El contrato con la consultora HYTSA fue firmado por la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Ciudad, a cargo de Diego Fernández, dio inicio en 2019 por el monto de 1.141.488 pesos y 1.199.653 dólares y que tuvo una extensión este año por otros 857.599 dólares, según figura en la resolución publicada el 30 de abril de 2020 por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron desde el gobierno porteño, los fondos utilizados para dicha consultoría provienen de una deuda tomada en dólares con el Banco Mundial para pagar a los profesionales que trabajan en la relocalización de las personas que viven bajo al autopista. Sin embargo, no brindaron mayores detalles y no pudieron justificar por qué esos trabajos se tercerizaron, ni por qué se tomó deuda siendo una de las ciudades más ricas del país, tampoco explicaron por qué se pagó el «servicio» en dólares cuando debería haberse abonado en pesos, así lo informó el periodista Werner Pertot.

Cabe remarcar que los casos positivos de Covid-19 detectados en la Villa 31 ya superan los 570, según el último informe público de este miércoles 13 de mayo. Sumando de esta manera un total de 759 casos positivos, lo que representaba el 26% del total de personas contagiadas en la Capital Federal desde el inicio del brote en el país, alcanzando ya 8 muertes hasta el día de la fecha.

Los vecinos de las Villas 31 (Barrio Padre Mugica), de la 1-11-14 (Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli), entre otros, advirtieron que hace semanas quedaron sin agua, algo esencial para la higiene en medio del avance del coronavirus, sin embargo, no consiguieron respuesta por parte de la gestión de gobierno de Larreta. Los vecinos vienen denunciando hace años al gobierno porteño por falta de inversión en infraestructura. Siguen reclamando un plan integral de urbanización que asegure el acceso a los servicios básicos y esenciales, como el agua potable y cloacas. La respuesta del Estado, nunca llega.