Crecen las manifestaciones en París contra la aprobación del gobierno de Emmanuel Macron de la reforma por decreto que sube la edad jubilatoria, pasando por arriba de la Asamblea Nacional. Según habían relevado sondeos previos, dos de cada tres franceses estaban en contra de la iniciativa oficialista.

En la Plaza de la Concordia confluyeron miles de manifestantes, que hace meses se pronuncian en contra de la medida. Allí se produjeron enfrentamientos con la Policía, la que recurrió al uso de bombas de humo, gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes, ascendiendo a más de 200 las personas detenidas.

Asimismo, más de mil personas tomaron la plaza Félix Baret en la ciudad de Marsella para expresar su descontento tras el avance de la reforma. Durante la jornada, también se organizaron concentraciones en Grenoble, Burdeos, Bayona, Hendaya, Lyon, entre otras ciudades.

Sindicatos franceses evalúan relanzar huelgas en sectores donde ya se han producido medidas de fuerza, como el de la energía y el transporte.

Desde la Confederación General de Trabajo (CGT) anunciaron la convocatoria de una nueva jornada de protestas para el próximo jueves, 23 de marzo, así como a mítines sindicales este fin de semana para reiterar la reivindicación de la retirada total de la reforma.

El Consejo de Ministros del Gobierno celebró una reunión de emergencia para activar el artículo 49.3 de la Constitución, que hace posible que se adopte un texto sin voto de los parlamentarios, para aprobar la reforma de jubilación.

El presidente Emmanuel Macron, defendió la reforma, presentada el 10 de enero y que prevé el aumento paulatino de la edad de jubilación a partir del 1 de septiembre de 2023 hasta alcanzar los 64 años de edad en 2030. Desde sectores de la oposición ya se han elevado voces contra del uso del artículo 49.3, que -aseguran- demuestra que el Gobierno no goza de la mayoría para aprobar la ley en el Parlamento. Marine Le Pen exigió la dimisión de la primera ministra Élisabeth Borne, al tiempo que advirtió que presentarán una moción de censura.

La moción de censura es el último recurso al que los detractores del proyecto pueden hacer uso para impedir la aprobación de la reforma. Los diputados deberán obtener una mayoría para hacerla una realidad.

Ninguna ley de Cambiemos habría sido aprobada en el Congreso sin el respaldo de Miguel Ángel Pichetto, eterno operador legislativo, oficialista de cualquier gobierno. El ubicarlo como candidato a vicepresidente en la fórmula de Mauricio Macri solo blanquea lo que durante estos últimos años fue un co-gobierno de hecho y satisface un pedido del poder financiero supranacional, que necesita asegurar gobernabilidad para las futuras Reforma Laboral y Reforma Jubilatoria y continuar a sangre y fuego con los pagos de la deuda externa. Para dar estos reaseguros de hecho ya había viajado Pichetto a EEUU en abril de este año. Allí se reunió, entre otros, con bancos y entidades financieras de Wall Street como BlackRock, VR Capital y Barclays; con el influyente World Jewish Congress (Congreso Judío Mundial), prometiendo fuertes intercambios de seguridad con el Mossad; y hasta disertó en la estratégica Universidad de Yale, sede de la logia Skull and Bones, de la que salieron varios presidentes norteamericanos. En todos los casos prometió el firme pago de la deuda externa a la usura internacional y ofreció las riquezas de Vaca Muerta.

Un repaso por la actividad de Pichetto en el Senado desnuda con facilidad la estrategia: discursos en leve tono crítico pero voto en positivo en casi el 100% de los casos. Gracias a Pichetto, que obtuvo su banca en una lista opuesta a la de Macri, por lo tanto elegido para ser oposición y no co-gobierno, se aprobaron, entre otros, el oneroso y luctuoso pago a los Fondos Buitre (30/03/2016), otorgándoles todo lo que pedían y concediéndoles una rentabilidad usuraria del 1000%); los pliegos de los jueces de la Corte Suprema (15/06/2016), blanqueando su designación previa por decreto; la entrega de los Fondos de la ANSES y el Blanqueo de Capitales (29/06/2016), que favoreció entre otros a los parientes de Macri con dinero en negro en el exterior; la Reforma Previsional (30/11/2017), que dejó a los jubilados con una nueva fórmula en sus haberes y cobrando por debajo de la inflación.

Me reuní con los principales bancos y fondos de inversión de Wall Street en EEUU para analizar el actual contexto económico y financiero en Argentina.
Destaqué la importancia de cumplir con las obligaciones internacionales contraídas para no caer en un nuevo default.

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) April 24, 2019

Hábil con el doble discurso, el senador se especializó en criticar al Gobierno mientras votaba todas y cada una de sus leyes:

La designación de Pichetto era en la práctica un reclamo del poder financiero transnacional. Cualquier fórmula encabezada por Macri tiene un techo por lo que ninguna figura le habría sumado votos, lo que el poder le reclamaba era una fórmula para asegurar gobernabilidad, imprescindible frente a la agenda que ya se ha explicitado de nuevas leyes a sancionar: Reforma Jubilatoria, que incluye entre otras medidas, la suba de la edad para jubilarse y la reprivatización de los fondos de la ANSES y la Reforma Laboral, con eliminación de las formas tradicionales de indemnización por despidos y contratos de trabajo más flexibles y con menos derechos, ambas reformas solicitadas por la élite financiera.

Por eso el propio Macri expresó por Twitter:

«Default es una palabra maldita que hay que tratar de erradicar», había dicho Pichetto desde EEUU en abril, «si gana nuestro espacio habrá un fuerte compromiso de pago».

Ante banqueros de Wall Street sostuvo que «Argentina cumplirá con sus obligaciones y de lo negativo que es para el país generar incertidumbre respecto a la voluntad de cumplimiento» y les ofreció «un sector estratégico como la industria del petróleo y gas -especialmente Vaca Muerta- y minería; fortaleciendo el campo, y otros sectores que generan divisas genuinas para el país». La relevancia de estos sectores se manifestó también en quienes desde Argentina acompañaron en aquellla ocasión a Pichetto:  Gastón Remy, CEO de Vista Oil, con inversiones en Vaca Muerta y Gerardo Mato, CEO regional del HSBC, uno de los principales socios del gobierno de Macri.

Por su parte, el comunicado del poderoso Congreso Judío Mundial expresó: «En la reunión se trató la necesidad de avanzar en el intercambio de información entre distintas agencias de seguridad oficiales para trabajar mancomunadamente y, de este modo, para lograr mayor eficacia en la lucha contra las organizaciones terroristas. Se hizo lo propio respecto a la necesidad de implementar una política de mayor control migratorio y enfatizar las medidas de seguridad en la zona de la triple frontera».

Con Pichetto en la fórmula, el poder financiero busca asegurarse que Macri pueda seguir controlando parte del Congreso y hasta un posible recambio si el país se volviera ingobernable.

A solo un mes de haber tomado $86.000 millones del dinero de los jubilados para financiar gastos corrientes, el Gobierno volvió a implementar el mismo mecanismo para cambiar $10.000 millones en Letras del Tesoro.

La medida se dio a conocer en el Boletín Oficial, a través de la resolución 6/2019 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, la que dispone «la emisión de Letras del Tesoro en Pesos a ser suscriptas a la par, por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, por hasta un monto de valor nominal original pesos diez mil millones (V.N.O. $ 10.000.000.000)». Estas letras vencerán el 29 de julio de este año y tendrán una «tasa variable».

Cabe recordar que la deuda pública del Estado Argentino ya equivale al 100% de su Producto Bruto Interno (PBI). ¿Podrá el Estado en este contexto, al que se suma el déficit fiscal no resuelto, devolver este dinero a su vencimiento o seguirán renovándolo creando una bomba de tiempo financiera? ¿Podrá devolver a la ANSES los $86.000 millones colocados en diciembre de 2018? ¿O acaso están preparando el desfinanciamiento que luego servirá de excusa a la privatización de los fondos de la ANSES?

El capitalismo se encuentra en transición hacia una nueva etapa. La creciente robotización de la producción augura un futuro con poco empleo y enormes masas de desocupados, muy por encima del histórico «ejercito de reserva de mano de obra». Por otra parte, para asegurarse el control sobre los recursos del mundo, desde la segunda mitad del siglo XX organismos como la ONU y el Banco Mundial instrumentaron distintas medidas de control de la natalidad y planificación familiar, logrando reducir en pocas décadas la tasa de fertilidad mundial promedio de 5 hijos por mujer a la mitad, 2.5, quedando al límite de la reproducción generacional y pasando al decrecimiento poblacional en muchos países europeos. Esta transición hacia poblaciones envejecidas obliga a los Estados a destinar proporcionalmente mayor cantidad de recursos a sus sistemas jubilatorios. Desde la mirada del FMI (un organismo cuya función teórica es ser prestatario de último recurso de los Estados, pero que en la práctica actúa como una institución de lobby de los grandes bancos transnacionales) esto significa menos recursos del país para pagar deuda externa. Por eso en las últimas décadas viene haciendo de la reducción de las jubilaciones y pensiones uno de sus principales objetivos.

En uno de sus más recientes documentos teóricos, el FMI vuelve a sostener que la Argentina deberá volver a reducir sus jubilaciones. Específicamente la tasa entre el promedio del valor de las jubilaciones y el promedio de los salarios.

«Para hacer frente a los costos del envejecimiento poblacional, muchos países han promulgado importantes reformas jubilatorias en años recientes. Dichas reformas apunta en gran parte a contener el crecimiento del número de jubilados, generalmente cambiando parámetros claves del sistema, como por ejemplo, aumentar la edad de jubilación, endurecer las reglas de eligibilidad o reducir el valor de las jubilaciones, ajustando las fórmulas. Muchas de estas reformas paramétricas mejoran la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de jubilaciones. Sin embargo, reformas adicionales pueden ser necesarias: por ejemplo, racionalizar los acuerdos generosos realizados en reformas anteriores (como en Italia y Portugal), reducir las tasas de beneficios (como en Argentina y Brasil), y reducir los beneficios de las jubilaciones anticipadas (como en Rusia)». ¿A qué se refiere con «las tasas de beneficios» que deberá reducir la Argentina? La respuesta la da el mismo documento: «La tasa de beneficio es definida como la tasa entre el promedio de los beneficios jubilatorios y el salario promedio del conjunto de la economía».

A pesar de intentar «solucionar» un problema derivado del envejecimiento poblacional, el documento del FMI nunca critica la caída de la natalidad, al contrario, la elogia como una característica de los países más desarrollados y hasta afirma que «una tasa de fertilidad más baja aumenta el ahorro privado, ya que las familias tienen que gastar menos en el cuidado de los hijos».

El documento tampoco deja de analizar cómo modificó el cuadro general el incremento de la participación de las mujeres en el capitalismo actual: «durante los últimos 35 años, el incremento en las tasas de participación laboral de las mujeres en edad de trabajar en los países de la OCDE superaron la reducción en las tasas de participación de mano de obra de personas mayores, reflejando una combinación de la declinante fertilidad y las políticas gubernamentales para promover el empleo femenino». «Si bien una brecha de género permanece en algunos países», se lamenta.

Como se puede ver, los distintos pueblos del mundo son analizados casi como en un laboratorio por el FMI no solo en sus dimensiones financieras, sino también poblacionales y hasta de algo tan personal como la cantidad de hijos promedio que cada familia tiene, dentro de modelos teóricos de mediano y largo plazo, a 30 y 50 años. El problema con esto es que dada su historia y el rol que ha cumplido, sabemos muy bien que no lo hace en función del bien común sino de las posibilidades que cada país tendrá para poder seguir pagando su deuda externa, principal mecanismo de la banca internacional para mantener sometidos a los pueblos del mundo.

Para el FMI, y los gobiernos que sigan sus mandatos, nuestros abuelos tendrán que conformarse con cada vez jubilaciones más indignas.

El proyecto no es nuevo, solo que ahora ya tiene un carácter de compromiso explícito. La puerta abierta a una reforma previsional estaba contemplada en la ley de Reparación Histórica, que el Congreso votó en 2016, en la que se facultó al entonces Ministerio de Trabajo a crear un Consejo de Sustentabilidad Previsional, que debía estudiar las reformas al sistema, obviamente siguiendo los intereses dictados desde el poder financiero transnacional.

Entre otras modificaciones, el proyecto incluirá:

-Aumento de la edad jubilatoria.

-Cambios en el índice de movilidad, que por la nueva ley combina inflación de precios (70%) y salarios (30%). El FMI busca eliminar estas cláusulas indexatorias para poder licuarlos aún más vía inflación.

-Cambios en las jubilaciones de docentes que acceden antes al beneficio y cuyos haberes se computan en base de los salarios del último año trabajado y no de los últimos diez años.

También se buscará la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: «El valor de los activos de los fondos de pensiones transferidos en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones. En particular, el monto se dividirá por la expectativa de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018, es decir, 20 años. El límite en el importe a reconocer como ingresos será de 0,4 por ciento del PIB por año».

«Para lograr estos objetivos, las autoridades han redoblado sus esfuerzos de reforma acelerando la reducción del déficit fiscal para alcanzar el balance primario en 2019 y lograr un superávit primario a partir de 2020. El presupuesto de 2019, que está anclado en este objetivo, ha sido aprobado por la Cámara Baja. Su aprobación como ley será clave para restablecer la confianza y garantizar la continuidad de las políticas«, aseguró este viernes Christine Lagarde en el comunicado ampliado del Fondo Monetario.

Una vez más, el Congreso Nacional tendrá en sus manos la posibilidad de representar los intereses del pueblo o traicionarlo sacrificándolo en el altar del poder financiero transnacional.

Por este motivo evalúa sacar la nueva ley por Decreto de Necesidad y Urgencia.

Como globo de ensayo, a evaluar por sus focus groups, ya hizo difundir la noticia a través de sus medios afines:

«El Papa está siguiendo no solo la reforma previsional, también la laboral y el pacto fiscal. La nueva Conferencia Episcopal está actuando con sintonía con lo que el Papa está planteado, Monseñor Ojea y Monseñor Lugones se han pronunciado respecto a que el trabajo no es mercancía, que la reforma jubilatoria es injusta porque de hecho es una reducción de los ingresos jubilatorios a una jubilación que ya de por sí era bastante pobre y con precios que son prácticamente inaccesibles», afirmó Vera.

También criticó el rol del senador Pichetto: «La angustia que tiene un abuelo al no poderle regalar ahora en las fiestas algo a sus nietos y sentirse como si fuera un descarte, un deshecho. Esto es algo que el Papa condena en todo el mundo y que naturalmente en su querida Argentina le duele mucho que esto ocurra. Por eso me parecen muy desacertadas las declaraciones de Pichetto sobre monseñor Lugones diciendo que los obispos se ocupen de las cosas de Dios cuando justamente ocuparse de las cosas de Dios es ocuparse de los seres humanos, las criaturas de Dios, muy particularmente de aquellos que no tienen recursos para defenderse como los niños y los ancianos (…) si Pichetto es un alma en pena encarpetada yo no tengo la culpa».

Denunció la forma en la que el Gobierno quiere imponer la reforma: «Acá no hay ninguna negociación política, lo que hay son carpetazos que el Gobierno está haciendo desde la secretaría de Inteligencia para arrodillar a los diputados. A muchos legisladores los van agarrando por separado y si no tienen causas se las inventan».

Y finalmente reafirmó que el video difundido tuvo la intención de frenar la pésima reforma jubilatoria: «No te quepa la menor duda de que cuando el Papa hizo este video y lo publica ahora en diciembre está pensando en la reforma en la Argentina. No te quepa la menor duda y está muy a tono con lo que dijo el obispo Lugones (…) Las preocupaciones del Papa las podés ver reflejadas en el accionar de la nueva Conferencia Episcopal que se ha pronunciado en contra de la Reforma Laboral diciendo que el trabajo no es mercancía, se ha pronunciado en contra de la reforma del Ministerio Público Fiscal que pretendía desmantelar los programas de acceso a la justicia en las villas, los programas de trata, de lavado de dinero, se ha pronunciado en contra de la Reforma Previsional calificándola de injusta, el obispo de Bariloche ha armado una mesa de diálogo mientras el Gobierno pretende estigmatizar a los pueblos originarios e inventarles organizaciones creaciones de los servicios. La acción que ha tenido la Iglesia en este mes refleja 100% y es bergogliana químicamente pura».

Mirá el video de la entrevista acá:

«La intención es aplicar la nueva con rezago de seis meses, que arrojaría un alza de apenas un poquito más del 5,0 por ciento (IPC Indec de julio, agosto y septiembre) cuando el ajuste debería ser de no menos del 12 por ciento (evolución del salario y la recaudación de julio a diciembre)».

Recordemos además que la inflación de los productos que consumen los jubilados es siempre muy superior a la inflación del IPC Indec.

Además la reforma también instala la suba de la edad de jubilación, para hombres y mujeres, en los 70 años.

Zaiat informa: «Estos cambios del sistema previsional colocan a los jubilados y los beneficiarios del sistema de seguridad social, un total de 17 millones de personas, como la principal variable de ajuste de la deliberada política de desfinanciamiento de la Anses desplegada por el gobierno desde diciembre de 2015 y que se acelerará con la reforma tributaria y la reducción de las contribuciones patronales».