Por Juan Manuel de Prada

La invasión bárbara de Ceuta nos ha dejado escenas propias de guerrilla urbana que hasta la fecha sólo habíamos visto cada vez que se desataba una revuelta en los barrios de la periferia parisina: incendios de automóviles, agresiones repetidas a militares y policías, ataques al transporte público, abusos sexuales, etcétera. Como a nadie se le escapa (o sólo a quienes viven encerrados en esas casposas jaulas del pensamiento llamadas ideologías), son acciones impropias de personas que vienen a ganarse el sustento a otro país, ni siquiera en esas situaciones desesperadas en las que cualquier persona puede perpetrar un crimen por puro instinto de supervivencia, o por proteger a los suyos, al estilo de Jean Valjean. Pero los brotes de delincuencia que han florecido en Ceuta nada tienen que ver con esta criminalidad desesperada a la que aludimos; son acciones programadas según la estrategia de conquista de territorios y expulsión de los autóctonos que se han utilizado (con frutos óptimos) en diversos países europeos, muy notoriamente en Francia.

Esa estrategia puede resumirse muy sucintamente: desde los arrabales de una ciudad, se crean ‘zonas sin ley’ o, como diría Foucault, «heterotopías» que funcionan al margen de las normas comunes de la sociedad y que se tornan inhabitables; y luego esa zona se va extendiendo poco a poco, como una mancha de aceite. Así ha ocurrido repetidamente en Francia, donde poblaciones musulmanas ‘colonizan’ un barrio y después organizan bandas especializadas en guerrilla urbana, a la vez que introducen diversas formas de intimidación civil más o menos subrepticia o descarada que los ‘petits blancs’ ni siquiera se atreven a denunciar, por temor a las represalias, para terminar emigrando a otros barrios o ciudades; y al desalojo de los autóctonos sucede tarde o temprano el colapso policial, pues patrullar estas ‘zonas sin ley’ obliga a asumir riesgos adicionales muy costosos (entre otras razones, porque las autoridades obligan a la policía a adoptar métodos irenistas, exactamente como ocurre en Ceuta).

No debemos confundir estas ‘zonas sin ley’ con los guetos, donde viven confinadas poblaciones que sufren marginación. Los pobladores de estas ‘zonas sin ley’ no están confinados, ni padecen marginación; por el contrario, han conquistado el territorio que habitan, han creado –mediante la violencia efectiva o soterrada– su propio espacio autónomo, expulsando a quienes antes residían en él. Y, por supuesto, en estas heterotopías o ‘zonas sin ley’ provocadas por las invasiones bárbaras no existe ese imaginario ‘mestizaje’ que tantos relatos míticos ha inspirado al progresismo biempensante. Puede haber, al principio, un remedo o pantomima de ‘mestizaje’, con mucho despliegue colorista de timbales y chirimías; pero se trata de un recurso al que se recurre por astucia y que pronto es sustituido por actitudes mucho más disuasorias cuando la dominación está asegurada.

Esta estrategia, recurrente en Francia, es la que se pretende realizar en Ceuta, de forma todavía más áspera y brutal. Por supuesto, a quienes la denunciaron en su día en Francia –casi siempre las clases populares que sufrían sus consecuencias– se les acusó de incurrir en exageraciones y tremendismos, de alimentar ‘fantasmas’ y paranoias racistas (exactamente el mismo argumento empleado por Marlaska, cuando calificó las lamentaciones de los ceutíes de «sensaciones» e «inseguridades subjetivas»). Las élites intelectuales francesas –que, como las españolas, viven en barrios pijos– abandonaron a su suerte a los ‘petits blancs’ que padecían estas invasiones, predicando las bondades del ‘mestizaje social’ y mareando la perdiz con inútiles y retóricas ‘políticas de inserción’, en la esperanza de que pronto el número creciente de invasores asegurase el triunfo electoral a piñón fijo del progresismo, bajo diversas máscaras (moderada o rampante, según conviniese a cada circunstancia). Así ha ocurrido repetidamente en Francia y en otros muchos países europeos, donde la parte de la población que sufre las invasiones bárbaras ya no puede formar mayorías contra las alianzas que el progresismo moderado y rampante entabla con las fuerzas invasoras. Y donde esas alianzas generan, a su vez, el florecimiento de partidos que se alimentan del miedo y de la rabia, pretendiendo grotescamente oponer a la colonización invasora el vacío civilizatorio que ha sido el principal causante de dicha colonización.

Habría que empezar por aceptar, si no deseamos renunciar a la honradez intelectual, que la integración de las poblaciones que pertenecen a civilizaciones distintas es consustancialmente imposible; y también recordar que las civilizaciones las fundan las religiones y desaparecen cuando declina la religión que las fundó. No existe una civilización laicista, ni democrática, ni republicana, ni constitucionalista, ni parecidas zarandajas; allá donde falta la religión sólo existe vacío civilizatorio, que es inevitablemente llenado por otra civilización invasora. Quienes vienen a llenar ese vacío no hacen sino cumplir con un –llamémoslo así– designio; mucho más maligna es la posición que adoptan esas élites –por supuesto, procedentes de clases sociales preservadas del contacto con las invasiones bárbaras– que niegan la realidad y siguen cantando las bondades de las avalanchas inmigratorias y aplaudiendo las ‘regularizaciones masivas’, a la vez que anatemizan a quienes denuncian esta nueva forma de suicidio colectivo.

Muchas veces me he preguntado la razón de su traición y desatino. No se me escapa que casi todos ellos son untados generosamente por organizaciones sufragadas por el mundialismo y sobornados por el progresismo hegemónico con multitud de prebendas y privilegios; pero su abyección esconde otra razón más tenebrosa y secreta que tampoco se puede explicar como cándida defensa de los llamados Derechos Humanos, ni como sumisión a la corrección política, ni como perversión masoquista del sentimiento, ni como filantropía alucinada, ni siquiera como fatalismo de pulsiones autodestructivas. Todos estos ingredientes –y también la pura imbecilidad– se agitan, desde luego, en la marmita de la abyección donde abrevan estas élites; pero existe otro ingrediente que actúa como emulsionante de todos ellos. En el meollo de esa abyección, explicando su más recóndita entraña, se esconde el odio a la religión que fundó nuestra civilización. No debemos olvidar que detrás de toda cuestión política se esconde siempre un problema teológico.

Por Juan Manuel de Prada

Cuando todavía colean los incendios más voraces jamás padecidos en España sufrimos la invasión de una horda incontable de marroquíes. ¿Alguien puede todavía negar que estamos gobernados por chacales juramentados en la destrucción de España? ¿Alguien puede negar que estamos en manos de criminales dispuestos a convertir España en eso que vulgarmente se llama un «Estado fallido»? ¿Cómo podemos definir un país cuyos gobernantes no sólo se muestran incapaces de combatir estas calamidades, sino que las fomentan y alientan?

Los incendios que acabamos de padecer –que todavía estamos padeciendo– ocurren porque los chacales que nos gobiernan los promueven. Sólo así puede explicarse que España apenas haya invertido una cuarta parte de las ayudas recibidas desde el pudridero europeo para la prevención de incendios y el cuidado de nuestros bosques; sólo así puede explicarse que la partida destinada al llamado Fondo de Contingencia para paliar catástrofes, que asciende a cuatro mil millones de euros, se haya desviado hacia otros gastos completamente diversos. ¿Y cuáles son esos gastos? La partida más abultada es la que se destina a «operaciones militares»; traducido al román paladino, se desvían miles de millones para abastecer de armamento al títere Zelenski y para participar en «misiones» belicistas demenciales (como la que ahora mismo nuestros militares están desarrollando en el Ártico), cuya única finalidad es enviscar a Rusia y provocar el estallido de una Tercera Guerra Mundial.

Los chacales que nos gobiernan han triplicado al gasto militar para cebar el «complejo industrial-militar» yanqui y prolongar indefinidamente una guerra perdida que puede degenerar en apocalipsis atómico, mientras nuestros hospitales y nuestras escuelas se depauperan hasta extremos insoportables, mientras nuestras carreteras se llenan de baches y socavones, mientras nuestros trenes descarrilan y nuestras infraestructuras públicas revientan. Mientras cuatro mil millones de euros han sido entregados al títere Zelenski, España se cae a trozos, convertida en una pira y en un muladar; y los sufridos españoles sufren exacciones fiscales monstruosas, que en muchos casos superan el 70 por ciento de sus ingresos (porque no hay que contabilizar sólo el impuesto sobre la renta, sino también los impuestos al consumo, los impuestos especiales y tasas son que nos acribillan, también los impuestos por derechos de emisión de CO2 que las centrales eléctricas y las empresas de la cadena industrial y alimentaria repercuten sobre nuestros bolsillos). Y no contentos con desviar los fondos destinados a la prevención de las catástrofes y con saquearnos atrozmente (siempre pillando cacho para sus corruptelas, por supuesto), los chacales que nos gobiernan invocan una supuesta «emergencia climática» cada vez que una nueva catástrofe nos golpea, para incrementar todavía más la recaudación y financiar más pingüemente la llamada «transición energética» (que el último año recibió más de 17.000 millones de euros). Una «transición energética» que se alimenta de la aniquilación de nuestra agricultura y nuestra ganadería, sometidas a normativas que las hacen inviables); una «transición energética» que es la principal beneficiaria de los incendios que cada verano arrasan nuestro territorio, pues brindan terreno calcinado para construir «parques» eólicos y fotovoltaicos; una «transición energética» que –como explica de perlas la «doctrina del shock»– se sirve de la consternación que provocan los incendios para que los chacales que nos gobiernan pueden subir todavía más los impuestos, con la excusa de combatir la «emergencia climática». Por supuesto, todos esos miles de millones que los chacales nos rapiñan cada año para combatir el «cambio climático» no han servido para suavizar ni un ápice nuestro clima.

Atrevámonos a decirlo: son los chacales que nos gobiernan los causantes directos y los principales beneficiarios (en colusión son los magnates de la «transición energética») de los incendios que padecemos. También son los causantes directos y los principales beneficiarios de las invasiones bárbaras que España padece desde hace décadas y que en estos días han alcanzado su paroxismo con la llegada a Ceuta y Melilla de una horda incontable de marroquíes, entre la que se camuflan miles de delincuentes liberados por su reyezuelo, con motivo del aniversario de su entronización. Pero esa horda no habría llegado a Ceuta y Melilla si los chacales que nos gobiernan no hubiesen favorecido una política de fronteras abiertas que ha convertido España en la bicoca y el dorado del reinado plutocrático mundial, que necesita provocar avalanchas inmigratorias para reducir los salarios y multiplicar sus beneficios. Esa horda no habría llegado a Ceuta y Melilla si los chacales que nos gobiernan no hubiesen promovido, para atender las demandas del reinado plutocrático mundial (y de paso asegurarse un ejército de votantes a piñón fijo), una monstruosa regularización masiva de inmigrantes que ha convertido España en un enjambre de rica miel para todos los desharrapados del planeta. Esa horda no habría llegado a Ceuta y Melilla si los chacales que nos gobiernan invirtieran dinero en un ejército que protegiese nuestras fronteras de vecinos aviesos y hostiles. Esa horda no habría llegado a Ceuta y Melilla si los chacales que nos gobiernan no estuviesen genuflexos ante Marruecos, por razones o sinrazones muy turbias que nunca se nos han explicado; razones o sinrazones que han condenado al pueblo saharaui a un futuro de tortura y opresión y han beneficiado a la tiranía marroquí con chorros de millones que se niegan a los españoles, para que su agricultura y su industria prosperen mientras las nuestras languidecen y nos comemos sus zurrapas en la fruta que nos venden. Pero de todo ello los chacales que nos gobiernan pillan cacho; por eso ayer banqueteaban y brindaban en embajadas y consulados de Marruecos, celebrando el aniversario de la entronización del reyezuelo Mujamé, mientras la horda invadía Ceuta y Melilla. Los chacales que no gobiernan son los causantes directos y los principales beneficiarios de la destrucción de España. Son unos traidores hijos del obispo Oppas y del conde don Julián, hijos de Godoy y Antonio Pérez, que han hecho de la destrucción de España su pitanza y su misión vital. Mientras nos resistamos a aceptar esta verdad diáfana solo nos resta agonizar. Y va a ser una agonía larga y dolorosa.

Por Juan Manuel de Prada

Han sido admirables los discursos que el Papa León XIV nos ha regalado sobre la cuestión candente de la inmigración, aunque la consabida mezquindad de nuestra chusma gobernante haya querido llevar su agua límpida a cochambrosos y pestilentes molinos. Resulta evidente, para cualquier persona que no esté aturdida por la demogresca azuzada desde los distintos negociados ideológicos, que los discursos papales enuncian principios morales permanentes, pero no descienden a las aplicaciones concretas, que exigen arduos juicios prudenciales.

La doctrina social católica siempre ha reconocido el derecho a emigrar de todos los hombres, subsidiario del «derecho a un espacio vital familiar en su lugar de origen»; y el Papa León no ha hecho sino reiterar esa enseñanza cuando ha afirmado que «existe un derecho a buscar refugio, pero antes un derecho a permanecer en la propia casa». Asimismo, el Papa ha recordado que la caridad cristiana no admite acepción de personas; pero ha reconocido que «el deber de un Estado de proteger sus fronteras debe equilibrarse con la obligación moral de proporcionar refugio». Todos estos principios los podemos hallar igualmente proclamados por León XIII o Pío XII. Sólo que, cuando León XIII o Pío XII los proclamaban, se dirigían a un mundo en el que sobre todo emigraban los católicos (italianos e irlandeses, polacos y españoles) a países de mayoría protestante; hoy, por el contrario, emigran hacia un país como España, que antaño fue católico y hogaño más bien apóstata, gentes de las más variopintas creencias religiosas.

Sin embargo, la circunstancia que hace hoy más difícil la aplicación prudencial de los principios permanentes que la Iglesia proclama no es la muy diversa fisonomía del fenómeno migratorio, sino el encaje de la llamada ‘libertad religiosa’ en el mandato universal de caridad. Pues la caridad cristiana, que exige procurar comida al hambriento o brindar posada al peregrino, exige antes que nada convertir al hambriento y al peregrino en discípulos de Cristo, según el mandato expreso y reiterado de Jesús. Pero la ‘libertad religiosa’ hace muy problemático el cumplimiento de este mandato, dejando coja o demediada la caridad cristiana, que acaba dedicándose exclusivamente a las obras de misericordia corporales. Vemos así como un principio en origen impío (concebido para descristianizar melifluamente las sociedades cristianas) y después asumido tácticamente por la Iglesia (para que la fe católica no fuese perseguida en países donde no era mayoritaria) acaba haciendo imposible la realización plena del mandato universal de caridad.

Y la realización que no es plena se convierte en parodia de ese mandato, en horrenda filantropía o solidaridad globalista que no es sino capitulación ante el pensamiento secular que busca una Iglesia útil para el mundo, pero incapaz de propiciar una auténtica ‘integración’. De ello es plenamente consciente Jesús, que siempre ‘integra’ obras de misericordia corporales y espirituales, otorgando primacía a estas últimas. Un ejemplo incontestable lo hallamos en la multiplicación de los panes, donde antes de dar de comer a las cinco mil personas congregadas, Jesús se compadece de ellas «porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas» (Mc 6, 34). El alimento fue el sustento para un discipulado previo, no un servicio de comedor social para desconocidos de paso. Y cuando la muchedumbre le busca al día siguiente solo por el pan, Jesús les recrimina: «Me buscáis… porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad… por el alimento que perdura para la vida eterna» (Jn 6, 26-27). Cristo rechaza explícitamente ser convertido en un mero proveedor de bienestar material; su caridad siempre apunta a la conversión.

Siempre es la fe de los tullidos y los leprosos la que propicia la acción milagrosa de Jesús. Cuando la mujer fenicia de Siria, que es pagana, ruega a Jesús que obre el milagro de expulsar los demonios de su hija, Jesús le responde sin ambages: «Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos» (Mc 7, 27). Es decir, Jesús le recuerda que existe un ‘ordo amoris’ que lo obliga a atender primero a las gentes de su pueblo que reconocen a Dios. Y entonces la fenicia le responde admirablemente: «Señor, pero también los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños». Y Cristo la atiende entonces en su petición, sanando a su hija; pero lo hace tras constatar en ella una fe personal que la ‘integra’ en el ámbito de su gracia. Esta dinámica se repite con otros paganos o extranjeros: el centurión de Cafarnaúm, por ejemplo, o el leproso samaritano, o la mujer del mismo pueblo con la que coincide en el pozo de Jacob: la caridad de Jesús siempre está ligada a la conversión de sus beneficiarios.

Es habitual esgrimir la parábola del Buen Samaritano como ejemplo de una caridad que no se preocupa de la confesión religiosa del destinatario. Pero lo cierto es que samaritanos y judíos adoraban al mismo Dios y reconocían igualmente la ley mosaica. El conflicto que entre ellos existía era el propio más bien de un cisma religioso –similar a la distancia actual entre un católico y un ortodoxo, o incluso entre católicos ‘preconciliares’ y ‘posconciliares’–, pero en ningún caso el propio de religiones radicalmente opuestas o extrañas. El samaritano que socorre al judío vapuleado por los ladrones no necesita ‘convertirlo’, porque ambos tienen la misma fe. Utilizar esta parábola para justificar una caridad que se despreocupa de la conversión se parece demasiado al fraude exegético.

Señalando esta particularidad de la parábola que suele soslayarse no estamos pretendiendo insinuar que el mandato universal de caridad deba excluir a personas que profesan religiones alejadas o incluso antípodas de la cristiana. Pero esa caridad es como arar en el mar si no ‘integra’ las obras de misericordia espirituales, que exigen dar a conocer a quien se definió como «el camino, la verdad y la vida». Cuando esto no se hace, la integración se vuelve imposible, como hoy se aprecia en los países europeos que han acogido (con frecuencia, en condiciones indignas o por razones utilitarias) a personas que profesan otras religiones. A la postre, si somos intelectualmente honestos, hemos de concluir que la ‘libertad religiosa’ es el principal impedimento de la caridad.

Publicado originalmente en Abc

Por Juan Manuel de Prada

Al abandonar el tesoro de la filosofía perenne, la Iglesia católica se ha convertido en una frágil barca a merced de las ideologías. Y las jerarquías eclesiásticas se han puesto a hablar por boca de ganso, incurriendo en buenismos ruborizantes las más de las veces, otras veces repitiendo como loritos consignas sistémicas con un inane rebozo evangélico; y no faltan incluso, las ocasiones en que, con sus delicuescencias bienintencionadas, pueden hacer el caldo gordo a intereses malignos. Ha ocurrido así recientemente, cuando los obispos han celebrado que el doctor Sánchez y sus mariachis anuncien una regularización masiva de inmigrantes, siguiendo los dictados de la plutocracia, confundiéndolo con «un acto de justicia social». Y es que lo primero que uno pierde, al abandonar la filosofía perenne, es el discernimiento.

Acoger al forastero es, desde luego, un precepto que ningún discípulo de Cristo puede saltarse. Pero si nuestros obispos leyeran a santo Tomás sabrían que conviene distinguir entre preceptos afirmativos y negativos; y sabrían que, mientras los preceptos negativos obligan siempre y en cualquier circunstancia, los preceptos afirmativos obligan siempre, pero no en cualquier circunstancia. En efecto, no se puede invocar una situación de necesidad para matar al hijo que crece en nuestras entrañas, ni se puede alegar que estamos muy solos y necesitados de cariño para cortejar a la mujer del prójimo. En cambio, los preceptos positivos, aunque nos obligan siempre, nos exigen que valoremos prudencialmente la circunstancia. Reparemos, por ejemplo, en la obligación de dar limosna a los pobres. Sería perverso, por ejemplo, que un padre de familia descuidase la manutención de sus hijos por dar limosna; tan perverso como si ese mismo padre dejase de dar limosna por atender los caprichos de sus hijos. De lo que se deduce que, para atender ese precepto afirmativo, se debe hacer constantemente un juicio prudencial y responder a una nutrida batería de preguntas: ¿cuánto dinero necesito para atender las necesidades de mi familia?; ¿cuánto dinero puedo destinar a dar limosna?; ¿a quiénes, entre todos los pobres, debo dar limosna antes?; ¿debe ser esa limosna en numerario o en especie?, etcétera. Además, la obligación de dar limosna que pesa sobre un hombre rico no es la misma que pesa sobre un hombre pobre; y, en fin, son numerosísimas las circunstancias que nos exigen ese juicio prudencial.

No basta con dictaminar sumariamente, el estilo de nuestros obispos, que regularizar inmigrantes es «un acto de justicia social». Dios no nos dio una razón práctica para que la empleemos a modo de florero, sino para atender –volvemos a citar al Buey Mudo– «las cuestiones contingentes, que son propias de las acciones humanas: y, en consecuencia, aunque hay necesidad de principios generales, cuanto más descendemos a los detalles, más frecuentemente encontramos defectos» (‘Summa Theologiae’, I-II, q. 94, a. 4). No se puede despachar pánfilamente una regularización de cientos de miles de inmigrantes urdida por gobernantes probadamente malvados y fementidos como un «acto de justicia social»; hay que hacer un juicio prudencial y atender las circunstancias complejas (no sólo electorales, como hace cierta derecha pauloviana) en que tal regularización ha sido urdida; y hay que sopesar si tal regularización atiende realmente las necesidades de los pobres o las necesidades de un orden capitalista protervo que tiene hecho su ‘cálculo de vidas’ y promueve movimientos sísmicos en la población mundial para generar mano de obra barata. Tenemos mayor obligación hacia la familia que hacia los extranjeros, pues la virtud de la justicia exige que cumplamos primeramente con las responsabilidades hacia aquellos que dependen directamente de nosotros (‘Summa Theologiae’, II-II, q. 26, a. 7). El deterioro rampante por saturación de nuestros servicios públicos –sanidad, educación, infraestructuras, etcétera–, ¿de veras hace aconsejables regularizaciones masivas? Y, en un orden espiritual, ¿contribuye al bien común el zurriburri religioso que estas regularizaciones masivas acarrean?

Renunciar al juicio prudencial de la razón práctica, como si fuera un florero, es un grave fallo moral. Pues la prudencia es una virtud cardinal; y prescindir del juicio prudencial nos hace culpables de imprudencia. Por lo demás, no debemos olvidar que, según la teología católica, todas las obras de misericordia deben estar ordenadas a la salvación de las almas, del mismo modo que toda forma de caridad debe estar ordenada al amor a Dios. La Iglesia debe recordar que el forastero debe ser acogido; pero a cambio debe comprometerse a llevarle la Buena Nueva. De lo contrario, estaría contribuyendo a que el mundo se invada de «virtudes cristianas que se han vuelto locas», en acertada expresión de Chesterton. ¿Y cómo se vuelven locas las virtudes? Se vuelven locas cuando son desgajadas unas de otras. Así, por ejemplo, la caridad cristiana se convierte en una virtud loca cuando se separa de la verdad; o, dicho más gráficamente, cuando las obras de misericordia corporales se anteponen a las obras de misericordia espirituales. Una Iglesia que se conformase con atender las necesidades ‘corporales’ de los pobres acabaría siendo un instrumento al servicio de gobernantes inicuos que, a la vez que regularizan inmigrantes, envenenan sus almas.

Para entender gráficamente los efectos de esta caridad loca convendría que nuestros obispos viesen ‘Viridiana’, la película de Luis Buñuel, un «ateo por la gracia de Dios» con mejor teología que muchos obispos. En ‘Viridiana’, la protagonista renuncia a ser monja de clausura y, en su lugar, decide acoger en su casa a unos cuantos mendigos, a quienes brinda refugio y alimento (obras de misericordia corporales), descuidando la salvación de sus almas (obras de misericordia espirituales). Inevitablemente, los mendigos fingirán farisaicamente que la caridad loca y activista de la mentecata Viridiana los ha hecho buenecitos, pero en cuanto se les ofrece la oportunidad, agreden y roban a su benefactora; y, a la vez que perpetran diversos vandalismos, se burlan sacrílegamente de su fe. Pero yo bien sé que a nuestros queridos obispos no los mueve el mismo activismo desnortado que movía a la mentecata Viridiana; yo bien sé que, después de aplaudir el «acto de justicia social» del doctor Sánchez, se disponen a evangelizar a esos ochocientos mil inmigrantes regularizados con un ejército de curas recién salidos de nuestros abarrotados seminarios, para asegurar la salvación de sus almas.

Por Juan Manuel de Prada

Siguiendo con la tradición asentada por sus predecesores de izquierdas y derechas, el doctor Sánchez se dispone a regularizar más de medio millón de inmigrantes, acaso hasta ochocientos mil. Muchos de ellos dispondrán, además, de nacionalidad española en unos pocos años, argumento que se está empleando para afirmar que esta regularización trata de alterar el mapa electoral. Pero esa alteración no es inmediata; así que tiene que haber otra razón más perentoria y dañina (pues nadie debe dudar que todo lo que el partido de Estado urde es con intención maligna). Prueba de ello son las razones grimosas que esgrimen desde el negociado de izquierdas: que si los inmigrantes son quienes pagan nuestras pensiones, que si los inmigrantes son los que hacen los trabajos que los autóctonos repudian, etcétera. Repugna escuchar tales bazofias, tan racistas y clasistas y, a la vez, tan burdamente falaces: precisamente porque a los inmigrantes se les asignan trabajos mal remunerados se convierten en cotizantes cuyas contribuciones resultan por completo insuficientes para garantizar el sistema de pensiones. Y, entretanto, su llegada masiva garantiza servicios públicos cada vez más degradados y saturados.

Para entender la razón verdadera de esta regularización masiva hay que entender previamente que el partido de Estado es un lacayo al servicio de la plutocracia; si uno cultiva distorsiones cognitivas grotescas, de derechas (pensando que es un partido «socialcomunista») o izquierdas (pensando que es un partido con inquietud social), no entenderá nada. El partido de Estado promueve esta regularización para atender la demanda del reinado plutocrático mundial, que para poder seguir engordando necesita un «ejército de reemplazo» procedente de arrabales del atlas condenados a la miseria o a la guerra (que la misma plutocracia provoca), al que cobrar un sueldo birrioso en lejanas tierras se le antoje un nuevo Eldorado. Se trata de saturar el mercado de trabajo de mano de obra barata y precaria que garantice altos beneficios empresariales; de ahí el alborozo con que la patronal ha acogido el anuncio de la regularización. Mano de obra barata a la que, además, se pueda explotar más fácilmente que al trabajador autóctono (siempre tan resabiado o tiquismiquis), para poder seguir hundiendo los salarios medios; no olvidemos que, mientras se promueven los flujos migratorios, el salario mínimo ya se ha convertido en el sueldo más habitual en España. Y todo ello, mientras se mantiene un paro estructural que obliga a cientos de miles de jóvenes españoles a emigrar para encontrar un trabajo digno.

Esta es la razón inmediata por la que las sabandijas del partido de Estado se disponen a regularizar más de medio millón de inmigrantes. Son chusma al servicio de la plutocracia; y, además, garantizan la paz social, pues los pobres sufridores de sus cabronadas les votan para –’risum teneatis’– «frenar el fascismo». That’s all, folks.

Por Juan Manuel de Prada

Aunque los medios de cretinización de masas traten de silenciarlo, o de presentarlo como una inquietud magnificada por la «ultraderecha», la inmigración masiva ya se ha convertido en una de las máximas preocupaciones de los españoles, muy especialmente de los españoles más jóvenes, que sin duda son quienes más la sufren: primeramente, durante su etapa formativa, en escuelas e institutos cada vez más deteriorados, y posteriormente en su acceso al mercado laboral; por no hablar de los problemas de integración que esa inmigración descontrolada está generando en los barrios menos opulentos. Inevitablemente, los jóvenes que viven en una situación de precariedad, con empleos inestables, sin vivienda propia, incapaces de formar una familia, perciben la inmigración como una lacra indeseable; y corren el riesgo de abrazar discursos demagógicos que les proponen soluciones mágicas, o de adherirse a doctrinas racistas repulsivas, convirtiéndose en esa juventud «indignada» que retrataba Jardiel Poncela en el prólogo de ‘La tournée de Dios’: «engreída, soberbia y fatua, llena de altiveces, frívola y frenética, olvidada de la serenidad y la sencillez, ambiciosa y triste, que reclamándole a la vida mucho más de lo que la vida puede dar, corre enloquecida hacia la definitiva bancarrota».

Para evitar esa definitiva bancarrota la juventud española debería empezar por mirar dentro de sí, preguntándose cuál puede ser su aportación ante un problema de dimensiones muy serias, tan serias que su solución no podrá ser inmediata (y, desde luego, un problema que podría ser irresoluble si no se reacciona pronto). Esa aportación no puede ser otra sino promover y encabezar una auténtica transformación espiritual de nuestra sociedad. Si deseamos brindar una respuesta eficaz al problema de la inmigración tendremos primero que restaurar nuestro ethos religioso y ofrecerlo lealmente a las gentes venidas de lejos, dejando claro que no pensamos dimitir de nuestra identidad; pero en esta labor ya no podemos contar con generaciones marchitas que han sido formadas en el disfrute ensimismado de «derechos y libertades», en el indiferentismo religioso, en el materialismo embrutecedor y alienante. Mientras no restauremos nuestro ethos religioso, no habrá posibilidad alguna de afrontar dignamente el problema de la inmigración; y todos los falsos remedios que se propongan no serán sino pataletas vanas que concluirán invariablemente en fracaso, además de convertirnos en alimañas rabiosas y estériles. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, la recuperación de nuestro ethos religioso no significa que la gente tenga que volverse católica por decreto; significa que creyentes y no creyentes se reconozcan en una misma tradición religiosa, en unas instituciones nacidas de esa tradición, en unos principios morales alimentados por ella, en una cosmovisión compartida que incluirá también una nueva concepción de la economía y del trabajo. No hay comunidad auténtica donde no hay un ethos común que integre y vincule a los pueblos, capacitándolos para los esfuerzos colectivos, inspirándoles esperanza en el futuro y ganas de encarnar esa esperanza en una nueva generación que tome el relevo. Cualquier empeño por sostener la comunidad política sobre el indiferentismo religioso, convirtiendo la Democracia o la Constitución o el Sistema Métrico Decimal en idolatría sustitutoria, es un empeño suicida, como prueba sobradamente el estado de postración terminal del continente europeo.

La restauración del ethos religioso brinda a los pueblos –como señalaba Unamuno– un espíritu común que, a la vez que rechaza los espíritus adversos, permite la integración de otros espíritus compatibles. Así se convierte en el mejor repelente frente a una inmigración descontrolada; y en la mejor argamasa para una inmigración benéfica. Por ceñirnos, por ejemplo, a la inmigración musulmana, la restauración del ethos religioso propiciaría una sociedad cohesionada en torno a normas morales en la que los musulmanes piadosos y pacíficos serían tolerados gustosamente; y de la que los musulmanes fanatizados por doctrinas criminales saldrían corriendo despavoridos (exactamente lo contrario de lo que ocurre en una sociedad irreligiosa como la nuestra). A España la está destruyendo su indiferentismo religioso, su ensimismamiento en el disfrute de las migajillas cada vez más exiguas de bienestar material. La única solución digna, a la vez hospitalaria y disuasoria, al problema de la inmigración es la recuperación de un ethos religioso común; y esa misión sólo puede acometerla una juventud capaz de mandar al basurero de la Historia todas las bazofias ideológicas que incapacitaron a sus padres para las empresas fecundas.

Es una ley biológica infalible que las civilizaciones las fundan las religiones; y que se extinguen cuando abandonan la religión que las fundó (que, infaliblemente, es sustituida por otra, porque ninguna civilización puede sostenerse sobre el vacío religioso). Así ha ocurrido a lo largo de todos los crepúsculos de la Historia, sin excepción alguna, y así seguirá ocurriendo, mientras el mundo sea mundo. Sobre los escombros de las cruces que en España hemos empezado a derribar no se alzarán las grotescas utopías democráticas que siguen postulando los decrépitos carcamales con mando en plaza, sino una media luna chorreante de sangre, que iluminará con su luz cárdena el pudridero donde yace nuestra apostasía. Si la restauración de nuestro ethos religioso no se logra durante las próximas décadas, España dejará de existir, tal como la hemos conocido; pero la culpa no la tendrá la inmigración. Como nos recordaba Will Durant, «una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que no se ha destruido a sí misma desde dentro».

Por Juan Manuel de Prada

Las revueltas recientes en Torre Pacheco han presentado elementos inconfundibles de operación de falsa bandera –¡esos agitadores «ultras» venidos de otras regiones!– y han sido mediáticamente engordadas por orden monclovita, para hacer olvidar a las masas cretinizadas los oprobiosos vínculos del doctor Sánchez con el proxenetismo. Pero, dejando aparte estos extremos, han vuelto a mostrarnos cómo la izquierda caniche y la derechita valiente se retroalimentan, bajo la mirada complaciente del partido de Estado. La izquierda caniche denuncia el auge del racismo y la islamofobia, mientras insiste en su política de fronteras abiertas; o sea, en su defensa del libre tráfico de esclavos, que es lo que interesa a la plutocracia a la que sirve. En cuanto a la derechita valiente, reclama «deportaciones masivas» y mete a los «menas» en todos los guisos, pero se olvida siempre de denunciar un orden económico ávido de mano de obra barata. Y, ¡vaya por Dios!, también se olvida de mencionar que Mujamé, responsable de desviar alevosamente hacia España la purrela de indeseables que no quiere en su país, es el niño mimado e intocable de Israel, faro moral de nuestra derechita valiente.

En realidad, a la izquierda caniche y a la derechita valiente sólo los mueve el común afán por pescar votos en río revuelto, fingiendo antagonismos mientras sirven al mismo amo. Para poner freno a la inmigración inmoderada haría falta, en primer lugar, devolver la dignidad a los oficios manuales, creando las condiciones para que los trabajos en el campo, en la hostelería o en la industria estén dignamente remunerados y resulten apetecibles para la población autóctona. Y, por supuesto, habría que acabar paralelamente con un sistema educativo mórbido, dopado de becas y saturado de universidades de la señorita Pepis, que es el refugio de toda la vagancia juvenil autóctona y la fábrica de una muchedumbre de zoquetes con titulitis que prefieren amueblar el paro juvenil antes que remangarse y doblar el espinazo. Pero las fallidas economías europeas (con la española a la cabeza) prefieren abastecerse de una mano de obra siempre más barata; y así las avalanchas inmigratorias y el paro juvenil no harán sino hipertrofiarse, hasta la metástasis final.

Sin embargo, para combatir las avalanchas inmigratorias no bastaría con una reforma económica copernicana como la que acabamos de describir (reforma que, misteriosamente, ni la izquierda caniche ni la derechita valiente mencionan en sus soflamas). Según un estudio reciente de Eurostat, sólo el 23,6 por ciento de los hogares del pudridero europeo cuenta entre sus ocupantes con menores de edad (y casi la mitad de ese exiguo porcentaje cuenta sólo con un único menor de edad). En el 76,4 por ciento de los hogares europeos, pues, sólo viven adultos (muchos de ellos, por cierto, completamente solos). Nos hallamos, pues, ante una sociedad atrincherada en los sótanos más inmundos de la infecundidad, sumida en la más cenagosa bancarrota demográfica y moral. La tasa de fertilidad entre las mujeres españolas, por ejemplo, se halla en un exiguo 1,12 (muy lejos de la tasa mínima de reemplazo generacional, que se sitúa en el 2,1), un mínimo histórico que sitúa a España como uno de los países con menor fecundidad del pudridero europeo, sólo por encima de Malta. Y esa cifra no hace sino descender año tras año, pues nuestra población joven ha sido formada en esa religión avizorada por Chesterton, que a la vez que exalta la lujuria prohíbe la fecundidad; y, en consecuencia, se aferra a la promiscuidad y a los derechos de bragueta, toma anticonceptivos como si fuesen gominolas, rehúye los compromisos fuertes y abomina de la institución familiar. Y, en caso de que algún joven no haya sido moldeado en esta religión proterva, el Régimen del 78 se encarga de dificultarle al máximo el acceso a la vivienda y de condenarlo a la precariedad laboral. Y es que la reducción de la natalidad es un plan sistémico puesto en marcha hace muchas décadas, en obediencia a las consignas plutocráticas.

Entretanto, las mujeres marroquíes residentes en España tienen casi tres veces más hijos que las autóctonas. En apenas dos o tres décadas, los ‘españoles viejos’ sólo seremos mayoría en los arrabales de la senectud, convirtiéndonos en una carga insoportable para el Estado, que no podrá pagar jubilaciones con las cotizaciones exiguas de los inmigrantes que han trabajado por sueldos ínfimos; y que tal vez tenga que ofertar suicidio asistido a todo quisque, como antes ofertaba viajes del Imserso. ¿Cómo evitar este futuro que nos aguarda a la vuelta de la esquina? Las ‘ayudas a la natalidad’ se han probado casi inútiles y de un coste exagerado allá donde se han arbitrado, porque las generaciones que han sido moldeadas en el culto a la religión avizorada por Chesterton no cambian su mentalidad hedonista a cambio de una limosna. Para evitar ese futuro previsible, tendría que producirse una completa ‘metanoia’ social que hiciese abominar a las generaciones futuras de las monstruosas ideas heredadas de sus padres. Sólo si esa radical ‘metanoia’ –que, en último término, es de naturaleza religiosa– se produce sería posible una reconstrucción política, económica y social y podría abordarse el problema inmigratorio seriamente.

De lo contrario, la izquierda caniche y la derechista valiente nos seguirán aturdiendo con sus impiedades desgañitadas y sus utopías malsanas, azuzando los bajos instintos de una población tan rabiosa como yerma, mientras los timoneles del pudridero europeo –aquí el partido de Estado, con los tontos útiles peperos poniendo parches cuando los estropicios lo exigen– nos llevan al barranco. Recordemos aquella lúcida afirmación de Will Durant: «Una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que no se ha destruido a sí misma desde dentro».

Por Rebeca Crespo

El Gobierno británico da un nuevo paso hacia la censura ideológica. La unidad oficial contra la radicalización, Prevent, ha lanzado una nueva versión de su curso obligatorio para funcionarios públicos en la que se advierte de que cuestionar la inmigración masiva o denunciar la falta de integración de ciertos grupos puede ser motivo suficiente para activar mecanismos de vigilancia estatal.

Según el programa, que se presenta como una herramienta para «apoyar a las personas susceptibles a la radicalización», expresar preocupación por la amenaza que supone la inmigración para la cultura occidental es ahora una señal de alarma. En otras palabras: criticar el multiculturalismo puede bastar para ser etiquetado como extremista y ser investigado por potencial radicalización.

La formación, disponible en el sitio web del Gobierno británico, debe ser completada por miles de profesionales del sector público, en particular docentes y empleados de administraciones locales, como parte de su desarrollo profesional. La imposición de este tipo de contenidos se enmarca en una política cada vez más represiva contra quienes disienten del discurso oficial sobre inmigración y cohesión social.

Prevent ya fue objeto de críticas por equiparar la amenaza del terrorismo islamista —con 96 muertos en Reino Unido en el siglo XXI— con la llamada «extrema derecha», responsable de tres víctimas mortales en el mismo periodo. A pesar de que las derivaciones por islamismo han ido a la baja, los casos vinculados a la derecha no han dejado de crecer y ya suponen el 24% del total, frente al 18% del año anterior.

El Ministerio del Interior ha intentado justificar esta deriva ideológica afirmando que el objetivo no es restringir la libertad de expresión, sino «proteger» a quienes podrían radicalizarse. Pero lo cierto es que las nuevas directrices convierten a cualquier ciudadano preocupado por el futuro de su país en un potencial sospechoso. Hasta el propio primer ministro Keir Starmer podría encajar en los nuevos criterios, tras su reciente discurso en la conferencia «La isla de los extraños«.

El director del MCC Bruselas, Frank Furedi, ha advertido de lo que realmente se esconde tras la actualización de Prevent: «No buscan llenar las cárceles con nacionalistas culturales. Quieren silenciar el debate sobre raza, islam, cohesión social y multiculturalismo. Su objetivo es que esas opiniones se vuelvan inaudibles».

Mientras el programa amplía su control sobre la disidencia, los verdaderos radicales siguen actuando impunemente. Varios «derivados» del programa, como Axel Rudakubana, el asesino de tres personas en Southport, han terminado cometiendo crímenes violentos pese a haber pasado por la supervisión de Prevent. Un ejemplo más del fracaso de un sistema obsesionado con perseguir opiniones mientras ignora amenazas reales.

Por Unai Cano

La promesa del partido socialdemócrata y la CDU realizada durante la campaña de llevar a cabo deportaciones diarias y de endurecer las políticas migratorias se ha esfumado en menos de tres días. En este momento, el Gobierno federal ha reanudado los vuelos de entrada previamente suspendidos para los afganos. Según informó el diario Welt, ayer martes por la mañana aterrizaron en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo 155 ciudadanos afganos que ingresaron al país aprovechándose de varios programas de acogida.

Desde mediados de 2021, cuando la Bundeswehr (fuerzas armadas) se retiró de Afganistán, Alemania ha transportado a casi 36.000 personas desde ese país a su territorio. La mayoría de ellos son antiguos colaboradores de las tropas alemanas que quedaron en situación vulnerable tras la retirada. La cifra total de afganos que Alemania tiene previsto acoger supera los 48.000, según el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores. Hasta la fecha, el coste del proyecto se estima en varios cientos de millones de euros, superando con creces las previsiones iniciales.

Los vuelos de entrada fueron cancelados en las semanas previas a las elecciones federales, tras una serie de incidentes violentos protagonizados por ciudadanos afganos en Alemania. Oficialmente, el Ministerio del Interior alegó problemas logísticos como motivo de la suspensión de dos vuelos chárter en el último momento. Sin embargo, según fuentes diplomáticas citadas por Welt, la decisión de la ministra del Interior, Nancy Faeser (SPD), estuvo más relacionada con la estrategia electoral que con dificultades operativas reales.

Mientras tanto, alrededor de 3.000 afganos aguardan en Islamabad su traslado a Alemania. La capital paquistaní se ha convertido en un punto de tránsito en el que se llevan a cabo controles de seguridad antes de embarcar en los vuelos chárter organizados por el Gobierno alemán. Pakistán ha concedido visados temporales a estos solicitantes, pero estos documentos expiran a más tardar el 31 de marzo. Algunas deportaciones de afganos de vuelta a su país ya han tenido lugar, aunque muchos han logrado regresar a Pakistán con el respaldo de Alemania.

Actualmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores trabaja para extender los visados de los refugiados en Pakistán, pero la situación en el país asiático es cada vez más difícil para ellos. La falta de perspectivas, la incertidumbre sobre su futuro y la pérdida de bienes materiales han provocado un aumento en los intentos de suicidio entre los refugiados, según testimonios recogidos en el terreno. Esta crisis ha generado interrogantes sobre si los programas de acogida alemanes han contribuido a agravar la situación en lugar de aliviarla.

El castigo que nos merecemos
Por Juan Manuel de Prada

Las avalanchas inmigratorias son el castigo que sociedades como la española se merecen. Pues, en el plano espiritual, han instaurado un lodazal de indiferentismo religioso; y, en el plano material, han devaluado los oficios manuales hasta hacerlos indignos, a la vez que han generado sucesivas generaciones de parásitos sociales que no quieren doblar el espinazo ni a tiros. En realidad, ambos planos son haz y envés de la misma gangrena que corroe a las sociedades occidentales: huérfanas de ese espíritu religioso común que cohesiona a los pueblos, se entregan a la acedía, a la delicuescencia, a los placeres fáciles y subsidiados; y, a la vez, poseídas por el malestar propio de los pueblos que se refocilan en los miasmas de la abyección materialista, necesitan revolverse contra esto y aquello, sedientas de venganza y convencidas de que tiene que haber un responsable exterior a sus insatisfacciones.

En las sociedades occidentales –nueva encarnación del perro del hortelano– nadie quiere desempeñar los oficios manuales, que están muy mal remunerados (porque así le conviene a la plutocracia), y se prefiere vivir de la subvención y la mamandurria; pero a la vez fastidia que vengan inmigrantes a desempeñar esos oficios, o bien a disfrutar también de la subvención y la mamandurria. Y subleva sobremanera que los moros cometan abusos y violaciones en manada, como si la inmoralidad rampante que se promueve en las sociedades occidentales –consecuencia inevitable del indiferentismo religioso– no ejerciera un poderoso «efecto llamada» sobre las gentes más desaprensivas. En una sociedad unida por el espíritu común que brinda la religión, solamente se integrarían pacíficamente aquellas personas deseosas de trabajar y de vivir honestamente; y los fanáticos, los desaprensivos, los inmorales, los vagos y los maleantes se mantendrían naturalmente alejados. Una sociedad así sería a la vez puente expedito para el inmigrante laborioso y honesto; y muro insalvable para la hez humana. Exactamente lo contrario ocurre en sociedades como la nuestra, desfondadas moralmente y envenenadas por la molicie y el libertinaje.

A ello hay que añadir que en sociedades como la nuestra, los inmigrantes nunca son acogidos con hospitalidad auténtica, ni tratados con la caridad que merecen (pues nadie los reconoce como hermanos), sino que son utilizados para desatar las dinámicas políticas que interesan a las diversas facciones ideológicas: a los «hunos», para suscitar en el seno de la sociedad los antagonismos que faciliten la dinámica revolucionaria; a los «hotros», para explotar electoralmente el racismo y la xenofobia, o para sembrar el miedo egoísta a la pérdida del bienestar material. Por supuesto, el endurecimiento de las leyes, sin una auténtica «metanoia» social que nos haga renegar de los males que nos han traído hasta aquí, será por completo inútil. Tenemos el castigo que nos merecemos; y vamos a apurar el cáliz hasta las heces.

Inmigración masiva: ya está todo muy claro
Por José Javier Esparza

Los países europeos deben permitir la inmigración económica si quieren superar el reto del envejecimiento de la población y mejorar el crecimiento de forma duradera. Lo ha dicho Fabio Panetta, gobernador del Banco de Italia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Un tipo interesante, Panetta: tecnócrata financiero criado a los pechos de la inevitable London School of Economics, esa retorta donde el capitalismo se diluye en progresismo y viceversa. Dice Panetta que la opción por la inmigración es una respuesta racional desde el punto de vista económico. ¿Ha pensado Panetta en otros «puntos de vista»? Porque hay aspectos de cohesión social, cultural y política que, al parecer, quedan fuera del campo de visión de este caballero. Que el mundo del dinero ha apostado por la inmigración masiva en Europa es una evidencia desde hace mucho tiempo, muy particularmente desde la gran crisis migratoria de 2015, crisis provocada deliberadamente por los poderes económicos. Si alguien lo dudaba, ahí está Panetta para recordárnoslo.

En el mismo acto donde intervino Panetta (enseguida veremos qué acto ha sido), el ministro italiano de Exteriores y viceprimer ministro del gabinete Meloni, Antonio Tajani, abogaba por abrir las fronteras escolares europeas a más estudiantes africanos. Tajani es un tipo que en España cae muy simpático, y con razón, porque siempre se ha manifestado claramente contra el separatismo. Pero al margen de esto, que sin duda se le agradece, sus posiciones en materia migratoria son las mismas que las del binomio popularsocialista europeo, o sea, puertas abiertas y que vayan entrando, que al fondo hay sitio. ¿Por qué? Por las mismas razones de carácter económico que esgrime Panetta. Naturalmente, tanto el banquero como el político hablan de «inmigración legal» (imagínese el escándalo si abogaran por la inmigración ilegal), pero no sé si esto realmente tranquiliza a alguien: lo que de verdad están defendiendo es una apertura de criterios para que la inmigración ilegal sea legal si concurren factores económicos. Que la Unión Europea lleva años promoviendo de hecho la inmigración masiva es otra evidencia que sólo desde el más beato y cerril bruselismo puede negarse. Sus nocivos efectos sobre la Europa real, sobre las sociedades europeas de carne y hueso, les resulta enteramente indiferente. Ellos van a lo suyo, que es lo mismo a lo que va el mundo del dinero.

Y todavía en el mismo acto (sí, enseguida contamos de qué acto se trata), va y aparece, mire usted por dónde, el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, monseñor Vincenzo Paglia, y se manifiesta inequívocamente en idéntica dirección. Paglia es conocido por ser uno de los fundadores de la Comunidad de San Egidio, que, para los que lo ignoren, es algo así como la quintaesencia del progresismo vaticano y, en lo que concierne a España, nos obsequió con su desinteresada participación en aquella gran mascarada de la «entrega de armas» de ETA. También es una evidencia que, desde la llegada de Francisco al solio pontificio, la Iglesia se viene pronunciando muy activamente a favor de la inmigración masiva en Europa, como hacen el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Por expresarlo de un modo gráfico, la bendición papal sirve para envolver en incienso las necesidades económicas y políticas de los Panetta y los Tajani y demás cofrades de las elites globalistas (que, evidentemente, existen).

Panetta, Tajani y Paglia dijeron todas estas cosas en «un acto en Rímini, Italia», señaló nuestra prensa. Para ilustración de nuestros compañeros legos, informémosles de que el «acto de Rímini» era el encuentro anual del movimiento Comunión y Liberación, uno de los más señalados de la Iglesia católica y que, efectivamente, se viene celebrando todos los años en Rímini desde 1980. Me parece altamente significativo que este fuera el escenario de la prodigiosa convergencia de tan conspicuos personajes.

En fin, está todo claro: si hay inmigración masiva, es porque el poder lo quiere. Y como está todo así de claro, recordemos algunas cosas esenciales.

Sobre lo económico: la inmigración laboral tiene sentido cuando una economía está creciendo y necesita mano de obra adecuada, pero es muy difícil justificarla cuando nuestras economías crecen poco y muy fundamentalmente sobre la base de los dopajes con gasto público, en un entorno de paro juvenil elevadísimo y, por otro lado, con los mandos de la máquina en manos de Bruselas. ¿Quién va a sostener a toda esa masa de población recién llegada? ¿Para qué? ¿Para crear una especie de nuevo proletariado menos exigente que el autóctono? ¿Y a costa de qué? De momento, a costa de un paulatino empobrecimiento de la clase media europea.

Sobre lo demográfico: cierto que hay que «superar el reto del envejecimiento de la población», pero ¿qué y quién ha causado el envejecimiento de la población en Europa? ¿Llevamos medio siglo de políticas deliberadamente antinatalistas y ahora hay que luchar contra el envejecimiento con gente nacida en otra parte? ¿No sería más racional promover los nacimientos entre la población ya existente? ¿Es fascista parir cuando eres europeo y es progresista parir cuando eres africano?

Y sobre la cuestión de fondo: ¿dónde está escrito que el argumento económico haya de ser el único que entre en juego? Porque, además del razonamiento económico, caben otros. Una sociedad no se sostiene sólo sobre consideraciones de orden económico. Hay factores de carácter cultural, social, religioso, histórico y político que son más —sí, más— importantes a la hora de estructurar una sociedad equilibrada. Esta especie de reduccionismo mercantil de la existencia es sin duda uno de los síntomas más claros del envilecimiento de la Europa contemporánea. También cuando se envuelve en incienso.

Mientras tanto, un sirio apuñala en Solingen, España «acoge» en pocos meses a decenas de miles de inmigrantes ilegales que no hay dónde meter y, en Inglaterra, mandan a la cárcel a un chaval por ondear una bandera con la cruz de San Jorge frente a un centro islámico. Pero Panetta, Tajani y Paglia dicen que todo esto es «racional» y, aún más, deseable y hasta santo. Sí, está todo muy claro.

Por Rubén Pulido

Las previsiones sobre la evolución de la inmigración ilegal en las Islas Canarias este año siguen sujetas a numerosas variaciones, en función de la evolución de la presión migratoria mes a mes y teniendo en cuenta múltiples factores en origen. Según las últimas prospectivas internas de la Guardia Civil, y en función de datos actualizados, en estos momentos el instituto armado maneja a nivel interno una cifra que oscila «entre los 64.000 y los 72.000» inmigrantes ilegales.

El análisis arroja además que la presión migratoria en el archipiélago está en «niveles extremos» y que «mes a mes se superan la cifras máximas». Por lo que «las cifras están tremendamente condicionadas a la situación política y la colaboración e implicación de los países de origen».

Este es el contexto en el que este martes 27 de agosto, Pedro Sánchez iniciará una gira por algunos países del SAHEL que durará hasta el jueves 29. Más concretamente, en la agenda del Ejecutivo se encuentran los tres principales en lo que a emisión de inmigración ilegal se refiere hacia las Islas Canarias: Mauritania, Senegal y Gambia.

Sin embargo, el presidente acude a esta cita sin conocer una intencionalidad clara por parte de estos países. Según las fuentes de la Guardia Civil consultadas, «Mauritania está desbordada». Actualmente se manejan cifras que superan el medio millón de refugiados malienses en el país y aseguran que las autoridades del país no están logrando controlar la expansión de estos inmigrantes por todo el territorio, muchos de ellos con la intención de llegar hasta el litoral y para emprender el viaje en cayuco hasta el archipiélago canario.

Esta situación coloca a Mauritania en estos momentos ante una posición dominante en lo que a relaciones diplomáticas para el control migratorio se refiere y sin lugar a dudas será aprovechada para la consecución de fondos económicos extraordinarios, al margen de los más 300 millones de euros ofrecidos al país a principios de año, en el marco de un viaje conjunto entre Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez.

En cuanto a Senegal y Gambia, el escenario es completamente diferente, quedan más abiertos a la cooperación, aunque con el reciente cambio de poder en el primero de los países mencionados, todo puede ocurrir. Bassirou Diomaye Faye (presidente de Senegal) se muestra abierto al dialogo, pero también es consciente que el control de la inmigración ilegal requiere de una amplia logística en un contexto de expansión de la problemática en todo el conjunto de los países del SAHEL.

La gira del presidente del Gobierno será sin lugar a dudas enfocada desde el éxito y el compromiso por parte de Pedro Sánchez y los líderes de Mauritania, Senegal y Gambia en la lucha decidida contra la inmigración ilegal en las Islas Canarias, sin embargo desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en los citados países aseguran que no tienen muchas esperanzas en que la situación cambie debido al caos que se está viviendo en estos momentos en la zona motivado por el efecto llamada creado en torno al archipiélago español.

Por Rubén Pulido

No ha existido ruta migratoria en España que haya quedado libre de entradas ilegales en la última semana. Desde Baleares a Canarias pasando por Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Cádiz e incluso la ciudad autónoma de Ceuta.

En total casi medio centenar de embarcaciones que han dejado en España un total de 1.362 inmigrantes ilegales. La peor parte se la ha vuelto a llevar Canarias, donde se ha producido una reactivación de la ruta atlántica que ha provocado la entrada ilegal de más de 830 inmigrantes.

La isla más afectada ha sido El Hierro, donde se ha registrado la entrada de hasta dos cayucos de grandes dimensiones que han dejado casi 400 inmigrantes ilegales provenientes de Senegal.

Otra de las reactivaciones ha sido la de la ruta argelina, que ha detonado sobre Baleares una alta presión migratoria que se ha saldado con la entrada de una veintena de embarcaciones con más de 300 inmigrantes ilegales a bordo (la mayoría argelinos).

Esta presión migratoria desde Argelia ha afectado también a la provincia de Alicante, Murcia y Almería. Más de una decena de embarcaciones (con casi 200 inmigrantes a bordo) han llegado a las citadas provincias. La mayoría de ellos son argelinos.

Por otro lado, Ceuta, Granada, Málaga y Cádiz han experimentado la entrada de un total de 30 inmigrantes ilegales procedentes de territorio marroquí.

Por Agustín Benito

El secretario de Estado del Ministerio del Interior de Hungría, Bence Rétvári, ha manifestado que el asesinato de tres niñas en Southport, en Reino Unido, por parte de un individuo de padres ruandeses, y la amenaza terrorista en Viena son una «advertencia terrible para Europa».

«La seguridad pública está en grave riesgo debido a la inmigración», señaló Rétvári, recordando el asesinato de las tres niñas y la cancelación de los conciertos de Taylor Swift en Viena, «la ciudad más habitable de Europa», debido a la amenaza del terrorismo.

«Están ocurriendo hechos impactantes a diario desde Suecia hasta Italia que nunca habrían sucedido sin la inmigración», agregó. Añadió que los crímenes los están cometiendo no sólo los que han llegado recientemente a Europa, sino también los hijos de inmigrantes.

«Europa no puede y no quiere integrarlos. Los políticos proinmigración todavía no pueden enfrentar la realidad: abogan por la tolerancia y, por lo tanto, sacrifican la seguridad pública», manifestó.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, ya alertó en 2015 de las consecuencias de la política laxa contra la inmigración ilegal. La protección de las fronteras, que ha supuesto una inversión de 18.000 millones de euros, ha evitado la entrada en Europa de un millón de inmigrantes desde ese año.

La lucha contra la inmigración ilegal es uno de los ejes principales de la Presidencia húngara del Consejo de la UE, que llama a «proteger las fronteras» e inciden en los problemas que ha causado el flujo de inmigrantes debido a la falta de integración, provocando así «un gran desafío» en los sistemas de salud de los Estados miembros.

Este jueves una mujer ha sido detenida por la Policía de Cheshire, Reino Unido, después de haber compartido en las redes sociales una publicación que el Gobierno británico considera que contiene «información inexacta» sobre la identidad del sospechoso del asesinato de tres niñas que fueron apuñaladas durante una clase de baile en la localidad inglesa de Southport, un crimen que habría sido perpetrado por un británico de origen africano, lo que provocó una ola de protestas contra la inmigración masiva en todo el país.

La mujer, de 55 años, fue detenida en relación con la sospecha de publicar material escrito «con el fin de fomentar el odio racial y las comunicaciones falsas». «Todos hemos visto los violentos disturbios que tuvieron lugar en todo el Reino Unido la semana pasada, gran parte de ellos alimentados por comunicaciones maliciosas e inexactas en línea«, señaló la superintendente general, Alison Ross.

«Es un duro recordatorio de los peligros que entraña publicar información en las redes sociales sin comprobar su veracidad. También sirve como advertencia de que todos somos responsables de nuestras acciones, ya sean en línea o en persona«, agregó en tono petulante, erigiendo al Gobierno de turno como ente autorizado a determinar la veracidad de la información que publican los ciudadanos.

Los disturbios comenzaron tras la detención de un adolescente de 17 años, identificado como Axel Rudakubana, en relación con los asesinatos. La Policía declaró que Rudakubana es nacido en Gales en el seno de una familia de inmigrantes ruandeses.

Ante las protestas contra la inmigración masiva, el Gobierno emitió advertencias por todo el Reino Unido sobre la difusión en línea de inexactitudes sobre el caso que animaran las protestas.

«Este arresto demuestra que nuestro objetivo no es solo llevar ante la justicia a aquellas personas que decidieron participar en la violencia y la destrucción en Southport y otros lugares», comunicaron desde la Policía. «También estamos decididos a arrestar a cualquiera que sospechemos que haya intentado fomentar el odio en línea y haya alentado activamente a otros a tomar las calles», concluyó el organismo.