anz

El Tribunal Oral Federal (TOF) 6 le otorgó este miércoles el beneficio de la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, el genocida exdirector de investigaciones de la Policía Bonaerense que durante la última dictadura militar estaba detenido en la cárcel de Ezeiza cumpliendo seis condenas por delitos de lesa humanidad en esa época.

Los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero ordenaron el traslado de Etchecolatz a su casa, ubicada en la calle Nuevo Boulevard del Bosque, entre Guaraníes y Tobas, de la ciudad de Mar del Plata.

El tribunal había aclarado que la medida sería efectiva «siempre y cuando Etchecolatz no se encuentre detenido con prisión efectiva a disposición de otro órgano jurisdiccional». Sin embargo, en las otras cinco causas ya había obtenido ese beneficio.Clima de época. Cambiamos.

En un fallo que marca un repudiable precedente, la Corte Suprema de Justicia, con los votos de los dos jueces introducidos por Macri, Carlos Rosenkrantz (ex abogado de Clarín) y Horacio Rosatti, más el de Elena Highton de Nolasco (recientemente premiada por el gobierno que le permitió seguir en su cargo tras cumplir los 75 años), concedió el beneficio de computar 2×1 los años de prisión (ley 24390 derogada en 2001) para un genocida actualmente detenido, lo que implica su subsiguiente libertad. Este penoso antecedente podrá ser usado en causas similares.

Evidentemente puede hablarse de un «fallo de época» ya que se contextualiza en los continuas declaraciones negacionistas de la gravedad de la última dictadura cívico-militar por parte del actual gobierno.

En disidencia (¿minoría testimonial para evitar un repudio generalizado a todos los cortesanos?) votaron Lorenzetti y Maqueda, quienes argumentaron que: «El carácter permanente de un delito implica que si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley 25.430, que derogó la mentada disposición de la ley 24.390″. 

Muiña fue parte del grupo paramilitar que se organizó bajo el nombre de «Swat» y que operó dentro del Hospital Posadas, donde creó el centro clandestino de detención conocido como «el chalet».

Es un hecho de enorme gravedad ya que no es otra cosa que un nuevo indulto de hecho a los ejecutores del plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones. Si tuviéramos una clase política a la altura de las circunstancias, debería solicitar de inmediato el juicio político a los tres jueces que avalaron este fallo vergonzoso.

Algunos pronunciamientos sobre el fallo-indulto de la Corte Suprema:

–Cristina Kirchner: «Como en el Juego de la Oca, la Argentina retrocedió 20 años en materia de Derechos Humanos. Los 2 nuevos jueces de la Corte Suprema votaron equiparar el Terrorismo de Estado con los delitos comunes. Hay un clima que rápidamente han recuperado los viejos socios de la dictadura. ¿Estamos ante una nueva mayoría automática, de esas que creíamos superadas cuando Néstor impulsó la renovación de la Corte Suprema?… De ser así: muy mal debut. Derechos Humanos y Terrorismo de Estado, para atrás. ¿Viste que “el cambio” también puede ser volver al pasado?».

–Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo: «El Gobierno quiere borrarnos de la historia para construir la suya. Ahora quieren fusilarnos en una movida tan terrible. Ha traído el olvido y el desprestigio, hasta han tratado de curro a los derechos humanos”.

–Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora: “Están basureando la memoria de nuestros hijos. Demuestra una vez más la violación que se está haciendo a los derechos humanos y que está adentro de este Gobierno, donde quieren borrar completamente la memoria y favorecer a los genocidas. Nno es una cosa de la Argentina, son delitos de lesa humanidad, no tienen prescripción no son amnistiables”.

–Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz: “Se parece a los indultos de Menem. Forma parte de una avalancha de cosas con las que tratan de limpiarle la cara a los represores.  La reconciliación con los militares que promueve la Iglesia”.

-Martín Sabbatella: «Este fallo, que aplica una ley ya derogada, es aberrante y vergonzoso. Es una afrenta a la memoria de las víctimas y una señal de impunidad espantosa para la historia y el futuro del país, porque muestra al máximo tribunal de Justicia sacando de la galera un beneficio especial nada menos que para delincuentes de lesa humanidad. Para este tipo de cosas quería Macri tener mayoría en la Corte Suprema«.

–Agustin Rossi‏: «Indignante y vergonzoso el fallo de la Corte Suprema en relación al 2 x 1 en los delitos de lesa humanidad. Clima de época. Cambiamos»

–Myriam Bregman: “Deciden tirar a la basura la lucha contra la impunidad. Un grupo de criminales que siguen cometiendo sus delitos: mantienen apropiados a más de 400 jóvenes. La Corte Suprema de hecho está indultando”.

–Horacio Pietragalla, subió a Twitter una foto de una fosa común en la que estuvo enterrado el cuerpo de su padre y expresó: «Ahí esta mi papá con muchos compañer@s, asi los escondieron los torturadores genocidas y la Corte suprema los beneficia con el 2×1! Duele…»

-Claudio Avruj, Secretario de DDHH de Mauricio Macri: «Estoy de acuerdo con el 2×1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley. Hay que ser respetuosos del fallo de La Corte al respecto. Por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley»

-Comunicado del Bloque de Diputados Nacionales del FPV-PJ:
UN INSÓLITO BENEFICIO DE LA CORTE A LOS GENOCIDAS
El bloque de Diputados y Diputadas Nacionales del FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, considera que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación significa un enorme retroceso en la lucha contra el terrorismo de Estado y en la imagen que el país había recuperado a nivel internacional en la defensa de los Derechos Humanos. Desde la restauración de la democracia, nuestra Argentina fue reconocida como ejemplo y elogiada por sus políticas consecuentes a favor del esclarecimiento de la etapa más oscura que vivió nuestra sociedad con el golpe cívico-militar del ’76.
A 40 años de conmemorarse las históricas rondas de las Madres de Plaza de Mayo, el Tribunal Judicial lleve a la sociedad a épocas retrógradas, caracterizadas por la supresión de toda garantía constitucional, del debido proceso, de persecuciones ideológicas y de torturas, con el lamentable saldo de 30.000 desaparecidos que el gobierno de Macri ignora.
La aplicación del 2 x 1 es lisa y llanamente un indulto a condenados por crímenes de lesa humanidad y constituye un pésimo y negativo mensaje a la sociedad, en la que los culpables de asesinatos tienen siempre la chance de beneficiarse con la reducción de las penas.
No es menor el dato que los dos jueces que Macri intentó nombrar por un simple decreto, Horacio Rosankrantz y Carlos Rosatti, hayan votado a favor de un gobierno que tiene la clara intención política de borrar de la historia el genocidio sufrido por el pueblo argentino.
El cambio tan prometido no es otra cosa que una involución cultural, social, política y económica. Detrás de los globitos de colores se escondía un monstruo que con sus garras arrasa contra los derechos constitucionales, criminaliza los justos reclamos de los trabajadores por salarios dignos y por la defensa del trabajo y persigue al que piensa distinto.