Las élites brasileñas, alineadas a los EEUU, hoy gobernados por Trump, y no por el progresismo-globalismo que aupó a Lula, decidieron mantener al ex presidente preso. El presidente del Supremo Tribunal, José Antonio Dias Tóffoli, anuló este miércoles el fallo cautelar que había dictado un juez de ese mismo tribunal que ordenaba excarcelar al ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula podría haber quedado en libertad a criterio de un sector del poder judicial ya que el principal objetivo de su condena y detención era impedir que volviera a ser electo presidente. Ese objetivo se cumplió finalmente el 28 de octubre cuando Bolsonaro, alineado con Trump, fue electo presidente. Lula apresado el 7 de abril de 2018 para luego ser proscripto el 31 de agosto, a solo un mes de la primera vuelta electoral. De haberse concretado la liberación, el período de encarcelamiento habría coincidido exactamente con el período eleccionario.

Como venimos anticipando, detrás de la «Causa de los Cuadernos» se esconden objetivos extrajudiciales de los EEUU: dejar fuera de competencia a dirigentes no confiables para su geopolítica y abrir el camino a las grandes corporaciones constructoras norteamericanas, actualmente desplazadas por empresas locales, como Techint, una de las principales compañías del país.

Por este motivo, y como era previsible, el juez cercano a la Embajada de los EEUU, Claudio Bonadío procesó a Paolo Rocca, el dueño de Techint, lo embarga por $4000 millones y le prohibe la salida del país mientras que en simultáneo, desde EEUU se hace saber que se le ha retirado la visa y que Techint está siendo investigado por la SEC (U. S. Securities and Exchange Commission).

Quien llamativamente no resultó afectado por la nueva disposición de Bonadió es Marcelo Mindlin, el aparente comprador de IECSA de Ángelo Calcaterra y de quien muchos sospechan viene actuando como testaferro de Mauricio Macri, obtvo del juez la falta de mérito. Este hecho acrecienta las versiones que contaban que Rocca le habría dicho al embajador ruso que temía que Macri buscaba quedarse con sus empresas.

Si bien Rocca venía escapando del procesamiento y había sido Luis Betnaza, el director de la compañía, quien había tenido que lidiar con esa situación judicial, ahora ya nadie descarta que ambos pudieran finalmente terminar presos. Rocca y Betnaza quedaron involucrados en el supuesto pago de coimas a ex funcionarios argentinos para que intermediaran con el gobierno de Venezuela en el contexto de la estatización de la empresa Sidor, propiedad de Techint, en aquel país. ¿Se animará Bonadío a aplicar la doctrina Irurzun que ha venido implementando contra políticos y empresarios, deteniendo «preventivamente», considerando la capacidad de «obstaculizar» al Poder Judicial dados los contactos del implicado?

Habrá que ver cómo esta nueva avanzada judicial sobre el poder económico local se refleja en el plano político, ya que es sabido que una parte del partido radical, bajo el ala de Ernesto Sanz, supo ser muy cercano a Paolo Rocca. ¿Habrán esta vez de reaccionar para defender a su mecenas o continuarán apostando al perfil bajo y al seguidismo del PRO como han venido haciendo? ¿Habrá algún movimiento en el plano del propio poder judicial, siguiendo los recientes cambios en el Consejo de la Magistratura? ¿Se quedará tranquilo Rocca con este procesamiento y eventual encarcelamiento? Hay que recordar que muchos sindican al poder Rocca detrás de Duhalde y Alfonsín en los sucesos que terminaron con la caída de De la Rúa.

No puede escapar tampoco al análisis el hecho de que Techint se haya acercado estos últimos días a Cristina Kirchner, según relató el domingo pasado Horacio Verbitksy: «El gobierno enfureció en los últimos meses, cuando sus servicios detectaron contactos de los principales lugartenientes de Rocca con el kirchnerismo: Luis Betnaza visitó el Instituto Patria y Daniel Novegil se encontró con Axel Kicillof».

Las reglas del poder indican que el terreno que algunos dejan de ocupar, pasa a ser aprovechado por otros. Sea en la economía o en la política. El poder judicial actúa luego como el brazo ejecutor en el plano legal-institucional, reflejando las nuevas relaciones de fuerza.

IECSA fue adquirida el año pasado por el grupo empresario de Marcelo Mindlin, dueño de Edenor, que en cuanto compró la empresa, desplazó a Sánchez Caballero, sabiendo que sería el chivo expiatorio para evitar culpabilizar a los Macri por las coimas de Odebrecht, luego de ser aprobada la Ley de Responsabilidad Empresarial que deslinda toda culpa a los accionistas y carga las tintas sobre los gerentes.

Ya en abril de 2018, el juez Martínez de Giorgi había llamado a indagatoria a Javier Sánchez Caballero, junto a otras 49 personas en el caso Odebrecht Argentina. Según la Policía Federal de Brasil, Caballero recibió 20 millones dólares de Odebrecht en el 2009 para el supuesto pago de sobornos a funcionarios del gobierno por la obtención de la licitación del soterramiento del Sarmiento, megaobra adjudicada a la UTE integrada por IECSA-Ghella junto a Odebrecht y la española Comsa.

IECSA, nexo local de Odebrecht, fue de Franco Macri hasta 2007 en que Mauricio Macri llega a la Jefatura de Gobierno de la CABA y entonces pasa formalmente a su primo, Ángelo Calcaterra. Cuando Macri llega al Poder Ejecutivo Nacional, deciden pasar la empresa formalmente a Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía. Muchos sospechan que Mindlin actúa de testaferro de Macri e incluso del británico Joe Lewis, con quien comparte Edenor.

En los correos de Mauricio Couri Ribeiro que reveló la policía brasilera, Caballero aparece como el encargado de repartir el pago de sobornos en Argentina, por alrededor de 20 millones de dólares. Así lo contamos el 28 de febrero de 2017 en «Según la prensa brasileña, Macri cobró coimas de Odebrecht a través de su hermano Calcaterra».

Con respecto a  la maniobra de detenciones de ex funcionarios por parte de Bonadío, la abogada Graciana Peñafort expresa en Twitter: «Me despertó la llamada de un colega para contarme las detenciones de hoy de Bonadio. Llamé a las tres personas por las que siento estima que figuran en esa causa. Desconcierto. Me puse a leer las noticias y mi cabeza de abogada empezó a hacerse preguntas. Primero, qué causa es la causa donde se investigó? Dicen que es la causa de GNL, la del perito trucho. Pero cuando miras los nombres, resulta que no hay empresarios del gas ahí. Me dicen que ahí declaró la mujer de Centeno, el chofer escriba. Anoche me dormí leyendo el libro de Pablo Slonimsqui «Forum Shopping». La declaracion de la mujer del chofer, parece una clara maniobra de forum shopping. Alguien le aconsejó declarar en el juzgado de Bonadio para que la denuncia quedara radicada en ese juzgado y no en otro. Y eso me da mala espina. Lo segundo es que la mujer de Centeno ya había hecho una denuncia sobre cajas fuertes ocultas. Que resulto falsa. Me hace acordar a las denuncias de las bóvedas que hizo Fariña. Que también resulto falsa, aunque excavaron media Patagonia buscando. También los de los bolsos. Ya hablaron de los bolsos de Lopez. y Tambien los bolsos que denunció la ex secretaria de Nestor. Y que después se desdijo ante la justicia. Y el nombre de Muñoz que esta muerto y no puede declarar. Es como un guión reciclado de cosas ya dichas. Será un guionista? Después los nombres de los empresarios. Primero ninguno tiene nada que ver con la causa de Gas licuado. Segundo, si se trata de un circuito de coimas de empresas energéticas, estarían faltando nombres. Si se trata de obra publica, también estarían faltando nombres. Hay otros nombres sorprendentes. Primero el de Sánchez Caballero, que es IECSA. Balas cerca de Macri. Los otros son el de Javier Fernández y el de Parrilli. Mucho servicio para un solo testimonio. Esos son nombres raros. Parece más una interna de la SIDE ese punto. Y no entiendo el nombre de Abal Medina ahí. Que nadie crea que pretenda a defender al ex senador, hoy funcionario macrista. Pero su nombre en esta causa es una disonancia extraña. Es extraño también el tenor de los escritos del chofer, que esta hecho en un registro raro para diario de anotaciones propio. Mi pregunta es para quién aclara? O mejor dicho, para quién escribe y con qué propósito? Escribe mientras sucede? hace memoria? Diego Cabot que hizo la investigación periodística señala que hace seis meses que tiene los cuadernos. Centeno no se dio cuenta en seis meses que los cuadernos no estaban más en su poder? No le avisó a nadie? Eso discúlpenme pero es rarísimo, de toda raritud. Todo tiene un aire artificial. Armado. Me gustaría decir que lo determinará la justicia, pero Bonadio y la justicia son antónimos entre sí. Y como intuyo una maniobra de forum shopping para que sea Bonadio el juez de la causa y más armado artificial me da. El hecho que conocidas las detenciones se haya dictado el secreto de sumario también me da mala espina. Ya tienen el titular periodístico, ya llamaron a indagatoria a CFK y ahora desaparece la posibilidad de acceder a mayor información. Me pregunto por una ausencia rara. Donde está López? No aparece? Ni siquiera está mencionado en 10 años de anotaciones? Es como si un imaginario guionista hubiese armado un relato y descartado fichas por alguna causa. Veremos como sigue la historia . Pero sí me hice estas preguntas. No tengo respuestas».

El Departamento de Estado de los EEUU encontró en Odebrecht la punta de lanza para poder enjuiciar, proscribir y, de ser posible, encarcelar a gran parte de los dirigentes políticos de los gobiernos que se apartaron de sus lineamientos. Odebrecht era el caso ideal porque fue siempre una empresa corrupta con ramificaciones en toda América Latina. Marcelo Odebrecht era un empresario cercano al poder norteamericano, de hecho era miembro del elitista Council of the Americas, por eso a pesar de ser condenado inicialmente a 19 años de prisión, luego de asumir su culpabilidad su pena se redujo a 10 años y solo estuvo 1 año y medio detenido de junio de 2015 a diciembre de 2017, otorgándosele una prisión domiciliaria en una de sus más lujosas mansiones en San Pablo hacia donde viajó con su avión privado, una edificación de U$S 9 millones de dólares y 3000 metros cuadrados. Marcelo Odebrecht además podrá salir a trabajar en dos años en un régimen especial. Sin embargo, el tendal de políticos que dejó a tiro del poder norteamericano fue enorme.

Por eso no extraña que en la Argentina quien dispuso la gran cantidad de detenciones fue el juez Claudio Bonadío, un habitué, junto con el fiscal Stornelli, a todas las celebraciones de la Embajada de los EEUU.

El resto de las detenciones de la «causa de los cuadernos», independientemente del grado de culpabilidad que puedan o no tener, son parte de un plan integral más complejo que termina en Cristina Kirchner. El timing político de Bonadío a su vez permite al poder cambiar el eje de la discusión política que tenía a Macri contra las cuerdas con el caso de los aportantes truchos y los aumentos de tarifas.

Al igual que Macri, su socio detrás del trono, el empresario Paolo Rocca, dueño de Techint, aparece ahora denunciado por montar una red de sociedades offshore para manejar dinero en negro y pagar coimas. Así aparece en investigaciones judiciales de Brasil, Italia y Suiza.

Así lo revela la periodista Emilia Delfino: «Los hombres de Techint involucrados son en su mayoría argentinos y operaron desde Buenos Aires. Los arrepentidos y testigos declararon que las órdenes procedían de Argentina, donde se encuentra el centro operativo del grupo. Uno de los colaboradores, además, contó cómo supuestamente entregaba efectivo negro en la sede de Techint en Alem 1067. El destape de esta historia comenzó en Brasil. Noviembre de 2014. Los magistrados del Lava Jato ordenaron la detención de Renato de Souza Duque, director de la división de servicios de Petrobras entre 2003 y 2012, acusado de cobrar sobornos. Unos meses más tarde, su amigo Joao Antonio Bernardi Filho confesó haber sido el testaferro de Duque y haber administrado los sobornos que el funcionario de Petrobras recibía de empresas contratistas de la petrolera estatal a cambio de obras millonarias. Una de las empresas señaladas fue Techint. La filial de la ítalo-argentina en Brasil llegó a vender tubos y caños a Petrobras por más de US$ 1.600 millones».

Y abunda en detalles sobre la estructura financiera: «El testaferro de Duque canalizaba el dinero a través de una sociedad creada en Uruguay: Hayley SA. La compañía simulaba contratos de servicios ficticios con las constructoras. Luego los millones llegaban a una cuenta en Suiza en la Millennium BCP Banque Privée y desde allí a la sucursal de Hayley en Brasil, donde Bernardi compraba propiedades: 12 inmuebles en total y otro millón y medio en un fondo de inversión. Las cuentas bancarias de estas empresas en Suiza estaban manejadas por integrantes de Techint».

La investigación afecta a varios argentinos del Grupo Techint: «De acuerdo con los documentos bancarios, las personas con poderes sobre las cuentas de Fundiciones del Pacífico SA y Emprendimientos Siderúrgicos eran, al menos hasta fines de 2015, los argentinos Héctor Alberto Zabaleta (director de Administración de Techint), Fernando Segundo Prado (abogado de Techint), Carlos Enrique Rodríguez (abogado de Techint) y el italiano Umberto Bocchini (ejecutivo de Techint). El dinero se movía entre cuentas del mismo banco suizo: BSI. Luego, las offshore transferían fondos a Hayley, en otro banco suizo. Todas las transferencias se justificaban con contratos de consultoría, pero para la Justicia de Milán y Brasil esos servicios eran ficticios. Hayley nunca tuvo personal. Las cuentas eran manejadas por tres colaboradores de Techint en Suiza. Ana María Giorgetti es una de ellas. Las órdenes de pagos las recibía siempre de otro ejecutivo del grupo, el argentino Héctor Alberto Zabaleta, entonces director de Administración de Techint en Argentina y uno de los hombres de mayor confianza de los Rocca. Lleva en la compañía 48 años y figura en los directorios de al menos 30 sociedades en Argentina, casi todas vinculadas a Techint y sus ejecutivos, incluido Paolo Rocca».

Fuente: http://www.perfil.com/noticias/politica/techint-pago-coimas-y-manejo-millones-en-negro-segun-la-justicia-italiana.phtml

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó a indagatoria al primo del presidente Ángelo Calcaterra y al empresario Marcelo Odebrecht junto a otras 47 personas por el caso del pago de coimas en el soterramiento del Sarmiento.

Según el juez, las pruebas “permiten sustentar el estado de sospecha instaurado en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio en cuestión, que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas” a entonces «funcionarios públicos», por lo que también citará a indagatoria a Julio De Vido y José López.

Se menciona un informe producido por la Policía Federal de la Superintendencia Regional de Paraná, Delegación Regional de Combate contra el Crimen Organizado, Grupo de trabajo Lava Jato, de la República Federativa de Brasil.

“Se señala a sujetos vinculados a la constructora IECSA -cuyo titular indicó la denunciante en ese momento era Angel Calcaterra- con el pago de sobornos por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento”, completa el fallo.

Martínez de Giorgi siempre fue un juez cercano al agente de inteligencia Antonio Stiuso, por lo que el avance de la investigación es de esperar quede supeditado a una negociación entre ese sector del espionaje y el Gobierno Nacional. ¿Veremos alguna vez algo de Justicia contra este gobierno del latrocinio organizado?

Resolucion del Juez Martinez de Giorgi

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó esta tarde su renuncia al cargo tras la crisis generada por los videos que muestran una presunta compra de votos a cambio de obras, indicaron medios locales. Kuczynski iba a ser sometido a una votación en el Congreso por su posible destitución debido a que tenía vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Con esta decisión, terminan meses de turbulencia política y financiera por la causa Odebrecht que también salpica al gobierno argentino por la participación del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en el presunto cobro de coimas por 850 mil dólares. Macri y su familia están directamente involucrados con la corrupción de Odebrecht, ya que son socios de esta empresa a través de IECSA en la realización de la faraónica obra del soterramiento del tren Sarmiento, obra para la cual Macri se autoasignó financiación estatal por $45 mil millones de pesos…

El conservador Pedro Pablo Kuczynski, un exbanquero de Wall Street de 79 años que asumió al poder en julio del 2016, iba a ser anfitrión de la cumbre de líderes de América en Lima el 13 y 14 de abril, durante la cual tenía planeado reunirse con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

En Perú este corrupto presidente tuvo que renunciar a su cargo, ¿en Argentina para cuándo?

Corrupción PRO: la Policía Federal brasileña lanza la «Operação Descartes» y confirma que el jefe de inteligencia argentino, Gustavo Arribas, cobró US$ 850.000 en «coimas» de Odebrecht. Así lo informa el diario brasileño Estadao:

«El director Gustavo Héctor Arribas, de la Agencia de Inteligencia de Argentina, habría recibido 850.000 dólares por medio del esquema investigado por la Operación Descarte, desdoblamiento de la Lava Jato desencadenada este jueves. La información fue revelada por la Policía Federal.

Uno de los objetivos de Descarte es el Consorcio Soma, proveedor de servicios de limpieza en São Paulo desde 2011. Según el delegado de la Policía Federal Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, el Soma entraba en contacto con empresas de fachada para emitir facturas fiscales simulando la venta de mercancías – detergentes, sacos de basura – para el consorcio. Después de la emisión de los recibos, el Soma transfería el dinero a las cuentas de las empresas.

«En consecuencia, ese dinero era nuevamente transferido a otras empresas de fachada con miras a simular el origen y el destino de los valores. Finalmente, los valores son transferidos a cuentas de personas ligadas al esquema o luego remitido al exterior «, afirmó.

«En el curso de las investigaciones, hubo una remesa de valores para el exterior por valor de 850 mil dólares. Este dinero salió de Brasil, pasó por una cuenta en Hong Kong y se detuvo en Argentina, en una cuenta vinculada al director de Inteligencia de aquel país.

Victor Hugo declaró que los responsables de la operación fueron el cuevero Alberto Youssef y el empresario Leonardo Meirelles, delatores de la Lava Jato. De acuerdo con el delegado, ambos estuvieron en la PF y ‘confirmaron que de hecho efectuaron esa transacción’.

Descarte investiga el esquema de lavado de dinero, a través del control de una red formada por varias empresas de fachada, teniendo como propietarios personas interpuestas («naranjas»).

En una nota, la PF informó que, por regla general, las empresas participantes del esquema simulaban la venta de mercancías al cliente del «servicio» de lavado, que entonces pagaba por productos inexistentes vía transferencias bancarias o boletos (para dar apariencia de legalidad a la adquisición) ‘».

La historia de Gustavo Arribas con Odebrecht y el caso Lava Jato

En enero de 2017 se supo que Gustavo Arribas, había recibido presuntas transferencias millonarias por un financista extranjero llamado Leonardo Meirelles con el supuesto fin de reactivar un contrato entre el Gobierno argentino y la denunciada empresa brasileña Odebrecht.

Para mayo de 2017, el operador brasileño Leonardo Meirelles declaró ante el Poder Judicial de la Argentina que transfirió cerca de US$ 850.000 a favor del actual jefe de la inteligencia argentina, Gustavo Arribas , y afirmó que esos giros correspondieron al pago de «coimas» provenientes de las constructoras Odebrecht u OAS.

Sin embargo, a pesar de esa declaración, Arribas quedó desvinculado del supuesto cobro de pagos ilegales, ya que la causa había sido cerrada (un sobreseimiento express) por el juez Rodolfo Canicoba Corral sin siquiera tener pruebas de las operaciones bancarias (no esperó la respuesta a exhortos enviados a Suiza y a Brasil y no quiso tomarle declaración en la Argentina de Meirelles) y ante la apelación del fiscal Delgado, el fiscal general de la Cámara Federal porteña, el macrista Germán Moldes, desistió de proseguir con la acusación. Volvió a apelar la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pero el tribunal de Casación (Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Angela Ledesma) dijo que ese organismo sólo puede intervenir cuando son investigados funcionarios públicos y que Arribas no lo era en la época de los hechos. La PIA ya había dicho que su función era investigar “corrupción” y no funcionarios. Para el tribunal, no importó si hubo delito.

Meirelles había dicho que recordaba haber tratado con Iecsa, la constructora que perteneció al Grupo Macri, luego al primo de Macri, Ángelo Calcaterra y ahora al empresario afín al gobierno, Marcelo Mindlin, y que está asociada con Odebrecht en las obras del Sarmiento.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas advirtió a los jueces que “el descubrimiento de las transferencias constituye un dato probatorio, probablemente constitutivo de un tramo de la comisión de un delito, que fue el pago de sobornos para la adjudicación de la obra del soterramiento del Sarmiento por parte del gobierno (…) no hay dudas que los hechos que forman parte de la pretensión del Ministerio Público versan sobre la posible intervención de Gustavo Arribas -como intermediario de Odebrecht- en el pago de sobornos a funcionarios argentinos con el fin de impulsar la obra del soterramiento del Sarmiento que se encontraba demorada».

Ahora, es la Policía Federal de Brasil la que vuelve a incriminar a Arribas. Resta por ver que hará la «Justicia» de la Argentina, en este caso la Corte Suprema…

El fiscal Franco Picardi pidió embargar por 54,3 millones de pesos a Calcaterra , primo del presidente Mauricio Macri y ex titular de la constructora IECSA, en la causa en la que se investigan irregularidades en la asignación de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento y a Lorenzo Ghella, Mauricio Couri Ribeiro, de la constructora brasileña Odebrecht, y Jorge “Corcho” Rodríguez, entre otras 19 personas, por 4,35 millones de pesos a cada uno.

También pidió embargar por 4 millones de pesos al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime , al ex secretario de Obras Públicas José López quienes ya se encuentran procesados y con prisión efectiva por sus responsabilidades en otros hechos de corrupción.

Picardi elevó el pedido al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

¿Para cuándo la «prisión preventiva» para Calcaterra? ¿Ser primo y, según muchos, testaferro de Macri quien ocupa el sillón presidencial en la Casa Rosada no puede «entorpecer el accionar de la Justicia» según la nueva doctrina Irurzun?

De acuerdo al medio español El País la Policía de Andorra está investigando un desembolso de 395.000 euros a una empresa que participó en el soterramiento del tren de Sarmiento, la mega obra en la que participa IECSA, la empresa de los Macri (hasta hace unos meses a nombre de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio y actualmente bajo la sospechosa titularidad del amigo Marcelo Mindlin).

Odebrecht, la empresa brasileña involucrada en casos de corrupción por toda América Latina,  pagó con fondos oscuros a una subcontratista que participó en el soterramiento del tren de Sarmiento, una infraestructura en Buenos Aires que llamativamente recibió por decreto de Macri una financiación estatal de 3.000 millones de dólares (unos 45.000 millones de pesos).

Los investigadores arribaron a la cifra de 395.000 euros de sobornos luego de analizar las actas secretas del departamento de compliance (cumplimiento) de la Banca Privada d’Andorra (BPA), una de las entidades, junto con el Meinl Bank de Antigua y Barbuda (el Meinl Bank también ha tenido incidencia en el caso del Correo Argentino que también involucra a los Macri), utilizadas por Odebrecht para pagar comisiones ilegales a empresarios, altos funcionarios, políticos y cargos públicos.

Y concluye el diario El País: «La cifra abonada en comisiones ilegales por el gigante brasileño, no obstante, ascendería a 20 millones de dólares (17 millones de euros), según este diario, que sitúa como intermediarios “al miembro de un grupo de presión Jorge ‘Corcho’ Rodríguez” y a un ejecutivo de Iecsa, una constructora que perteneció a Ángelo Calcaterra, primo del presidente de Argentina, Mauricio Macri».

Graciana Peñafort realiza un buen resumen de la causa que involucra al jefe macrista de Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Mientras el fiscal Moldes y el juez Canicoba Corral lograron cerrar la investigación contra el funcionario macrista en tiempo récord, en Brasil se siguen conociendo datos que apuntan hacia la corrupción de Arribas. Si se aplicara la ley de contrataciones del Estado, la licitación a IECSA y Odebrecht por el soterramiento del tren Sarmiento y que tiene asignada por Macri una financiación de $45.000 millones debería darse por terminada.

Leamos la Ley de Contrataciones del Estado:

por Graciana Peñafort

¿Cuál es la noticia judicial del dia? que Meirelles, arrepentido del LAVA JATO aseguró que hizo 10 pagos a Gustavo Arribas, jefe de la AFI, por coimas.

Arribas habia sido denunciado en base a una nota de Hugo Alconada Mon, fue sobreseído en tiempo record por Canicoba y mi estimadisimo fiscal Moldes decidió no apelar el sobreseimiento. Hoy el arrepentido Meirelles testificó que fueron 10 los pagos a Arribas.

Aclaró Meirelles que su función era pagar coimas, no cuadros, como dijo Arribas que era lo que se le había pagado.
La razón de las coimas: el soterramiento del Sarmiento, proyecto que debía hacerse con financiamiento externo, requisito para ganar licitación. Ganó la licitacion IECSA, que en esa época era Calcaterra, que es Macri. Como presidente, Macri decidió que el Estado pagaría la obra. Es decir, Macri cambió las condiciones de adjudicación de la obra y decidió pagarla con fondos del Estado. Lo que Macri no cambió fue el contratante: su primo Calcaterra. ¿Cuándo decidio vender la empresa Calcaterra? cuando saltó la denuncia sobre Arribas «valijero». ¿Cuál es el encuadre legal? Cohecho, que sanciona no solo al funcionario público que recibe coimas, sino al privado que las paga. Es falso el argumento de que Arribas no era funcionario público, porque para el delito de cohecho no hace falta ser funcionario.

En el medio de este entuerto aparecen algunos otros nombres significativos. El 1º es Marcelo Mindlin que es quien compró la empresa IECSA que administraba Calcaterra y que es aun hoy adjudicataria de la licitación del soterramiento del Sarmiento. ¿Qué otra empresa compró Mindlin? Petrobras (en Argentina). La compra de la petrolera hace unos días comenzo a ser investigada por la justicia de Brasil:
https://t.co/3DR6PnglUk

Lula anunció su candidatura para presidente de Brasil en 2018.

«Estoy dispuesto a volver a ser candidato» en las elecciones de octubre de 2018, declaró Lula. «Sinceramente creo que el pueblo brasileño tiene nostalgia del tiempo en el que fui presidente de la República», añadió.

El lanzamiento de su candidatura ocurre el mismo día en que el empresario Marcelo Odebrecht, preso por la causa conocida como Lavajato, habría declarado en sede judicial contra Lula, afirmando haberle pagado sobornos por U$S 4 millones durante los años 2012 y 2013. Odebrecht es una de las empresas más grandes de Brasil y la declaración judicial sería una maniobra para conseguir dos objetivos: el acortamiento de la pena para el empresario y complicar el panorama judicial del ex presidente, impidiéndole participar de unas elecciones para las que todas las encuestas lo dan como favorito.

Marcelo Odebrecht es miembro del Council of the Americas, una institución del poder norteamericano fundada por David Rockefeller, por lo que es poco probable que el poder financiero internacional permita que uno de sus miembros pase el resto de sus días en la cárcel.

De acuerdo a un informe publicado por el diario brasileño Estado de Sao Paulo, la empresa IECSA del Grupo Macri cobró coimas de la brasilena Odebrecht, la megaconstructora que se encuentra en medio del escándalo de corrupción internacional conocido como Lavajato.

Recordemos que es un secreto a voces que Angelo Calcaterra, titular de IECSA y primo de Macri, siempre fue un testaferro de la familia. El escándalo con el soterramiento del Tren Sarmiento había comenzado a principios del año pasado cuando Mauricio Macri por decreto se autoconcedió financiación estatal por $45.000 millones (cuando el pliego licitatorio original excluía esta posibilidad).

Ahora además se empieza a conocer el dinero en negro que circuló entre su empresa IECSA y la de su socio brasileño, Odebrecht.

Resulta llamativo que incluso el diario Clarín, siempre dispuesto a encubrir los negociados y actos de corrupción del gobierno macrista, tuvo que contar el caso. Dice la periodista Eleonora Gosman: «El soterramiento de la línea del Sarmiento apareció hoy en la prensa brasileña, como una obra supuestamente vinculada al esquema de coimas de la constructora brasileña Odebrecht. En un extenso artículo, publicado por el diario Estado de Sao Paulo, se afirma que en el marco del emprendimiento -en el cuál el holding brasileño aun continúa como socio junto con la argentina Iecsa del primo de Mauricio Macri Angelo Calcaterra-, se pagaron sobornos entre 2003 y 2015. La información no procede de una delación. Proviene de la policía federal brasileña, que intervino en la llamada operación Omertá de fines del año pasado, por la cual fueron detenidos tres ex directores de Odebrecht que pertenecían, según se afirma, al “departamento de coimas” que había montado la constructora. Según ese diario paulista, los tres detenidos en aquella operación en Brasil -Ernesto Baiardi, Mauricio Couri Ribeiro e Fernando Migliaccio- intercambiaron correos electrónicos, que fueron extraídos de la computadora de Couri. En esos intercambios se indicaría la presunta recepción de sobornos por dos personajes argentinos: uno de ellos es Manuel Vázquez, asesor del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime (ambos detenidos por la importación de chatarra ferroviaria), y el otro es el CEO de Iecsa, Javier Sánchez Caballero (…) En cuanto a los emails encontrados por la Policía Federal brasileña, citan una reunión con Sánchez Caballero en 2010 con Odebrecht “para discutir los sobornos”.

Veamos la nota del diario brasileño:

Em seu acordo de colaboração com a Justiça, a Odebrecht confirmou ter efetuado pagamentos de propina na Argentina relacionados à obra do trem subterrâneo Sarmiento, que liga Buenos Aires ao município de Moreno, na região metropolitana. A empreiteira aponta para pagamentos nas gestões da família Kirchner, que ficou no poder entre 2003 e 2015, mas também relata repasses de suborno relacionados à empresa Iecsa, do primo de Mauricio Macri, atual presidente.

A Odebrecht não cita pagamentos diretos para Macri, mas detalha seus negócios com a empresa que tem entre os donos um primo do presidente, Angelo Calcaterra. O empresário é o atual dono da Iecsa, uma das construtoras que formam o consórcio responsável pela obra em Sarmiento. A empresa pertenceu ao pai do presidente, Franco Macri, até 2007, ano em que Mauricio assumiu a prefeitura de Buenos Aires. As outras empresas consorciadas, além da Odebrecht, são a espanhola Comsa e a italiana Ghella.

Conforme a Odebrecht detalha em seu acordo, a empresa do primo de Macri participou das tratativas para pagamento de propina na obra de Sarmiento e alimentou o caixa dois do qual saíram os pagamentos para integrantes do governo Kirchner.

Na documentação utilizada para pedir as prisões da fase Omertá da Lava Jato, deflagrada em 26 de setembro de 2016, ao menos três executivos da empreiteira são mencionados em documentos do Setor de Operações Estruturadas, o departamento da propina, relacionadas a pagamentos irregulares nas obras do trem Sarmiento. Nas conversas em posse da PF, Mauricio Couri Ribeiro e Fernando Migliaccio aparecem em e-mails sobre os repasses.

Em e-mails encontrados no backup de Couri Ribeiro, a PF localizou ao menos 5 mensagens relacionadas ao pagamento de propina nas obras do trem de Sarmiento. Uma delas, de junho de 2010, cita uma reunião para debater o pagamento de propina com um engenheiro que trabalha na empresa do primo de Macri. Com o título “Reunião com Sánchez Caballero”, o e-mail aborda 4 itens que seriam abordados no encontro. Um dos temas apontados na conversa é “DGI’S – Contacto directo”.

Sánchez Caballero é Javier Sánchez Caballero, à época diretor da Iecsa. Já a sigla DGI, segundo a PF, era utilizada pelos executivos da Odebrecht em referência ao pagamento de propina.

“Observa-se que DGI é associado tanto ao Setor de Operações Estruturadas quanto a pagamentos de vantagens indevidas, corroborando-se, assim, a conclusão de que a empregada sigla fazia menção a pagamentos ilícitos operacionalizados pelo setor”, afirma a PF sobre o termo utilizado no e-mail.

Em outra mensagem, intitulada “Reunión Sarmiento”, Couri Ribeiro relaciona três valores de DGI (propina) que no total somam US$ 20 milhões. No mesmo e-mail, há uma citação a Lourenço Ghella, da empreiteira italiana que também participa do consórcio para execução da obra na linha Sarmiento.

Era Kirchner. A PF encontrou também uma troca de e-mails sobre supostos repasses no exterior. Há registro de uma ordem de pagamento dada pelo diretor da Odebrecht América Latina na época, Couri Ribeiro, a e-mail controlado por Fernando Migliaccio, um dos responsáveis por operar contas da empreiteira no exterior usadas para pagamento de propina. Migliaccio é um dos 78 delatores, mas negociou seu acordo fora do pacote da empresa. Ele foi preso na Suíça e aceitou voltar ao Brasil para colaborar com o Ministério Público Federal.

Na mensagem, Couri reencaminhava um e-mail de uma funcionária da Odebrecht na Argentina. Também foi identificado o nome de Manuel Vásquez, então assessor de Ricardo Raúl Jaime, ex-secretário de Transportes na Argentina durante a era Kirchner.

Em um despacho de fevereiro de 2016, após citar as trocas de e-mails, o juiz Sérgio Moro indica que a PF já suspeitava dos problemas na obra ferroviária. “Verificou a autoridade policial, em pesquisa em fontes abertas, que na época dos fatos a Odebrecht estava na iminência de assinar um aditamento do contrato do Soterramento do Ferrocarril Sarmiento, celebrado diretamente com a Secretaria de Transportes”, escreveu o juiz.

Procurado, o presidente Mauricio Macri disse, por meio de sua assessoria, que não pode opinar sobre fatos de uma empresa que não é dele e de uma obra realizada nos governos Kirchner.

O Estado questionou a Odebrecht em nome do consórcio responsável pela obra do trem Sarmiento. Por meio de sua assessoria de imprensa, a empreiteira afirmou que “reafirma seu compromisso de colaborar com a Justiça.” Na nota enviado ao Estado, a diz que  assinou acordo com autoridades do Brasil, Estados Unidos e Suíça e já “possui entendimentos avançados com alguns países da América Latina para esclarecer sua participação em atos praticados pela companhia.”

“A Odebrecht adotará as medidas adequadas e necessárias para continuamente aprimorar seu compromisso com práticas empresariais éticas e de promoção da transparência em todas as suas ações”, completa a nota. O Estado tentou contato com a Iecsa, por meio do e-mail e telefone disponibilizados em seu site, mas não obteve retorno.