Por Facundo Martín Quiroga

El contexto de la caída globalista, virus mediante

En el transcurso del séptimo mes de confinamiento decretado por la pandemia de COVID-19, un grupo que dice representar a las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se organiza reclamando aumento salarial y mejoras en distintos aspectos de su ejercicio, llegando a reunir a varios móviles y efectivos en torno a la Quinta Presidencial de Olivos. Esta acción es tomada como una provocación de parte de muchos de los representantes del gobierno, mientras otros políticos de todas las coloraturas dejan hacer y emiten repudio mucho después de la asonada. Medios y redes se vuelven a desafiar desde sus recintos, se vuelve a poner en escena lo expuesto hace unos días por el ex presidente Duhalde respecto de la posibilidad de un golpe… todo un marasmo de toma y daca ante el cual nos quedamos preguntándonos muchas cosas en torno a la problemática de la seguridad y la defensa, pero que podemos resumir en una pregunta: ¿por qué el progresismo no tiene herramientas adecuadas para abordar dichos campos fundamentales de todo análisis político, y estas problemáticas siempre, ya sea que estén o no en el gobierno, los toman con la guardia baja? ¿Qué entiende el progresismo por seguridad y defensa?

Una breve apostilla internacional para empezar, a modo de premisa de coyuntura: la declarada (y administrada) pandemia puso en entredicho los presupuestos de la sociedad abierta y multicultural que los medios, los gobiernos, el sistema económico y las redes sociales de propaganda globalista reproducían hasta en los rincones más inhóspitos del orbe. Pensadores que otrora nos parecían críticos del modelo en lo teórico (como Byung-Chul Hahn o Slavoj Sizek), con más o menos retruécanos retóricos, salieron a la palestra horrorizados con la reivindicación que, lenta pero constantemente, se comenzó a emprender desde ciertos Estados de términos como “fronteras”, “seguridad”, “defensa”, y demás sinónimos que, en rigor, estaban más cerca de testificar eficiencia en el manejo de la crisis. El cierre de fronteras en los momentos indicados y el cuidado de la ciudadanía desde estas dimensiones que riñen con el idílico paraíso lennoniano globalista, resultaron, en definitiva, ciertamente más eficaces. La pragmática soberanía adoptada contradiciendo los balbuceos altisonantes de la OMS (coincidentes con dichas figuras intelectuales) a casi un año del comienzo de todo este entuerto, ya es indiscutible que resulta ser una necesidad, sabiendo la relación existente entre la expansión del virus y los países con mayor tráfico aéreo extranjero, por caso. Es decir, la genuflexión al globalismo trae aparejada la expansión del virus indeseable.

¿Será que mientras los Estados más analizan al virus y la pandemia desde la esfera de la defensa, más posibilidades tendrán de contener la expansión y el caos social? No movamos a malos entendidos: no estamos a favor de la idea del virus como “enemigo invisible”, porque es el relato que el globalismo busca imponer (el enemigo a vencer sería el COVID y no ellos mismos que son le élite administradora de la pandemia), sino que buscamos por todos los medios que podamos, que se entienda al virus como parte de una lógica orquestada contra los Estados nacionales y las sociedades que los constituyen. El problema reside en que, de parte de éstas, no se tienen las herramientas analíticas para concebirlo así; la trampa es justamente reconocer al virus como algo “invisible”, absorbiendo la explicación que la élite construye.

El progresismo moviliza a pensar las estructuras de defensa y seguridad de los Estados como un mal que hay que reconocer y un monstruo a quien “domar”. Así tenemos a organismos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que funcionan como una especie de contralor externo de lo que debe ser una política coherente de DDHH, siempre contra las estructuras de seguridad, propagandizando permanentemente respecto de los actos vejatorios y los casos resonantes que las impliquen. En definitiva, se estructuran como una herramienta de presión sobre las políticas de defensa y seguridad soberanas.

Los lugares comunes

Partiendo de la premisa de la coyuntura global presente, proponemos que el progresismo, adepto a las doctrinas del multiculturalismo, el género y los Derechos Humanos que estas ONGs expresan, siempre se queda “pataleando en el aire” respecto de la cuestión de la seguridad y la defensa y sus derivaciones, lo que lo conduce a nunca resolver las crisis relativas a dichas esferas en el terreno, subestimando tanto su importancia política como su legitimidad, deviniendo (intencionadamente o no) en un ataque a veces velado, a veces explícito y rabioso a las instituciones que otrora fueron, junto con la escuela pública, piedra basal de la fundación de la Nación y del Estado. Y esto queda en evidencia aún más en este contexto, en donde se apela a las Fuerzas para contener situaciones de caos social extremo, con mucha mayor eficacia que lo que podría desarrollarse a partir de las performances de militantes de Facultad.

Todo lo que tiene que decir el progresismo en la materia se reduce a una serie de lugares comunes. Para empezar, apela a lo que le sirve como cámara de eco de su militancia, en todas las variantes: “hijo de yuta”, “estudiá, no seas policía”, el viejo “Policía Federal, la vergüenza nacional”, “no es un caso, es toda la institución” (CORREPI dixit), y toda una pléyade de epítetos referidos a los actores de la seguridad y la defensa que reproducen un imaginario que está muy lejos de la legitimidad social real que éstos tienen. Imaginan un idílico mundo sin policías ni militares en donde la paz llegará por la indeclinable tendencia al amor y la empatía que lEs seres humanEs (excepto los varones blancos heterosexuales, que siempre deben estar sujetos a la resocialización de género, Ministerio mediante) tenemos inscripta en nuestra genética de seres de luz (de más está decir que los instintos primarios no existen para ellEs, por lo tanto, no deben ser analizados).

Estos sectores, que muchas veces sobreactúan una soberbia que delata de cabo a rabo su pretensión de superioridad moral, omiten de manera flagrante que, precisamente, quienes más legitiman la protección de las Fuerzas de Seguridad, son los sectores llamados por ellos “populares” (en su insoportable tendencia a lavar el lenguaje por miedo a sonar ofensivos): sabiendo que el pueblo se aferra a lo que consigue con su esfuerzo y su trabajo, ya sea un celular, una moto que muchas veces facilita su movilidad sumándole minutos de tiempo libre (algo que para alguien que trabaja 10, 12, 14 horas diarias es un verdadero tesoro), o un terreno para construir su casa, ¿que mayor insulto para el propio trabajador que vengan a agraviar a quienes, aún con todos los excesos y los entramados mafiosos, siguen garantizándole que pueda ingresar en su hogar sin ser agredidos ni ellos ni sus bienes ni sus seres queridos? Es el propio barrio el que legitima a su fuerza, y eso, al progresismo bienpensante lo saca de quicio.

Otro elemento común es que ambos campos, dados los antecedentes de terrorismo de Estado, deben tener esferas de acción separadas: no se pueden mezclar seguridad y defensa. En una época del desarrollo de la guerra que implica el manejo de la esfera comunicacional y psicológica desde un espectro amplio, esto no se aplica en absoluto. Por caso, en informática, seguridad y defensa siempre corrieron por el mismo riel, es anacrónica dicha separación, no hay un campo neutral “impenetrable” a las tácticas de uno o otro Ministerio. Si así fuese, los Estados quedarían a merced, como ocurre con cualquiera que no tenga control de sus infraestructuras, de cualquier grupo de choque que se mueva por la red profunda. Eso es materia pendiente incluso en países que sufrieron ataques a sus infraestructuras energéticas como Irán. La información que se maneja en la inteligencia debe ser compartida, sin que ello implique actos violatorios de la libertad de los ciudadanos del Estado a defender y proteger. Por eso la cuestión de los datos es materia de defensa.

Es un burdo mito liberal la idea de la libertad absoluta de información, hay data de inteligencia que excede la dimensión de los datos personales que, por otra parte, ni siquiera son necesarios si de manipulación a través del big data nos referimos. Hay que recordar que los algoritmos llegan a conocernos más que nosotros a nosotros mismos, les importa mucho más cómo nos movemos en el éter que quiénes somos. En un campo en donde la guerra se desarrolla en forma molecular, es una desventaja burocratizante tener seguridad y defensa separadas. Pero claro, el progresismo apela a la falacia genética constante y anacrónica de la evocación del terrorismo de Estado para justificar su falta de argumentos al respecto, tratando a todo a quien critica su ingenuidad de “defensor de genocidas”, versión nacional de la falacia ad hitlerum.

Hay un eje de discusión que también es un lugar común, y es el decir que los policías no son trabajadores. Actualmente es un imaginario reproducido sobremanera por la izquierda clasista (ya casi inexistente, por otro lado), pero que ha permeado a cierta militancia joven hoy asociada al progresismo. Nuevamente, hay un problema con la realidad empírica, que cualquier mirada avispada respecto de la relación de las sociedades con las Fuerzas puede desmentir, y es que, a contrapelo de lo que piensan, las Fuerzas Armadas y de Seguridad continúan siendo un mecanismo tanto de ascenso como de cohesión social legítimo en los pueblos: justamente, hombres y mujeres de las sociedades que más fuerte rivalizan con el globalismo, presentan una estimación muy superior de las instituciones de seguridad y defensa, contando éstas con efectivos permanentes; y esto es una constante en todos los procesos de soberanización, ya sea que se trate de la sociedad siria, iraní, rusa o venezolana. Un Estado soberano y antiimperialista es por convicción un Estado con una alta legitimidad de sus FFAA y FFSS. Nos preguntamos entonces cuándo el progresismo se deshará de sus devaneos políticamente correctos y se hará cargo de esta enorme falencia dentro de su esquema de ideas.
El problema de la representación

Hay una crisis de representación, en el sistema político, de las FFAA en términos de proyecto soberano. Hemos sido educados no sólo pensando en la separación entre seguridad y defensa por motivos atendibles en su momento pero que hoy no responden a las necesidades de un Estado popular y soberano, sino también pensando en una disociación entre democracia y FFAA-FFSS. Éstas (y nos hacemos cargo de lo que decimos) deben tener un lugar concreto en el sistema democrático, no desligarse del funcionamiento de la sociedad obedeciendo a la inutilidad propuesta por Ministerios que las degradan, y la posterior extinción que es el sueño húmedo de la izquierda progresista en esta materia. El pleno empleo proyectado para un Estado industrial debe incluir el equipamiento terrestre, la marina de guerra y la vigilancia de los mares, el espacio aéreo y el cuidado de las fronteras.

El lugar que las Fuerzas deberían ocupar en un auténtico proyecto nacional ha sido reemplazado por: en el caso de la “derecha”, servicios de inteligencia extranjeros operantes en todo contexto político, pero exhibidos obscenamente cuando gobiernan a carpetazo limpio y una fuerza de represión cuasi-mercenaria (también entrenada y equipada por agentes extranjeros) para contener el malestar social y administrar los negocios mafiosos; y en el caso de la “izquierda” (el progresismo piensa casi igual las políticas de seguridad que la izquierda), con maquillaje progresista, perspectiva de género (reducción de presupuesto hacia el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, policías trans y Belgrano diciendo “todes”) y continuidad de las estructuras vigentes sin una sola política concreta, que se proclama por pura presión social y de la propia Fuerza.

En definitiva, las políticas relativas al lugar que ocupan en un proyecto político las FFAA y FFSS delatan más que muchas otras si se trata de un proyecto soberano o uno colonial. Tanto liberales como socialdemócratas, pretenden siempre la reducción en peso político, importancia estratégica y dignidad de las Fuerzas. Debemos recuperarlas para que constituyan uno de los pilares del gobierno del Pueblo.

Habilitar a las FFAA a participar de la seguridad interior es un viejo pedido del Comando Sur de EEUU, el que desde fines de los años ’80 viene planteando la reconversión (desnaturalización) de las mismas en base a las supuestas «nuevas amenazas». Detrás de esta medida de Mauricio Macri se esconden los siguientes intereses de la estrategia hemisférica norteamericana:

1-Desnaturalizar a las FFAA que progresivamente dejarán de ocuparse, entrenarse, formarse y equiparse, para la Defensa de la Argentina ante potenciales enemigos estatales externos y pasarán a ser diluidas dentro de las fuerzas de seguridad (Gendarmería y Prefectura). Paradójicamente justo lo opuesto a lo que dispone la nueva doctrina de Defensa de Trump para los propios EEUU (que quita como principales objetivos al terrorismo y el narcotráfico y vuelve a poner en primer lugar a las entidades estatales potencialmente enemigas). Esto generará el efecto de corromper a las FFAA al ponerlas en contacto directo con el narcotráfico, el que se convertirá en una vía de financiación ilegal en medio de la situación de asfixia presupuestaria a la que las somete el Gobierno. Este fue el caso de México, por ejemplo, que además de la profunda corrupción en sus FFAA, nunca logró combatir eficazmente al narcotráfico y ya suma más de 200.000 muertos entre 2006 y 2017, luego de que el presidente Felipe Calderón las habilitara a ese fin siguiendo al Comando Sur. Con esta dilución de las FFAA de la Argentina, la posibilidad de defensa del país ante una verdadera agresión externa, o su disuasión, será casi nula.

2-Asegurar a los capitales norteamericanos en el país (especialmente Chevron y Exxon Mobil en zonas como Vaca Muerta) contra problemas derivados de la creciente conflictividad social. Esto se complementa con la construcción de la base militar norteamericana en Neuquén.

3-Reforzar el aparato represivo interno, bajo un escenario de mayor pobreza y exclusión social dado el proyecto de desindustrialización de la Argentina. Para este fin solo bastaría comenzar a hablar de «infiltración terrorista» en muchas de las organizaciones sociales que protestan. Al mismo tiempo, al reemplazar a Gendarmería y Prefectura en zonas de frontera, libera a estas para poder ejercer con mayor número de efectivos la represión interna de la protesta social. Solo con los gendarmes liberados de la custodia de represas hidroeléctricas, por ejemplo, el Gobierno contará con 1000 efectivos más para represión interior.

4-Incrementar y naturalizar la participación de militares norteamericanos en Argentina, ya que será la industria militar norteamericana quien proveerá las armas y el Comando Sur los entrenamientos para estas «nuevas funciones». Esta naturalización está estrechamente relacionada con el despliegue de bases militares en zonas estratégicas de nuestro país.

Como intereses coadyuvantes pero más coyuntarles:

1-Habilitar un jugoso negocio inmobiliario con la venta de los terrenos de cuarteles militares que se irán cerrando. Se planea dividir el territorio nacional en 3 teatros de operaciones: Norte, Centro y Sur, reagrupando los cuarteles y cerrando muchos de ellos. Esto también le permitirá al Gobierno avanzar con su recorte del gasto público, tal como viene reclamando el poder financiero transnacional.
2-Hacer una demostración de fuerza ante el FMI al implementar este tipo de medidas represivas como reaseguro de la aplicabilidad del severo plan de ajuste, más allá del caos social que pueda generar.

El plan original de Macri, siguiendo directivas del Comando Sur era directamente traspasar personal de las FFAA a Gendarmería y Prefectura, pero si bien esto habría implicado un salario mayor para los efectivos, desde las mismas FFAA se lo rechazó. Una delegación se reunió en junio de este año con Aguad para transmitirle lo inadecuado de dar ese paso, ya que además de las dificultades legales y las diferencias de formación técnica también sería un claro camino de disolución.

«Los militares no podemos, por cuestiones normativas y de reglamentación, ocuparnos de seguridad interior», había declarado el jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, a fines de mayo de este año. «Llevaría tiempo poder implementar cambios en las tareas del Ejército. la misión del Ejército es proteger los intereses vitales y nuestra soberanía, y asegurar la supervivencia de la Nación ante el sinnúmero de amenazas que pueden aparecer», opinó el jefe militar, mostrando el malestar con esta desnaturalización.

«La reconversión de las Fuerzas Armadas tiene que ver con el nuevo redespliegue de las fuerzas en el territorio, reconvertir las nuevas hipótesis de conflicto que ya no existen y empezar a trabajar sobre las nuevas amenazas que no están vinculadas con otros países, sino con el concepto más moderno de ataques que es la instalación de bandas de narcotráfico en el territorio o con el terrorismo internacional, siempre y cuando afecten la defensa», afirmó el ministro de Defensa, Aguad.

Se plantean varias etapas con varios años para su implementación:
1-Reconversión del Estado Mayor Conjunto, con eliminación de estructuras y cierre de cuarteles. Supresión de comandos intermedios.  Creación de una «Fuerza Aérea Única», unificando el poder aéreo de las tres fuerzas. Creación de una «unidad de despliegue rápido» para todo el país, con 10.000 uniformados para «apoyo logístico» a las fuerzas de seguridad.
2-Reorganización de todas las unidades militares y cambios en los planes de la carrera militar.

Con este objetivo, Macri derogará el decreto 727 de Néstor Kirchner y Nilda Garré de 2006, habilitando a las FFAA a combartir cualquier «agresión externa», sin necesidad de que haya otro Estado detrás de la misma, lo que abre las puertas la «lucha contra el narcotráfico» y el «terrorismo». El nuevo decreto dirá: “En el caso de las misiones establecidas en la Ley N° 24.059, el MINISTERIO DE DEFENSA considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las FUERZAS ARMADAS, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las FUERZAS DE SEGURIDAD (…) entiéndase que las FUERZAS ARMADAS y/o las FUERZAS DE SEGURIDAD podrán custodiar los objetivos estratégicos a los que hace referencia el artículo 31 de la Ley N° 23.554.”

Todo este despliegue militar en seguridad interior a solicitud del Comando Sur viene de larga data. Sergio Massa (otro incondicional de la Embajada norteamericana) de hecho hizo de esto una de sus propuestas de campaña a presidente en 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=SXDAscTzrzk

Y el mismo Mauricio Macri así lo pedí mientras era Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

https://www.youtube.com/watch?v=FKLKlE2kUys

Según publica el portal mexicano Aristegui Noticias: «A muchos oficiales jóvenes del Ejército -de coronel para abajo- nos repugna que Estados Unidos instale cuatro bases militares e instruya a policías argentinos, sin autorización del Congreso», declaró la fuente anónima a Aristegui Noticias, tachando la posible connivencia por parte del Gobierno de «una entrega desvergonzada de la soberanía nacional».

https://www.youtube.com/watch?v=vPDEOjEFMdg

El propósito del Comando Sur de los EEUU es «proporcionar planificación de contingencia, operaciones, y cooperación en seguridad» para América Central, del Sur y el Caribe, así como también «proteger los recursos militares de EE.UU. en estos lugares» y de asegurar la defensa del Canal de Panamá (lo que explica los recientes acontecimimentos en Nicaragua, donde EEUU viene financiando un levantamiento contra el gobierno de Daniel Ortega para impedir el acuerdo con China por un canal de navegación interoceánico que competiría con el de Panamá).

Según el almirante Kurt W. Tidd, máxima autoridad del Comando Sur, “redes criminales y extremistas continúan amenazando la estabilidad regional y nuestra seguridad nacional (…) Hemos estado observando a Hezbolá por varias décadas, porque, como podrán reconocer, ha estado presente en el hemisferio por un tiempo ya, involucrados principalmente en actividades criminales que apoyan sus actividades terroristas en el exterior (…) Argentina ahora interviene con determinación y ha jugado un rol crítico”. Esta supuesta y nunca probada presencia de Hezbollah en la Triple Frontera ha servido de excusa para establecer una base militar norteamericana en la zona, coincidentemente sobre el Acuífero Guaraní. De acuerdo a la Fundación Aquae, el Acuífero Guaraní es el tercer reservorio de agua dulce más grande del planeta.

La tercera base militar de EEUU estará en Tierra del Fuego. Así se expresaba quien era el viceministro de Defensa de Argentina en 2016, Ángel Tello: «También es posible avanzar en la cooperación antártica. Queremos que la ciudad de Ushuaia se convierta en una base logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida».

La Argentina con Macri ya no es solo una neocolonia en sus aspectos políticos, económicos y financieros, sino también militares, al someter a su aparato de Defensa a los exclusivos intereses de los EEUU.

Que Jorge Julio López permanezca desaparecido hace ya 10 años nos muestra el poder que sigue teniendo la mafia policial dirigida en su momento por Etchecolatz y que los sectores militares que están siendo juzgados, mantienen una tremenda capacidad de daño y están muy lejos de ser los «viejitos» sin poder por los que claman «justicia» y quieren ver en sus casas con prisión domiciliaria, entre otros, el diario La Nación, Elisa Carrió y el gobierno neoliberal de Mauricio Macri.

Si la policía bonaerense junto a sectores de inteligencia pudieron secuestrar y hacer desaparecer a López (como todo lo indica) y luego desviar y trabar la investigación de manera sistemática (con el objetivo de frenar los juicios por delitos de lesa humanidad, en un momento como el año 2006, en el que los juicios comenzaban y no estaban aún presentes los mecanismos de protección de testigos que se aplicaron luego de este triste hecho), no podemos menos que mantener firme en la memoria y en las calles el reclamo de justicia frente a su desaparición, no solo por lo inaceptable de que una persona haya tenido que sufrir nuevamente el calvario de lo que esto significa, sino porque será la única forma de comenzar a desarticular las estructuras mafiosas y corruptas de las «fuerzas de seguridad» (habría que preguntarse con más frecuencia la seguridad de quiénes protegen).

Ante este inadmisible amedrentamiento no puede hacerse otra cosa que redoblar la apuesta por el avance de los juicios contra delitos de lesa humanidad, con la profundización de los mismos incluyendo a los responsables civiles y con cárcel efectiva para los condenados. Solo cuando esta tarea esté realizada podremos empezar a creer que ya nadie volverá a sufrir lo que sufrió López. Mientras esto no ocurra todos estamos en peligro.

Diez años sin López: «Este nuevo Gobierno hace eje en la deslegitimación de los DD.HH.»
Fuente: El Destape

Guadalupe Godoy, abogada querellante en delitos de lesa humanidad, repasa las fallas del Estado en el caso López y las expectativas en el nuevo contexto político.

ED: A diez años de la desaparición de Jorge Julio López ¿qué análisis haces del caso?

GG: La causa pasó por varias etapas. Durante los primeros tres meses hubo una investigación en lo que era la justicia provincial, signada fundamentalmente por el manejo absoluto de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Tardamos tres meses para que la Corte reconociera que la desaparición tenía que vincularse con lo sucedido en los juicios de lesa humanidad y pasara a la instancia federal. En ese tiempo hubo seguimiento de líneas profundamente erróneas, que tenían que ver con la idea de un López perdido o escondido en algún lado, con una gran resistencia a investigar una desaparición. Ya en la justicia federal empezaron a llegar propuestas para indagar a los sectores relacionados con los militares y la policía – algunos en actividad- interesados en detener el avance del juicio. Es importante entender el contexto: el juicio contra Etchecolatz era el primero y claramente había sectores que querían dar un mensaje político. Además, había un conflicto muy fuerte de la policía de la Provincia de Buenos Aires con el intento de reforma de Solá y Arslanián, quienes incluso reconocieron que sectores de la policía seguramente habían participado. Durante todo ese tiempo intentamos que se apartara a la policía de la búsqueda porque la voluntad investigativa era nula. En casi dos años cada una de esas líneas se fue truncando por la desidia judicial y por la negativa de las fuerzas que tenían a su cargo la investigación.

ED: ¿En qué falló el Estado?

GG: Cuando se inició el juicio nada de lo que ahora conocemos en cuanto a soporte estatal existía. No había programas de contención, no había cuidado sobre las notificaciones. No fue algo previsto, todo surgió con posterioridad a la desaparición de López. Lo más reprochable fue la resistencia a reconocer lo que había sucedido. Tiempo después, a partir del secuestro de Luis Gerez, Néstor Kirchner sale a plantear que no van a doblegar al gobierno, que los juicios van a continuar; fueron gestos políticos fuertes. Si hubiera pasado tres meses antes probablemente la investigación hubiera tenido otro rumbo. Hubo dificultad de asumir lo que estaba ocurriendo. Desde Aníbal Fernández diciendo que no tenía elementos para vincular lo que había pasado con los juicios hasta cada una de las cuestiones que plantaba la policía que tenía que ver con un López escondido. El cuestionamiento a quien era López causa dolor. Fue una imprevisión, una incapacidad de afrontar lo que estaba sucediendo. Una vez alguien nos dijo «el que se mete con la policía pierde». Probablemente eso también haya pesado en algún sentido.

ED: ¿Qué te pasa cuando ves que le otorgan la domiciliaria a Etchecolatz?

GG: Si el movimiento de derechos humanos no lo denunciaba, hubiera pasado desapercibido. Arrancamos el año con un profundo cambio político donde el nuevo gobierno hace un eje en la deslegitimación del movimiento de derechos humanos, cosa que vemos con el intento de detención Hebe de Bonafini, el desmantelamiento de programas y estructuras, el discurso negacioncita de reinstalación de la teoría de los dos demonios. En ese contexto, los mismos apellidos que estábamos empezando a llevar a juicios están en el poder, como Massot, Blaquier. Lo que está sucediendo ahora era previsible. No tiene que ver con las domiciliarias que se otorgaron en años previos, que fueron muchísimas y hemos consentido. Cuando las domiciliarias se otorgan por cuestiones de salud no las hemos objetado, pero acá estamos en otra situación. Cuando le dan la primera domiciliaria a Etchecolatz lo hacen con un informe del cuerpo médico forense que dice que está en condiciones de estar detenido. No se trata de las tradicionales domiciliarias sino de hacer lugar a la estrategia de los genocidas en esta nueva etapa política. El fin es que no haya juicios y, si los hay, que sea con ellos en su casa. Queda clara la estrategia y la presión del ejecutivo al Poder Judicial.

ED: ¿Qué expectativa se puede tener sobre el avance de la causa?

GG: La investigación de la desaparición de López estuvo pareja en todas las etapas. Es una causa que sin la enorme entidad y el reclamo popular que hay detrás, seguro estaría archivada si fuera por voluntad de los investigadores judiciales. No soy optimista en este momento, pero es cierto que si hay una tradición del movimiento de derechos humanos es la capacidad de resistencia. Si cuarenta años después seguimos descubriendo nuevos imputados, hechos y verdades, no me puedo permitir pensar que no vamos a a saber qué paso y quiénes son los responsables. La insistencia siempre está y seguramente en etapas donde hay mayor voluntad política hay mayor posibilidad que se rompan los pactos de silencio, o que podamos indagar un poco más de lo que se ha hecho hasta ahora.

Fuente: http://www.eldestapeweb.com/diez-anos-lopez-este-nuevo-gobierno-hace-eje-la-deslegitimacion-los-ddhh-n20931

Diez años sin López
Por Adriana Meyer / Página|12

“No hay nada”, es la respuesta habitual a quienes conocen y siguen el expediente ante la consulta por la investigación judicial sobre el desaparecido testigo. Sin embargo, a una década de su segundo secuestro, una mirada profunda del caso impone una rectificación: no hay resultados porque pistas y pruebas valiosas fueron investigadas poco o nada, tarde y mal. Quienes condujeron el caso durante diez años descuidaron las líneas de investigación importantes, aquellas que apuntaban a los beneficiarios directos de la desaparición de Jorge Julio López, y siguieron las más banales o intencionadas para desviar el eje bien lejos de los represores.

La responsabilidad es compartida por la justicia y las fuerzas de seguridad, que más bien entorpecieron cualquier avance. Y nunca hubo, a excepción de un período en que estuvo en manos de una secretaría especial a la cual no se le dio continuidad, un criterio de conectar y cruzar los datos. De hecho, un ex policía allegado a Etchecolatz conocía de Pehuajó, donde el torturador fue comisario, a una mujer policía que vivía en la casa frente a la cual se vio por última vez a López. De las comunicaciones del mismo 18 de septiembre surge que este uniformado habló ese día con la esposa de Etchecolatz. Pero los cruces telefónicos para dar sentido a estas pruebas, a diez años siguen pendientes.

Quienes sí cruzaron los datos fueron los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot, y en el marco de la investigación que continuaron luego de la publicación de su libro Los días sin López, dieron con una fuente que pidió reserva de identidad y les confirmó el vínculo entre el médico policial Carlos Falcone y la ex policía Susana Gopar, que figura en la agenda de Etchecolatz. Pertot y Rosende sí privilegiaron las líneas relacionadas a tres grupos con capacidad operativa para secuestrar a López:

– El entorno de Etchecolatz

Su familia y su círculo íntimo podrían haber asistido o encargado el crimen. El mismo día de la desaparición de López, la mujer de Etchecolatz, Graciela Carballo, se comunica con un ex infante de Marina, Jorge Boynak, cuyo currículum apareció en la celda del genocida, quien el 18 de septiembre de 2006 le envía un mail en el que señala que la declaración de López era falsa. Ese correo electrónico luego fue reproducido por sitios web vinculados a los represores y los servicios de inteligencia.

Pero no es la única persona que habla con Carballo ese día. También lo hizo el médico policial Carlos Falcone, quien fue denunciado en la causa por un familiar que lo acusó de haber participado del secuestro de López. Indicó que se había usado su auto para el secuestro y que el cuerpo de López habría sido arrojado al mar en Mar del Plata. El allanamiento a esa casa se hizo tres años más tarde, el auto estaba desmantelado y a la intemperie, encontraron manchas de sangre pero no pudieron extraer huellas ni un perfil genético para poder vincularlo a la desaparición de López. En las escuchas de la causa, Falcone, que figuraba en la agenda de Etchecolatz, no sólo hablaba con la mujer del represor sino que también tenía contactos otros sospechosos. Fue interrogado por el vehículo, que era robado, pero no se le hicieron preguntas sobre la desaparición de López.

– Susana Gopar

Era una policía bonaerense que estaba en actividad en 2006. Cinco testigos reconstruyeron la caminata que hizo López la mañana que desapareció, y ese recorrido termina en la puerta de la casa de Gopar, en la avenida 66 “entre la verdulería y Edelap”. La mujer está en la agenda de Etchecolatz. A pesar de los insistentes pedidos de la querella de los letrados Guadalupe Godoy y Aníbal Hnatiuk nunca se allanó la vivienda de Gopar.
– La conexión Gopar-Falcone

A partir de información suministrada a Rosende y Pertot por una persona allegada a uno de los sospechosos es posible reconstruir una conexión que no figura en el expediente judicial. Falcone, el médico policial vinculado a Etchecolatz, conocía a Susana Gopar de la época en que ambos vivían en Pehuajó. Según esta fuente, la familia de Gopar había trabajado en el campo de la de Falcone. En Pehuajó, además, Etchecolatz fue comisario en 1975. La fuente confirmó además que Falcone y Etchecolatz se conocieron en esa época y en Pehuajó. Así, en la investigación para su libro, los periodistas confirmaron que el ex policía allegado a Etchecolatz conocía de Pehuajó a la policía que vivía en la casa frente a la cual se vio por última vez a López. “El dato aislado cobra dimensión sumado a la compleja red de relaciones que hay entre los sospechosos”, afirma Pertot.

– Los policías del Circuito Camps

Otra de las pistas importantes son los represores a los que López nombró en sus testimonios, que casi no fueron investigados en la causa. Uno de ellos es el ex jerarca de la Bonaerense Julio César Garachico, quien también se comunicó con Falcone y desapareció de Puerto Madryn a las pocas semanas del segundo secuestro de López. “Algunas cosas se hacen en forma figurativa en la causa, pero no en la realidad, cuando ordenaron intervenir y escuchar las llamadas de Garachico los espías de la SIDE respondieron que no podían porque no figuraba en la guía telefónica, esto es textual del expediente”, se indigna Nilda Eloy, sobreviviente de la dictadura y testigo junto a López en el juicio que dictó la primera condena a prisión perpetua contra Etchecolatz, que se produjo al día siguiente de que desapareciera el albañil de 76 años.

Eloy habla de la misma causa en la que se “buscó” a López por los dichos de videntes y “mujeres pájaro”, en la cual asignaron todas las escuchas telefónicas de la familia al ex espía Jaime Stiuso y donde el ex ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal presentó para el cuarto aniversario un testigo falso que motivó el enorme e infructuoso operativo en el parque Pereyra Iraola.

Se trata de la misma investigación donde quedaron en evidencia los privilegios de los que gozaban los represores del pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz, entre ellos Etchecolatz, a cuyas visitas nadie revisaba y que disponían de telefonía celular. Eloy recuerda que a pesar del aviso que les dio el Servicio Penitenciario Federal, y que motivó un segundo allanamiento esta vez sorpresivo, entre los papeles que le secuestraron a Etchecolatz había uno que decía “hay que lograr que un testigo se desdiga”. El dato, que nunca se tuvo en cuenta, abona la hipótesis de que López se negó a renegar de sus dichos y por eso nunca más volvió a aparecer.
– Los penitenciarios bonaerenses

Los que fueron condenados en 2010 tenían el mismo interés que los policías bonaerenses para que se frenaran los juicios. López estuvo preso en la cárcel de La Plata y podía declarar también contra ellos en el respectivo juicio. En el expediente, hay una línea de investigación que lleva directamente a un ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario bonaerense. En el libro, Pertot y Rosende lo mencionan con la letra B e indican que tiene vinculación con otros investigados en la causa, entre ellos el médico policial Falcone, y también con los penitenciarios que iban a ser condenados en 2010.

– La inaceptable impunidad

“Es demasiado dolor”, dice la abogada Godoy a Página/12 sobre la coincidencia de los diez años del segundo secuestro de López y los cuarenta de la Noche de los Lápices. “La línea más importante para mí sigue siendo la de los penitenciarios, porque tuvieron contacto no sólo con Etchecolatz sino también con militares que estaban preocupados por el enjuiciamiento que estaban sufriendo, además de policías en actividad”, precisa en referencia a la presunta “banda mixta” que desapareció al testigo. Godoy no cifra expectativas en la justicia pero sí en la posibilidad de “quebrar pactos de silencio, que depende de la capacidad que tengamos como campo popular de seguir haciendo el reclamo, como parte de la pelea del movimiento de derechos humanos que a cuarenta años sigue encontrando verdades y reclamando justicia”. A su criterio, esta década deja a López como “la certeza de que había que hacer los juicios, y las consecuencias de no afrontar en democracia las herencias de la dictadura, es la certeza de que la Bonaerense no tiene que existir tal como es”.

Pertot cubría los juicios en La Plata y estuvo el día de la condena a Etchecolatz, el 19 de septiembre de 2006. “Llegaban acordes de The Wall de Pink Floyd de afuera, había gente llorando cuando leyeron la sentencia y recuerdo los comentarios y los carteles de López. En ese momento su desaparición todavía era algo confuso, no lo terminábamos de aceptar, o no sabíamos qué pensar. Ahí todavía tenía la idea de que era algo que se iba a resolver, incluso con cierta velocidad. En algún aniversario, varios años más tarde, pensé, pero entonces ¿esto va a quedar así? Eso me resulta inaceptable”, dice sobre el caso que reinstaló la percepción colectiva de que se puede desaparecer en democracia.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309682-2016-09-18.html

A pocos meses de los acuerdos de Macri con Benjamin Netanyahu y Barack Obama comienzan a verse algunos de los cambios en las fuerzas de seguridad argentinas. El Jefe de la Policía Bonaerense fue puesto en su cargo por la Embajada de los EEUU, mientras la Policía Metropolitana estrecha vínculos con Israel. El primer ministro israelí, el genocida Benjamin Netanyahu, viajará próximamente a Argentina tras recibir una invitación de Mauricio Macri.

“Mi visita a la Argentina es una continuidad de aquel primer encuentro con Macri en Davos para estrechar las buenas relaciones entre ambos países, que son muy importantes para Israel”, dijo Netanyahu en una entrevista concedida el domingo a la Agencia Judía de Noticias (AJN) que tuvo lugar en Al-Quds (Jerusalén), en los territorios ocupados palestinos. Netanyahu visitará la Argentina durante este año o en marzo de 2017, con la excusa de un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel.

La CIA y el Mossad al frente de la seguridad argentina
Por Héctor Bernardo – Diario Contexto

Ritondo confesó que el jefe de la Policía bonaerense fue recomendado por la Embajada de Estados Unidos. Siguió los pasos de Macri, que eligió el jefe de la Metropolitana recomendado por la inteligencia israelí y norteamericana. Opina Stella Calloni.

Al igual que Mauricio Macri en 2009, el actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, admitió en un programa de televisión que el jefe de la Policía bonaerense, Pablo Bressi, fue sugerido por la embajada de Estados Unidos.

Cuando el actual presidente argentino creó la Policía Metropolitana, nombró como jefe de esa fuerza a Jorge “El fino” Palacios, un hombre involucrado en el encubrimiento del atentado a la AMIA y en el escándalo por las escuchas ilegales. Al ser cuestionado por esa designación, en el programa “Tres Poderes” (emitido por el canal América TV el 23 de noviembre de 2009), Macri argumentó: “Fuimos a la embajada de Estados Unidos y a la de Israel y les dijimos: ‘Queremos que nos recomienden cuál es el mejor policía’, y los dos, sin hablar entre ellos, dijeron: ‘El señor Palacios’”. Luego, el actual presidente remarcó: “Fue una recomendación de dos servicios de inteligencia extranjeros”, refiriéndose a la CIA y el Mossad.

Siete años después de aquella polémica declaración, durante el programa de almuerzos que conduce Mirtha Legrand, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, hizo una confesión similar. En medio de una discusión entre el funcionario bonaerense y la diputada del Frente Renovador, Florencia Arietto, el periodista Fabián Doman (quien se autodefinió como amigo personal del ministro) quiso interceder a favor de Ritondo y dijo: “Yo me quejé de que lo habían nombrado a Bressi, en una charla privada hace meses, y la respuesta fue que lo había recomendado la embajada”, a lo que el ministro de Seguridad bonaerense asintió sonriendo.

Al ser consultada por esta situación, la periodista e investigadora Stella Calloni aseguró: “Esto ratifica lo que denunció el presidente Evo Morales en su momento, que es que, cada vez que Estados Unidos ha tenido Gobiernos dependientes, pasaba la lista de los ministros que debían integrar el gabinete. Esto me lo confirmó el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Cuando él ganó las elecciones, se le presentó un funcionario de la embajada de Estados Unidos con la lista de funcionarios que debía nombrar, algo que Zelaya no aceptó”.

“A mí esto no me extraña, porque él (Bressi) no es el único. La conformación del gabinete tiene una mano externa. No es casual que dos miembros del gabinete sean personas muy vinculadas al Gobierno ultraderechista de Israel, y que son los que han traído un seminario en seguridad que se dictó recientemente”, remarcó Calloni.

La periodista también señaló: “Sabemos que la Policía Metropolitana recibió asesoramiento e instrucción de Israel, y la Metropolitana fue la creación de Macri. Uno de los voceros de la esa Policía había sido vocero del ejército israelí. Nuestra seguridad está en manos de dos países: Estados Unidos e Israel”.

Luego agregó: “El gabinete de Cambiemos es muy dependiente de Estados Unidos. Mucha gente se preocupa porque se habla de un gabinete empresarial o de gerentes, pero lo más grave es que, desde el presidente Macri, que es de la Fundación Pensar, al igual que el esposo de la gobernadora Vidal, todos los funcionarios de Cambiemos son parte de fundaciones que tienen vínculos con Estados Unidos. Eso quiere decir que es un trabajo que se viene desarrollando hace tiempo. La preparación de Durán Barba es la típica preparación que hace la CIA para manejar procesos electorales”.

Por último, Calloni señaló: “Todo esto viene a ratificar lo que venimos denunciando. Muchas de esas confirmaciones salen de las propias declaraciones de Macri y sus funcionarios. En ese contexto, me viene a la mente una expresión popular: ‘El pez por la boca muere’”.

Fuente: http://www.diariocontexto.com.ar/2016/06/03/la-cia-y-el-mossad-al-frente-de-la-seguridad-argentina/

Netanyahu viajará a Argentina por invitación de Macri

“Mi visita a la Argentina es una continuidad de aquel primer encuentro con Macri en Davos para estrechar las buenas relaciones entre ambos países, que son muy importantes para Israel”, dijo Netanyahu en una entrevista concedida el domingo a la Agencia Judía de Noticias (AJN) que tuvo lugar en Al-Quds (Jerusalén), en los territorios ocupados palestinos.

Netanyahu recordó su visita sería la primera de un primer ministro del régimen de Tel Aviv a Argentina desde la formación del ese régimen en 1948 y expresó su esperanza de que su visita sirva para que las partes aumenten sus cooperaciones y lazos bilaterales.

Mi visita a la Argentina es una continuidad de aquel primer encuentro con Macri en Davos para estrechar las buenas relaciones entre ambos países, que son muy importantes para Israel”, dijo el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu.
Del mismo modo, destacó las buenas relaciones que se han generado entre el régimen de Israel y Argentina desde la llegada al poder de Macri y, en especial, tras su reunión con el mandatario argentino en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.
Por su parte, fuentes de la cancillería del régimen israelí informaron que la visita tendrá lugar en este año o en el próximo mes de marzo durante el aniversario del atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Tras la llegada al poder de Macri Argentina ha aumentado sus relaciones con el régimen de Tel Aviv y Estados Unidos hasta el punto que la designación del actual jefe de la Policía provincial, Pablo Bressi, fue sugerida por la embajada estadounidense y la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, en inglés).

Además, Stella Calloni, periodista e investigadora consultada por el diario local Contexto, reveló recientemente que la Policía Metropolitana, una creación del presidente Macri, recibió asesoramiento e instrucción de Israel y que uno de los voceros de este cuerpo policial fue anteriormente un portavoz del ejército israelí.

Fuente: http://www.hispantv.com/noticias/argentina/267913/israel-viaja-argentina-macri-eeuu