Cuatro décadas de crisis no dejaron en la Argentina una pobreza pasajera. Dejaron una pobreza con domicilio fijo, con generaciones nacidas y criadas adentro de ella, que Buenos Aires terminó incorporando a su paisaje con la misma naturalidad con que incorporó un semáforo o una parada de colectivo. Familias enteras durmiendo en la calle, adictos sin que el sexo, el color o la edad salve a ninguno, carros empujados a pulso durante kilómetros, una marginalidad que ya no se presenta como emergencia sino como mobiliario urbano permanente: eso es lo que queda cuando una sociedad decide, sin votarlo nunca, que ya nada le sorprenda, que mientras pueda salvarse a sí misma, lo demás no importa.

Los números no dejan margen para la duda ni para la excusa. En 1980 vivían 37.010 personas en villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios de la Ciudad. En 1991 eran 52.608. En 2001, 107.805. En 2010, 163.587. Hoy rondan las doscientas mil (1). Esa curva no describe una crisis puntual que se supera y se deja atrás: describe una acumulación continua, década tras década, gobierno tras gobierno, en la que cada derrumbe sumó una capa nueva de gente que la recuperación siguiente jamás llegó a disolver. Nadie recuperó ese terreno. Nadie lo intentó en serio.

La hiperinflación de 1989 fue el primer gran quiebre y mostró la velocidad con la que esta sociedad puede caer: en mayo de 1988 el 12,7 por ciento de los porteños estaba bajo la línea de pobreza; en octubre de 1989, el 22,5 por ciento; en el conjunto del Gran Buenos Aires, el 47,3. Los años noventa demostraron algo todavía más incómodo: que estabilizar la moneda no reconstruye lo que la moneda rota ya había destruido. La pobreza bajó al 16,8 por ciento en el Gran Buenos Aires en 1993, sí, pero la desocupación abierta subió del 5,5 por ciento en 1985 al 18,9 por ciento en 1995, y hacia 1999 la pobreza ya había vuelto a trepar al 26,7 por ciento. El trabajo dejó de ser la vía de integración que había sido durante buena parte del siglo XX y nadie construyó otra en su lugar. Se limitaron a mirar cómo esa función social se apagaba.

En mayo de 2002, prácticamente la mitad de la población del Gran Buenos Aires estaba bajo la línea de pobreza. En octubre, el 54,3 por ciento. Ahí nació la escena que hasta hoy define a esta ciudad: hombres y mujeres revisando bolsas de residuos, arrastrando carros cargados de cartón entre los colectivos de avenidas de seis carriles. El Gobierno porteño reaccionó formalizando esa actividad con la Ley 992, armando cooperativas, centros verdes, alguna cobertura social. Y sin embargo — y esto es lo que nadie quiere decir en voz alta — el cartonero no desapareció cuando la economía volvió a crecer. Quedó incorporado a Buenos Aires como una función urbana permanente, como si empujar un carro con la propia espalda fuera, a esta altura, un empleo más de la ciudad. Lo que había sido la respuesta desesperada a un derrumbe nacional se convirtió en el funcionamiento normal de una de las ciudades más ricas del país. Eso no es una historia de superación. Es una historia de asimilación de lo intolerable, y punto: no hay gobierno, de ningún signo, que pueda reclamar haberla revertido, porque ninguno lo hizo.

Ahí adquiere su verdadero peso la imagen de la tracción a sangre, y conviene detenerse en ella porque es la clave de todo lo demás. Buenos Aires empezó a restringir la circulación de vehículos tirados por animales desde los años sesenta, y en 1968 la prohibición ya alcanzaba amplias zonas de la ciudad. La decisión fue clara y no admitió matices: hacer que un caballo arrastrara un peso semejante, durante horas, sobre el asfalto, era un maltrato inaceptable, y la ciudad no estaba dispuesta a seguir permitiéndolo. Décadas después reapareció el mismo carro, con la misma carga, tirado ahora por una persona que dobla el cuerpo entero para moverlo entre colectivos y automóviles. No hubo una decisión explícita que reemplazara al animal por el ser humano. Hubo algo bastante más grave y mucho más revelador: una sociedad que le reconoció al caballo una dignidad física que jamás extendió a la persona que terminó ocupando su lugar exacto, en la misma calle, con la misma carga, con el mismo esfuerzo. Esa es la medida exacta — no aproximada, exacta — de cuánto hemos naturalizado. Prohibimos que un animal sufriera así. Toleramos, sin pestañear, que un ser humano sufra exactamente así todos los días desde hace más de veinte años.

Los datos sobre el crecimiento de las villas porteñas reflejan esta realidad: entre 1980 y 2001 la población se triplicó, y en la década siguiente siguió aumentando. No se trata de familias atravesando una dificultad pasajera, sino de personas que levantaron su vida entera en esos barrios. Con el tiempo, la pobreza dejó de ser una racha de ingresos insuficientes para transformarse en una realidad estructural, con un entorno y una economía informal que se afianzaron como parte de la rutina diaria.

Esa permanencia ya no necesita ninguna estadística para probarse: se camina, se huele, se atraviesa. Y no solo en el sur, no solo en la villa de siempre — se ve en los barrios, se ve en pleno centro. En Once, en Retiro, hay cuadras enteras que después de que oscurece se volvieron directamente intransitables. Se multiplicaron los indigentes. La gente duerme a la intemperie contra cualquier persiana, en cualquier zaguán, sin que a esta altura eso mueva a nadie a llamar a ningún lado. Los adictos se drogan a la vista de todos, en la vereda, a plena luz si hace falta. Los robos ya casi nadie los denuncia, porque para qué. Y lo primero que golpea, caminando por ahí, ni siquiera es lo que se ve: es el olor. Orina y materia fecal pegados a las fachadas de edificios que supieron tener otro brillo y hoy están sin mantenimiento, cerrados, con casas enteras vacías en pleno centro de la Ciudad más rica del país. Ese deterioro no necesita ninguna planilla del INDEC para probarse. Alcanza con salir a caminar después de las ocho de la noche y dejar de mirar para otro lado.

El último relevamiento oficial de la Ciudad, de noviembre de 2025, registró 5.176 personas en situación de calle: 1.613 directamente en la vía pública, 3.563 alojadas en Centros de Inclusión Social. Los censos de organizaciones sociales dan cifras bastante mayores. Con el dato oficial alcanza y sobra para entender la dimensión: miles de personas dependen hoy, en esta ciudad, de una vereda, una estación, un parador o una cama transitoria para pasar la noche. Detrás de cada una de esas personas hay una trayectoria distinta — desempleo prolongado, separaciones, destrucción del vínculo familiar, problemas de salud mental, adicciones — pero eso no diluye la responsabilidad de nadie: al contrario, confirma que el sistema que debía sostener a esas personas en cada uno de esos puntos de quiebre falló en todos ellos, uno por uno, sin excepción.

Y mientras tanto, la respuesta del Estado sigue siendo la misma de siempre. Llama el comerciante, interviene la policía, la persona camina dos cuadras y la ciudad sigue su ritmo. El vecino y el comerciante tienen problemas reales, y nadie los obliga a cargar con lo que el Estado abandonó. Pero la escena se repite idéntica: alguien que no tiene adónde ir, expulsado de un umbral para que un negocio pueda abrir. Eso no es política social; es apenas una forma barata de disimular el problema. Desalojar a alguien no le devuelve la salud, ni los documentos, ni el techo, ni el trabajo que se le fueron cayendo de las manos en el camino. Sin esas cuatro bases sostenidas en el tiempo —no como promesas, sino como política real—, la misma historia vuelve a empezar en la esquina de al lado.

Con el paso de los años, esa marcha incesante fue calando más hondo que el mero acostumbramiento: terminó por anestesiar el alma y privarnos de la facultad misma de contemplar al otro. Cuando el dolor ajeno irrumpe de forma efímera, aún logra conmocionar las fibras de nuestra compasión; pero cuando se acampa como rutina en el umbral cotidiano, la mirada lo diluye hasta volverlo invisible. Aquel ser humano, depositario de un aliento divino y de un discurrir vital habitado por gozos y quebrantos, deja de ser contemplado en su sacralidad originaria para quedar reducido a un rótulo que incomoda: el que duerme en el umbral, el que clama por una moneda, el que rebusca entre los despojos, el que se encorva bajo el yugo de su carro. Esa erosión del asentimiento amoroso no constituye un fallo moral exclusivo del transeúnte desgastado; es, en verdad, el fruto maduro y silente de décadas de un Estado que prefirió el maquillaje efímero al auténtico acto de sanación, plenamente consciente —pues las frías estadísticas se lo recuerdan año tras año— de que los remiendos superficiales jamás restituyen la dignidad perdida y tan solo postergan la herida unos metros más allá.

Lo que más pesa en todo esto no es que el problema sea difícil de resolver, sino que se dejó de intentar hace mucho. Correr a alguien de una vereda no es una solución: es una decisión consciente de patear el tema para más adelante. Resulta difícil de entender que una ciudad que en 1968 tuvo la firmeza de prohibir que un caballo sufriera ese desgaste, hoy acepte como algo normal que lo haga una persona. No es una cuestión de falta de recursos, sino de haberse acostumbrado a mirar para otro lado. Y ese acostumbramiento es tan responsable de lo que pasa en la calle como cualquier recorte de presupuesto o cualquier política pública pensada para la foto.

Mientras tanto, bajo la mirada indiferente de la gente que apura el paso para no ver, y bajo el cálculo ruin de una clase política que edificó su confort sobre la resignación ajena, los carros siguen rodando. En 1968 esta ciudad tuvo un destello de conciencia y decidió que ningún caballo iba a seguir arrastrando semejante yugo por sus calles: hubo, al menos esa vez, una dignidad que alguien se tomó el trabajo de salvaguardar. Hoy, más de medio siglo después, un sistema anestesiado —político por desidia, social por agotamiento— contempla en silencio cómo hombres, mujeres, ancianos y niños, sin distinción de sexo, de color ni de edad, todos portadores de ese mismo aliento divino que alguna vez se nos enseñó a reconocer en el rostro del otro, empujan ese peso con la espalda encorvada sin que ya nadie los mire dos veces. Ahí están las mujeres que ninguna marcha nombra, las que duermen solas bajo un cartón o se pinchan en un umbral mientras el discurso oficial se llena la boca hablando de cuidarlas: la pobreza no pregunta el sexo de nadie antes de destruirlo, es cruel exactamente igual con todos, y esa igualdad brutal deja en evidencia a quienes dicen defender a la mujer solamente cuando la mujer aparece en un lugar cómodo para defenderla. No es solamente que el poder haya decidido no resolverlo: es que el resto de nosotros, ocupados en sostenernos a nosotros mismos sobre un piso que también tiembla, dejamos de tener ojos para el que cae. Ahí, exactamente ahí, se consuma la blasfemia cotidiana: hemos resuelto, en el altar silencioso de nuestra propia comodidad, que el esfuerzo que le negamos al animal por compasión sea, sin que nadie lo firme ni lo vote, el único destino posible para nuestros semejantes.

(1) Fuente: DGEyC (GCBA) 1980-2010; INDEC / RENABAP 2010 y 2022. Los dos tramos usan criterios de medición distintos y no son directamente comparables entre sí.

De acuerdo a la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza en nuestro país alcanzó al 33,6% y la indigencia al 6,1% durante el tercer trimestre de 2018, aumentando en 2,2 millones la cantidad de pobres con respecto al año pasado y constituyéndose como la cifra de pobreza más alta en una década. En el conurbano bonaerense la cifra alcanza un alarmante 43,3%.

En 2017 esas cifras eran del 28,2% y 5,7% respectivamente. Los pobres en la Argentina pasaron de 11,4 a 13,6 millones mientras que los indigentes (quienes no llegan a cubrir la cuota básica de alimentos) pasó de 2,3 a 2,47 millones en solo un año (170.000 indigentes más que en 2017).

La pobreza infantil es también la más alta de los últimos 10 años: los chicos de hasta 17 años pasaron de 44% a 51,7%, totalizando en 6.255.700 chicos pobres. Solo en estos últimos 12 meses cayeron en la pobreza 931.700 chicos.

El informe de la UCA que se titula «Estancamiento estructural» arroja otro dato alarmante: «en 2018 cerca de la mitad de los hogares declararon que sus ingresos no fueron suficientes para cubrir sus gastos».

Como causantes se enumeran la depreciación del peso, la alta inflación, la caída del salario real, la caída del consumo interno y el ingreso en un proceso estanflacionario.

En la presentación del informe, el equipo de Agustín Salvia de la UCA que elaboró el informe aclaró que «la situación se está agravando» y que «un cambio de rumbo sustantivo necesitará de «fuertes inversiones» y de «políticas que reactiven el mercado interno, apoyen a las micro empresas y mejoren la productividad».

Macri siempre repitió que la medida de su éxito o su fracaso estaría en la suba o la baja de la pobreza. Los números son contundentes.

Alarmante: en la tierra que gobierna María Eugenia Vidal la pobreza ya alcanza al 54,2% de los menores y de acuerdo al informe de la UCA está entre las primeras del país dentro de esa triste estadística.

De acuerdo al informe, el 48,1% de los niños en Argentina ya están bajo la línea de pobreza y el 10,2% es indigente lo que significa que tiene problemas para acceder a alimentos básicos.

Según el Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la UCA, quienes más sufren la pobreza que generan las políticas de Cambiemos son los niños: El 33,8 por ciento desayuna, almuerza y merienda en comedores escolares o de organizaciones barriales. Solo el 38,5 recibe los míseros $1577 pesos que el Gobierno les da en concepto de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El relevamiento, realizado en 5700 conglomerados urbanos, precisó también que el 22,5% vive en condiciones de hacinamiento.

Las megadevaluaciones, el cierre de fábricas, los despidos masivos, los continuos tarifazos y la baja de salarios no son gratis. En la tierra gobernada por Macri y Vidal los únicos privilegiados son la banca extranjera y el sector agroexportador.