La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó este lunes la detención del exagente de la SIDE y proxeneta, Raúl Martins, quien se encuentra residiendo actualmente en México. El responsable de una de las más importantes redes de trata de personas, cercano a Stiuso y a Mauricio Macri, había sido denunciado años atrás por su propia hija, Lorena Martins y la fundación La Alameda, que dirige Gustavo Vera, y quedó imputado como jefe de «una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres». «El pedido de detención contra mi padre está totalmente vinculado al caso D’Alessio», afirma Lorena. De hecho, este nuevo fallo surge casualmente un día después de la confirmación del juez Ramos Padilla en el D’Alessio-gate.

Si bien hace 16 años que reside en México, el fallo sostiene que «se habría verificado su presencia en el país entre el 7/6/17 y el 5/2/18, lo que acreditaría su estado de rebeldía y riesgo procesal para la presente investigación», ya que nunca se presentaba a declarar ante los requerimientos de Servini de Cubría. El 14 de marzo de 2018 la jueza lo declaró en rebeldía y el 26 de diciembre de 2018 pidió su detención, fallo que fue apelado y que ahora resulta confirmado por la mayoría de la Sala. Votaron a favor de su detención los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, no así Mariano Llorens.

La División México de Interpol será ahora la encargada de buscar y detener al proxeneta y entregarlo, de acuerdo al Tratado de Extradición de 2011, a las fuerzas argentinas.

Martins está acusado de ser el jefe de una organización que usaba, entre otros «locales comerciales catalogados como bar, café o whiskería desde el 10 de noviembre de 2010 hasta el 29 de febrero de 2016 en los locales de la avenida Juan B. Justo 5032, Vicente López 2257 y Anchorena 1119, de la ciudad de Buenos Aires», según la resolución judicial.

En declaraciones al programa radial Crónica Anunciada, Lorena Martins sostuvo: «Me sorprendió la orden de detención contra mi padre. Creo que lo van a matar antes de que vaya preso (…) Mi padre tiene grabados a jueces y políticos dentro de sus prostíbulos. Muchos están muy preocupados en que mi viejo no caiga».

Entre los «preocupados», la hija del tratante de personas involucró al agente de la CIA recientemente detenido por el juzgado de Dolores: «En muchas carpetas de D’Alessio aparece mencionado mi padre, que hoy tiene un pedido de detención por tratar de personas. El pedido de detención contra mi padre está totalmente vinculado al caso D’Alessio. Todo lo que pasó ahora estaba planteado en la conversaciones de D’Alessio» y agregó: «D’Alessio estaba muy preocupado por la extradición de mi papá. Y justo ahora le confirman el pedido de detención». Casualmente, el pedido de detención contra Martins sale al día siguiente de que la Cámara de Mar del Plata le confirma la causa a Ramos Padilla.

Como se puede ver la red ilegal de espionaje incluye también negocios turbios, entre ellos, la trata de personas.

Con respecto a la relación con Mauricio Macri, Lorena Martins afirmó que: «Desde el 2012 que denuncio el vínculo de Macri con mi padre. Él hizo aportes a su campaña de hecho (…) En el email donde le financian la campaña dicen ‘va a haber que pagarle a Mauricio porque los locales están en la Capital’. Por eso no lo detienen».

Puede escucharse acá la entrevista:

De acuerdo a La Alameda: “Las propias pruebas aportadas por Lorena Martins, hija del mafioso, a la Alameda incluyeron mails de Martins pidiendo financiar la campaña de Macri a reelegir en la Ciudad y además la foto de Macri junto a su esposa Juliana Awada dentro del narco-prostíbulo Mix Sky Loung, ubicado en Cancún. En ese encuentro de Macri quedó eternizado junto a Gabriel Conde, un condenado por explotación sexual, ya que él era parte de la red de prostíbulos VIP construido por su padre Luis Conde, quien fuera vicepresidente del Club Boca Juniors y Macri presidente. Es más en el prostíbulo Shampoo fue lanzada la campaña de Macri presidente del club xeneixe”.

El proxeneta, financista de la campaña de Macri para jefe de la Ciudad de Buenos Aires, formó parte de la SIDE entre 1974 y 1985. Su cercanía con el ex director de contrainteligencia, Antonio Stiuso, le brindó una protección como a pocos.

Conde y Martins en un yate en México

Conde y Macri en Mix Sky Lounge (Cancún – México)

Conde y Martins

La causa en la que se investiga la red de espionaje ilegal en la que están implicados el agente de la CIA, Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, entre otros, seguirá en manos del juez Alejo Ramos Padilla. Así lo determinó la Cámara Federal de Mar del Plata, a pesar de las presiones del Gobierno para quitarle la investigación al juez y que sea enviada a Comodoro Py.

La cámara finalmente decidió por unanimidad «no hacer lugar al recurso de apelación intentado por Sr. Agente Fiscal de la Primera Instancia de la ciudad de Dolores contra la decisión del Sr. Juez Federal de aquella ciudad, por medio de la cual rechaza la pretensión fiscal y declara su competencia para intervenir en esta causa» y «disponer que el Juzgado Federal de Dolores sea el Tribunal Federal que continúe provisoriamente a cargo del conocimiento y la investigación de las actuaciones principales por ser el juez que ha prevenido en estas actuaciones (art. 38 del CPPN), en razón a que -de momento- su incompentencia devendría prematura en virtud del estado embrionario de la investigación en curso y no contarse con el análisis de todos los elementos de juicio relevantes para precisar debidamente el contorno delictivo investigado».

El fallo también argumenta que no es conveniente fragmentar la causa, una estrategia que pretendía instrumentar el Gobierno para solo dejarle a Ramos Padilla aquellos aspectos menos comprometedores y que fueran jueces amigos de Comodoro Py quienes investigaran lo más sustancial: «no es posible escindir la aducida asociación ilícita, de los puntuales hechos delictivos que se habrían cometido».

El fallo se venía posponiendo dadas las presiones que recibía la Cámara por parte del Gobierno para quitarle la causa al juez. Sabido es que el Poder Judicial sabe leer los tiempos políticos. El poder de Cambiemos parece estarse diluyendo día a día y los jueces ven en esto la posibilidad de avanzar con investigaciones en las que antes no se animaban. El fiscal y ex responsable de seguridad de Boca Juniors, Carlos Stornelli, continua en rebeldía: ¿hasta cuándo podrá sostenerse su irregular situación?

El juez federal Claudio Bonadío fue operado hoy en el Instituto Fleni de un tumor cerebral, en medio de un fuerte operativo de custodia y un gran hermetismo, quedando internado en la sala de terapia intensiva.

La intervención quirúgjica habría terminado pasado el mediodía. Cerca de las 13 horas se vio salir al hijo del magistrado, Mariano Bonadío, sin hacer declaraciones a la prensa.

Se sabe que por pedido de la propia familia el Instituto no emitirá partes médicos sobre su evolución. El post-operatorio en terapia intensiva es parte del protocolo en este tipo de intervenciones complejas.

En medio del escándalo por las revelaciones del aparato ilegal de inteligencia que salpican a su juzgado, y más allá de encontrarse cercano a su jubilación, a fines de abril, Bonadío había pedido licencia por 15 días para realizarse una serie de estudios médicos que derivaron en la necesidad de esta intervención. Los trascendidos hablaron de un tumor canceroso localizado en el área del cerebelo.

Queda como subrogante de la mediática «causa de los cuadernos» el juez Ariel Lijo.

En declaración testimonial ante el juez Alejo Ramos Padilla, el ex esposo de la actual pareja del fiscal Stornelli, Jorge Christian Castañón,  detalló que «Stornelli habló con Mauricio [Macri] sobre el tema y [al juez Padilla] lo iban a destituir el jueves», lo que coincide con el pedido de juicio político que hizo el Gobierno a mediados de marzo ante el Consejo de la Magistratura. Este testimonio indica que el propio Mauricio Macri se encargó de darle protección al fiscal (viejo amigo suyo, ya que fue jefe de seguridad de Boca Juniors), eliminando a un juez de la Nación.

El piloto comercial, Jorge Christian Castañón, es el ex esposo de Florencia Antonini Modet, actual pareja de Stornelli. Castañón realizó esta declaración testimonial ante el propio juez Ramos Padilla en la causa contra el falso abogado y agente norteamericano, Marcelo D’Alessio. Castañón habría sido espiado por D’Alessio a pedido de Stornelli. D’Alessio incluso llegó a proponerle a Stornelli ponerle «algo en la valija» en uno de sus vuelos (se supone que le plantarían alguna droga) para que se deje «de joder», algo obviamente ilegal.

Cuando se revelaron públicamente estas comunicaciones entre Stornelli y D’Alessio, Castañón lógicamente se comunicó con su ex esposa, quien buscó tranquilizarlo, restándole importancia al tema y afirmándole que «Stornelli habló con Mauricio sobre el tema y lo iban a destituir el jueves» al juez Padilla.

De esta forma, la causa por la estructura de espionaje ilegal de Marcelo D’Alessio complica no solo a Stornelli y a Bonadío, sino al propio Mauricio Macri por encubrimiento, al intentar destituir a un juez para evitar que se investigue un delito que los compromete.

¿Estos eran los que se dedicaban años atrás, desde los grandes medios hegemónicos, a pontificar sobre el respeto a las instituciones de «la república» y la, por aquel entonces, sacrosanta división de poderes?

Acá puede leerse la parte más jugosa de la declaración testimonial:

Vergonzoso: Macri pidió al Consejo de la Magistratura que destituya al juez Ramos Padilla

El ex agente de la AFI detenido, Rolando Barreiro, en búsqueda de ser aceptado como arrepentido, prendió el ventilador y reveló varios de los contactos de Marcelo D’Alessio, entre ellos, además de Stornelli, estaría el propio juez Claudio Bonadío; además del periodista Daniel Santoro, estarían Luis Majul, Rolando Graña y Eduardo Feinmann; y además de la diputada de la CC-ARI, Paula Olivetto, estaría la propia Elisa Carrió.

«El señor Marcelo D’Alessio era el que tenía relación con Carlos Stornelli y aparentemente con (el juez) Claudio Bonadio también», fue la afirmación de Barreiro.

En su declaración ante el juez Ramos Padilla, sostuvo que D’Alessio habría realizado tareas de espionaje contra los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, vigilando especialmente sus entradas y salidas del país.

El espionaje de D’Alessio sobre miembros de la Corte podría estar relacionada también con sus fluidos contactos con las cabezas de la Coalición Cívica: «Sé que hablaba por teléfono, por mensaje, que se reunía, me ha contado y he escuchado que fue al Congreso, que tuvo reuniones, y con Elisa Carrió me dijo que estuvo en un par de oportunidades», sostuvo Barreiro.

Confirmó también la versión de que Leonardo Fariña cobraba dinero del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

Según Barreiro, D’Alessio aseguraba que trabajaba para Bullrich y mantenía una relación estrecha con una secretaria de la ministro.

La denuncia fue realizada por el abogado penalista Leonardo Martínez Herrero por: falsificación de documentos públicos (contra D’Alessio y Stornelli, art. 293 del Código Penal), abuso de autoridad y prevaricato (contra Stornelli y Bonadío, art. 248 CP y art. 269 CP), estafa procesal (contra Santoro y D’Alessio, art. 172 CP) y falso testimonio (contra D’Alessio, art. 275 CP).

La presentación judicial se origina por la causa de la compra de gas licuado en la que se usó un peritaje trucho copiado que quedó anulado, lo que motivó a Stornelli y Bonadío a recurrir a la participación de D’Alessio para que no cayera toda la causa.

«Santoro declaró como testigo y fue ahí que llevaron a un empresario venezolano de PDVSA a quien Santoro estaba grabando e hizo una nota. Tanto esa denuncia, como la declaración D’Alessio figuran en esa causa, y deberían ser anulados ambos testimonios. Esta causa [por la que se encuentra preso el ex ministro de Planificación, Julio De Vido] se iba a caer por la pericia trucha y la levantaron con el testimonio de D’Alessio. No la pueden dejar caer porque es conexa a la la causa de las fotocopias de los cuadernos», afirmó Martínez Herrero, vicepresidente del Colegio de Procuradores de la Ciudad de Buenos Aires.

«No confío en nada que tenga que ver con Comodoro Py. Algún día va a tener que venir un juez y revisar todo esto. Son muy pocos los fiscales y los jueces federales que me merecen alguna confianza. Pedí que se excluya a Bonadio y a Stornelli del sorteo», sostuvo el abogado.

La causa 2731/2019 contra Stornelli, Bonadío y D’Alessio quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correcional Federal N° 2 a cargo del Dr. Sebastián Ramos.

A pesar de la reserva de la presentación del juez Alejo Ramos Padilla en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, la cantidad de personas presente hizo imposible mantener en secreto lo que allí se expuso. Uno de los trascendidos fue que de uno de los informes de espionaje ilegal realizado por Marcelo D’Alessio a pedido de Bogoliuk (Silvia Majdalani/Macri), la gobernadora María Eugenia Vidal utilizó fondos reservados equivalentes a U$S 600.000 de dólares del presupuesto provincial para quedarse con parte del paquete accionario de América TV, usando como pantalla a la productora Jotax, responsable de los programas Animales Sueltos e Intratables.

El informe de D’Alessio sobre el programa Animales Sueltos, habría sido dirigido al ex comisario Ricardo Bogoliuk, quien reporta dentro de la AFI a Silvia Majdalani. En dicho informe se afirma que Vidal utilizó millonarios fondos de la provincia de Buenos Aires ($ 2,2 millones por mes), blanqueados en parte bajo el formato de publicidad para que Jotax compre el paquete accionario de América que estaba en manos de Alfredo Vila, hermano del accionista mayoritario, Daniel Vila.

El productor de Jotax que sería el contacto con María Eugenia Vidal de acuerdo al informe de D’Alessio es Gabriel Hochbaum, quien a partir del 15 de febrero constituye el nuevo Comité Ejecutivo del Grupo América. Gabriel Hochbaum es además consignado en el informe como «un amigo muy íntimo» de la gobernadora. El hecho de haber sido espiada por subordinados a Majdalani, y por lo tanto al mismo Macri, habría enfurecido a Vidal. Dos periodistas refrendaron de distintas formas esta información. Según Horacio Verbitsky, Hochbaum estuvo recorriendo varias redacciones de medios para evitar que esta información trascienda. Carlos Pagni sostuvo similares consideraciones sobre este trascendido y agregó el dato de la red de bases de la AFI en la provincia organizada por el ex comisario Daniel Salcedo, que habría protegido a redes de narcotráfico. A esa estructura pertenecerían tanto Ricardo Bogoliuk como Degastaldi, junto a varios ex comisarios de la policía bonaerense.

En una actitud de quien se sabe culpable, el Gobierno Nacional presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia para iniciarle juicio político y destituir al juez Ramos Padilla. Ante las revelaciones de la trama de complicidades entre el agente de servicios de inteligencia norteamericanos, Marcelo D’Alessio, las Embajadas de EEUU e Israel, el fiscal Carlos Stornelli, el juez Claudio Bonadío, la ministro Patricia Bullrich, el periodista Daniel Santoro del Grupo Claŕin, las que exponen una verdadera red de espionaje ilegal y extorsión de enormes dimensiones, Mauricio Macri ha tomado la decisión de impedir a toda costa que la investigación se profundice.

El primer intento fue que el juez Ercolini le saque la causa a Ramos Padilla, vía un cuestionamiento de su jurisdicción que deberá resolver la Cámara de Apelaciones, lo que demanda un tiempo. Luego de la presentación del juez en Congreso, Cambiemos está jugado a todo o nada para desplazar al juez, en este caso buscando su suspensión y destitución.

Esta metodología ha sido aplicada con cada juez que se animó a investigar en serio alguna causa de corrupción o simplemente no falló como el Gobierno esperaba, como ocurrió con jueces como Eduardo Freiler, Luis Carzoglio o Luis Arias.

Juan Bautista Mahiques, es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura que presentó este viernes la denuncia para destituir al juez.

«Creemos que lo que hizo ahí fue un caso evidente de mal desempeño de sus funciones, y por eso consideramos que debe dejar su cargo», explicaron desde el «ministerio de Justicia» en referencia a la presentación de Ramos Padilla en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, lo que según el Gobierno es una «manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas».

Ramos Padilla citó este viernes por segunda vez a Stornelli a prestar declaración indagatoria, siendo que se ausentó a la citación anterior y siempre ocultó su teléfono celular.

La medida del Gobierno claramente confirma el grado de complicidad y temor del Gobierno a que la investigación avance.

El juez federal Ramos Padilla afirmó en el Congreso Nacional que los sobornos pedidos por un fiscal es prácticamente una «subcausa», siendo la causa principal la enorme red de espionaje ilegal «de grandes magnitudes» que existe en la Argentina, “vinculada con el poder judicial, ministerios, fuerzas de seguridad, poderes políticos y medios de prensa y que operaba en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos».

Los grandes medios de comunicación optaron por ocultar esta presentación del juez lo que no extraña dado el grado de complicidad que ha quedado de manifiesto en el caso de varios de ellos.

Padilla contó también la complicidad de distintos sectores del Estado para interferir en la causa, comentó que pidió una PC para procesar la cuantiosa información y no se la dieron, pidió un perito y también le fue denegado y hasta el Servicio Penitenciario no trasladó a los detenidos para que pudieran declarar.

«El tenor de las comunicaciones transcriptas permite advertir maniobras de espionaje ilegal con mecanismos  clandestinos (…) Se desprende también el elevado grado de confianza entre el fiscal Stornelli y el abogado. se advierte el encargue a D’Alessio para realizar tareas de seguimiento contra otros letrados», en una red que también abarcaba a Patricia Bullrich: «Este vínculo significaría contraprestaciones económicas y la recepción por parte de la DA de indicaciones por parte de  la ministra». “Encontramos documentos, legajos de inteligencia, cuadernos con anotaciones de datos sensibles acerca de los hijos, esposas, de los allegados que eran objetivos, elementos de espionaje tales como cámaras ocultas entre llaveros, drones, un arma que llamo la atención de todos”, sostuvo Padilla.

Reveló una gran cantidad de mensajes de Whatsapp entre el extorsionador Marcelo D’Alessio y el ex montonero y hoy nexo en la compra venta de armamento con Israel, Mario Montoto:
«Perfecta la extracción de los 4 objetivos de la embajada. El lunes regresamos por 48hs a Venezuela. 9 aeronaves volvemos de Moscú y San Petersburgo. Así lo requieren», le dice D’Alessio, explicitando la práctica de sacar ilegalmente personas de distintos países, un mecanismo clandestino que viene usando la CIA desde hace años.

https://www.youtube.com/watch?v=x2RCN3_mooE

Con respecto a la «Operación Jaitt», Ramos Padilla explicó esa «operación de contrainteligencia» habría tenido como objetivo impedir una extradición desde México. Dada la cercanía de Jaitt con Stiuso y la red de narcoprostíbulos de Raúl Martins, no extrañaría que se hubiera intentado beneficiar a este personaje, ex miembro de la SIDE, con la operación.

También denunció la presencia de «mecanismos dentro del Congreso de duplicación de identidades para personas prófugas con pedido de captura» (!).

“El caso puede involucrar al fiscal (Stornelli), aunque sabemos que no es el único sino que hay varios. Involucra a periodistas, y a un juez. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con Uruguay, porque esta organización tuvo incidencia en distintos ámbitos de incumbencia de estos países”, sostuvo el juez.

«Mirá Pau, el que armó esto es un AFI de la línea Angelici Puro», le dice en un audio el extorsionador Marcelo D’Alessio con llamativa confianza a la diputada y presidenta de la Coalición Cívica, Paola Oliveto, lo que explica que Elisa Carrió fuera la primera en salir a defender al fiscal Stornelli.

https://www.youtube.com/watch?v=mbpMRTmswoE&feature=youtu.be

La complicidad del Gobierno queda muy clara cuando D’Alessi resiste el allanamiento y pide hablar con Macri, Bullrich o Arribas.

https://www.youtube.com/watch?v=a1vp95M3RTI&feature=youtu.be

Padilla también compartió un audio de Dovat que dice: «D’Alessio me dijo que con los protocolos de la DEA yo debía formalizar una denuncia ante el fiscal Stornelli y presentarme para entrevistar por Clarín, Todo Noticias y A24. Y si lo hacía así mi familia y yo íbamos a estar protegidos», lo que muestra el entramado entre servicios de inteligencia internacionales, medios de comunicación y el aparato judicial del Estado.

El juez Ramos Padilla envió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, la información y los documentos requisados al falso abogado Marcelo D’Alessio. Entre el material se encuentra documentación con membrete de la Agencia Federal de Inteligencia, de la Embajada de los Estados Unidos y del Ministerio de Defensa de Israel.

De acuerdo al periodista Néstor Espósito la documentación incluye «reportes de inteligencia y contrainteligencia vinculados con causas judiciales como la ‘mafia de los contenedores‘, el doble crimen de Unicenter y el triple crimen de General Rodríguez. Además, investigó al periodista Alejandro Fantino y a la mediática Natacha Jaitt».

El legislador Juan Carlos Marino recibió del juez un oficio de nueve páginas y una caja lacrada con la documentación probatoria de lo informado por escrito, lo que incluye: “operaciones de narcotráfico y terrorismo, pero además se han hallado informes de inteligencia, de contrainteligencia y de acciones de campo relacionados con dirigentes políticos, periodistas, personas públicas, así como relacionados con investigaciones judiciales de trascendencia tales como la ‘mafia de los contenedores’, el ‘doble crimen de Unicenter’, el ‘triple crimen de General Rodríguez´, entre otros (…) Además, se ha hallado documentación interna del organismo en poder del imputado Marcelo D´Alessio en formato digital, así como informes que aparecen con membretes de la AFI, de la Embajada de los Estados Unidos y del Ministry of Defense del Estado de Israel, entre otros”. También se encontraron: “legajos e informes sobre operaciones de inteligencia y contrainteligencia obrantes en sus computadoras –Operación Jaitt, operación Traficante, operación Fantino, etc.-; informes remitidos a R.B. y Ricardo Bogoliuk sobre la ideología política de periodistas, entre otros; registros fílmicos y fotográficos, legajos de información identificatoria de objetivos –domicilios, teléfonos y datos personales-, casi todos de renombre público”.

El escrito sostiene que “la AFI ha informado su situación”, lo que sería una cuasi confirmación de su pertenencia a dicho organismo. Lo que es coherente con lo expresado por D’Alessio cuando fue allanada su casa en country Saint Thomas en Canning. Según Ramos Padilla, el imputado: «Evocó que debía comunicarse con Gustavo Arribas o la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y refirió que poseía información cuya difusión podía resultar violatoria de la Ley Nacional de Inteligencia o poner en peligro la seguridad nacional, lo que ratificó en audiencia indagatoria”.

El juez se ofreció a concurrir al Congreso a exponer el caso ante los legisladores: “Puedo comparecer personalmente para que, con los recaudos que el caso exige, ampliar el presente y explicitar las razones por las cuales se concluye –tal y como señalé en la resolución dictada el 25 de febrero pasado- que en virtud de estas actividades de espionaje ilegal político y judicial se está afectando gravemente el Estado de Derecho y el funcionamiento de las instituciones democráticas en la Argentina”.

De esta forma, Ramos Padilla se adelanta a la jugada del poder corporativo de Comodoro Py, que intenta quitarle la causa para dársela al juez Julián Ercolini, el mismo que sobreseyó a Héctor Magnetto de la causa Papel Prensa y que viene fallando de acuerdo a los deseos del Poder Ejecutivo. Si Ercolini termina haciéndose de la causa, luego de que la Cámara de Apelaciones lo acepte, es de suponer que toda esta investigación quede en la nada. Pero ahora el Congreso también tendrá a su disposición buena parte de la misma en una comisión con miembros de los distintos partidos y no podrá mirar para otro lado.

En el procesamiento con prisión preventiva a Marcelo D’Alessio, dispuesto por el juez Ramos Padilla, se conoció una escucha telefónica en la que el falso abogado habla con una persona identificada como Andrés Goldenberg. En la misma, D’Alessio le dice a Goldenberg: «estoy a tu disposición si hay que extraer a alguien». «Extraer» se refiere a sacar a alguien del país en vuelos clandestinos no detectables. D’Alessio afirma además que está en condiciones de proveer un avión de 16 plazas para ese tipo de operaciones especiales.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZoAMsEr-to

Ese diálogo telefónico se produjo el 4 de febrero a las 22:01 y deberá ser investigado. Tampoco trascendió la identidad del tal Andrés Goldenberg, en principio homónimo del representante de la oposición venezolana en nuestro país (secretario de la MUD, Mesa de Unidad Democrática en la Argentina) y CEO de Spider Ventures, una empresa  de negocios inmobiliarios con sede en Miami.

Así lo analiza el juez Ramos Padilla en la página 210 del procesamiento:

La facilidad con la que D’Alessio ofrece el servicio de «extraer» personas de la Argentina para enviarlas clandestinamente a otros países muestra a las claras la asiduidad con la que se realizaba y la muy probable complicidad del ministerio de Seguridad local permitiendo esta operatoria (de hecho D’Alessio declaraba su cercanía con Patricia Bulrrich).

Esta «extracción» de personas recuerda también una práctica por la que han venidos siendo denunciadas las agencias norteamericanas como la DEA y la CIA:  «chupar» personas en todo el mundo, bajo sospechas de ser narcotraficantes o terroristas, para conducirlas a lugares fuera del alcance legal estatal para ser torturadas y/o desaparecidas. Un caso similar ocurre con los secuestros para redes internacionales de trata, siempre aupadas por los servicios de inteligencia.

Ya en 2005 varios casos se conocieron en Europa y se transformó en un escándalo. Un documento publicado en 2007 por Red Voltaire del Tribunal Dignidad, Soberanía y Paz de Ecuador explicaba el modus operandi y denunciaba que «Esa internacional del crimen actúa bajo responsabilidad de la Agencia Central de Inteligencia -CIA- la que tiene licencia para secuestrar personas en cualquier parte del mundo, si a su libre albedrío considera que son sospechosas de terrorismo o vinculadas al terrorismo internacional. Luego organiza vuelos secretos en aviones propios o contratados para trasladar a los secuestrados hasta cárceles clandestinas ubicadas en Europa, África, Asia, América Latina (Base de Guantánamo) o a cualquier país de la tierra con gobiernos que permiten la tortura y la desaparición forzosa de personas. Así se garantiza que las personas ilegalmente retenidas sean torturadas o desaparecidas sin escándalos, sin reclamos, sin el fastidio de las organizaciones defensoras de derechos humanos, sin griteríos que reclamen contra la impunidad. Todo debe hacerse con eficacia y en silencio».

El documento profundiza: «La inhumana crueldad de las prácticas criminales del Imperio y la CIA podría resumirse en las palabras de un agente de la CIA : “Si quieres que les torturen les envías a Siria. Si quieres que alguien desaparezca, le envías a Egipto”, según relata el periodista europeo Joan Arnau. Naturalmente que la CIA necesita de cómplices para cometer sus fechorías y, en esta ocasión, contó con el ocultamiento voluntario o comprado de los servicios secretos europeos, de operadores aéreos y, al parecer, de varios gobiernos aliados y amigos del imperio como los de Francia, España y Alemania que, mientras públicamente condenaban la guerra contra Irak, clandestinamente colaboraban con los secuestros, torturas y crímenes de la CIA. Así se explica que la CIA paseara su impunidad por Europa, sin que temiese algún tipo de control legal o político en los aeropuertos y hoteles que se vio precisada a utilizar. Es innegable la complicidad de varios gobiernos europeos en esta nueva infamia universal que debe ser sancionada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y por el Tribunal Penal Internacional porque Bush y sus secuaces son reos de múltiples crímenes de lesa humanidad».

La práctica de chupar personas en vuelos secretos se remonta a varias décadas en el tiempo y la Argentina tiene un triste pasado con este tipo de accionar en su última dictadura militar. A nivel de las agencias de EEUU como la CIA y la DEA todo parece haber empeorado a partir del atentado del 11-S a las Torres Gemelas: «El origen de estos crímenes se remonta al año 2001, cuando la CIA estableció los denominados Centros de Operaciones Conjuntas con sede en París –CITIC. En Paris se constituyó una especie de Centro antiterrorista de carácter secreto y estrictamente confidencial y en el que participaron a más de la CIA , otros servicios secretos norteamericanos, británicos, alemanes, franceses, canadienses, australianos y, posteriormente, españoles. Esos agentes son los responsables de más de 3.000 detenciones de sospechosos de terrorismo, naturalmente sin fórmula de juicio y con la negación sistemática y absoluta de todos los derechos humanos hasta de los más elementales».

El Parlamento Europeo de Estrasburgo, aprobó incluso un Informe que acusa a los propios gobiernos de complicidad con la Central Intelligence Agency (CIA) estadounidense, en operaciones de secuestros clandestinos: «Según ese Informe, entre 2001 y 2005 , los aviones de la CIA hicieron no menos de 1245 escalas en aeropuertos europeos, llevando con frecuencia a bordo a sospechosos víctimas de “desapariciones rozadas”, conducidos clandestinamente hacia la cárcel ilegal de Guantánamo o hacia prisiones de países cómplices (Egipto o Maruecos), donde la tortura es una práctica habitual».

En 2005, el relator especial de la ONU contra la Tortura, Manfred Nowak, denunció que existen «muchos indicios» de que EEUU utiliza buques en el océano Indico para internar a supuestos terroristas, escapando de ese modo a cualquier ley sobre el respeto de los derechos de los prisioneros. ¿Usará también esta metodología en América Latina?

Hubo incluso casos que terminaron siendo liberados y pudieron trascender a la prensa. Khaled al Masri, un alemán de origen árabe que vive en Ulm, fue secuestrado en 2003 mientras pasaba sus vacaciones en Skopkje, Macedonia. Fue detenido, interrogado durante un mes y entregado a norteamericanos enmascarados que lo llevaron a una base en Afganistán y lo torturaron durante cinco meses para finalmente terminar en libertad tras comprobar que se trababa de un error, si bien le advirtieron de que la condición de su libertad era que nunca tendría que mencionar lo que le había ocurrido.

Tras la revelación de D’Alessio quedan abiertas las preguntas: ¿Durante cuánto tiempo agencias como la CIA y la DEA han estado «chupando» personas en la Argentina? ¿Cuántas personas han desaparecido a través de estas redes? Cabe recordar también que en nuestro país desaparecen alrededor de 250 mujeres por año para terminar en redes de trata nacionales e internacionales bajo la protección e incluso la sociedad con sectores de inteligencia.

El allanamiento ordenado por dos jueces al agente de la DEA Marcelo D’Alessio, implicado en el sistema de extorsiones a empresarios en la «Causa de los Cuadernos» que instruyen Bonadío y Stornelli, dio por resultado una fortuna difícil de explicar (legalmente): una mansión en el country Saint Thomas de Esteban Echeverría, un departamento en Puerto Madero, un inmueble en el Chaco, un yate, diez autos de lujo, dos motos de alta cilindrada y una colección de 50 relojes de altísimo valor, uno de ellos un Double Tourbillon de oro que, de confirmarse original, valdría alrededor de 200.000 dólares.

El allanamiento fue realizado por el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien investiga la extorsión contra el empresario Pedro Etchebest y por el magistrado Federico Villena de Lomas de Zamaro, quien instruye la causa contra D’Alessio por lavado de dinero del narcotráfico.

Entre los vehículos que figuran a nombre de Marcelo D’Alessio se detallan:
-1 lujoso Yate.
-1 camioneta Range Rover nueva con valor superior a 100.000 dólares.
-1 camioneta RAM 2500 con valor de 50.000 dólares.
-1 Scania.
-1 BMW X6.
-2 camionetas Hilux.
-1 Peugeot 308.
-2 Chevy de colección.
-1 camioneta Audi.
-1 Toyota Corolla.
-2 motos de alta cilindrada (una de ellas con pedido de secuestro y sin papeles).

De acuerdo a la AFIP, D’Alessio a su vez registra gastos anuales por $2.500.000 o sea, más de $200.000 de gastos mensuales.

¿De dónde sacó semejante fortuna un abogado con matrícula suspendida como D’Alessio?

La causa por lavado de dinero del narcotráfico que lleva adelante el juez Villena se inició a partir de un mensaje anónimo que decía: “Señor juez. Quiero decirle que hay una persona que es un mafioso que extorsiona y maneja dinero del narcotráfico, que dice que es abogado penalista en Canning, que tiene relación con jueces, fiscales, con Patricia Bullrich, tiene un spa, autos, motos, autos de carreras, una casa en Miami con helipuerto, el boliche Savia, una empresa”.

En el allanamiento se pudo dar con gran parte de los vehículos que estaban a su nombre, el que se suma al procedimiento llevado adelante la semana anterior en el que se encontraron armas de guerra de última generación, una placa de la agencia «antidrogas» norteamericana DEA, chalecos del FBI y una escopeta Kel Tec KSG calibre 12 UAB con cañón de 380 a 599 mm, un estudio de grabación, computadoras y celulares.

¿Tenía D’Alessio un centro de inteligencia norteamericano ilegal en la Argentina?

Su abundante fortuna: ¿Provenía del narcotráfico y del sistema de extorsiones que se habría implementado en el juzgado de Bonadío y la fiscalía de Stornelli?