El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha reconocido oficialmente que no existen contratos ni informes jurídicos que respalden la colocación de lingotes de oro por un valor cercano a los 5.000 millones de dólares en el exterior. Esta operación, realizada en julio de 2024 bajo la gestión de Santiago Bausili y Luis Caputo, involucró el traslado clandestino de los lingotes en un avión comercial durante la madrugada, sin dejar rastro documental alguno.

La admisión del BCRA se produjo en respuesta a requerimientos de la Auditoría General de la Nación (AGN), donde la entidad afirmó que «los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen». Esta falta de papeles impide cualquier auditoría sobre la operación, valorada en 4.981 millones de dólares, y ha generado una «saga de silencios y evasivas» desde las denuncias iniciales.

La operación está «floja de papeles», según fuentes consultadas, ya que los lingotes salieron sin contratos registrados ni trazabilidad, evaporándose en el extranjero posiblemente en Londres o Basilea. Esto ha entorpecido los controles de la AGN, que ahora ha sido habilitada para avanzar en acciones legales por entorpecimiento, tras la jura de nuevos auditores.

Las implicaciones legales son graves: la inexistencia de documentación abre un «flanco penal» para los funcionarios involucrados, al tratarse de bienes públicos bajo custodia y no privados. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al BCRA entregar información precisa, reprochando el uso unilateral de excepciones a la transparencia. Expertos como el economista Carlos Rodríguez, exasesor de Javier Milei, calificaron el episodio como «insólito» y advirtieron sobre posibles usos del oro como garantía para préstamos ya consumidos.

En el contexto económico actual, con el oro cotizando en récords históricos cerca de los 4.400 dólares la onza, estos lingotes actúan como «salvavidas contable» para las reservas del BCRA, estimadas en negativo por hasta 18.000 millones de dólares según analistas. La incertidumbre sobre su ubicación real genera sospechas en el mercado, especialmente ante presiones judiciales internacionales y la limitada liquidez de las reservas brutas.

La jueza norteamericana Loretta Preska exigió al gobierno de Javier Milei información sobre el destino del oro que el Banco Central envío a Londres, algo que el equipo económico intentó mantener en secreto.

A solo dos semanas de publicarse la noticia del envío de lingotes de oro al exterior, los demandantes del Grupo Petersen y el fondo Eton hicieron una presentación en la Corte Comercial de Londres, con el objetivo de embargar esos activos.

En el marco de la causa por la expropiación de YPF Preska ordenó a Argentina entregar toda la información solicitada por los beneficiarios del fallo, incluyendo datos sobre la ubicación del oro del BCRA. Al mismo tiempo, lanzó una advertencia al país diciendo que «se ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega».

La inmunidad de los activos argentinos es un argumento de la defensa. Al respecto, el analista Sebastián Maril explicó que la juez esta diciendo «ustedes no son quienes para decirme qué activos gozan de inmunidad soberana y qué activos no. Ustedes tienen que presentarlo y yo digo qué es inmune». Según el analista, esto incluye desde propiedades consulares y cuentas bancarias hasta las reservas de oro.

Además, la jueza aclaró que, independientemente de si las reservas de oro se encuentran bajo custodia del Banco Central o no, el país está obligado a proporcionar documentación que tenga en su poder sobre estos activos. Este requerimiento subraya la obligación del Estado de cumplir con las órdenes judiciales del tribunal estadounidense.

El 24 de enero la jueza Preska decidirá si acepta la apelación argentina de un fallo que permite a fondos buitres embargar USD 310 millones que el país tiene en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York. Si no acepta el caso, esos USD 310 millones deberán ser entregados a los acreedores.

El fondo buitre Burford adquirió los derechos de Petersen Energía, empresa de la familia Eskenazi, la que estaría asociada en un 30% del cobro si la justicia falla a favor del fondo.

El fondo buitre Bainbridge Fund, con sede en Londres, solicitó a la jueza Loretta Preska, en Estados Unidos, que le pida a la Argentina revelar información acerca del destino y el uso del oro de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que el Gobierno de Javier Milei envió a Inglaterra.

El reclamo de Bainbridge Fund intenta determinar si el oro fue destinado a un préstamo REPO con bancos. El fondo reclama US$ 95,8 millones desde 2016 por bonos impagos y ha señalado un posible ocultamiento de información por parte del gobierno argentino respecto a las recientes y reiteradas transferencias de oro.

“La especulación de la prensa es que las reservas en oro transferidas serán usadas como colateral para préstamos que de alguna manera le permitirán a la República pagar US$ 4.400 millones de deuda a los bonistas en enero próximo”, advirtió el fondo en el escrito presentado ante la Justicia.

“No se brindó información sobre si la República (Argentina) tenía algún tipo de datos sobre las transferencias más recientes, en lo que parecería ser un ocultamiento deliberado”, remarcó el demandante.

Por otra parte, Argentina enfrenta otro litigio con Bainbridge, que busca tomar posesión de acciones de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, S.A. (YPF, con 51% de acciones en manos del Estado argentino) en el juicio por la expropiación de la petrolera.

Cabe remarcar que en un periodo de tres meses fueron cuatro veces los envíos y entrega de 3 toneladas de lingotes de oro argentino a Londres (el 60% de las reservas), tarea que fue ejecutada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien tras ser denunciado por un diputado nacional por el secretismo del acto, salió a argumentar en una entrevista radial que el objetivo era  “sacarles algún retorno” a las toneladas de oro enviadas al país anglosajón, porque “no sirve de nada” mantenerlos guardados.