En la causa que recayó en el juzgado del Juez Ariel Lijo, también está imputado su exsocio, Gabriel Bouzat, quien había declarado anteriormente en una oportunidad en la justicia que nunca estuvo en Panamá -donde creen que constituyó una financiera-, sin embargo, un trabajo de investigación periodística lo expuso a mediados de este año (2019).

La fecha de asignación de esta denuncia al juzgado número 4, es del 18 de diciembre del año en curso (2019), expediente núm: CFP 9347/2019.

Como se observa en la carátula del expediente difundido por el periodista Darío Villarruel, el denunciante es Silvio Gabriel Gusso, (candidato a secretario General de la Unión Tranviarios Automotor, UTA).

Imputan al Presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz y a su ex socio Gabriel Bouzat por la presunta existencia de cuentas off shore en paraísos fiscales. La causa recayó en el Juzgado de Ariel Lijo pic.twitter.com/SfFw0W5dB1

— Dario Villarruel (@VillarruelDario) December 23, 2019

Cabe recordar que Rosenkrantz, fue recomendado al expresidente de la nación, Mauricio Macri por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ex abogado de Clarín y principal arquitecto del armado judicial del presidente, en 2016 Rosenkrantz aceptó ser nombrado (junto a Rosatti) Juez de la CSJN por un Decreto de Necesidad y Urgencia. Ante el repudio generalizado de la sociedad, esta medida inconstitucional debió revertirse, enviando los pliegos para la posterior aprobación de su nombramiento por el poder legislativo, con el aval del bloque PJ-FPV (con voto dividido), UCR y PRO entre otros.

Se trata de los diálogos entre él y Cristina Fernández de Kirchner que fueron difundidos por medios de comunicación a fines al gobierno macrita. Según Parrilli, el caso configura «el escándalo de espionaje político más espectacular de la historia democrática argentina» y muestran la gravedad institucional de la situación.

En el escrito que presentó Parrilli se identifica como presuntos responsables a Ricardo Lorenzetti, Martín Irurzum, Javier Leal de Ibarra, Tomás Rodríguez Ponte, Gustavo Héctor Arribas y Silvia Cristina Majdalani, al tiempo que se solicita el allanamiento del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM) para establecer la existencia de las llamadas «pre-causas» y si alguna de ellas justificó las interceptaciones telefónicas denunciadas.

El juzgado de Canicoba Corral está a cargo de la investigación por el origen de la filtración de esos audios.

En el día de la fecha, La Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó al Congreso de la Nación que realice una auditoria y requirió informes al juez de la causa.

A continuación, reproducimos el contenido de la resolución firmada por todos los jueces de la CSJN:

Fuente de la resolución: La García