Por Claudia Peiró

El Ministerio de Salud de la Nación publicó recientemrente las estadísticas vitales del 2023. Algunos números son impactantes.

Hubo 460.902 nacimientos en 2023, “la cifra más baja de los últimos 50 años”, lo que implica “una reducción del 7% respecto al 2022 y una caída de más del 40% con relación al 2014″, dice la licenciada Mónica del Río, quien año a año analiza los números que da a conocer el área de Salud. Las cifras se publican con un año de delay.

La tasa de fecundidad (el número de hijos por mujer) sigue en caída libre en la Argentina. Fue de 1,33 en 2023, muy por debajo de la tasa de reemplazo -2,1- es decir, del número necesario de hijos para que una población se mantenga estable.

“Por debajo de ese límite de reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer) -dice Del Río- un país o región se va despoblando. Eso es lo que viene sucediendo ininterrumpidamente en todos los distritos y, consecuentemente, también a nivel país”.

Curiosamente, en una Nación que alguna vez tuvo como lema o como ambición “Poblar la Patagonia”, es en las provincias patagónicas donde más cayó la tasa de fecundidad. Como señala Mónica del Río, “la caída en el número de hijos por mujer entre 2014 y 2023 la encabeza Tierra del Fuego (61%), seguida por Santa Cruz (56%) y Chubut (49%)” lo que da una tasa de fecundidad global para las dos primeras provincias -las más australes del país- es de 1, “mientras que en Chubut -al igual que en la ciudad de Buenos Aires- la tasa es de 1,1 hijos por mujer”.

En total, el promedio de hijos por mujer descendió un 43% a nivel país desde el 2014. En 2023 nacieron 316.000 niños menos que en 2014.

La pregunta que surge es qué pasó en 2014 para que se diera esa inflexión tan marcada de la curva. “En realidad pasaron cosas incluso antes de 2014″, responde Del Río. “En 2012 el fallo F.A.L., que introdujo el concepto de aborto como derecho; en 2013, la incorporación del implante subdérmico y el SIU (sistema intrauterino que libera hormonas), o sea, contraconceptivos de larga duración, a la canasta de anticonceptivos gratuitos, y en 2014 se comienzan a distribuir a todo el país con el Remediar”.

Pero, como bien señala también Del Río, la llegada del macrismo al gobierno no modificó estas políticas.

“La caída se acelera en realidad a partir de 2015 -dice-. En ese año se reformó el Código Civil y se introdujeron nuevas reglas de consentimiento para menores para determinadas decisiones relativas a su salud”. Entonces una Resolución del Ministerio de Salud (65/2015) reinterpretó los derechos sexuales y reproductivos a la luz del nuevo Código.

Lo que hace la resolución en realidad es sobreinterpretar el Código, para habilitar a menores de 13 a 16 a utilizar contracepción de larga duración sin autorización de los padres, declarando que no se trata de procedimientos invasivos ni riesgosos.

“En 2017, se lanzó el plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente, para la franja etaria hasta 19 años, con la colaboración del PNUD, del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y de Unicef. Y en 2018 (Mauricio) Macri abrió el debate del aborto lo que tuvo como consecuencia la difusión y banalización del tema”, sigue diciendo Del Río.

En 2019, se fijó un nuevo protocolo de aborto no punible que habilitaba esta práctica con la sola declaración jurada de la mujer que afirmaba haber sido víctima de una violación o correr algún riesgo de salud. Nótese que el protocolo no hablaba de “riesgo de vida de la madre”, sino de “riesgo de salud” y aclaraba que es entendida ésta de modo integral, es decir salud física, mental y social.

Fue una legalización de hecho, un atajo que tomaron ante el rechazo del proyecto de legalización del aborto en el Congreso, el año anterior.

“El confinamiento por la pandemia de Covid frenó levemente el descenso de la natalidad; siguió cayendo pero a un ritmo menor y esto seguramente se debió a que, por causa del encierro, no hubo tanta disponibilidad de anticonceptivos”, dice Del Río.

Aunque la baja de la natalidad es una tendencia instalada hace tiempo, recién ahora se hacen visibles algunas de sus consecuencias, como el cierre de maternidades y de jardines maternales. Pronto se desplomará la matrícula de los primeros grados de la escuela.

“No veo que esta tendencia vaya a cambiar -lamenta Del Río-. El gobierno sigue comprando anticonceptivos de larga duración como los implantes subdérmicos. La compra de abortivos la delegó en las provincias, que lo siguen haciendo, incluso las gobernadas por personas que se dicen provida”.

Y advierte: “Limitar la ideología de género está bien. Pero una caída de la natalidad como la que padece Argentina no se revierte sin un plan integral de promoción de la familia. Las políticas públicas de la última década se abocaron, eficientemente, a reducir la población”.

Hace demasiado tiempo que la Argentina no tiene una política demográfica. Se somete a la que formulan y promueven otros, como los organismos de la ONU mencionados.

En la Cámara de Diputados hay una Comisión de Población y Desarrollo Humano que durante el año pasado hizo reuniones informativas a las que convocaron a funcionarios, representantes de ONG y de organismos internacionales. Uno de esos encuentros, en julio del año pasado, versó sobre el tema de la caída de la natalidad (las reuniones se filman y están disponibles en internet).

Primero, los presentes escucharon de boca de un funcionario, Mariano Fagalde, director nacional de Población del Renaper (Registro Nacional de las Personas), los datos de la baja tasa de fecundidad que, combinada con el alargamiento de la expectativa de vida, da por resultado un envejecimiento de la población. El Renaper puede medir esta cifra casi en tiempo real, a diferencia de lo que sucede con Salud. El registro civil tiene oficinas a lo largo y ancho del país y envía los datos de nacimientos y defunciones, entre otros.

Tras exponer las cifras, Fajalde preguntó: “¿Nos importa la fecundidad? ¿Nos quedamos de brazos cruzados o no?”. En todo caso, advirtió, es algo que tiene impacto en el sistema de previsión social (jubilaciones), en la educación, en el empleo, etcétera.

Según explicó, en el Renaper se ha perfeccionado mucho el tratamiento de esos datos, lo cual debería ser de enorme utilidad para los funcionarios de todos los niveles, municipal, provincial y nacional, siempre que tengan vocación de diseñar políticas al servicio de la gente, claro. Lo que no siempre es el caso.

En la reunión también expuso Manuel Mera, director de Protección Social de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), una ONG que celebra el descenso de la natalidad, considerado como una ventaja: menos gente podrá ser mejor educada, menos hijos a cargo, más margen para progresar en el trabajo.

El problema es que, a partir del 2040, habrá demasiada gente dependiente del sistema (niños y ancianos) y pocos aportantes. Mera admitió que había dos alertas: el envejecimiento poblacional y que habrá cada vez menos niños.

Reconoció que buena parte de la caída se debe a la baja de la fecundidad adolescente, resultado del plan ENIA. Una política a su juicio virtuosa.

Otra expositora fue Mariana Isasi, directora para Argentina del Fondo de Población de la ONU, que más parece una agencia de des-población, porque nació en los años 60 cómo respuesta a los pronósticos sobre el estallido de una bomba demográfica que nunca explotó. Sin embargo el Fondo se creó y no tiene otra función más que promover el control de la natalidad -ahora llamada Salud sexual y reproductiva-.

Admitiendo que las cifras de caída de la fecundidad en Argentina son alarmantes, la preocupación de Isasi fue transmitir un mensaje de Natalia Kanem, directora ejecutiva del Fondo de (des)Población, que pidió a sus funcionarios transmitir que en modo alguno la “ansiedad demográfica” (así llaman a la preocupación por la caída de la natalidad) “no impida que todas las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos”, dijo Isasi. Lo importante es que no vayamos para atrás, insistió. En concreto, seguir con los programas antinatalistas.

También admitió que un “hito fundamental” que permitió que la Argentina redujera la fertilidad adolescente (vale recordar que consideran adolescente hasta los 19 años) fue el plan ENIA

La presidente de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, la diputada Natalia Sarapura (UCR, Jujuy), destacó varias veces el valor de esa reunión informativa a la que asistían diputados de todos los partidos, y en los que se escuchaban varias voces. Pero cuando intervino Nicolás Mayoraz, diputado nacional por Santa Fe, que ganó su banca con un discurso pro vida, se terminó el pluralismo y Sarapura hasta se permitió casi reprenderlo.

Sucede que Mayoraz fue el único legislador que manifestó alguna preocupación estratégica frente al derrumbe de la natalidad y las consecuencias que podría tener.

En su intervención, reconoció que el envejecimiento de la población no es un problema sino un logro, como había afirmado el funcionario del Renaper, pero de inmediato aclaró: “Es un logro si hablamos de expectativa de vida. Pero el envejecimiento poblacional sí es un problema. Estamos ante un grave problema en Argentina, porque cuando se llegue a esos niveles de dependencia [de la población pasiva respecto de la activa] no serán fáciles de revertir”.

También fue el único que preguntó a los expositores si sabían qué políticas públicas permitirían revertir una tendencia que consideró “grave” y “mucho más en un territorio tan extenso como la Argentina”.

“Siempre entendí que territorio, población y gobierno eran los elementos fundamentales de un Estado y que es de importancia estratégica sostenerlos y hacerlos crecer”, dijo Mayoraz, que también lamentó que “las políticas públicas de los últimos años no hayan prestado atención” a este tema. “No comparto la posición del UNFPA, de la ONU, para nosotros el aborto es un crimen y creo que ha impactado enormemente en esto, aunque todavía no se conozcan los números”, agregó.

De inmediato le salió al cruce el diputado Alejandro Vilca, de Jujuy, indignado por el hecho de que “el diputado Mayoraz no reconozca el derecho de las mujeres conquistado en la calle”. Y a continuación reivindicó la ESI, el plan ENIA, etcétera.

Al concluir la reunión, Sarapura volvió al tema y se dirigió a Mayoraz: “Quiero salirme de mi rol de presidente para decirte Nicolás, a veces en mi condición de mujer, que la reivindicación de los derechos de las mujeres es algo histórico que excede los partidos”.

En su intervención, confirmó la subordinación a las políticas fijadas por la burocracia de la ONU: “Es importante poner en valor que los organismos de la ONU son la vocería de esos principios que hemos construido todos como sociedad”. Luego exaltó la pluralidad de la reunión -había kirchneristas, radicales, izquierda y oficialismo. Acababa de cuestionar el pensamiento de Mayoraz, pero aseguró que era “fundamental no alejarse de los principios internacionales, pero en un marco de respeto, de pluralidad ideológica, nos podemos decir por qué sostenemos nuestras posiciones”.

En una reunión de gente supuestamente preocupada por la caída demográfica, en la que todos -a favor o en contra de las políticas eufemísticamente llamadas de Salud Sexual y Reproductiva- aseguraron que éstas fueron “un hito” en la baja de la natalidad, todos, excepto uno, se juramentaron para continuar esas políticas. Y la vocación plural y democrática se les terminó apenas escucharon una voz disidente.

Es bastante inquietante que en un país del tamaño de la Argentina con relativamente poca población pero con muchos recursos naturales, la demografía no sea un tema de Estado y que se deje el diseño de las políticas en manos de organizaciones supranacionales.

En el sitio del Fondo de Población se expone lo que preocupa a esta agencia de la ONU: “El Censo del 2022 registró 90.506 adolescentes entre 14 y 19 años con al menos un hijo/a”.

Y luego señalan: “En 2019, se estimó que en Argentina se destinaban 140 millones de dólares a la atención del embarazo en la adolescencia, que podrían haber sido reinvertidos en su prevención”.

Un argumento pecuniario para fijar la política de desarrollo humano. Lo mismo dijo Isasi durante la reunión informativa en Diputados: al Estado le sale mucho más caro apoyar a esas muchachas jóvenes (recordemos que estiran la franja etaria hasta los 19) para que tengan a sus hijos y los críen en las mejores condiciones, que evitar que nazcan esos niños.

La vida humana es cara; evitarla es un ahorro de recursos.

Por Claudia Peiró

Asistimos hoy a un colorido desfile de gente que se autopercibe revolucionaria. Al progresismo le gusta sentir que vive en dictadura, pero la verdad es que el mayor riesgo al que los expuso hoy su militancia fue el calor.

“Volvemos a tener miedo”: fue un repetido comentario del público -casi una consigna-. Los argentinos llevamos años viviendo -en democracia- con miedo a salir a la calle por el flagelo de una violencia delictiva a la que ningún gobierno ha podido poner coto. Pero hasta el miedo cae en la grieta, y los mismos que negaron por años la inseguridad, hoy lo invocan.

Llamativa es la adhesión de la CGT, o de una parte de ella -11 gremios presentes en la reunión donde se decidió apoyar la marcha-. En ese encuentro en la calle Azopardo estuvieron presentes referentes de ong de DDHH para hablar sobre “la situación de los trabajadores y el funcionamiento de los Espacios de Memoria”, que sufrieron recortes del gobierno de Milei.

Es decir que la CGT, que no se movilizó por la situación de los jubilados, principales víctimas del ajuste, se sensibiliza porque en los sitios de Memoria (sesgada) no habrá más militantes a sueldo para garantizar la bajada de línea. Para difundir una lectura del pasado que se supone no debería ser la de la CGT. Si esa es la única desocupación que preocupa, algo anda mal.

El sindicalismo sustituye la lucha por sus representados para sumarse a una agenda ajena a sus afiliados y a su doctrina. Una organización, concebida para unir, adhiere a una política de fragmentación de la sociedad en infinitos grupos que reclaman “derechos” basados en la subjetividad de cada uno.

Se sintió la ausencia de Alberto Fernández y de Vilma Ibarra, paladines de todas las causas feministas, antivida y no binaries.

Por Claudia Peiró

La Conferencia de Obispos de Francia (CEF, por sus siglas en francés) emitió un comunicado en el que lamenta “las escenas de escarnio y burla al cristianismo” durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, a la vez que rescata “momentos de belleza, alegría, rico en emociones y universalmente saludados”. En efecto, la inauguración de los juegos combinó, a lo largo de excesivas cuatro horas, algunos momentos de belleza muy logrados -realzados por el escenario de la siempre hermosa capital francesa- con otros francamente antiestéticos e incluso chocantes en su contenido.

La escena que motivó el comunicado de la CEF es por otra parte absolutamente gratuita, innecesaria, nada tiene que ver con el espíritu olímpico que apunta a la concordia y a la fraternidad universal.

Es llamativo que, en una ceremonia pretendidamente diversa e inclusiva, y en un evento tan universal como lo son las Olimpíadas, los organizadores hayan dedicado una parte del desfile a intentar ridiculizar a una religión. Y no a cualquiera, sino a la fe de sus mayores, a la religión fundante de la nación francesa. Recordemos que Francia considera al jefe franco Clovis (Clodoveo), como su primer rey. Éste, con su conversión al catolicismo logró imponerse y unificar a diversos pueblos dando nacimiento al Reino franco y a su primera dinastía, la merovingia. Clovis tuvo por principal consejero a lo largo de todo su reinado al obispo de Reims, el futuro San Remigio.

A diferencia de Napoleón, que se ponía al hombro toda la historia de Francia -”De Clovis al Comité de Salvación Pública (Léase Robespierre), me siento solidario con todo”, decía-, el espíritu de buena parte de la elite francesa de los últimos tiempos pasa por la negación de sus raíces cuando no su cuestionamiento.

Es llamativo el entusiasmo por denigrar a la fe mayoritaria y fundante de los franceses en un país que no ha podido ponerle a una escuela el nombre de Samuel Paty, el docente decapitado por un musulman por haber supuestamente ofendido al Islam. Y el cobarde motivo es, justamente, evitar herir la susceptibilidad de los practicantes de esa fe. Casi un aval al crimen cometido.

Por otra parte, los organizadores de esta inauguración parecen ignorar el rol desempeñado en la concepción de los modernos juegos olímpicos por el fraile dominico Henri Louis Rémy Didon, (1840-1900), creador del lema de los JJOO: “Citius, Altius, Fortius” (“Más rápido, más alto, más fuerte”). El Barón Pierre de Coubertin, fundador de los JJOO de la era moderna, se inspiró en las enseñanzas de este director del colegio San Alberto Magno de París, cuya pasión por el deporte se combinaba con la vocación educativa y que fue uno de los primeros en subrayar la importancia de esta actividad en la formación juvenil. De él tomó la divisa de los JJOO.

Alguien destacó, entre los muchos comentarios que suscitó la grotesca escena, una breve nota de Ferghane Azihari, analista político y ensayista, de familia musulmana, investigador en dos destacados think tanks franceses: el Instituto de Investigaciones Económicas y Fiscales (IREF) y en el Instituto Económico Molinari. Aun reconociendo la “incuestionable proeza técnica” de la ceremonia, Azirahi apuntó contra la manía de ciertos artistas, o pretendidos artistas, de destacarse no por su obra en sí sino por la capacidad de “provocar”.

“Leyendo los comentarios de observadores que se deleitan por ‘haber puesto a los fachos y a los reaccionarios en PLS (impotentes)’, se entiende que para algunos el éxito de una performance artística está en función de su capacidad de asquear y no de convocar en torno a una estética universal”, escribió.

Azihari se preguntó por la concepción del arte que yace detrás de este “placer venenoso de burlarse del prójimo”. También señaló que son más los turistas que vienen a Francia para admirar los cuadros del Louvre que para admirar un árbol inflable en place Vendôme, en alusión a la manía de colocar objetos modernos en ruptura con la armonía estética que caracteriza a París. Y otras ciudades.

“No es por casualidad que, pese a las evidentes dificultades logísticas, nos esforzamos en colocar algunas infraestructuras deportivas en el corazón de nuestros más hermosos monumentos históricos”, dice Azihari, destacando el clasicismo de la belleza perdurable.

“La parodia de la Cena es ‘irreverente’ sólo en la medida en que distorsiona la obra inmortal de Leonardo Da Vinci. ¿Cuál de estas obras quedará en la memoria en cien años?”, pregunta.

De paso, señala que los ecologistas que arrojan salsa de tomate o sopa sobre las obras de arte no lo hacen por ejemplo con las de Marcel Duchamp…

En una gran mesa varias personas disfrazadas de modo extravagante, algunas estilo drag queens, parodiaban “La última cena”, de Leonardo Da Vinci. Una de las obras más clásicas de un tema recurrente en la pintura: la celebración de la Pascua por Jesús junto a sus discípulos, horas antes de ser entregado por Judas a las autoridades.

En las redes, la inclusión de esa escena grotesca y ofensiva hacia la fe católica fue duramente criticada. Inevitablemente muchos coincidieron en preguntarse qué habría pasado si la parodia hubiese tenido por blanco a otra religión, como la judía o la musulmana.

“La Última Cena” es una de las obras más célebres del pintor renacentista, realizada entre 1495 y 1498 en el refectorio del convento de Santa Maria delle Grazie en Milán, Italia. Durante esa cena, Jesús anuncia lo que va a suceder y el pintor refleja en el cuadro las reacciones de los discípulos, de la incredulidad a la desazón.

Por Claudia Peiró

En enero pasado se supo que Canadá quería enviar a “reeducación” al muy popular intelectual Jordan Peterson, cuyo crimen es no ser un ultra progresista rendido a la ideología de género.

Reeducación… Parece increíble que, a esta altura de la historia, se le quiera imponer a la fuerza a una persona una doctrina. Son medidas dignas de regímenes abrumadoramente represivos, en los que no se admite ninguna disidencia, se patologiza el pensamiento crítico y se crean dispositivos para el formateo de disidentes políticos, pero también de díscolos, inadaptados, adictos, homosexuales, soñadores, curiosos… En concreto, para doblegar a todo el que osara pensar por sí mismo.

En Cuba, por ejemplo, se los llamó Unidades Militares de Ayuda a la Producción; en la práctica, campos de trabajo forzado para “contrarrevolucionarios”. Unos 50.000 jóvenes pasaron por ese método soviético de represión que buscaba un efecto ejemplificador: el que se atreviera a correrse un milímetro de la doctrina oficial sabía que le esperaba la reclusión en uno de esos campos o la muerte civil. Muchos se autoconvencían de las bondades del régimen y otros caían en la simulación para evitar la excomunión.

Pensemos si hoy no sucede algo análogo, cuando a la sociedad se la avasalla con el lenguaje inclusivo, el sexo asignado al nacer o el patriarcado imaginario. Y guay del que no se someta, sobre todo si su sustento depende de ello.

También la España franquista tuvo campos para recluir a combatientes o simpatizantes republicanos -los que todavía eran considerados recuperables; los otros a la cárcel o al paredón-; allí, amén de hacerlos trabajar les concedían pausas para entonar De cara al sol.

Con distintas modalidades que solían incluir la vigilancia y delación mutua, además de la autocrítica, humillación y flagelación públicas, este afán reeducador existió en casi todas las dictaduras, tanto de derecha como de izquierda.

Lo que resulta inadmisible es que en el presente se lo aplique en democracia. Y en nombre de la diversidad. Pululan hoy en el espacio público minorías que coartan todo debate en nombre de su derecho a no ser ofendidas. Y logran mediante acciones de presión imponer su criterio al conjunto. Hace tiempo que estas tribus activas y vociferantes están detrás de Jordan Peterson, psicólogo clínico que tiene la osadía de cuestionar la ideología de género y que para colmo tiene millones de seguidores en Twitter y Youtube.

Esto sucede en el Canadá democrático, moderno y liberal, donde hoy se quiere someter a este influyente pensador y divulgador a un programa de reeducación para que aprenda a expresarse correctamente en las redes…

El Caso Peterson es un ejemplo más del viraje estalinista de muchos ambientes públicos en occidente: universidades, colegios profesionales, medios…

La resistencia de este psicólogo canadiense a los movimientos woke y a la ideología queer resulta intolerable. Peterson es un claro detractor de lo políticamente correcto. Sus críticas apuntan sobre todo al ultra feminismo actual, a la teoría crítica de la raza (o nuevo antirracismo) y al catastrofismo ambientalista. Sostiene por ejemplo que en la actualidad hay una “reacción violenta contra la masculinidad” y que “el espíritu masculino está siendo atacado”.

Por este descaro ya ha sido objeto de varias cancelaciones. El hecho de ser uno de los intelectuales en lengua inglesa más influyentes del mundo, autor del best seller 12 reglas para vivir: un antídoto al caos, 7 millones de ejemplares vendidos en más de 40 idiomas, no lo salva del embate identitario.

Hace unos años, la universidad de Cambridge le retiró el ofrecimiento que le había hecho como investigador invitado por una campaña de estudiantes y profesores ofendidos, molestos por tener que ver en sus claustros a este implacable detractor de las ideologías políticamente correctas.

También estuvo cancelado en Twitter, aunque su cuenta fue restablecida cuando Elon Musk adquirió la red. Famoso por su lengua filosa y su coraje para ir contra la corriente, en su canal de Youtube tiene 7,4 millones de suscriptores y 4,6 millones lo siguen en la red rebautizada Equis.

Pero la persecución sigue y ahora hay quienes quieren volver progre a Jordan Peterson aunque sea “a palos” (como al personaje de la comedia de Molière).

En enero pasado, el acoso avanzó un casillero más con la decisión del Colegio de Psicólogos de Ontario, que regula la actividad profesional, de condenar al díscolo a someterse a un “curso de reeducación” so pena de perder su licencia profesional. “Debo seguir un curso de reciclaje con informes que documenten mis ‘progresos’ o enfrentarme a un tribunal en persona y a la suspensión de mi derecho a ejercer”, decía Peterson, al conocer la decisión, que se negó a acatar y apeló ante la justicia.

Peterson denunció que se estaba coartando su derecho a la libre expresión dado que los comentarios por los cuales lo acusaban eran esencialmente políticos y no hacían referencia a su práctica profesional. Pero evidentemente también la justicia está contaminada de wokismo -y no sólo en Canadá-. El Tribunal Divisional de Ontario dictaminó hace unos días que la decisión del Colegio de Psicólogos no afectaba ninguna libertad fundamental y que Peterson debía por lo tanto aceptarla y someterse a la reeducación.

El Colegio lo acusó de “discurso de odio” -la muletilla favorita del wokismo, con la cual se elude todo debate- y de “lenguaje denigrante”.

El sitio The Free Press enumeró los cargos contra Peterson: “Llamar idiota a un asesor del primer ministro Justin Trudeau. Burlarse de los ecologistas. Usar pronombres femeninos para referirse al actor transexual Elliot Page. Declarar que una modelo de tallas grandes en la portada de Sports Illustrated ‘no es guapa’”. También se había atrevido a criticar a los médicos que lucran con las transiciones de género.

Ahora, el tribunal confirmó que Peterson debe completar el “Programa de Educación Continua Específica o Programa Remedial (sic)”, SCERP, por su nombre en inglés. El totalitarismo adora las siglas…

Peterson viene denunciando hace tiempo el creciente clima “orwelliano” en Canadá, que sus colegas y los jueces de Ontario no han hecho sino confirmar: lo condenan por delito de pensamiento. “El problema con cada una de las cosas por las que he sido condenado a reeducación -alega- es que políticamente no son suficientemente izquierdistas. Simplemente, soy demasiado liberal, o, lo que es aún más imperdonable, conservador”.

De hecho, de todas las denuncias a las que el Consejo dio cabida, ninguna fue formulada por algún paciente o ex paciente del acusado. No son quejas por la práctica de Peterson como psicólogo clínico sino por sus intervenciones en el debate público. En consecuencia, dice, sólo lo están censurando por sus opiniones, en base a denuncias de gente que simplemente no piensa como él. Gente a la que además se protege con el anonimato mientras que a él lo crucifican públicamente.

Que un profesional se vea impedido de trabajar por sus opiniones es un hecho cuya gravedad es difícil de exagerar. Sin embargo, lentamente nos estamos acostumbrando a este clima macartista, a que la corrección política sea una vía de ascenso para mediocres mientras que una mente brillante puede ser “cancelada” por no encajar en los cánones progresistas.

En una entrevista por zoom que le hizo su propia hija, la podcaster Mikhaila Peterson, el psicólogo comentó algunos de los fundamentos del fallo en su contra.

“La orden no es disciplinaria y no impide que el Dr. Peterson se exprese sobre temas controversiales; tiene un impacto mínimo en su derecho a la libertad de expresión”, dice, por ejemplo la decisión de la Corte canadiense, párrafo que le arrancó al aludido una carcajada.

“Yo debo ser reentrenado, sin importar el tiempo que tome, hasta que las personas a cargo de mi reentrenamiento decidan que aprendí la lección”, señaló Peterson. Enojado por la afirmación de que “no es una orden disciplinaria”, increpó a los miembros del tribunal: “No mientan miserables, ¡qué patéticos son! Ya que vienen por mí, ¿por qué no admiten que me están disciplinando?”

“Los fascistas al menos te lo dicen de frente: no tienes derecho a hablar”, agrega, en contraste con la hipocresía de jueces que restringen su libertad de expresión pero no quieren admitirlo. En su cuenta, tuiteó: “Me temo que soy incorregible. Pero, adelante, hagan lo que quieran. Lo haremos público y que las fichas caigan donde puedan”, algo así como “que sea lo que Dios quiera”.

De hecho, de todas las denuncias a las que el Consejo dio cabida, ninguna fue formulada por algún paciente o ex paciente del acusado. No son quejas por la práctica de Peterson como psicólogo clínico sino por sus intervenciones en el debate público. En consecuencia, dice, sólo lo están censurando por sus opiniones, en base a denuncias de gente que simplemente no piensa como él. Gente a la que además se protege con el anonimato mientras que a él lo crucifican públicamente.

Que un profesional se vea impedido de trabajar por sus opiniones es un hecho cuya gravedad es difícil de exagerar. Sin embargo, lentamente nos estamos acostumbrando a este clima macartista, a que la corrección política sea una vía de ascenso para mediocres mientras que una mente brillante puede ser “cancelada” por no encajar en los cánones progresistas.

En una entrevista por zoom que le hizo su propia hija, la podcaster Mikhaila Peterson, el psicólogo comentó algunos de los fundamentos del fallo en su contra.

“La orden no es disciplinaria y no impide que el Dr. Peterson se exprese sobre temas controversiales; tiene un impacto mínimo en su derecho a la libertad de expresión”, dice, por ejemplo la decisión de la Corte canadiense, párrafo que le arrancó al aludido una carcajada.

“Yo debo ser reentrenado, sin importar el tiempo que tome, hasta que las personas a cargo de mi reentrenamiento decidan que aprendí la lección”, señaló Peterson. Enojado por la afirmación de que “no es una orden disciplinaria”, increpó a los miembros del tribunal: “No mientan miserables, ¡qué patéticos son! Ya que vienen por mí, ¿por qué no admiten que me están disciplinando?”

“Los fascistas al menos te lo dicen de frente: no tienes derecho a hablar”, agrega, en contraste con la hipocresía de jueces que restringen su libertad de expresión pero no quieren admitirlo. En su cuenta, tuiteó: “Me temo que soy incorregible. Pero, adelante, hagan lo que quieran. Lo haremos público y que las fichas caigan donde puedan”, algo así como “que sea lo que Dios quiera”.

En la charla con su hija, admitió que “probablemente el tuit que inició todo esto fue el de Elliot Page”. Peterson sostuvo que las cirugías de transición, en particular las mutilaciones -ablación de los senos, castración- son algo “mucho peor que la lobotomía de los años 30 del siglo pasado”.

Cabe señalar que, en los países que más han avanzado en la facilitación de la transición sexual, están empezando a revisar muchos supuestos en torno a las cirugías de reasignación de género. Peterson explicó que varios países, si bien todavía no han llegado a prohibirlas, sí las están restringiendo. Es el caso de Dinamarca, Suecia, Holanda, siendo esta última la más relevante, dijo, “porque es donde empezó esta idea de la afirmación de género”.

“Los europeos se despertaron (y dijeron): ¿sabes qué? parece que no hay evidencia de que esterilizar jóvenes, cortar sus pechos, los haga felices… ¿no es un shock?”, ironizó.

Entrevistado por Piers Morgan para Sky News, Peterson cuestionó el discurso que se les baja a los jóvenes, de que “el mundo es una tremenda tiranía patriarcal y que en eso está toda la explicación de la historia”. Esto hace que “toda expresión de masculinidad sea equivalente a una fuerza de destrucción del mundo”. Los hombres jóvenes bombardeados por este discurso están entre los principales destinatarios de la prédica de Jordan Peterson.

Por ese motivo, la actriz y directora ultra feminista Olivia Wilde lo trató de viejo reaccionario, seguido por los incel (acrónimo de célibe involuntario o involuntary celibate, en inglés, término despectivo para varones que se sienten frustrados por su falta de éxito con las mujeres), y lo convirtió en personaje de una película.

Peterson dijo que se alegraba de que lo interpretara un actor buen mozo -Chris Pine- y que esperaba que también estuviera a la altura de su estilo para vestir.

En 2022, la periodista francesa Anne Toulouse publicó Wokisme: la France sera-t-elle contaminée? (Wokismo: ¿Francia será contaminada?). Allí hacía una descripción de esta tendencia que califica como un subproducto de la corrección política, con sesgos de fanatismo religioso. Su nombre -woke- viene de la palabra “despierto”, y alude a la toma de conciencia, a una actitud híper alerta o híper sensible ante todas las discriminaciones. En realidad se trata de una ruptura con el universalismo de los derechos y las libertades, porque las discriminaciones que denuncian los woke tienen nombre y apellido: mujeres, negros, homosexuales y transexuales. Y un enemigo por excelencia: el macho blanco heterosexual.

En su libro, Anne Toulouse decía que hasta ahora el wokismo no había creído necesario abrir campos de reeducación, pero que ya practicaba la humillación, el acoso, el ostracismo y hasta legitimaba los escraches y las manifestaciones violentas.

Pues bien, ese análisis quedó viejo. Un paso más hacia el fanatismo ha sido dado y Jordan Peterson es la víctima propiciatoria.

Al revés que Sganarelle, el personaje de Molière, que finge ser médico para que dejen de apalearlo, hay muchos que ni “a palos” están dispuestos a dejar de ser lo son. Celebremos a los Jordan Peterson que se plantan a pesar de los riesgos que ello conlleva; a los que se atreven a ir contra la corriente; a los que rechazan la imposición de un “habla” o de una determinada visión del mundo dictada por dogmáticos que degradan el saber e insultan la inteligencia.

Por Claudia Peiró

“Aportan al sistema y así lo obligan a destinar los fondos para proyectos que ellos definen y deciden”, afirma en esta entrevista María Anne Quiroga, directora de Investigación en el Global Center for Human Rights (GCHR) y coautora, junto con Sebastián Schuff, del informe “Balance del financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana 2009-2021. Opacidades e influencias en una financiación condicionada”.

El estudio realizado por el GCHR sobre un período de 13 años -y a partir de los informes del propio sistema- pone en evidencia de qué forma grupos de interés, empresas, grandes fundaciones e incluso gobiernos de países que no integran la Organización de Estados Americanos (OEA), desarrollan una acción de lobby a través de aportes al financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), formado por la Comisión Interamericana (CIDH) y la Corte (Corte IDH).

El resultado es impactante: muchos informes de la Comisión y, más grave aún, fallos de la Corte muestran una correlación alarmante con fondos recibidos para un destino predeterminado: es decir con finalidad específica en la temática que le interesa instalar al donante.

Tanto la Corte como la Comisión tienen un presupuesto orgánico, oficial podría decirse, que surge de los aportes de los miembros de la OEA. Pero desde hace varios años se habilitó otra modalidad: aportes “extraordinarios” por parte de fundaciones, ong, gobiernos y empresas. Con frecuencia esos aportes tienen título, es decir, se especifica la temática que se espera traten la Comisión y la Corte. Esto puede definir un sesgo en organismos que deberían ser imparciales.

Por ejemplo, en el trabajo de Quiroga y Stuff se cita expresamente un párrafo muy llamativo de un informe emanado de la CIDH: “Las sociedades en América están dominadas por principios arraigados de heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, los binarios de sexo y género y la misoginia. (…) …los Estados tienen la obligación de diseñar e implementar proyectos que busquen cambios culturales con la finalidad de garantizar el respeto y la aceptación a las personas cuya orientación sexual, la identidad de género —real o percibida—, o cuyas características sexuales difieren de los patrones mayormente aceptados por la sociedad”.

Claramente, dice el GCHR, el párrafo citado es una extralimitación por parte de la Comisión de su mandato, porque la condición de Estado miembro de la OEA no implica en modo alguno “la obligación” de fomentar “cambios culturales”. Nada de eso figura en la Carta que da origen y sustento al sistema.

La confusión habitual entre comisión (CIDH) y Corte Interamericana, y la amalgama entre fallos e informes contribuyen a la instalacion de estas opiniones como “vinculantes”, cuando no lo son.

El GCHR muestra que estos financiamientos interesados producen cosas tales como que un informe sobre “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex (2015)”, sea publicado con un agradecimiento al apoyo de Chile, Dinamarca, EEUU, Fundación Arcus, ONUSIDA, los Países Bajos y el Reino Unido. Otro, en 2019, sobre “avances” y “desafíos” en materia de “Reconocimiento de derechos de personas LGBTI”, por el cual la CIDH agtadeció el “apoyo de Wellspring Philanthropic Fund, Trust de las Américas y Fundación Arcus”. Y en 2020, otro informe sobre “Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, con mención al “apoyo financiero proporcionado por el Trust de las Américas, Wellspring, Arcus Foundation y el Gobierno de Holanda”.

Este sistema de financiamiento ha hecho que actualmente los aportes extraordinarios representen la mitad del presupuesto total de la Corte y la CIDH, como puede apreciarse en los cuadros que ilustran esta nota. Esta apertura a fondos extra sistema genera rarezas tales como que dos de los principales aportantes son países que no pertenecen a la OEA: España y Noruega. Sin mencionar a Canadá, también muy generoso, que sí está en la OEA, pero no reconoce la jurisdicción de la Corte sobre su territorio. “No quieren que la Corte tenga poder sobre ellos pero sí que lo tenga sobre otros países y por eso la financian”, dice Quiroga.

El GCHR concluye que “los organismos creados por los países para proteger y promover los derechos humanos han cometido numerosos abusos, extralimitaciones y violaciones a los propios tratados que les dieron origen y sentido, a la vez que han adolecido de procesos transparentes e imparciales de rendición de cuentas”, lo que, en opinión de los autores, lleva a una “distorsión” respecto de lo que debiera ser “una interpretación auténtica de los derechos humanos”.

María Anne Quiroga es franco-argentina y licenciada en Derecho por la Sorbonne y por la Universidad de El Salvador, donde también es profesora adjunta de Filosofía del Derecho.

En esta entrevista, explica la forma en que un financiamiento condicionado permite a agentes externos al sistema tener un control sobre su actividad; algo que lesiona los pactos firmados por los países que lo integran.

— El trabajo que hicieron desde el Global Center for Human Rights ¿les permitió confirmar la sospecha de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte tienen en algunas de sus resoluciones, fallos u opiniones un sesgo determinado por el origen del financiamiento que reciben?

— Exacto. Tanto la Comisión como la Corte, que son los dos organismos que componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), reciben dos tipos de financiamiento. El primero es el proveniente de los fondos regulares de la OEA, los fondos que todos los países miembros aportan mediante una cuota anual. Pero el segundo tipo de financiamiento es el de los aportes voluntarios o aportes extraordinarios. Estos fondos pueden provenir de organizaciones, de empresas y también de países. Con lo cual ahí tenemos una puerta abierta a que cualquiera pueda aportar. El riesgo, y lo que nosotros vimos cuando investigamos todos y cada uno de los informes anuales de la Comisión y de la Corte, es que este aporte es condicionado. Que los países o las ONG hicieran un aporte sin una finalidad definida, que no puedan decidir hacia qué proyectos van esos fondos, no sería ningún problema. O tal vez sí pero mucho menos. Lo que está pasando ahora es que estas empresas, países, organizaciones, financian el sistema y lo obligan a destinar los fondos para proyectos que ellos definen.

— ¿Es decir que se destina una cantidad de dinero para la Corte o la Comisión, explicitando que el dinero deber ir a una agenda que por lo general es la agenda LGBT o la agenda feminista?

— En realidad no siempre es tan explícito. Muchas veces los proyectos simplemente tienen, digamos, un nombre genérico pero sí tienen la temática. Y eso ya marca la agenda. En líneas generales esas influencias tienen impacto cuando se define la temática para la cual se tiene que destinar los fondos y eso marca la agenda. La OEA y el sistema interamericano deberían enfocarse en las prioridades de nuestra región y no lo están haciendo porque simplemente hay una agenda que les están imponiendo y ellos siguen.

— Estamos en un continente donde abundan las violaciones a los derechos humanos, las situaciones de injusticia, de poco acceso a la justicia, de desigualdad; muchísimas situaciones de violencia social, pero el sesgo que aparece es el de una agenda de sectores minoritarios y no la protección esencial de los derechos humanos que debería ser la función de estos organismos.

— Totalmente.

— ¿Cuáles son los países y las ONG que más aportan a la CIDH y a la Corte?

— Son muchos. Entre los países, el primero, en la Corte, es España a través de su Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo Exterior. Después tenemos a Noruega que financia muchos proyectos. Finlandia, Países Bajos, Suecia, Suiza y Reino Unido. En cuanto a ONG tenemos Fundación Arcus, muy especializada en los derechos de las comunidades LGBT, que financia muchísimos proyectos. Tenemos a Freedom House, a la Fundación Ford, a Oxfam. También a la Open Society que ya ni presentamos porque es muy conocida. Y después en cuanto a empresas vemos, por ejemplo, a Google, Microsoft y Facebook, entre otras.

— ¿Cuál es la diferencia entre la Comisión y la Corte? ¿Quiénes las integran y qué papel cumplen en estos proyectos y en las propias sentencias?

— Es importante tener en cuenta que estos dos organismos conforman el sistema cuasi judicial que tiene la OEA, y que hace que la OEA sea un ente muy importante, mucho más, por ejemplo, que la ONU. Muchas veces el contenido ideológico proviene de la ONU, pero la OEA y el sistema interamericano es quien lo baja a los países y lo termina imponiendo. En cuanto a sus diferencias, la Comisión no tiene ningún poder de imponer nada a los países. Aunque tenga 10 millones más en presupuesto que la Corte, el artículo 41 de la Convención Americana define muy explícitamente que las funciones de la CIDH son consultivas: estimular los derechos humanos en la región, realizar informes, consultar a los países sobre la situación de derechos humanos, pero nunca tendrá competencia para poder imponer a los países ningún tipo de lineamiento. LA CIDH es quien recibe los casos, hace un primer análisis, define si el caso es admisible. Luego va a publicar un informe y hacer recomendaciones al Estado en el caso concreto. Pasado un cierto plazo, si el Estado no cumple con esas recomendaciones, la Comisión puede decidir enviar el caso a la Corte. Ningún caso llega directamente a la Corte; siempre pasa por la Comisión. La Corte recibe los casos en segunda instancia y puede seguir o no los lineamientos de la Comisión, puede realizar audiencias, hay todo un intercambio entre las víctimas, los países. Y luego formula una sentencia que es la que tiene más impacto en el país. Una cosa importante es que las sentencias de la Corte son inter pares, no son erga omnes [N. de la R: respecto de todos]. Eso es importante porque muchos piensan que las sentencias de la Corte tienen efecto para todos los países miembros, y eso no es así. El artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los Estados se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en el que sean partes.

— ¿Cómo se conforma la Comisión? ¿Están todos los países representados?

— No. Tanto la Comisión como la Corte tienen siete integrantes. En la Comisión, los comisionados, en la Corte, los jueces. En la Comisión tienen un mandato de 4 años, en la Corte son 7 años. No hay una representación nacional por país. Los integrantes de la Comisión y de la Corte son elegidos durante la Asamblea General de la OEA. Cada país tiene un voto. Pero una vez que un comisionado integra la Comisión no representa a su país. En el caso de la Corte pueden llegar a tener que excusarse de tratar casos referidos a sus países.

— Hay una tendencia a confundir Corte y Comisión, y a confundir también el tipo de documentos. Una cosa es un fallo, otra una observación, otra un informe. Pasa también con la ONU. Se dice “la ONU dice” o “la CIDH dice”. Y se toma como fuerza de ley. Pero muchas cosas que emite la ONU no son de la Asamblea de todos los países sino de organismos secundarios o de ONG que tienen estatus de observadoras. Eso es aprovechado para crear un falso principio de autoridad. Por eso es importante aclararlo, como lo hacen ustedes.

— Sí, es muy importante diferenciar lo que es el derecho blando del derecho duro. El derecho duro son los tratados que han firmado los países. Es el caso por ejemplo de la Convención Americana. Que dicho sea de paso protege la vida desde la concepción, protege la familia, la libertad religiosa. Tenemos una Convención Americana muy buena. Ese es el derecho duro, la Convención, que se debe distinguir del derecho blando; y éste van a ser las recomendaciones y también los fallos de la Corte en los casos en los que un país no sea parte en el caso. Y ese derecho blando no es que no hay que tomarlo en cuenta. Obviamente que es valioso. Han trabajado en eso personas expertas. Pero no deja de ser una opinión que los países no tienen ninguna obligación de acatar. Y no pueden ser utilizados como justificativo para ninguna decisión porque no son obligatorios. Sí pueden ayudar, por ejemplo, a tener una idea de cómo se interpreta un derecho. Pero hay que tener mucha libertad al momento de utilizar esos documentos porque no son obligatorios. No pueden contradecir el derecho interno.

— Ahí es donde ustedes señalan que ha habido ya extralimitaciones por parte de la CIDH, incluso hay un texto que ustedes citan en el cual se dice que América Latina está sometida a una hetero-normatividad, como si eso fuese una especie de tara que hay que modificar mediante cambios culturales. ¿Qué tipo de documento es ese?

— Es un informe de la CIDH sobre reconocimiento de derechos de personas LGBT. Es nada más que un análisis que hizo la relatoría de personas LGBT de la CIDH, pero en ninguna oportunidad puede ser considerado como algo obligatorio. Va a ser la opinión, el pronunciamiento, de esa relatoría en un momento preciso pero no puede ser utilizado ni considerado como algo que tenga rango alguno de obligatoriedad.

— Ustedes señalan también que uno de los motivos del incremento de este aporte presupuestario extra OEA se debió a que la Comisión y la Corte estaban superadas de trabajo, sin fondos suficientes para desarrollar su labor, con una cantidad de temas sin tratar. Un atraso procesal. Pero esos temas en atraso no son precisamente aquellos a los cuales apunta el financiamiento externo, ¿no?

— Exacto. Si la CIDH y la Corte se enfocaran y limitaran a los temas de su competencia yo no creo que tendría un atraso procesal tan grande como tiene ahora. Lo que pasa es que pretendieron resolver todos los problemas, incluso los que no existen, del continente, y entonces obviamente están absolutamente sobrecargados de casos. El atraso procesal es un problema muy serio, pero lo que queremos es que se tomen en cuenta los temas importantes y que el lineamiento sea realmente una voluntad de ir hacia un sistema que funcione mejor y que se enfoque en sus competencias. Que no quiera extralimitarse y recibir además una agenda ideológica impuesta de afuera. Pues hay por ejemplo muchos temas muy importantes respecto a la libertad de expresión, a la libertad religiosa incluso, que siguen tardando mucho.

— Otra característica llamativa es que Canadá, uno de los últimos países que entró a la OEA, en los años 90, no reconoce la jurisprudencia de la Corte y sin embargo es uno de los países que más dinero aportan a su funcionamiento. ¿Es así?

— Sí, es así. En realidad los países miembros de la OEA pueden decidir no someterse a la competencia de la Corte. Es el caso de Estados Unidos y Canadá y algunos otros países. Son la minoría, pero objetan la competencia de la Comisión, que recordemos no tiene ninguna potestad real sobre los países, y no aceptan la competencia de la Corte. Sin embargo, la están promoviendo. Entonces, son países contra los cuales la Corte nunca va a poder tratar ningún tema, ni fallar, ni publicar ninguna sentencia.

— Estados Unidos en realidad no se somete a ninguna Corte supranacional. Tampoco a la Corte Penal Internacional. Ninguna potencia lo hace en realidad.

— Claro. Es una política que tienen de proteger su soberanía, pero ellos sí, sobre todo Canadá, entienden que el SIDH es un instrumento de control sobre los países, porque si no no estarían invirtiendo en ese sistema. Ellos no quieren que la Corte tenga poder sobre ellos pero sí quieren que la Corte tenga poderes sobre otros países y por eso la financian.

— Hay ejemplos en el informe de años en los cuales coincide el incremento del financiamiento con un destino específico y la resolución de casos afines. ¿Podrías mencionar alguno?

— Hay un caso que fue muy grave. La agencia española ha destinado en total más de 4 millones de dólares a la Corte. Pero en 2016 financió específicamente un proyecto que tenía como título “Protección de víctimas y personas pertenecientes a grupos vulnerables a través de medidas provisionales y resolución de casos contenciosos sobre la discriminación por orientación sexual”. Eso es muy grave porque “resolución de casos contenciosos” es básicamente sentencia, fallo. Lo grave es que la agencia española estuvo financiando un proyecto que tenía por objetivo llegar a una sentencia determinando la temática que era discriminación por orientación sexual. En ese mismo año, en el mismo período, tuvimos la publicación de dos fallos -Duque contra Colombia y Flor Freire contra Ecuador-, los dos casos más emblemáticos de la historia de la Corte sobre derechos LGBT. Antes de 2016 no había habido casos tan importantes sobre esa temática. Obviamente llama muchísimo la atención que un proyecto tenga ese título con ese financiamiento y que el mismo año, el año correspondiente al período del proyecto, se publiquen estos dos fallos que fueron realmente una jurisprudencia muy importante.

— También sucede con las opiniones consultivas…

— Sí, que aunque no tienen efecto obligatorio para los países también son muy importantes. Son documentos en los cuales la Corte interpreta un derecho y eso se hace a pedido de los países. La misma agencia española financió un proyecto en 2016, llamado “Mantenimiento de las capacidades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver casos y opiniones consultivas que contribuyan a la protección de grupos vulnerables a través de la emisión de estándares -derecho blando- sobre medioambiente, derechos de los pueblos indígenas, de protección de las niñas y los niños, y discriminación por orientación sexual y por identidad de género”. En 2017 y 2018, en el transcurso de un año y medio, hubo tres opiniones consultivas que justo tenían las mismas temáticas: medioambiente y derechos humanos la opinión consultiva 23; identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, la 24/17. Y una muy importante, que no para de citarse en muchísimos ámbitos y medios de comunicación, la opinión consultiva 25/18 que es la institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano. Hay que entender que la Corte nunca publicó tres opiniones consultivas en un año y medio. Desde su creación, tenía menos de veinte opiniones consultivas publicadas, pero en un año y medio publicó tres que tenían exactamente las mismas temáticas que el proyecto financiado por España. Obviamente es muy sospechoso. En cualquier país, esto generaría una investigación muy a fondo. Muchísima desconfianza en el Poder Judicial. Pero lo estamos dejando pasar a nivel interamericano simplemente porque muchas personas no están prestándole atención a lo que hace la Corte. Después tenemos muchísimos informes que publica principalmente la CIDH que tienen directamente el logo de alguna organización. Un agradecimiento a determinada organización gracias a la cual se pudo realizar ese informe. Eso también es muy problemático: cómo podemos confiar en la independencia de un organismo si vemos que el informe que publica…

— Tienen auspiciantes los informes, es increíble. Lo más increíble es que lo exhiban de esa manera. O sea, dicen “agradecemos la contribución de tal organización para elaborar este informe…”

— Sí, exactamente. Uno de los informes que realmente más me impactó fue el de la CIDH sobre protesta y derechos humanos. Fue financiado por la Open Society y publicado tres meses antes del comienzo de las protestas en Chile. Que fueron muy importantes y seguidas por protestas en muchísimos otros países. Este informe sirvió de argumento para proteger a manifestantes muy violentos que han hecho muchísimo daño. Hay otro informe bastante parecido a este sobre protestas sociales en Perú.

— ¿Que decía el informe?

— El informe justifica todo tipo de manifestación y no protege ningún derecho de las personas afectadas por esas manifestaciones. Es decir, no reconoce el respeto de la propiedad en el caso de que haya destrucción de tiendas, de autos, de lo que sea. Justifica todos y absolutamente todo tipo de protestas, incluso las violentas, explicando que provienen de violaciones a derechos, que las empresas explotan demasiado el territorio, que hay injusticias, y entonces las protestas violentas para la CIDH son una respuesta entendible, legítima, a esas violaciones de derechos, que obviamente hay que solucionar pero no violando otros derechos. Porque eso es lo que termina diciendo el informe.

— ¿Ese informe tiene el logo y el agradecimiento a Open Society?

— Sí, en la página 3 y eso está publicado en la página de la CIDH.

— Ustedes señalan también que existe conflicto de interés porque muchas veces estas organizaciones financian a la vez a la Corte y a los demandantes. Es decir, a las organizaciones que se están presentando ante la Comisión y la Corte, para exigir una reparación. Es pagarle al juez y al…

— Exacto. Exacto. Eso es también muy grave y lo vimos, por ejemplo, en el caso Manuela y otros contra El Salvador, un caso en el cual se debatió el aborto a pesar de que los hechos no tenían absolutamente nada que ver con el aborto. Pero por ejemplo la Fundación Ford financia a la CIDH y también a la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, que fue una de las peticionarias del caso, es decir, que patrocinó a la víctima. Entonces, tenemos una ONG que financia a los jueces y a una de las partes. También la Fundación Böll, cuyos ingresos provienen de los impuestos de los alemanes, financia a la Corte, de hecho hicieron juntos un curso sobre derechos humanos, y también apoya a la misma Agrupación Ciudadana del caso Manuela, defendiendo explícitamente el aborto. Es otro caso más de organización que trabaja junto con los jueces y las víctimas.

— ¿Qué repercusión ha tenido el informe que ustedes han elaborado? ¿Ha abierto algún debate?

— Sí. Lo que nosotros quisimos hacer fue sistematizar la información y probar con cifras lo que muchas personas que trabajan de cerca con el sistema intuían. Entonces este informe tuvo efecto primero en la opinión pública. Se replicó en la prensa en muchos artículos y medios de comunicación en los que se criticaba algún acto de la CIDH, de la Corte. También vimos impacto en los propios actores del sistema. Por ejemplo, embajadores de países ante la OEA, que conocen el sistema, se quedaron muy sorprendidos por esto, porque en general no tienen conocimiento tan de cerca de lo que pasa detrás de las cortinas. Y cuando se presentó el informe anual de la Corte, hace aproximadamente un mes, el presidente, el juez (Ricardo Pérez) Manrique, hizo una mención a que era muy importante señalar que la Corte no recibía financiamiento para actividad jurisdiccional. Intuimos que fue una respuesta a nuestro informe porque nuestra acusación es justamente que sí reciben financiamiento para actividad jurisdiccional. Quisieron hacer esa mención como para defenderse, pero queda claro incluso en el propio informe que el presidente de la Corte estaba presentando que siguen recibiendo financiamiento para este tipo de actividades.

— Claro, porque la información que ustedes usan, los datos, son publicados por el propio sistema.

— Exactamente. La Comisión y la Corte publican anualmente un informe anual de 1.000 páginas, pero muy pocas personas se sientan a leerlo, a analizarlo. Es lo que estuvimos haciendo para realmente tener pruebas de lo que afirmamos.

— ¿A qué creés que se debe esta voluntad de injerencia de algunos países europeos, como España y los países nórdicos esencialmente, para influir de esa manera en las decisiones de un organismo en un continente que no es el de ellos?

— Es muy difícil saber cuáles son sus intenciones. Lo que sí sabemos es que hay mucho trabajo para cambiar las legislaciones de los países que siguen siendo, digamos, tradicionales o conservadores. Y eso lo vemos por ejemplo con El Salvador. Porque es uno de los países que tiene leyes más protectoras de la vida desde la concepción. Genera a su vez importatnes políticas públicas para mujeres embarazadas, para protección de recién nacidos. Y bueno, vimos que en los últimos años muchísimos casos han llegado al sistema interamericano contra El Salvador sobre esa temática. Luego hay otro tema que es el tema de la metodología. En muchos países los lobbies y las organizaciones se dan cuenta de que no pueden ganar de forma democrática, en los Congresos, porque los representantes del pueblo y el propio pueblo que vota todavía sigue teniendo esos valores, de proteger la vida, la familia, la libertad religiosa. Entonces quieren pasar por otra vía que no es democrática e imponer esos derechos a través de sentencias. Evitan la vía democrática pero pasan por la Corte y pretenden imponer todos estos fallos de una forma erga omnes que reitero que no es lo previsto por la Convención. En muchos países de la región han avanzado con estos temas a través de las Cortes constitucionales, Cortes Supremas, no por legítimos representantes del pueblo.

El informe del GCHR puede descargarse aquí.

Por Claudia Peiró

La Ley Micaela fue la respuesta de circunstancia a un problema que los poderes públicos no logran resolver. Por eso la cifra de femicidios no ha disminuido, ni disminuirá. El remedio es equivocado porque el diagnóstico también lo es. Nuestros legisladores votan siguiendo la corriente, mientras otros lobbies aprovechan las crisis -generalmente desencadenadas por casos particularmente impactantes- para colar su ideología, en este caso, la de género, queer, no binarie o como le quieran llamar, una ideología que no fue plebiscitada, ni siquiera votada.

Eso no impide que el gobierno la haya convertido en dogma y, en virtud de la Ley Micaela (27499, del 10/1/2019), obligue en el mejor estilo estalinista a decenas de miles de agentes de la administración, de las fuerzas de seguridad, de los planteles de universidades, hospitales y medios oficiales- a realizar cursos cuyos contenidos están inspirados en la ideología de género.

Recordemos primero que Micaela García (21 años) fue secuestrada, violada y asesinada el 1° de abril de 2017 por un criminal reincidente que gozaba de libertad condicional, concedida por el juez Carlos Rossi. Varios crímenes como el de Micaela, cometidos por delincuentes sexuales beneficiados por la ley, habían tenido lugar en los años previos sin que los funcionarios de turno se sintieran interpelados. Pero Micaela García era militante del Movimiento Evita y del NiUnaMenos; el caso fue tomado como bandera. Entonces, los mismos que pocos años antes habían evitado la destitución del juez Axel López -otro liberador serial de delincuentes peligrosos- pedían ahora a gritos el juicio político de Carlos Rossi. De la indiferencia pasaron a la sobreactuación. Pero no a la eficacia.

El caso de Axel López fue paradigmático. En dos ocasiones concedió beneficios a presos peligrosos, contra la opinión de peritos que le advirtieron del riesgo de reincidencia, lo que efectivamente pasó. Volvieron a violar y a matar: en 2009, a Soledad Bargna, y en 2012, a Tatiana Kolodziej. Sin embargo, cuando fue enjuiciado en el Consejo de la Magistratura, lo protegieron los mismos que hoy baten el parche con las cifras de femicidio; no para buscar soluciones sino para crear estructuras inútiles, enjuiciar a todos los varones por igual y ahondar la grieta de género.

Lo insólito es que también el feminismo protegió a Axel López, aunque cueste creerlo. El juicio político, en 2015, coincidió con la primera convocatoria bajo el lema NiUnaMenos. pero las referentes de esa marcha que buscaba poner fin a los femicidios se negaron a respaldar el pedido de destitución del juez. Les resultó más cómodo acusar al machismo que increpar a los políticos del Consejo de la Magistratura.

Si Axel López hubiese sido destituido en 2015, tal vez su par de Entre Ríos Carlos Rossi lo hubiera pensado dos veces antes de liberar al asesino de Micaela García.

Cuando los políticos tomaron este crimen como bandera no lo hicieron para adoptar medidas eficaces contra la violencia doméstica sino para convertir en doctrina oficial y obligatoria una ideología extremista, marginal, que sostiene que el sexo no es biológico, que la distinción varón-mujer no es natural sino una construcción social; en concreto, usaron el caso para promulgar una Ley por la cual todos los agentes de la administración pública deben someterse a una capacitación cuyos contenidos apuntan a estigmatizar a un género -el masculino-, a enjuiciar la heterosexualidad y a devaluar a la familia.

Basta asomarse a esos contenidos para confirmar que poco y nada tienen que ver con los verdaderos motivos por los cuales en la Argentina la violencia no se frena: la ineficacia de las fuerzas de seguridad, del ejecutivo y de los jueces. Y de los legisladores. Todos ellos son corresponsables de la desprotección estatal que pone en riesgo a las mujeres, pero no sólo a ellas, sino a todos los argentinos, inermes frente al flagelo del delito y la violencia. ¿Qué medidas se han tomado en los últimos años para agilizar los juicios, evitar la salida anticipada de criminales peligrosos, mejorar el desempeño de las fuerzas de seguridad, hacer efectivas las medidas perimetrales y supervisar con eficacia las morigeraciones de penas?

En cambio, se les explica a los forzados auditorios de estas “capacitaciones” que el “sexo” es una “clasificación cultural binaria” y el “género” una “contrucción social”. ¿Sabrá esta gente que desde la prehistoria la humanidad se organiza en torno a la pareja humana varón-mujer, porque parece que la biología, la distinta función reproductiva de cada uno, tuvo algo que ver? Allí está la antropología para confirmarlo.

Los “estereotipos de género son modelos que se imponen a través del mandato social para que se cumpla con lo establecido como natural”, dice el dogma impuesto por ley. Un ejemplo es la asociación “mujer-madre” (muy antinatural, por cierto). El sexo es “asignado al nacer” y “se aprenden los roles de género, acorde a la sociedad patriarcal heteronormativa”, (sociedad que solo existe en las cátedras de Sociales).

La definición que ellos mismos dan de patriarcado demuestra que éste no existe en la Argentina: “…un tipo de organización social en la que los varones ejercen la autoridad en todos los ámbitos…; un orden social genérico de poder, basado en un modo de dominación donde el paradigma es el hombre”; esto dicen en un país que ya tuvo dos presidentes mujeres en los últimos 50 años y en el que ninguna norma, ni ley, consagra la superioridad del varón sobre la mujer. Ninguna.

El patriarcado, insisten, puede ser visto “como organización y estructura sociopolítica que asegura el poder de los hombres y subordina a las mujeres” y que se “impone por la fuerza y justifica la violencia contra aquellas mujeres que desobedezcan los mandatos de género, de la familia y la sociedad patriarcal”.

Nos vamos acercando al nudo de la cuestión: a los varones se les enseña a “ser hombres”, lo que consiste en “ser heterosexual”, “ser proveedor: sostener a la familia”, “ser fuerte”, “ser valiente o tener coraje”, etc. Estas cosas “terribles” que se enseña a los varones surgen del “binarismo de género”, de “la clasificación del sexo y el género en dos formas distintas y complementarias de masculino y femenino”. Un horror.

Los cursos refuerzan la idea de que la violencia es unidireccional; por eso hablan de violencia de género y no como debería ser de violencia doméstica o familiar, para abarcar todos los conflictos que pueden darse en ese ámbito. El objetivo es estigmatizar a un sexo.

El curso enumera varios tipos de “violencias por motivos de género”: “física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, doméstica, institucional, simbólica. mediática”, etc. A esto se agregó la “violencia política”, que busca “menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de las mujeres (…) en cualquier espacio de la vida pública y política…”

Traducción: una legisladora puede maltratar verbalmente a un colega en el recinto pero si éste la increpa a ella es violencia de género.

Se afirma que “pensar que los agresores padecen una problemática de salud mental es desconocer la responsabilidad que tienen por las violencias que ejercen”. Claro que hay agresiones y abusos basados en el machismo, como en el desprecio por la otra persona, pero negar la posible existencia de un trastorno o una perversión detrás de estas conductas es lo que lleva a los jueces abolicionistas a liberar violadores, como se liberó al asesino de Micaela García, en cuyo nombre se niega la realidad.

En la misma capacitación se afirma que “la mayoría de las violaciones son ejercidas por varones que las personas agredidas conocen y/o en quienes confían”. De nuevo olvidan el caso que dio origen a la ley, porque lo importante es socavar la confianza entre los sexos y estigmatizar al varón.

Micaela García no fue víctima de un noviazgo violento ni de una relación tóxica. No importa. Se asocia su nombre a una ley que no es inocua, porque se está utilizando una preocupación legítima de la sociedad y un reclamo más legítimo aún de las familias de las víctimas, para operar una reingeniería social y promover un credo deformante de la realidad. A lo largo de toda la capacitación, la violencia tiene una sola dirección y divide a la sociedad en un colectivo de víctimas -mujeres y lgbt- y uno de victimarios: los varones, todos.

“La violencia de género se basa en las desigualdades de poder que existen entre varones (lugar privilegiado) y mujeres y personas LGBTIQ+, pudiéndose ubicar allí el origen de todas las violencias, basadas en la discriminación y desigualdad”, sentencian.

¿El binarismo es violencia? ¿Toda la violencia deriva de la clasificación femenino-masculino? ¿Las mujeres no discriminan? Se termina asumiendo el credo del lesbofeminismo, que postula que lo más seguro para una mujer es “no estar casada” (con un hombre, se entiende), y que la heterosexualidad “no es la manera natural de vivir la sexualidad” sino “una herramienta política y social” destinada a “subordinar las mujeres a los hombres”.

Cada vez son más los organismos que deben someterse al adoctrinamiento. La sobreactuación no cesa. Un ejemplo lo ilustra muy bien: desde el 18 de noviembre del año pasado, en la provincia del Chaco, todo ciudadano (y ciudadana) que quiera presentarse a cargos públicos está obligado, como “requisito excluyente”, a someterse a esta humillación de género.

¿En qué tipo de violencia se encuadraría esta imposición estatal?

Campaña anti-varones

Llama la atención la convicción que anima a tantos funcionarios (y funcionarias) de estar haciendo algo para disminuir los femicidios en el país, cuando es evidente que no es así (ellos mismos llevan la cuenta). O, en todo caso, hacen cosas inútiles, porque a malos diagnósticos, malos remedios. Detrás de casi cada femicidio hay una historia de desprotección, de denuncias desoídas, de lentitud judicial, de protocolos mal aplicados, etcétera. A nada de eso se le busca remedio efectivo.

El número de femicidios sólo es usado para amplificar el discurso andrófobo, porque aunque la ministra de las Mujeres diga que “no hay lugar para violencias de ningún tipo”, para el funcionariado feminista la violencia es de un solo tipo y es unidireccional.

En momentos en que un caso como el de asesinato de Fernando Báez Sosa está en el candelero, ¿qué campaña, qué medidas vimos para prevenir, disuadir, evitar, las peleas a la salida de los boliches? ¿Qué campaña vimos contra el consumo de alcohol y de drogas? Al contrario, se las promueve, se las banaliza. Se cumplieron tres años de ese hecho que entristeció a todos, y no pasa nada. Ya ha habido otros Fernandos y los seguirá habiendo.

En momentos en que un caso incalificable como el del pequeño Lucio Dupuy confirma lo que sabemos todos -salvo los y las feministas- que la violencia no es “de (un) género”, sino que atraviesa todas las relaciones familiares y humanas en general, el Gobierno esta enfocadísimo en lo esencial.

A través del Ministerio de las Mujeres ha lanzado una feroz campaña contra los “micro-machismos”, neologismo feminista que sirve para ver patriarcado hasta en la sopa. En realidad, son spots anti-varones, en los cuales éstos son presentados bajo una luz negativa; toda situación incómoda, fricción o desentendimiento en el seno de una pareja o familia es siempre y sin atenuantes culpa de los varones.

La campaña está unificada por el hashtag #ArgentinaSinViolencias, pero ese plural no debe confundir. La violencia es una sola, masculina. El violento es el varón; el único desagradable, chicanero, prejuicioso, discriminador, extorsionador afectivo, incumplidor de sus deberes parentales, etcétera.

Las detractoras del “estereotipo” mujer-madre, lo sustituyen por otros: “mujer-santa”, o “mujer-víctima”, “mujer-inimputable”, etcétera. Y su contracara: “varón-irresponsable”, “varón-desconsiderado”, “varón-discriminador”, etcétera.

En uno de los spots de la campaña, una parejita joven se junta a comer pizza y tomar algo, hay arrumacos -consentidos, aclaremos-, pero cuando van a pasar a mayores, ella se acuerda de que no tienen preservativos. Él dice “no importa”, ella se pone firme, él se decepciona y se lo reprocha mal. Una basurita el pibe.

En otro spot, situación parecida. Él se enoja porque ella no quiere tener sexo y se va.

En otro, un padre de familia se prepara para ir a trabajar y antes de salir le dice a ella: “¿Buscás vos los chicos en el colegio?” Ella pone cara de desagrado. Él replica, sobrador: “Dale, ¿si yo no laburo quién paga las cuentas en esta casa?” Un garca. Y encima se va diciéndole “te amo”. Extorsión afectiva a full…

Unos flacos juegan al fútbol en un campito. La pelota se les va y una pareja de dos varones, sentados en un banco, se la devuelven de una patada. Comentario de un jugador: “¿Viste? Hasta un marica patea mejor que vos…” Homofóbico, discriminador, prejuicioso…

Hétero, que ya va siendo un insulto.

De nuevo, sólo los hombres discriminan, sólo ellos se ponen desagradables cuando no consiguen lo que quieren, sólo ellos pasan factura por su aporte a la familia, etcétera.

En otro spot, se muestra una reunión de trabajo. Mientras una mujer está hablando, dos colegas se envían una foto de la dama tomada de su perfil -foto normal, nada raro- y se guiñan el ojo, cómplices… La mujer nota la distracción y se molesta. Pregunta: ¿las mujeres no comparten fotos de hombres? ¿No hablan de las características físicas de tal o cual señor?

Hace poco, el actor Luciano Castro, decía, al diario La Nación: “No me siento acosado, pero si yo hiciera lo que me hacen a mí, me denunciarían (…). Me tocan los abdominales, las tetas… (…) ¿Qué pasaría si yo le tocara la panza a una chica? Me comería una denuncia de cabeza”.

¿Micro-qué vendría a ser esto?…

Se niega una binariedad para sustituirla por otra, una en la cual las mujeres no son violentas, no agreden, no matan. Es evidente que no pueden, por lo general, como un varón, matar de una piña o de una patada. Pero eso no les impide matar, mandar a matar o complotar para matar. La crónica policial está llena de casos.

Otro estereotipo, el de “madre-protectora” (ninguna madre maltrata, ninguna miente, ninguna hace falsas denuncias, etc), también está resquebrajado por el caso Lucio Dupuy, caso que ignoran porque no pueden cargarlo a la cuenta del machismo.

Pero además, ¿nunca vieron a una patota de chicas agredir a otra? Pregunten a los docentes de secundaria.

Todos los humanos tienen la tendencia a ser más violentos en grupo, a discriminar al diferente, a agredir para conseguir algo. Eso no se combate estigmatizando a un género, sino educando en valores, inculcando el respeto a la vida, propia y del otro.

Por Claudia Peiró

“Fueron San Martín y Belgrano los que nombraron a la Virgen Generala de sus ejércitos, hay cartas de puño y letra del Libertador en Mendoza sobre eso”, dijo el sacerdote Martín Panatti, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Montserrat.

Lo que se atribuye a gobiernos de facto es en realidad una tradición que hunde sus raíces en el fondo de nuestra historia. Rodolfo Walsh criticaba, entre otras cosas, el “déficit de historicidad” de la organización Montoneros, es decir, su desconocimiento de la historia argentina. En esa misma ignorancia se recuesta un anticatolicismo exacerbado desde los primeros debates públicos sobre el aborto, en 2018.

El 1° de enero de 1817, San Martín le escribía al gobernador interino de Cuyo, Toribio de Luzuriaga, para comunicarle que el siguiente domingo, 5 de enero, se celebraría una misa para la jura solemne de la Patrona del Ejército, la Virgen del Carmen de Cuyo, y de su bandera. En esa ocasión, el Libertador dejó a los pies de la Virgen su bastón de mando, que se conserva hasta hoy en la Iglesia San Francisco, en la ciudad de Mendoza.

Un dato central que se suele obviar cuando se habla del vínculo Iglesia – Estado, y en particular del sostén al culto católico, prescripto por la Constitución, es que el origen de esas transferencias es una expropiación: la que, siendo secretario de Gobierno de Martín Rodríguez, decretó Bernardino Rivadavia en 1822, por la cual pasaron a manos del Estado, miles de hectáreas de tierras y propiedades, inmuebles “no necesarios para el culto”, en opinión del funcionario de marras.

“Hasta entonces, la Iglesia se autoabastecía”, dice el padre Panatti.

Tan era así que, en 1871, un anticlerical como Bernardo de Irigoyen decía: “La verdad del caso [es] que la Iglesia se sostenía con los bienes que poseía, donados por los fieles. Vino el año 22 en que el gobierno concibió la idea patriótica de una reforma general, y en ella comprendió también al clero. Se inició pues la reforma eclesiástica, y para llevarla a cabo sancionó una ley que en su artículo 19 dice lo siguiente: ‘Desde el 1° de Enero de 1823, quedan abolidos los diezmos y las atenciones a que eran destinados serán cubiertos por los fondos del Estado’. Viene enseguida otra disposición de la misma ley de donde resulta que no fue la Iglesia Católica la que trató de ser sostenida por el Estado sino que fue el Estado el que tomó posesión de todos los bienes de la Iglesia, el que suprimió las contribuciones con que la Iglesia se sostenía, y que fue el Estado el que creyendo que estaba realizando una reforma liberal, una reforma de alta conveniencia pública, dijo: Tomo a mi cargo el sostén del Culto Católico en este país. Ésta es la verdad histórica”.

La cita de Bernardo de Irigoyen pertenece a un artículo de Edgardo Fretes, publicado en el diario Los Andes de Mendoza el 19 de abril de 2018, con el significativo título: “Relación histórica entre Iglesia y Estado en la Argentina: ¿quién sostiene a quién?”

La tesis de Fretes en aquel artículo era que los aportes que la Iglesia hace a la sociedad a través de las instituciones -educativas, sanitarias y caritativas- que administra y los fondos de colectas que redistribuye en esas obras superan ampliamente el aporte que recibe.

En 2018, los fondos del presupuesto destinados al sostén de la Iglesia eran de 174 millones de pesos. Mientras que la recaudación de las colectas de Cáritas, en el año 2016 por ejemplo, habían superado los 280 millones, dinero que vuelve a la sociedad “en educación, ayuda inmediata y emergencias, desarrollo institucional, abordaje de las adicciones y economía social y solidaria”, decía Fretes.

A eso había que sumarle la Colecta Más por Menos, que durante el mismo año había distribuido “entre las zonas más pobres del país, más de 35 millones de pesos”.

En 2021, los fondos estatales destinados a la Iglesia serán 148 millones. Nótese la disminución, que no es sólo nominal ya que si corregimos por inflación es mucho mayor, respecto a 2018. En tanto, Cáritas acaba de anuncia que su colecta anual alcanzó los 218 millones de pesos. Y la colecta anual es sólo una de las varias colectas que se hacen en el año.

Por otra parte, la Iglesia misma tomó la decisión de renunciar progresivamente al aporte estatal, proceso que está iniciado, en diálogo con la Secretaría de Culto de la Nación. Desde 2017, esos fondos, que se destinaban a las asignaciones de los obispos, a los seminaristas y al sostén de las parroquias de frontera, no se han actualizado prácticamente, lo que en los hechos implica una paulatina reducción.

Recientemente, en diálogo con el programa “Caminos de Encuentro”, de Radio María, monseñor Guillermo Caride, presidente de la Comisión Episcopal para el Sostenimiento de la Acción Evangelizadora de la Iglesia, decía: “Ya hemos resignado un valor de más del 50% de lo que recibíamos, al no haber actualizado el valor de los aportes y contar con una inflación que hace perderle el valor a nuestra moneda”.

“Tenemos el sueño de que la misión se sostenga con las donaciones de los fieles y podamos continuar con la renuncia a los aportes”, expresó Caride.

“La gente cree que el Estado sostiene a las Iglesias y eso es totalmente falso. Las parroquias nos tenemos que autosustentar”, afirma el sacerdote Martín Panatti. El sostén del Estado se limitaba a los obispos y, como se dijo, está disminuyendo. De ser equivalente al ingreso de un juez, hoy representa la 6a parte aproximadamente. Pero además, como lo señala Fretes, este sostén tuvo como contraparte la injerencia: hasta fines de los 60, los obispos eran elegidos por ternas y debían contar con la aprobación del Senado, como los jueces.

“Nunca existió un salario para los sacerdotes, como se quiere hacer creer -sostiene Panatti-. Hasta se quiso instalar la idea de que el Gobierno le pagaba a la Iglesia por cada bautizado, lo que es otra falsedad”.

“La Iglesia no recauda para mirarse el ombligo -dijo por su parte Edgardo Fretes-. Como católico estoy contento de que se despegue la Iglesia totalmente del Estado y nos hagamos cargo los fieles. Es mucho más sano no depender de nadie. Ahora, imaginemos la renta que tendría la Iglesia de no haber sido despojada de todos sus bienes. En los terrenos expropiados hoy tenemos barrios, localidades enteras. Ni hablar de la Capital, donde el Arzobispado tenía 300 manzanas. Hoy sería una renta extraordinaria”.

La expropiación rivadaviana dejó incluso en la calle a varias órdenes religiosas. No falta quien presente a Rivadavia como “gran impulsor del Cementerio de la Recoleta”, obviando que para ello despojó de sus terrenos a los monjes de la Orden de los Recoletos.

En su artículo, Fretes citaba la cifra de 35.000 hectáreas de campos, que hoy pertenecen a los partidos de Luján, Merlo, Avellaneda, San Pedro, Arrecifes, Moreno, Quilmes, Magdalena y Tres de Febrero.

De hecho, comenta Fretes, las iglesias que no sufrieron este proceso de expropiación, son Iglesias ricas. “Es el caso de las de España, Italia, Alemania… La Iglesia alemana por ejemplo ayuda mucho a iglesias de países del Tercer Mundo donando bienes o financiando proyectos educativos”, ejemplifica Fretes, que actualmente es coordinador de la Pastoral de Comunicadores de Mendoza y docente en la Facultad de Periodismo de la Universidad Juan Agustín Maza.

Los colegios católicos y escuelas parroquiales reciben subvención estatal para el pago de los sueldos docentes. Como casi todos los establecimientos educativos privados por otra parte. Ahora bien la infraestructura y el resto del personal se mantienen con el aporte de los fieles. Como recordaba Fretes en su artículo, se trata muchas veces de escuelas rurales y en zonas de difícil acceso. Y concluía: “La ecuación podría ser al revés: en lugar de sacar la cuenta de cuánto ‘gasta’ el Estado en los subsidios de los sueldos en los colegios católicos, me gustaría preguntar: ¿cuánto gastaría el Estado si el 30 por ciento del total del alumnado del país, que concurre a establecimientos católicos, fuera a escuelas públicas?”

Finalmente, el vicariato castrense, otra institución que ofende al ateísmo militante y ahistórico, pero que no es, como se lo suele presentar, una anomalía argentina.

Casi todos los ejércitos del mundo occidental poseen esa institución. Países tan modernos como Estados Unidos o Francia cuentan con capellanía y obispado castrense. Es habitual que los capellanes usen uniforme y tengan grado militar. Tampoco es una anomalía argentina.

En Francia existe una Diócesis para los ejércitos, a cuyo frente está el obispo Antoine de Romanet, que coordina el accionar de los 200 capellanes militares que acompañan al Ejército en sus misiones.

En Estados Unidos, existe la Arquidiócesis para los servicios militares (en inglés, Roman Catholic Archdiocese for the Military Services). Su actual titular es el arzobispo Timothy Broglio. Lo asisten cuatro obispos auxiliares y en el año 2019 contaba con 455 sacerdotes para la atención espiritual de los militares.

“Los turistas que acostumbran fotografiarse en el emblemático Times Square de Nueva York, deberían saber que la estatua que está allí es de un capellán del ejército norteamericano”, acota el padre Panatti.

Se trata del padre Francis D. Duffy y de hecho el triángulo norte de Times Square se llama Duffy Square. Este sacerdote católico y capellán castrense fue el clérigo más condecorado en la historia del ejército de esa nación, por su desempeño como capellán del 165° Regimiento de Infantería.

La Argentina nació católica; es un dato histórico, y eso deja huella. A la vez, se formó como una sociedad abierta, receptiva y tolerante. Porque de hecho, los países de cultura judeoccidental son los de mayor diversidad y tolerancia. Dato que el anticlericalismo indocto no es capaz de procesar.

Por Claudia Peiró

La funcionaria que redactó la ley, la titular del Ministerio de (algunas) Mujeres, una socióloga que asesora a Alberto Fernández, el ministro de Salud, legisladores y hasta el propio Presidente de la Nación han sido los nuevos propagadores de falacias ya desmentidas durante el debate de 2018.

UNO

En los fundamentos del proyecto de legalización del aborto, redactado por Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica, se dice que en 2018 “se registraron 257 muertes maternas en Argentina, de las cuales 35 se debieron a abortos inseguros, es decir, casi CATORCE POR CIENTO (14%)”. Y sigue: “Si comparamos esa proporción con lo que se estima ocurre a nivel global, donde al menos el OCHO POR CIENTO (8%) de las muertes maternas se deben a abortos inseguros, Argentina está cerca de duplicar el porcentaje”.

El Gobierno manipula sus propias estadísticas o no las conoce. Como lo explicó hasta el cansancio la licenciada Mónica Del Río (Notivida), esas 35 muertes maternas por “embarazo terminado en aborto”, no son sinónimo de aborto clandestino o provocado. “Dentro de esas 35 muertes -explica Del Río- hay: 7 que ocurrieron por ‘embarazo ectópico’, 1 por ‘mola hidatiforme’, 5 por ‘otros productos anormales de la concepción’ y 3 por ‘abortos espontáneos’”, es decir, 16 de esas muertes no tienen ningún vínculo con el aborto procurado “y no variarían con su legalización”.

Quedan 19, por lo que “las muertes por aborto provocado representan a lo sumo el 7,4 % de las muertes maternas”, dice Del Río, un número por debajo de la media global, pero ya vimos con el coronavirus que las comparaciones estadísticas internacionales no son el fuerte del gobierno.

DOS

“La legalización del aborto permite además, como ocurrió en la Ciudad de México o en el Uruguay, que disminuyan los abortos”, dijo el Presidente. Y Vilma Ibarra refrendó: “Generalmente, (los países) donde se ha legalizado tienen tendencia a la baja de abortos”. Aunque algunos lo certifiquen pretendiendo haberlo chequeado, es MENTIRA.

Estamos frente a un clásico de las campañas pro aborto. Una afirmación sin respaldo estadístico y contraria al sentido común.

El único modo de sostener esto es el inflado de las cifras de abortos clandestinos. Repiten hasta el cansancio que en Argentina se practica medio millón de abortos por año, una cifra descomunal, pergeñada; como no hay modo de corroborarla, se la instala por repetición goebbeliana. Una maniobra básica: exageró los números incomprobables para luego poder decir que la legalización redujo la estadística.

En Uruguay, según cifras oficiales, los abortos aumentaron continuamente desde su legalización en 2013: hubo 7.171 en ese primer año; 8.537 en 2014; 9.362 en 2015, y 9.719 en 2016. Recién entre 2018 y 2019 se verificó un leve descenso: 146 casos menos, pero todavía no puede hablarse de una tendencia.

En España sucedió exactamente lo mismo: en 1987, 16.206 abortos; en 2000, 63.756 abortos; en 2006 ya superaban los cien mil: 101.592. La tendencia alcista se revierte recién en 2014, para estancarse desde entonces en una cifra que oscila entre los 94 y los 95 mil. Este descenso no significa menos abortos, sino menos abortos quirúrgicos, debido a la aparición de las pastillas abortivas. Dicho sea de paso, si en España (46 millones de habitantes) se practican unos 95000 abortos anuales, salta a la vista que la cifra de medio millón de abortos en la Argentina (45 millones de habitantes) es directamente grosera.

En Francia, 67 millones, el número de abortos aumentó un 3,7 % en 2019 respecto a 2018: 232.200 abortos. En 2019 hubo hubo 16,1 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, frente a 15,5 en 2018.

Como la cifra de medio millón de abortos en Argentina es difícil de sostener, la rebajaron a 370.000. Lo acaba de decir Vilma Ibarra. Pero si en Francia son 230.000, con una población mucho más numerosa que la nuestra, es evidente que estamos frente a otra mentira.

TRES

La Ministra de algunas Mujeres, géneros y otras categorías calzó dos mentiras en un solo párrafo: “Los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna en el país, ya que entre 30 y 40 mujeres mueren por año a causa de la clandestinidad de los abortos”.

Hace tiempo que los abortos clandestinos no son la primera causa de muerte materna (muerte de una mujer mientras está embarazada o hasta 42 días después de la terminación del embarazo y por causas vinculadas a él). Las mismas cifras oficiales certifican que en nuestro país hay más muertes maternas por mala atención durante el embarazo y el parto que por abortos provocados.

Hace pocos días, la Ministra repitió que el aborto se lleva “la vida de cientos de mujeres”. Lo reiteró este martes en el inicio del debate: “La legalización va a salvar vidas todos los días”. Para que esto fuese así, matemáticamente, debería haber 365 muertes maternas por abortos provocados en el país cada año y no menos de 20 como en la actualidad.

CUATRO

La ex candidata a senadora porteña Dora Barrancos pretendió negar un dato histórico irrefutable. Según ella, “no hay registro de políticas pronatalistas” en los gobiernos de Perón. Y dice haber hecho una investigación. Ayudémosla con una pista: el gobierno peronista del 73, incluyó el crecimiento de la población como un imperativo de gestión, y adoptó medidas para aumentar la fecundidad, reducir la mortalidad y fomentar la inmigración, en el Plan Trienal (1974-77). Para más datos, se puede leer el trabajo de Karina Alejandra Felitti (UBA-Conicet) que investigó mejor que Barrancos. En “La política demográfica del tercer gobierno peronista”, Felitti menciona el decreto 659, del 28 de febrero de 1974, que establecía un control más estricto de la venta de anticonceptivos y prohibía las campañas de control de la natalidad.

Dora Barrancos era treintañera en los 70. Fue testigo de estos hechos pero tal vez no los recuerde porque en esos años la corriente con la cual se identificaba estaba enfrentando al gobierno de Perón.

Según ella, y así se lo dijo a Alberto Fernández, a quien (mal) asesora en esta materia, no hay constancia de que Perón y Evita estuvieran en contra del aborto… Otra mentirijilla y van… Hay un libro del año 1950, “La Argentina Justa, libre y soberana”, que resume toda la obra del primer gobierno de Perón, con un capítulo referido a la salud pública donde figuran láminas con las consignas “¡protegido antes de nacer!” y “desterrar del país la práctica del aborto criminal”.

Manipular la historia, el pensamiento y la doctrina del peronismo, para sustituir las verdades peronistas por mentiras fernandistas, es deshonestidad intelectual.

Pasan los años pero el entrismo, que caracterizó a ciertas organizaciones de los 70, sigue vigente. Antes creían que al peronismo había que agregarle el calificativo “revolucionario”, como si no lo hubiese sido siempre; ahora, afirman que el peronismo “será feminista o no será”, negando que ese movimiento lleva en su genética la emancipación y participación de la mujer. La misoginia es un rasgo de otros partidos; nunca lo fue del peronismo.

CINCO

Uno de los argumentos preferidos de las promotoras del aborto es que no hablan en su nombre sino en el de las mujeres pobres… En particular las del interior.

Dejemos de lado el tufillo porteñista que ya afloró fuertemente en el debate de 2018. El “interior” sería una suerte de rémora, de lastre, para el progreso del país cuyas claves e instrumentos sólo conocen los esclarecidos representantes de la Capital.

Lo único cierto es que, en las villas de la propia ciudad de Buenos Aires los sondeos no revelaron ningún respaldo a esa postura, sino lo contrario, ni colocaron el aborto entre las prioridades de las mujeres pobres.

Como dijo el padre Pepe Di Paola, “parte de esta hipocresía es plantear que el aborto es una necesidad de los pobres, dicen hacerlo por ellos”.

“El Presidente dice que ha enviado el proyecto al Congreso porque había hecho una promesa y la quiere cumplir. Sería interesante que nos dijera ante quién se comprometió”, dijo Di Paola. “Al pueblo seguramente no. Al pueblo de la villa menos. Al de las provincias tampoco”, aseguró.

En su mensaje, Alberto Fernández sostuvo que la “estadística nacional oculta, a su vez, las desigualdades al interior de nuestro país”. “Hay provincias que llegan a cuadruplicar la tasa de mortalidad materna nacional”, aseguró, mencionando a Santiago del Estero y Formosa. Mónica del Río recuerda que Formosa, en 2018, tuvo “cuando mucho, una muerte materna por aborto provocado; la misma cantidad que Santa Cruz que tiene la mitad de habitantes, pero no encaja en el relato”.

Más aún, destaca, “en 2018 hubo 15 provincias sin muertes maternas por aborto inducido: Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego”. “Mientras que la ‘opulenta’ Ciudad de Buenos Aires, que hace abortos en 16 hospitales y 44 CeSACs [centros de salud], registró 3 muertes de gestantes vinculadas al aborto procurado”, remata.

En las villas, desde el año 2018, se formó una red en defensa de la vida. Mujeres que la integran le escribieron una carta al papa Francisco contando que “diariamente desde el 2018 en los centros médicos asistenciales instalados en nuestros barrios (les dicen) frases del estilo: ‘¿Cómo vas a hacer para criar otro hijo?’ ‘En tu situación es irresponsable traer otro hijo al mundo’ o ‘el aborto es un derecho, nadie te puede obligar a ser madre’ (…) Si ésto ocurre en las salitas y en los hospitales de Buenos Aires sin que exista una ley de aborto, ¿qué va a pasar con una ley vigente que le asegura a las chicas desde los 13 años un acceso irrestricto a esta práctica horrenda?”

Digámoslo claramente: la derrota del proyecto de legalización en aquel año, sólo desató una furia abortista de hecho. Recordemos la impresionante compra de Misoprostol, primera medida “sanitaria” tomada por Axel Kicillof al asumir.

SEIS

Lo anterior, desmiente otra falacia oficial: el aborto como lo más urgente a decidir. Ello en medio de una pandemia inédita y de una crisis social sin precedentes con un 40 por ciento de pobres. Hay que tener mucho descaro para poner el aborto en el tope de las prioridades en semejante contexto. Como dijo el senador José Mayans, “el aborto es la causal de muerte (femenina) número 74”.

SIETE

La diputada Cecilia Moreau llamó a “dejar en la puerta del Congreso” las “convicciones religiosas o más personales”, ante el debate sobre la legalización del aborto. Un dislate que ni siquiera es original. La misma necedad viene siendo repetida por los voceros de la legalización desde hace un par de años.

Subyace en esto la intención de reducir la oposición al aborto a un tema religioso. Como si afirmar que existe vida desde la concepción fuese un dogma monoteísta y no una comprobación científica. ¿Es necesario creer en Dios para pensar que la vida es el bien más preciado a custodiar? El propio papa Francisco lo dijo en la carta que envió al padre Pepe Di Paola con motivo de este debate: “El asunto del aborto no es esencialmente religioso. Es un problema humano previo a cualquier opción religiosa”. “El tema del aborto debe ser tratado científicamente y me subrayó la palabra científicamente”, agregó Di Paola.

Alberto Fernández lo sabe, y por eso trata de camuflar el proyecto con otro “de los 1000 días”. Una medida que, como dijo el doctor Fernando Secin, “es esquizofrénica: pretender alimentar al bebé deseado (y) condenar a muerte al otro. ¿Qué pasa? ¿El bebé deseado es un ser humano y el otro un conjunto de coágulos o una bolsa de células?”.

Es evidente que, aunque manden a Ginés González García a decir que “no hay dos vidas”, que sólo está la vida de la madre y “lo otro es un fenómeno (sic)” -¡y es médico!-, saben muy bien lo que está en juego y por eso buscan acallar su conciencia mintiéndole a la gente y mintiéndose a sí mismos.