El proyecto de la exmandataria contempla que los precios de las tarifas se retrotraigan al 1 de enero de 2017.

Para el caso de las pymes y a las cooperativas de trabajo, el beneficio se aplicará «siempre y cuando no despidan ni suspendan trabajadores y trabajadoras, sin justa causa, hasta el 31 de diciembre del 2019, sin importar su modalidad contractual. Esta protección tarifaria caducará de forma automática en caso de que incumplan esta cláusula».

Además, crea en el ámbito del Congreso de la Nación el «Comité Nacional de Emergencia Tarifaria» con la finalidad de supervisar, controlar e implementar la Ley.

Estará compuesto por una representación plural de legisladores y asociaciones de usuarios: dos representantes de los usuarios y consumidores; dos representantes de los trabajadores; tres representantes de las empresas prestatarias; cuatro senadores; cuatro diputados, y tres representantes del Poder Ejecutivo. Todos ellos ejercerán su cargo ad-honorem.

Entre otras atribuciones, este comité tendrá a su cargo la revisión tarifaria integral de las actas acuerdo de renegociación de todos los contratos llevados a cabo con las empresas prestatarias de los servicios públicos, desde el 1° de enero del año 2017 hasta la culminación de la emergencia pública en materia tarifaria.

Esta revisión será vinculante, y tendrá por objeto adecuar los cuadros tarifarios vigentes hacia una tarifa «justa y razonable».

La iniciativa apunta a “recomponer la capacidad adquisitiva de los jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, AUH por embarazo, ex combatientes de Malvinas, madres de siete hijos y beneficiarios de la pensión del adulto mayor que cobren hasta 10 mil pesos”, informó.

Según se indicó, el proyecto firmado por la expresidenta y los demás integrantes del bloque Frente para la Victoria-PJ, apunta a que se otorguen “dos compensaciones extraordinarias” que implique “una compensación del 8,8% del total de su ingreso.

A diferencia del bono otorgado por el Gobierno nacional, luego de que se aprobara la reforma previsional en diciembre pasado, el proyecto contempla que la compensación se haga efectiva en abril y mayo. Además, suma a los excombatientes de Malvinas y a las pensiones para madres de siete hijos, que no habían sido incluidos en el decreto del Ejecutivo y que recibirían el beneficio retroactivo a marzo.

Según aseguran desde la bancada opositora, el proyecto beneficiaría «a casi 11 millones de ciudadanos y tiene como objetivo mejorar la capacidad adquisitiva de un amplio sector de la población”.

Los fundamentos de la iniciativa sostienen que el cambio en la fórmula de actualización de los haberes de la reforma previsional de diciembre significó “un congelamiento en términos reales del poder adquisitivo de las jubilaciones” y otras prestaciones de la ANSES. “Con esta fórmula, si el PBI y/o los salarios crecen más que la inflación, los jubilados no se benefician de ese crecimiento, como sucedía con aquella que estuvo vigente hasta diciembre”, sostiene la iniciativa.

El “bono compensatorio” que instrumentó el Gobierno fue de $ 750 para los jubilados con 30 años de aporte y de $ 375 para jubilados que ingresaron por moratorias, en todos lod casos para los que cobran jubilaciones menores a $ 10.000.

La iniciativa presentada busca compensar con dos pagos extraordinarios, el 8,8% de los haberes de los beneficiarios, al tiempo que incluye a excombatientes de Malvinas, se informó.