Los inmuebles rurales quedaron exentos del Impuesto a los Bienes Personales. Lo que podría haber sido un pequeño cambio en favor de que las clases más adineradas colaboraran impositivamente con el conjunto de la sociedad, quedó en la nada a último momento y a pedido del oficialismo en la jornada de debate en Diputados.

El proyecto original contemplaba que los campos empezaran a tributar Bienes Personales por entre el 0,25 y el 0,75%, luego se planteó que fuera a cuenta del pago de Ganancias y finalmente quedaron exentos.

El argumento fue que «el campo ya está realizando un enorme esfuerzo por la no baja de retenciones». Lo que habría que aclarar es que la megadevaluación del peso, compensó esas retenciones con nuevas ganancias extraordinarias por igual trabajo realizado.

El impuesto a los Bienes Personales se mantiene para el resto de los mortales que no disponen de campos. La posesión de propiedades por encima de $2.000.000 de pesos (unos U$S 50.000) obligará a tributar el mismo, algo que afectará a amplios sectores de clase media.

Por otra parte, Macri decidió directamente derogar el pago según Ley de Impuestos Internos al champagne, beneficiando principalmente a la empresa Chandon. «Derógase el Capítulo VII del Título II de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones. Esta disposición y el artículo anterior entrarán en vigencia el día de la publicación de la presente ley y surtirán efectos para los hechos imponibles que se verifiquen a partir del 1° de enero de 2019, inclusive», queda plasmado en el proyecto.  El artículo 33 de esa ley decía establecía que «el expendio de champañas se pagará en concepto de impuesto interno el DOCE POR CIENTO (12%) sobre las bases imponibles respectivas». Desde sectores productores pymes se cuestionó esta medida porque esos recursos podrían haberse utilizado para promover a las pequeñas industrias de las economías regionales. Si bien este pago solía ser exceptuado por vía de excepción por distintos gobiernos, con esta derogación ya ninguna administración podrá reclamarlo.

El ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere, comienza a estar más comprometido con el delito de dádivas, negocios incompatibles con la función en el Estado y administración fraudulenta, por más que haya restituido a la Sociedad Rural los 500 mil pesos que le habían «obsequiado», ya que no lo exime de culpa de haber realizado el posible delito. Así lo entendió el fiscal Ramiro González, quien lo imputó por haber recibido esa retribución (¿a cambio de qué?) y solicitó que se lo investigue. Este posible delito se suma a los de estafa por los que fue denunciado por su propia hermana. ¿Se llegará a hacer justicia?

La causa contra el ministro de Agroindustria se abrió a partir de una denuncia que presentó el abogado Leonardo Martínez Herrero. Etchevehere recibió los 500 mil pesos de la Sociedad Rural a los pocos días de dejar la presidencia de esa entidad para incorporarse a la primera línea del Gobierno.

Martínez Herrero denunció a Etchevehere por la posible comisión de los delitos de dádivas, negocios incompatibles con la función en el Estado y administración fraudulenta. El fiscal González lo imputó y consideró que debe ser investigado en el marco de la causa que tramita el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Sin embargo, la posibilidad de que se haga justicia no es muy alentadora: Martínez de Giorgi es un juez del que siempre se sospechó su acceso al cargo había sido en virtud de su relación con el ex jefe de contrainteligencia de la SIDE, Antonio Stiuso.

Este 29 de diciembre en la provincia de Entre Ríos el poder judicial allanó la casa del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, en la causa por vaciamiento y ocultamiento de bienes en la que fue denunciado por su propia hermana, Dolores.

La medida fue pedida por el fiscal Alejandro Cánepa y el procedimiento se realiza en el barrio Parque Urquiza, uno de los más caros de la ciudad de Paraná.

La medida también abarca el allanamiento de la casa de la madre de Etchevehere y de las oficinas administrativas del periódico El Diario, del que la familia es también accionista, en busca den los libros contables del 2012 a la fecha.

También fueron allanados Las Margaritas SA, SAER (Editora de El Diario de Parana) y el Banco Itau, una piez clave en la maniobra de estafa. El ministro Etchevehere habría sido inhibido en sus bienes. El proximo paso sería su indagatoria.

Así relataba la hermana de Etchevehere las estafas de su hermano:

#AHORA Allanan la casa del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, en la causa por vaciamiento y ocultamiento de bienes iniciada por su hermana Dolores. La medida la pidió el fiscal Alejandro Cánepa.

Esto denunciaba su hermana en @Cronicanunciada pic.twitter.com/DyVypNkOX6

— Crónica Anunciada (@Cronicanunciada) 29 de diciembre de 2017

De acuerdo a la agencia Telam: «La CGT y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, acordaron esta tarde «los puntos y artículos del proyeccto de reforma laboral que aún generaban discordia», informaron fuentes gremiales a Télam, tras una reunión que mantuvo la «mesa chica» de la central obrera y el titular de la cartera laboral en la Sociedad Rural Argentina (SRA), en un paréntesis de la IV Cumbre Mundial para la Erradicación del Trabajo Infantil que se desarrolla en ese predio»».

Según informó el periodista de Ámbito, Mariano Martín: «Principio de acuerdo Gobierno-CGT sobre los ejes de la reforma laboral. Fue tras una reunión de Triaca con el triunvirato. Se espera el texto final para formalizar el entendimiento. Para facilitar un acuerdo el Gobierno eliminó la figura del «trabajador independiente» fuera de la ley de Contrato de Trabajo, objeción central de la CGT. Además del triunvirato estuvieron con Triaca esta tarde Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Carlos Frigerio y Jorge Sola. El principio de acuerdo Gobierno-CGT por la reforma laboral se alcanzó durante una reunión en La Rural».

El principio de acuerdo Gobierno-CGT por la reforma laboral se alcanzó durante una reunión en La Rural.

— Mariano Martín (@marianoemartin) 15 de noviembre de 2017

Fuente: Telam

Etchevehere ha venido siendo denunciado por defraudación y evasión de impuestos, incluso por su propia hermana.

Dolores Etchevehere, hermana de presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), relató sus denuncias por defraudación y evasión tributaria, operaciones en las que estuvo como protagonista Luis Miguel Etchevehere, y en las que participaron sus otros hermanos, Juan Diego, presidente de la Fundación Pensar de Entre Ríos y actual funcionario del Enacom, Arturo Sebastián, ex directivo de Adepa, y su madre, Leonor Barbero.

“Ya van siete años y medio de estafas. Las Margaritas SA tomó créditos a través del Banco Itaú para sembrar soja, con un plan de promoción de siembra con tasa subsidiada por el Banco Central, por 250.000 dólares”, dice y luego marca que “resulta que ese dinero fue desviado a las cuentas de otras sociedades, una de ellas Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), que es la editora de El Diario de Paraná”.

“En ese momento, 2012, la mayoría accionaria de SAER la tenía el empresario Walter Grenón (60 por ciento), mientras que el 40 por ciento restante pertenecía al Grupo Etchevehere. Dentro del patrimonio de SAER había 18 inmuebles, empresa que fue vaciada. De esos bienes, 10 fueron transferidos a dos sociedades de Grenón (Nexfin y Urbajay) y 8 fueron derivados a Construcciones del Paraná SA, constituida por el Grupo Económico Etchevehere al solo efecto de recibir esos inmuebles”.

“Ahí hubo una maniobra de vaciamiento (SAER) y auto transferencia de activos (los inmuebles) hacia una empresa insolvente”, denunció Dolores.

La demanda por estafa consta en la Justicia ordinaria, mientras que la causa por evasión tributaria y violación a la ley penal cambiaria se encuentra en los juzgados federales de Entre Ríos.

Por otra parte, en mayo de 2014, el titular del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), Guillermo Martini, señaló que en las estancias de Etchevehere «había peones de más de 50 años que no sabían leer ni escribir. Trabajadores no registrados vivían en unidades sin energía eléctrica, agua potable y baños».

Las acciones de fiscalización por parte del Renatea (organismo de fiscalización disuelto por el Gobierno de Macri) se llevaron a cabo en siete establecimientos propiedad de Etchevehere que se dedican a la actividad ganadera y agrícola.

En el establecimiento `La Hoyita`, de la empresa `Las Margaritas S.A.`, propiedad de Leonor Barbero Marcial viuda de Etchevehere, dos trabajadores no registrados vivían en unidades sin energía eléctrica, agua potable y baños. Son analfabetos, no tienen acceso a recibos de sueldo y prestaban servicios como peones generales por 450 pesos mensuales», denunció el organismo público, lo que para 2014 era una absoluta miseria.

El personal declaró cumplir tareas bajo «las órdenes de la familia Etchevehere desde el 14 de junio de 1976». Según la Ley 26.727 de empleo agrario están en edad de jubilarse. uno de ellos, encargado de estancia afirmó percibir una remuneración de 2.000 pesos mensuales, y su hijo de 18 años, quien dijo trabajar desde los 13, sostuvo no estar en blanco y cobrar 1.050 pesos por tareas dos días a la semana.

El nuevo Ministro de Macri: representante del esclavismo, la evasión fiscal, el vaciamiento de empresas y el fraude hasta a su propia familia…

Como en la dictadura cívico-militar cuando Videla designó en 1979 a Jorge Zorreguieta (padre de la actual reina de Holanda), Macri nombró Ministro de Agricultura al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Miguel Etchevehere, un ultraliberal decidido a quitar la mayor cantidad de impuestos posible a las corporaciones agroexportadoras.

Cabe recordar que Etchevehere ha venido siendo denunciado por defraudación y evasión de impuestos, incluso por su propia hermana.

Dolores Etchevehere, hermana de presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), relató sus denuncias por defraudación y evasión tributaria, operaciones en las que estuvo como protagonista Luis Miguel Etchevehere, y en las que participaron sus otros hermanos, Juan Diego, presidente de la Fundación Pensar de Entre Ríos y actual funcionario del Enacom, Arturo Sebastián, ex directivo de Adepa, y su madre, Leonor Barbero.

“Ya van siete años y medio de estafas. Las Margaritas SA tomó créditos a través del Banco Itaú para sembrar soja, con un plan de promoción de siembra con tasa subsidiada por el Banco Central, por 250.000 dólares”, dice y luego marca que “resulta que ese dinero fue desviado a las cuentas de otras sociedades, una de ellas Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), que es la editora de El Diario de Paraná”.

“En ese momento, 2012, la mayoría accionaria de SAER la tenía el empresario Walter Grenón (60 por ciento), mientras que el 40 por ciento restante pertenecía al Grupo Etchevehere. Dentro del patrimonio de SAER había 18 inmuebles, empresa que fue vaciada. De esos bienes, 10 fueron transferidos a dos sociedades de Grenón (Nexfin y Urbajay) y 8 fueron derivados a Construcciones del Paraná SA, constituida por el Grupo Económico Etchevehere al solo efecto de recibir esos inmuebles”.

“Ahí hubo una maniobra de vaciamiento (SAER) y auto transferencia de activos (los inmuebles) hacia una empresa insolvente”, denunció Dolores.

La demanda por estafa consta en la Justicia ordinaria, mientras que la causa por evasión tributaria y violación a la ley penal cambiaria se encuentra en los juzgados federales de Entre Ríos.

Los que ganaron las elecciones rasgándose las vestiduras con la idea de «defender la República» y la «división de poderes» ahora no tienen problemas en salir a apretar públicamente a uno de los pocos jueces prestigiosos del Poder Judicial, como lo es Daniel Rafecas, y a la Cámara Federal. El objetivo que persiguen la DAIA y el Establishment económico y mediático es presionar para lograr reabrir la descabellada denuncia de Nisman, pieza necesaria para los planes belicistas de la inteligencia israelí y de la derecha norteamericana, que pretenden condenar por cualquier medio a Irán como supuesto responsable del atentado a la AMIA y así llevar un casus belli al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y de paso, involucrar como supuesta cómplice a CFK para poder acusarla de «traición a la patria». ¿Quiénes firman la ridícula solicitada?: Los representantes de los grandes grupos empresarios argentinos (el dueño de 1 millón de hectáreas Eduardo Elsztain -IRSA-, Luis Miguel Etchevehere -Sociedad Rural-, Gustavo Grobocopatel -Los Grobo-, Julio Saguier  -La Nación-), periodistas militantes del Grupo Clarín y operadores de la Embajada de los EEUU (Marcelo Longobardi, Alfredo Leuco y Gabriel Levinas), políticos serviles a EEUU e Israel como Elisa Carrió, y una larga lista de impresentables. Es bueno saber quiénes colaboran abiertamente con potencias extranjeras en contra de nuestro pueblo.

Desde distintos sectores de la política, el periodismo y la misma comunidad judía salieron a criticar el apriete:

Firmas repudiando la solicitada:
https://www.change.org/p/llamamiento-argentino-jud%C3%ADo-repudio-a-la-persecuci%C3%B3n-al-juez-daniel-rafecas

Cruzados contra Rafecas
Página|12

En otro intento por reflotar la denuncia del fallecido titular de la UFI AMIA, Alberto Nisman, contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, referentes identificados con el gobierno de Mauricio Macri publicaron hoy una solicitada en los diarios Clarin, La Nación y La Prensa para reclamar la destitución del juez federal Daniel Rafecas.

“Es un deber cívico reclamar la destitución, acorde con los procedimientos vigentes, del juez federal Daniel Rafecas por manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura”, dice en uno de sus párrafos la solicitada, que le cuestiona a Rafecas el haber rechazado abrir esa investigación, decisión luego confirmada por la Cámara Federal.

El pronunciamiento lleva las firmas, entre otros, de los periodistas Marcelo Longobardi, Alfredo Leuco, Román Lejtman y Gabriel Levinas y cuenta con el aval de los juristas y abogados Gustavo Bossert, Alberto García Lema, Beltrán Gambier, Juan Carlos Cassagne, Guillermo Lipera, Ricardo Monner Sans, Guillermo Lousteau, Juan José Llach y Daniel Sabsay.

El pedido de remoción de Rafecas para «despejar el camino que conduce a la investigación de los gravísimos hechos denunciados que costaran la vida del fiscal Alberto Nisman», fue respaldado también por los empresarios Eduardo Elsztain (IRSA), Luis Miguel Etchevehere (Sociedad Rural), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo) y Julio Saguier (La Nación), mientras que desde la política lo hicieron Elisa Carrió, Graciela Fernández Meijide, Horacio Jaunarena, Pablo Lanusse y Marcelo Stubrin. Otras 315 «pesonalidades» firmaron el reclamo.

Al respecto, el fiscal Federico Delgado dijo estar sorprendido por el reclamo y manifestó, en diálogo con radio Colonia, que «nunca había visto» algo así. Consultado sobre el desempeño de Rafecas como juez, Delgado explicó la relación entre fiscales y magistrados: «Los fiscales somos como tábanos, nosotros, los fiscales estamos para molestarlos a los jueces, juntar pruebas, etcétera». En este marco, agregó que se trata de «una relación correcta en lo técnico» y que nunca tuvieron «ningún inconveniente más allá de lo que debemos hacer en los procesos».

En tanto, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, advirtió que la eventual remoción de un magistrado se tramita a través de un juicio político ordenado por el Consejo de la Magistratura.

Si bien consideró una «barbaridad» que Rafecas haya cerrado la causa por la denuncia de Nisman, Pinedo afirmó que para remover a un juez «lo normal es hacer el pedido de juicio político».»Mi forma de actuar me hubiera dicho: ‘si te parece que hizo mal, hacé un pedido de juicio político como se hizo con (Norberto) Oyarbide y listo'», aseguró el senador nacional en declaraciones a la radio Vorterix, y agregó: «Tenemos que garantizar que las instituciones funcionen».

Juez Daniel Rafecas

Presión
Por Raúl Kollmann – Página|12

Una serie de protagonistas del mundo judicial, empresarios encabezados por la Sociedad Rural, periodistas mayormente del grupo Clarín y políticos alineados con el PRO publica hoy una feroz solicitada contra el juez federal Daniel Rafecas por su decisión, hace un año y medio, de cerrar por inexistencia de delito la denuncia que presentó Alberto Nisman antes de morir. El fiscal imputaba a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman por encubrimiento a raíz de la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán, un texto que fue votado por el Congreso Nacional.

El detalle es que aquel fallo de Rafecas fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, pero en el texto que se publica hoy sólo se pide la remoción del magistrado y no de los camaristas. La movida se explica porque esos integrantes de la Sala I, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, tienen convocada para el jueves próximo una audiencia donde deben resolver un pedido de la DAIA para que se abra el caso de la denuncia de Nisman. En otras palabras, la solicitada no es ni más ni menos que una presión sobre la Cámara y expresa el punto de vista de los servicios de inteligencia y embajadas que en su momento estuvieron detrás del texto del fallecido fiscal. Ayer, al conocerse el texto, otros jueces de Comodoro Py recordaban que en los últimos 30 años nunca hubo una solicitada de esta naturaleza contra un magistrado ni una presión contra la independencia judicial de esta naturaleza.

Entre enero y febrero de 2015, Rafecas se tomó un mes y medio para estudiar la denuncia de Nisman y la desestimó por inexistencia de delito en un escrito de 63 páginas. Antes que él, la jueza María Romilda Servini de Cubría sostuvo que el texto de Nisman no merecía ser tratado en la feria judicial y que no incluía las pruebas correspondientes. En un escrito posterior, el también juez federal Ariel Lijo coincidió y elogió la resolución de Servini. Rodolfo Canicoba Corral no sólo señaló que la denuncia carecía de “entidad probatoria”, sino que opinó que correspondía investigar a Nisman por haber trabajado sin control de un juez.

Después de conocido el fallo de Rafecas, algunos de los mayores juristas del país salieron a respaldarlo. Raúl Eugenio Zaffaroni, León Arslanián, Julio Maier, Ricardo Gil Lavedra y Luis Moreno Ocampo sostuvieron que la denuncia de Nisman tenía más de política que de judicial y le dieron la razón a Rafecas respecto de la inexistencia de delito. El magistrado explicó en ese fallo que ninguna de las afirmaciones de Nisman en su denuncia ocurrieron en la realidad: el Memorandum nunca entró en vigencia, no se conformó la Comisión de la Verdad prevista en el texto, no se levantaron las órdenes de captura con alertas rojas de los sospechosos iraníes, no se armó ninguna pista de “fachos locales” como señalaba Nisman que iba a ocurrir, no se compró una gota de petróleo de Irán ni el Estado le vendió granos en retribución. Quien fuera titular de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, sostuvo públicamente en este diario y en The Wall Street Journal que la denuncia de Nisman era “falsa” y que el gobierno argentino no había solicitado levantar las alertas rojas a los acusados iraníes, sino todo lo contrario.

La Cámara Federal confirmó el fallo del magistrado un mes más tarde, a finales de marzo de 2015. El camarista Jorge Ballestero hizo un arduo trabajo de relevamiento de las escuchas entregadas por Nisman –300 conversaciones– y en su escrito destapó un virtual fraude: señaló que había un caprichoso armado de las escuchas, uniendo en una supuesta continuidad frases de una conversación con afirmaciones de otra charla de otro momento. Tras la confirmación de la Sala I, el fiscal Javier De Luca, de larguísima trayectoria en tribunales, coincidió con el juez, los camaristas y los juristas en que no había delito alguno en la denuncia, con lo que la causa fue archivada.

La solicitada de hoy es una nueva ofensiva auspiciada por los servicios de inteligencia, embajadas y sectores empresarios con el objeto de presionar a la Sala I ante la audiencia del jueves que viene. No se respetan los pasos institucionales, permitiendo un libre debate de posiciones en la apelación ante la Cámara. En esta oportunidad, además, es indudable que se llegará a la Casación por impulso de los querellantes e incluso es probable que el expediente termine en la Corte Suprema. De manera que todos los caminos están abiertos.

Hoy por hoy no se está por concretar ningún acuerdo con Irán –lo que sí hicieron las grandes potencias, incluyendo a Estados Unidos– ni está vigente un memorándum. El único objetivo real, de fondo, es la urgencia por darle un escarmiento a una ex presidenta y a un ex canciller que buscaron avanzar en el caso AMIA, después de 20 años de parálisis, apartándose de la diplomacia dictada por los poderosos.

Fuentes:

http://www.infonews.com/nota/301408/apriete-publico-quienes-firmaron-la-solicitada
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-308905-2016-09-08.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-308906-2016-09-08.html