Voy a concentrarme únicamente en dos puntos sobre los cuales quiero atraer la atención de los ‎parlamentarios llamados a pronunciarse sobre la transformación del decreto en ley. ‎

‎El primer punto es la evidente –y subrayo el término– la evidente contradicción del decreto ‎en cuestión. ‎

Ustedes saben que el Gobierno, mediante el decreto-ley especial número ddl 44/2021 llamado ‎‎«escudo penal», ahora convertido en ley, se exoneró de toda responsabilidad en cuanto a los ‎daños causados por la vacuna. ‎

Y la gravedad de esos daños viene del hecho que el artículo 3 del decreto en cuestión menciona ‎explícitamente los artículos 589 y 590 del Código Penal, que se refieren al homicidio ‎involuntario y… a las afectaciones por negligencia. ‎

Como han señalado juristas de referencia, eso significa que el Estado no quiere asumir la ‎responsabilidad por una vacuna cuya fase experimental no ha terminado aún pero, al mismo ‎tiempo, hace todo lo posible por obligar los ciudadanos a vacunarse, amenazándolos con quedar ‎excluidos de la vida social, y ahora, con el nuevo decreto que ustedes están llamados a validar, ‎privándolos incluso de la posibilidad de trabajar. ‎

‎¿Es posible, pregunto yo, imaginar una situación jurídicamente y moralmente más anormal que ‎esta?‎

‎¿Cómo puede el Estado acusar de irresponsabilidad a quienes optan por no vacunarse, cuando ‎ese mismo Estado es el primero en rechazar formalmente toda responsabilidad por las posibles ‎consecuencias graves?‎

Recuerden ustedes los artículos 589 y 590: fallecimientos y daños provocados por la vacuna. ‎

Yo quisiera aquí que los parlamentarios reflexionen sobre esa contradicción que, en mi opinión, ‎constituye una verdadera monstruosidad jurídica. ‎

EL “PASAPORTE COVID”, ¿CONSECUENCIA O FINALIDAD?

‎El segundo punto sobre el cual quiero llamar la atención de ustedes no tiene que ver con el ‎problema médico de la vacuna sino con el problema político del “pasaporte covid”, problema este ‎que no debe confundirse con el primero. ‎

Nos hemos vacunado tantas veces sin que eso nos obligara a mostrar un certificado…‎

Científicos y médicos han dicho que el “pasaporte covid” carece de significación médica en sí ‎pero que sirve para obligar la gente a vacunarse. ‎

Yo creo que más bien puede decirse lo contrario, o sea que la vacuna es un medio de obligar ‎la gente a tener un pasaporte sanitario, o sea un dispositivo que permite controlar y seguir los movimientos [de la gente], una medida sin precedente. ‎

Los politólogos saben desde hace tiempo que nuestras sociedades han pasado de un modelo que ‎antes se llamaba de «sociedad disciplinaria» al modelo de «sociedad de control», de sociedad ‎basada en un control numérico casi ilimitado de los comportamientos individuales, que ‎se convierten así en cuantificables en un algoritmo. ‎

Estamos acostumbrándonos ahora a esos dispositivos de control. Pero yo pregunto: ¿hasta dónde ‎estamos dispuestos a aceptar que llegue ese control?‎

‎¿Es posible que los ciudadanos de una sociedad supuestamente democrática se hallen en una ‎situación peor que la de los ciudadanos en la Unión Soviética de Stalin?‎

Ustedes saben quizás que los ciudadanos soviéticos estaban obligados a presentar una propiska, ‎un salvoconducto para cualquier desplazamiento de un lugar a otro. ‎

Pero nosotros también estamos obligados a presentar un pasaporte sanitario para ir a un ‎restaurante, o hasta para ir a un museo o al cine. ‎

Y ahora –lo que es todavía más grave con el decreto que ustedes deben convertir en ley– habrá ‎que presentarlo incluso cada vez que usted vaya a trabajar. ‎

Además, ¿cómo aceptar que, por primera vez en la historia de Italia desde las leyes fascistas ‎de 1938 sobre los no arios, inventemos ciudadanos de segunda sometidos a restricciones que, ‎desde un punto de vista estrictamente jurídico y aun tratándose de dos fenómenos que no tienen ‎nada que ver –me refiero a la analogía jurídica–… sufren restricciones idénticas a las que sufrieron ‎los no arios?, lo cual, como ustedes saben, afectaba principalmente la posibilidad de casarse…‎

Todo lleva a pensar que los decretos que aparecen uno tras otro, como si vinieran de la misma ‎persona, deben inscribirse en un proceso de transformación de las instituciones y de los ‎paradigmas de la forma de gobierno de las sociedades de las que somos parte. ‎

Es una transformación tanto más insidiosa cuanto que, como sucedió con el fascismo, ‎se desarrolla sin que haya habido cambios en el texto de la Constitución… subrepticiamente. ‎

El modelo que así se corroe y se anula es el modelo de las democracias parlamentarias con sus ‎derechos, sus garantías constitucionales. ‎

Y en su lugar se instala un paradigma de gobierno en el cual, en nombre de la bioseguridad y del ‎control, las libertades individuales están condenadas a sufrir crecientes limitaciones. ‎

La concentración exclusiva de la atención en las infecciones y en la salud, en efecto, me parece que ‎nos impide percibir cuál es el sentido de esta gran transformación que está realizándose en la ‎esfera política. ‎

Y eso impide que nos demos cuenta de que, como los gobiernos mismos nos lo recuerdan ‎sin descanso, la seguridad y la urgencia no son fenómenos transitorios sino que ‎constituyen la nueva forma de gobernar. ‎

Creo que en esa perspectiva es más urgente que nunca que los parlamentarios consideren con ‎extrema atención la transformación política en marcha, que no se concentren únicamente en ‎la salud… la transformación política que está teniendo lugar, y que por cierto inevitablemente ‎conducirá a largo plazo a despojar el Parlamento de sus poderes, reduciéndolo –como está ‎sucediendo actualmente– a simplemente aprobar, en nombre de la bioseguridad, decretos provenientes de organizaciones y de personas a quienes poco importa el Parlamento. ‎

Gracias. ‎