la reunión el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

El Grupo de los 30 reúne a los titulares de los Bancos Centrales de las mayores economías del mundo y está sesionando por estos días en el Centro Cultural Kirchner.

Para más información sobre el elitista «Grupo de los 30», puede ingresar acá.

Macri y Sturzenegger ya se rifaron U$S 7700 millones desde marzo, regalándole nuestras reservas a los grandes bancos que pudieron comprarlas a un valor más barato, mientras el peso argentino (nuestros salarios y ahorros) se devalúa y la inflación se dispara muy por arriba (¿el doble?) del magro 15% que el gobierno le impuso a los salarios junto a la complicidad de muchos gremios. En pocos días se perdieron más del 10% de nuestras reservas (que tienen el agravante de estar constituidas por deudas y no por ingreso genuino de dólares vía exportaciones) y el peso argentino se devaluó 11% en 48hs. Al subir las tasas de interés al 33% y las Lebacs al 38% el gobierno optó por congelar la economía, ya que nadie invertirá un centavo pudiendo ganar mucho más, y sin hacer nada, con la timba financiera (y aún falta que la Reserva Federal de EEUU suba las tasas, algo que se espera ocurrirá en dos oportunidades este año). ¿La sociedad argentina reaccionará finalmente frente a este saqueo?

La revista británica, propiedad de la casa banquera Rothschild, The Economist, escribió un duro editorial contra la política económica implementada por el gobierno de Mauricio Macri titulada «la crisis del gradualismo argentino», claro que reclamándole mayor ajuste, dada la concepción de la banca usurera por excelencia.

«El problema es que la estabilización de la economía está tomando más tiempo de lo que el Gobierno había esperado y los inversores se han vuelto más reacios a prestarle a Argentina», al tiempo que criticó la forma en que se realizó la suba de tarifa en los servicios públicos: «El aumento en los precios de la energía y el transporte ha golpeado duramente a la clase media (los pobres están en gran medida protegidos). Eso ha afectado la calificación de aprobación del señor Macri, que se sitúa en torno al 40%, la más baja desde que fue elegido». También realiza un análisis político: «Los rumores de descontento comienzan a alarmar a sus socios de coalición. La mayor preocupación es que las expectativas de inflación obstinadamente altas evitarán que la inflación caiga, y que solo una recesión puede llevarla al nivel objetivo». Las acciones de empresas argentinas cayeron en un día un 8% en la bolsa de Wall Street: Pampa Energía de Mindlin cayó 7,3%, Telecom de Magneto 5,4%, Edenor de Lewis 6,1%.

Con su habitual simbolismo, The Economist dibuja a Macri arriba de una tortuga en un camino que asciende hacia un nubarrón oscuro…

Por su parte, la revista norteamericana Forbes, directamente sugirió a los capitales, en un nota de opinión, «salir de la Argentina»:

Mientras tanto, el Financial Times (también de la casa Rotshchild) titula: «Argentina intenta evitar el desplome del peso con tasas de interés de emergencia»:

Las reservas reales del BCRA son menores que las que formalmente figuran:

Reservas U$S 56.617 mil.
Encajes de los bancos U$S 12.482 mil.
Créditos y pases U$S 18.967 mil.
Dinero en caja U$S 1.900 mil.
—————————————————————–
Reservas Reales U$S 23.268 mil.

Mientras tanto el dólar a futuro se comercializó en $27 para diciembre y las «metas de inflación» se demostraron ser poco más que una farsa y un invento imaginario para poder licuar los salarios de los trabajadores. El sector agrícola por su parte acapara U$S 5000 millones de soja esperando una mayor devaluación mientras por primera vez en su historia, Argentina importó 490.000 toneladas de soja de EEUU. La ex presidenta Cristina Kirchner difundió un mensaje por sus redes sociales: «De los cinco precios más importantes de la economía, el gobierno ha hecho estallar tres: tarifas, dólar y tasa de interés. Como no podía ser de otra manera, esto impacta directa y negativamente sobre los otros dos: salarios y precios de los bienes. Todo esto, además en un marco de re-endeudamiento externo vertiginoso. Estamos asistiendo a una de las más brutales transferencias de ingresos, de las grandes mayorías a los sectores concentrados de la economía, de las que se tenga memoria».

Al final de la jornada y con el desplome de la economía, Macri solo atinó a irse a su casa, como bien graficó C5N con un graph que se viralizó en las redes.

Mauricio Macri se habría reunido con Domingo Cavallo para asesorarse sobre el rumbo de la economía, de acuerdo a distintas versiones, en un momento en el que el peso se devalúa, la inflación se descontrola y el Banco Central despilfarró en pocos días varios miles de millones de dólares de nuestras reservas y subió las tasas de interés al 30,25%, con lo que enfriará aún más la actividad económica real (productiva).

El ex creador del «corralito» financiero y del desfalco del Megacanje, viene elogiando (¿y asesorando?) desde hace tiempo a Macri. Fue también uno de los responsables de estatizar a partir de 1982 la millonaria deuda que esta familia de la «patria contratista» contrajo en complicidad con la última dictadura cívico-militar.  Cavallo fue además el último manotazo de ahogado de De la Rúa (salvavidas de plomo en realidad), ¿lo terminará siendo también de este nuevo ciclo neoliberal?

Cavallo le habría recomendado en este último encuentro a Macri resolver la falta de coordinación del equipo económico, unificando cuanto antes los ministerios de Hacienda y Finanzas ya que «por las diferencias internas del equipo económico actual, se debaten las medidas durante meses y luego se terminan haciendo a medias, lo que atrasa todo el proceso».

Según Cavallo, ni Nicolás Dujovne ni Luis Caputo deberían ser el ministro de Economía y si bien no trascendió el nombre, el ex ministro de Menem y De la Rúa buscará ubicar en ese rol clave a un hombre de su confianza. Seguimos incorporando figuras de los ’90 al gobierno actual, como el caso del también cavallista Federico Sturzenegger.

Los Macri gozaron de todo tipo de beneficios en la década menemista, desde la vista gorda con el contrabando de autopartes de Sevel (y el posterior fin de la causa gracias a la Corte adicta al ex presidente) a la privatización del Correo Argentino, del que nunca abonaron al Estado el canon anual y aún hoy adeudan los miles de millones impagos.

El lunes 28 de abril, Cavallo en su blog publicó una serie de reflexiones económicas que confirman los «consejos» que le habría dado a Macri:

«Los sobresaltos cambiarios de la semana pasada se debieron más a la confusión que genera entre los operadores financieros la aparente puja entre el Banco Central y la Jefatura de Gabinete (o quien sea la verdadera autoridad económica del gobierno, ¿el Presidente Macri, como lo era el Presidente Kirchner desde que asumió y mientras tuvo energía para hacerlo?; craso error si fuera así)», señala Cavallo en el inicio de su artículo.

«Lamentablemente, la comunicación pública de la política macro-económica del gobierno no es buena, porque se ha hecho de la independencia del Banco Central y del modelo de política monetaria que persigue metas de inflación, una suerte de piedra filosofal, mientras hay indicios que el equipo económico razona con otros esquemas teóricos, que no se sabe bien cuales son, porque nadie los ha explicado con la precisión y convicción que el presidente del Banco Central ha explicado el suyo», agrega, confirmando que tiene una visión positiva de Sturzenegger y no así de las áreas del Ejecutivo en las que se fragmentó el manejo de la economía.

«Como consecuencia de la incertidumbre sobre cuál es la verdadera política macroeconómica del gobierno (en un sentido más amplio que el de política monetaria), muchos analistas y operadores financieros hablan de «quema de reservas» para referirse a la elevada venta de dólares que hizo el Banco Central. La venta de reservas no es otra cosa que el resultado de la decisión de quienes habían traído dólares a través de lo que se denomina el carry-trade, apostando a una gran diferencial entre la tasa de interés pagada por el propio Banco Central y la expectativa de aumento del precio del dólar para los plazos de las operaciones. Se trata de las mismas reservas que cuando entraron, deprimieron artificialmente el precio del dólar, sin que ayudaran, casi nada, a reducir la tasa de inflación», agrega el ex ministro.

«No se puede hablar de «quemar reservas» cuando el Banco Central retira por montos equivalentes LEBACs que, en la práctica, son un activo tan liquido como la Base Monetaria y los depósitos a la vista en el sistema bancario. Quienes se rasgan las vestiduras diciendo que la intervención del Banco Central en el mercado cambiario es distorsiva, consideraban totalmente ortodoxo y consistente con el modelo de metas de inflación la acumulación de reservas que hizo el Banco Central cuando le compró al Tesoro los dólares de su endeudamiento externo y lo financió con emisión de LEBACs. ¿No era esa una intervención del Banco Central en el mercado cambiario?».

«No hay razones para la alarma. Ni para el gobierno ni para la gente. Todavía es perfectamente posible lograr que se retome la tendencia a la baja de la tasa de inflación sin que se interrumpa el proceso de crecimiento de la economía, que, aunque tenue, siempre es mejor que una recesión», apuntó.

«El gobierno tiene que dejar de hablar de metas cuantitativas de inflación, centrar su esfuerzo en controlar el crecimiento del gasto público primario, en términos nominales, no como porcentaje del PBI», como hace el Ministerio de Hacienda.

«Es una pena que el viernes último, frente al nerviosismo que provocó la escapada del dólar, el Banco Central haya reaccionado con una suba de 300 puntos básicos en la tasa de intervención (o de LEBACs, que es prácticamente lo mismo), cuando no hay indicios de aumentos adicionales de la tasa de inflación».

«Esta suba es tomada por los que se habían embarcado en la defensa a ultranza de la independencia del Banco Central, que habría sido vulnerada a partir del 28 de diciembre por la Jefatura de Gabinete (o por quien sea la verdadera autoridad económica, algo que no está claro), como un triunfo del Banco Central y una recuperación de su independencia. Arenga totalmente inapropiada en una confusa pelea que está en la nebulosa», agrega.

«Semejante aumento de la tasa de intervención puede ser leída por los mercados como un regreso a la práctica de inducir carry-trade para conseguir entrada de dólares prestados al activo del Banco Central. Dólares que pueden llegar a repetir los dos episodios de sobrevaluación exagerada del peso que se observaron a lo largo de 2017. Los dos episodios, terminaron, como no podía ser de otra manera, con una escalada rápida del precio del dólar sin que, en el ínterin, el efecto sobre la tasa de inflación durante los meses de sobrevaluación haya sido significativo. ¿Se va a volver a esta práctica? ¡No lo puedo creer!».

«El curso futuro de la inflación va a estar determinado fundamentalmente por el ritmo al que aumente el gasto primario del gobierno en términos nominales, el ritmo al que aumente el precio del dólar y el ritmo al que aumenten los salarios. Por supuesto, la desinflación aparecerá más lenta por el impacto de lo que resta ajustar de las tarifas de servicios, pero este efecto no se perpetúa en el tiempo».

«Impulsar un plan de estabilización, sin acompañarlo con políticas comerciales pro-exportadoras, es muy peligroso. Hasta ahora, el gobierno no ha prestado suficiente atención a esta cuestión, salvo la eliminación de retenciones a las exportaciones. Basta observar que los reembolsos y reintegros a las exportaciones representan menos del 3% del valor de las exportaciones, cuando en la década de los 90 representaban, en promedio, el 10%, siendo que en aquella época no había impuestos a los ingresos brutos en las etapas intermedias de producción, no había impuesto al gas-oil, no había impuesto al cheque ni impuesto de sellos».

Federico Sturzenegger se vio obligado a desembolsar este miércoles al menos 1.500 millones de dólares para contener el dólar mayorista en $20,26, una cifra récord en los últimos tiempos. La suba de la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos generó una suba de la cotización de la divisa en los mercados emergentes por lo que las monedas de la región se devaluaron frente al dólar. Para evitar esta devaluación que sumaría presión a la inflación, el director del Banco Central de la Argentina no tuvo otra opción que entregarle al mercado más 1500 millones de dólares de las reservas. ¿Hasta cuándo podrá sostener el dólar anclado y a qué costo?

El tipo de cambio retrasado perjudica a las exportaciones y favorece a las empresas internacionales de servicios públicos que deben cobrar en pesos y remitir ganancias en dólares y privilegia a las importaciones con la consecuente destrucción de la industria nacional.

El actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, procesado por el «Megacanje» de 2001 junto a Domingo Cavallo (medida que en ese momento incrementó la deuda externa argentina en 53.000 millones de dólares), vuelve a instrumentar ahora un nuevo endeudamiento con los bancos globales por 16.000 millones de dólares, con intenciones de elevar ese monto a 65.000 millones. No solo es pernicioso porque todos deberemos pagar esa deuda con altos intereses, sino también por las condiciones de ajuste que esos bancos nos imponen. Mientras los medios nos distraen con novelas policiales, mediante decretos que nadie discute nos endeudan por varias generaciones.

Por Alfredo Zaiat. El megacanje II. Mauricio Macri realiza una millonaria operación financiera que aumenta escandalosamente la deuda pública argentina que pagarán son sangre sudor y lágrimas la clase media y los pobres. El Banco Central recibirá del Tesoro Nacional una serie de bonos con tasas de hasta el 7,875 por ciento anual por Letras Intransferibles a casi el cero por ciento. Los nuevos títulos de deuda serán luego entregados a bancos internacionales. El megacanje involucra 16.099 millones de dólares en una primera etapa con posibilidad de llegar a casi 65 mil millones.

El gobierno de Mauricio Macri ha concretado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia un megacanje de deuda que implicará un aumento sustancial en la carga de intereses en el Presupuesto Nacional. La operación liderada por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, involucra 16.099 millones de dólares. Con un fuerte aumento de la tasa de interés y una quita del capital del 15 por ciento, la emisión de bonos será por 13.697 millones de dólares y los servicios de deuda subirán con los nuevos papeles en 9141 millones de dólares durante todo el período de duración que va de 6 a 11 años.

Sturzenegger entiende de megacanjes (en el 2001 aumentó la deuda externa en 55.000 millones de dólares y dejó jugosas comisiones a los bancos, motivo por el cual se encuentra actualmente procesado) y el consiguiente incremento de deuda e intereses.

Además del aumento de los servicios de la deuda por el alza de la tasa de interés, este megacenaje convierte una deuda intra sector público no exigible en otra que sí lo será en manos del sector privado. El trueque de papeles de deuda fue dispuesto por un DNU del 22 de diciembre pasado que derogó un artículo de la ley de Presupuesto 2016. La operación financiera tiene como protagonistas al Tesoro Nacional y al Banco Central, con la ansiosa expectativa de un grupo de bancos internacionales y locales de regresar a los buenos tiempos de los noventa con emisiones de títulos, ingeniería financiera de reestructuraciones y préstamos con garantías, comisiones abultadas y el juego especulativo con bonos de deuda pública.

Esa transacción sólo sería el primer paso del megacanje que podría sumar otros 48.387 millones de dólares, para totalizar 64.486 millones de dólares, que Prat-Gay redondeó en 65 mil millones en su primera conferencia de prensa. Con esta operación impactante por el monto involucrado y otras medidas de regulación monetaria y financiera instrumentadas en menos de un mes, el Banco Central ha vuelto a responder a los intereses de los históricos actores económicos que se han arrogado ser dueños de esa entidad: los banqueros (ver nota aparte).

En el megacanje II de Sturzenegger y Prat-Gay participa el Tesoro Nacional y el Banco Central, con un grupo de bancos internacionales expectante para recoger beneficios:
HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank y Goldman Sachs.

La operación financiera tiene los siguientes pasos:

1. El trueque de dos Letras Intransferibles emitidas por el Tesoro Nacional recibidas por el Banco Central en 2006 y 2010, por tres bonos denominados Bonar, con diferentes fechas de vencimientos (2022, 2025 y 2027). Inicialmente esas Letras a 10 años de plazo fueron entregadas a cambio de dólares de reservas del Banco Central.

2. Esos dólares fueron utilizados por el Tesoro para cancelar la deuda con el FMI (9530 millones el 3 de enero de 2006) y pagar vencimiento de deuda con acreedores privados (2187 y 4382 millones, emisión de Letras formalizada el 1 de marzo de 2010). En total suma 16.099 millones de dólares.

3. En el Presupuesto 2016 estaba previsto la refinanciación del vencimiento de esa primera Letra por otra de igual característica. El DNU derogó el artículo (52) que la autorizaba.

4. Quedó libre así el camino para que esas Letras en poder del Banco Central fueran canjeadas al Tesoro por bonos con una quita del 15 por ciento en el capital, mientras que la tasa de interés sube de casi cero por ciento a 7,75 y 7,875 por ciento anual. Por un lado quita y por otro lado alza de la tasa de interés es la forma de distribuir el costo de la operación entre el BC y el Tesoro, aunque el saldo final resulta desventajoso para el último.

5. Los nuevos bonos serán entregados en garantía a esos grandes bancos internacionales por un préstamo a la entidad monetaria. El monto sería de 5000 a 10.000 millones de dólares.

6. Esos bancos cobrarán una tasa de interés por esa operación denominada “repo” en el mundo de las finanzas.

7. Los dólares de ese crédito sumarán al stock de reservas del Banco Central, y en caso de no devolverlos, las entidades prestatarias se quedarán con los bonos.

El argumento del Banco Central para justificar este megacanje oneroso para el fisco nacional (“un mejoramiento de condiciones a cargo del Tesoro Nacional”, se indica en el DNU) es que de ese modo reparará la calidad de su balance. Las Letras eran intransferibles, o sea no podían venderse en el mercado financiero, y devengaban una muy baja tasa de interés (Libor anual (1,5950 por ciento) menos 1 punto porcentual). En cambio, los nuevos bonos se podrán comercializar en el mercado y la tasa de interés será de 7,75 por ciento anual (Bonar 2022) y de 7,875 por ciento anual (los otros dos títulos). Estas dos cualidades es la que permitirá ejecutar la operación financiera con los bancos internacionales: los papeles de deuda tendrán cotización de mercado y entonces se podrán transar, además con una atractiva tasa de interés en dólares. Así una deuda pública (las Letras) no exigible de pago (la relación deudor-acreedor es entre organismos públicos lo que facilita una permanente refinanciación) pasará a serlo con los bonos (el acreedor privado, en cambio, busca lógicamente cobrar capital e intereses).

El costo
Las Letras Intransferibles devengan una muy baja tasa de interés y constituyen un activo intra sector público, o sea que la negociación por las condiciones (plazos y tasas) son muy fáciles de definir, como quedó demostrado cuando se emitieron y ahora con el megacanje II de Sturzenegger y Prat-Gay. La intervención de bancos internacionales incorpora un actor privado cuyo objetivo es la maximización de la ganancia (comisiones y tasas de interés). A partir de entonces la negociación incluirá condiciones de repago del crédito, que en general son de ajuste fiscal para asegurarse los recursos de cobro, como se sabe en base a las experiencias argentina en los noventa, de los países europeos muy endeudados y de Brasil en este año.

El megacanje de Letras por 16.099 millones de dólares por bonos por 13.697 millones de dólares (quita del 15 por ciento del capital) fue distribuido en las siguientes emisiones:

– Bonar 2022 con una tasa de 7,75 por ciento por 4497 millones de dólares.

– Bonar 2025 con una tasa de 7,875 por ciento por 4510 millones de dólares.

– Bonar 2027 con una tasa de 7,875 por ciento por 4690 millones de dólares.

La diferencia entre las tasas de las Letras (0,15950 por ciento anual) y los nuevos bonos es una carga adicional para el fisco nacional. Ese costo suma 9141 millones de dólares en total. El monto surge de calcular la brecha entre esas dos tasas por los años de duración de cada bono. Por ejemplo con el Bonar 2022, los servicios de la deuda que se suman al presupuesto nacional será el equivalente a 337 millones de dólares por año en cada uno de los próximos seis. En total, 2024 millones de dólares. Con el Bonar 2025, 3134 millones en nueve años, y con el Bonar 2027, 3983 millones en once años.

Este aumento del costo del endeudamiento público debilita la solvencia inter temporal de las cuentas públicas con el argumento de la calidad patrimonial del Banco Central. En realidad, el nuevo megacanje encubre la estrategia de facilitar el acceso al crédito en el mercado de capitales internacional y, a la vez, de contar con más títulos públicos en dólares en manos de la entidad monetaria para intervenir en la plaza cambiaria en caso de corridas contra el peso. Así lo revela un comunicado del Ministerio de Hacienda y Finanzas del miércoles pasado: “mediante la instrumentación de este canje se ha dotado a la Autoridad Monetaria de instrumentos que aportarán mayor liquidez a su cartera de activos, mejorando así sus posibilidades de hacer operaciones de mercado abierto”.

Gasto público
Durante muchos años el rubro intereses de la deuda en el Presupuesto Nacional era evaluado con especial dedicación en las consultoras de la city porque orientaba acerca de cuál iba a ser la magnitud del ajuste fiscal exigido por la banca acreedora para aceptar la refinanciación de la deuda, con la esmerada auditoria del Fondo Monetario Internacional. Los vencimientos de capital no es una cuenta inquietante para los acreedores privados porque el objetivo que tiene con la deuda es su refinanciación. La clave de su negocio es cobrar los intereses cada año de una deuda incremental.

Los requerimientos de política económica trasmitidos a los gobiernos es definir entonces una estructura de gastos e ingresos (presupuesto nacional) que garantice el pago de los intereses. Cuanto más elevado es el monto a desembolsar por los servicios de la deuda, más importante debe ser el ajuste fiscal. Así fue durante la década del noventa hasta el estallido de la convertibilidad en 2001, cuando los intereses de la deuda pública eran equivalente al 22,4 por ciento del total del gasto público y equivalían al 4,1 por ciento del Producto Interno Bruto, según el presupuesto de ese año que se puede consultar en la página web del Ministerio de Hacienda y Finanzas (Secretaría de Hacienda, Oficina Nacional de Presupuesto).

El posterior default y el inmenso esfuerzo social del desendeudamiento durante los gobiernos kirchneristas (145 mil millones de dólares con acreedores privados y organismos multilaterales) disminuyó esa carga a apenas el 7,7 por ciento del gasto público y al 2,0 por ciento del PIB en 2015. Este último indicador había descendido a 1,3 por ciento en 2013, creciendo en los años siguientes por el cierre de conflictos externos con el Club de París, los juicios perdidos en el tribunal parcial del Banco Mundial (Ciadi) y la expropiación de las acciones de YPF en manos de la española Repsol.

El servicio de la deuda en 2015 sumó 96.217 millones de pesos del gasto público (el mencionado 7,7 por ciento del total), según el Presupuesto aprobado en el Congreso, pero concentrada la deuda en el sector público (la deuda en manos privada equivale a apenas el 12 por ciento del PIB). Este megacanje significa en promedio de la duración de los nuevos bonos unos 1056 millones de dólares anuales más de intereses, que equivale a 14.784 millones de pesos a un tipo de cambio de 14 pesos por dólar. Ese monto en pesos implica un 15 por ciento más de gasto en intereses presupuestado en 2015. Además que se abrirá la puerta a que esos papeles terminen en manos de acreedores privados.

Más Letras
En el informe del BCRA “Objetivos y planes respecto del desarrollo de la política monetaria, cambiaria, financiera y crediticia para 2016”, difundido el último día del año pasado, revela el objetivo del megacanje II. Afirma que “se trata de una sustitución de activos completamente ilíquidos por otros que pueden ser negociados en los mercados financieros”, y “de este modo, el Banco Central fortalece el instrumental disponible para la implementación de sus políticas monetaria y cambiaria”. Además destaca que el ingreso a su balance de esos bonos a cambio de las Letras Intransferibles “implican una importante mejora en la hoja de balance del Banco Central”.

En base a esas definiciones, es posible que esta operación financiera haya sido la primera etapa. El balance del Banco Central contabiliza otras Letras Intransferibles correspondientes a 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 por el Fondo del Desendeudamiento Argentino y la cancelación de servicios de deuda con organismos internacionales, por un total de 48.387 millones de dólares.

En condiciones similares al reciente trueque (quita de capital, tasas de interés y plazos), en caso de efectivizarse otras etapas sucesivas por el monto de esas Letras, los intereses que devengarían los nuevos bonos sumarían otros 27.497 millones de dólares. Es probable el avance en esa dirección porque en los considerandos del DNU que habilitó el megacanje II se lo justificó con que la suscripción de esas Letras por parte del Banco Central habían violando el artículo 19, inciso a), de su Carta Orgánica aprobada por la Ley N 24.144 y sus modificatorias, que “establece la prohibición de dicha entidad para conceder préstamos al Gobierno Nacional, con excepción de los adelantos transitorios específicamente descriptos en el Artículo 20 de la citada Carta Orgánica”.

Entonces si el megacanje II de Sturzenegger y Prat-Gay se completa por el total de 65 mil millones de dólares en iguales condiciones de quita de capital, tasas y plazos, los servicios de deuda adicionales en casi nueve años (el período promedio de los bonos emitidos) totalizarían 36.638 millones de dólares. Una carga excepcional sobre el presupuesto nacional con la excusa de mejorar la calidad del balance del Banco Central, cuando en realidad se trata de una inmensa operación financiera de incremento de la carga de los servicios de la deuda pública definida por un DNU sin ningún tipo de control del Congreso. Así el gobierno de Mauricio Macri ha empezado a aprovechar el extraordinario esfuerzo social del desendeudamiento con el sector privado de los gobiernos kirchneristas, iniciando un nuevo ciclo de negocios con la banca internacional.

Fuentes:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-289452-2016-01-03.html
http://www.contrainfo.com/17988/otra-gran-estafa-argentina-megacanje-ii/