Caamaño, tras el hallazgo de un disco duro en el marco «de las tareas de relevamiento de información» de la agencia, denunció que fueron «espiados correos electrónicos de casi cien personas sin que mediara ninguna orden judicial». En ese disco, «se habrían encontrado rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política» en el país.

La denuncia está en manos del fiscal Jorge di Lello, consideró legítimas las pruebas. El dictamen de imputación, ya enviado al juez Marcelo Martínez, explica que inicialmente la denuncia se dirige en contra de presuntos agentes de inteligencia, cuyos nombres se mantuvieron en reserva.

Además, la interventora de la AFI, pidió la indagatoria de Macri por entender que la dependencia de Inteligencia es responsabilidad directa del Jefe de Estado, como lo indica la Constitución y el organigrama del Estado, por lo que entendió que no pudo haber maniobras de espionaje sin su conocimiento, orden o aval.

Para el expediente caratulado como “NNs/violación de correspondencia y violación del sistema informático”, Di Lello ya avanzó en la solicitud de varias medidas de prueba:

– Requirió la “declaración testimonial al personal contratado (de la AFI) para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados” y también que se llame a declarar bajo juramento a los empleados que encontraron el disco rígido en cuestión.

– Pidió la realización de pericias informáticas para determinar el contenido, origen y titulares de los mails intrusados y establecer en general “qué tipo de información contiene el disco rígido acompañado, fecha de producción, obtención y/o almacenamiento; su origen tecnológico, y cualquier otro dato de interés” para la investigación.

– Solicitó que “se requiera a la Agencia Federal de Inteligencia el legajo completo de los agentes “A” y “B”; además de una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019; el diagrama completo de la estructura de la secretaría desde el año 2015 al año 2019 y todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia”.

Esta investigación interna, será acompañada por una resolución, que se encuentra en pleno proceso de redacción, que busca revelar la “rendición” de los gastos operativos, a futuro. Los objetivos son el “blanqueo” de la mayor cantidad posible del dinero destinado al espionaje para evitar una serie de desvíos sospechados respecto del oscurantismo que siempre rodeó a los fondos reservados, y, por consecuencia, el estrangulamiento de las partidas que sostenían actividades paralelas de la inteligencia oficial.

El lunes pasado, se publicó que sobre los 1405 agentes que aparecen en la nómina de personal del organismo intervenido, 845 fueron nombrados durante el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, el 60%. Además, el 70% de todas esas designaciones se hicieron entre las PASO y las elecciones generales de octubre con contratos de planta permanente, lo cual grafica un panorama de que la administración saliente buscaba atornillar a los nuevos espías.

Anteriormente, Arribas y, su número dos, Silvia Majdalani, habían echado a casi 500 agentes.

El 40% restante del personal está en el ente de inteligencia desde el regreso de la democracia, es decir, desde un lapso de 32 años (si se cuenta hasta la llegada del líder del PRO a la Casa Rosada), que se extiende desde principios de 1983 hasta finales de 2015.

Las insólitas contrataciones de la gestión anterior, hace referencia a personas que provenían de empresas. Una de ellas es la compañía de seguros, Metlife. Otros eran acompañantes o custodios de futbolistas, lo que no pareciera extraño, aunque sí para nada ético, porque Gustavo Arribas se dedicaba a la compra-venta de jugadores, en el ámbito de lo privado.

Por su parte, Oscar Parrilli, senador nacional del Frente de Todos por Neuquén y ex director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), respaldó dicha intervención del organismo federal y además denunció a Arribas de “pincharle” el teléfono a dirigentes políticos de la oposición durante el gobierno de Macri, como así también al propio oficialismo de ese momento, entre los que nombró a la diputada Elisa Carrió y la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y al expresidente de Boca, Daniel Angelici.

En ese sentido, señaló que «si la SIDE fue lamentable durante los 30 años de democracia, estos cuatro años fueron lo peor de lo que hubo en materia de servicios de inteligencia en la Argentina», aseguró el ex titular de la AFI.  «Había bandas, había grupos que operaban indistintamente y que hasta se terminaron operando entre ellos. Espiaron a Carrió, a Vidal, a Angelici, no solamente a nosotros. Se pinchaban los teléfonos entre ellos», subrayó el senador por Neuquén.