Por Claudia Peiró

No le bastó a la ministra de Salud, Carla Vizzotti con la escandalosa campaña de promoción de ligadura de trompas y vasectomías en adolescentes que lanzó su ministerio en septiembre pasado. Siguió su raid antinatalista con una disertación en un panel organizado por Fos Feminista y Amnesty International, en el que también participó IPPF (Planned Parentwood) y en el cual la funcionaria dio las cifras de abortos realizados en el sistema público el año pasado (73.487) y en lo que va del actual (más de 34 mil), se jactó de la floreciente industria nacional de misoprostol y hasta destacó que un laboratorio local está avanzando en la producción pública de mifepristona para el 2023, con el objetivo de exportar.

“Argentina lidera el antinatalismo en la región”, dice la licenciada Mónica del Río, que en el boletín Notivida hace el seguimiento de las estadísticas vitales publicadas por el propio Ministerio. “La disyuntiva era bajar la pobreza o eliminar a los pobres y el Gobierno argentino ya decidió”, concluye.

Traducido, se trata de promover la oferta y colocación de un anticonceptivo de larga duración inmediatamente después de un aborto o un parto, antes de darle el alta a la paciente. Como admite el propio gobierno, esta Guía, un documento de 112 páginas adjuntado al decreto, fue realizada “con la colaboración técnica de UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas)”.

Los redactores del documento oficial advierten que en él “se han respetado los lineamientos de lenguaje inclusivo establecidos por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Argentina en 2020″. Casi una garantía de calidad…

Los considerandos son reveladores de las intenciones de la Guía: “Uno de los principales fundamentos de esta estrategia se basa en comprender que el embarazo, parto, puerperio y situación de aborto es para muchas mujeres o PCG [N. de la R: sic, por “personas con capacidad de gestar”] el primer contacto con el sistema de salud, por lo que estas situaciones se constituyen como una oportunidad de oro…”

Una oportunidad de oro para asegurarse de que no vuelvan a gestar, al menos por un buen tiempo. Los anticonceptivos de larga duración que proponen son esencialmente el DIU (espiral) y el implante subdérmico, con duraciones que oscilan entre los 3 y los 5 años. La ventaja que presentan, siempre según la Guía, es que “no requieren ninguna acción por parte de la usuaria después de la inserción, lo que significa que la usuaria no puede alterar la eficacia del método”.

Una “ventaja adicional” es que cuando una mujer desea interrumpir la anticoncepción, debe acudir a un centro de salud, dice el documento. Donde la estarán esperando para convencerla de lo contrario porque la única línea que se puede bajar en esta materia es la de promover la no gestación y, si ésta se produjera de todos modos, el no nacimiento. Porque, como lo hicieron en el debate del aborto, llaman al prestador de salud a “separar sus creencias y valores de los de sus pacientes y centrarse en las necesidades de las mismas”. Es decir, sólo valen las creencias que ellos promueven.

Entre las justificaciones de la Guía, figura el recordatorio de que en 2015 “la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030″ y que ésta “incluye la meta específica de garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva”.

La Guía se explaya en las ventajas de los métodos anticonceptivos de larga duración, su grado de eficacia y la forma de aplicarlos según sea posparto o posaborto. La intención es generalizar estas prácticas, asegurarse de que todas las mujeres que pasen por un establecimiento de salud para dar a luz o para abortar, egresen de allí esterilizadas, al menos por un buen tiempo.

Prioridades y urgencias del gobierno

La promoción de estos métodos no se detiene ante barreras de ningún tipo. La Guía recuerda que las “niñas/es/os (sic) hasta los 13 años pueden brindar su consentimiento (¡sic!) con asistencia de sus progenitores” o del adulto a cuyo cuidado se encuentren, para la colocación de un DIU o un implante. También que “los adolescentes de 13 a 16 años pueden consentir toda práctica que no implique un riesgo grave para su salud o su vida” y que “a partir de los 16 años, tienen capacidad plena para la toma de decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo como una persona adulta”.

La Guía revela las prioridades del gobierno: “La SSR (Salud Sexual y Reproductiva) es una urgencia, y por esto los servicios que brindan anticoncepción a las mujeres o PCG son esenciales”.

Citando siempre al Fondo de Población de Naciones Unidas, se asegura que los beneficios sociales de la contracepción de larga duración son: el “mayor crecimiento del PIB y del PIB per cápita”, el “incremento del número de adultos en edad de trabajar en relación con el número” de menores dependientes, y la “reducción de la demanda de gasto público en educación, vivienda y saneamiento”.

Es evidente que si se reduce la población, cosa que en Argentina podría suceder pronto, considerando el empeño que ponen en ello los funcionarios públicos, se reduce la demanda de escuelas, casas y servicios.

Pero, considerando que estas políticas se han vuelto prioridad de prioridades desde 2014, los resultados en materia de crecimiento están muy lejos de confirmar el optimismo malthusiano de los antinatalistas.

Muchos métodos, poca mano de obra

“La anticoncepción es una intervención económica y rentable, pero la escasez de personal sanitario y las políticas restrictivas sobre las funciones de agentes de salud no médicos limitan el acceso a métodos anticonceptivos eficaces en muchos entornos”, advierte la Guía. Lo que llaman “políticas restrictivas” son las incumbencias de cada profesión, algo que se vincula a la formación y no puede ser pasado por alto con ligereza.

“Tienen muchos métodos pero les falta mano de obra”, ironiza Mónica del Río.

En consecuencia, y conforme a su afán de no desaprovechar la “oportunidad” que representa esta suerte de clientela cautiva que son las parturientas argentinas, el Gobierno, con auxilio de la oposición en el Congreso, se propone cumplir con otra directiva del Fondo de Población: la sanción de una ley que amplíe las funciones de las obstétricas. “La Comisión de Salud le dio despacho a los proyectos que permitirían a las parteras brindar -de forma autónoma- servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Podrían ofrecer consejerías, recetar anticonceptivos y abortivos, colocar y extraer dispositivos intrauterinos e implantes y aplicar anticonceptivos inyectables”, dice Notivida.

El proyecto, que es una fusión de los presentados por Mónica Macha (Frente de Todos) y Silvia Lospennato (PRO), pasa ahora a la comisión de Legislación General.

“Recordemos que en 2019 varias entidades médicas se opusieron a esta ley”, dice la licenciada Del Río que se tomó el trabajo de resumir el debate en Comisión.

Silvia Lospennato, por ejemplo, redactó su proyecto con la colaboración del Fondo de Población y así lo hizo constar.

Esta ampliación de funciones de las parteras permitiría extender lo más posible estas prácticas dado que, dicen los legisladores, el acceso a la anticoncepción es muy dispar según el lugar de residencia y la condición económica de la mujer. Siempre pensando en las mujeres pobres…

La entrerriana Carolina Gaillard, del Frente de Todos, elogió a las parteras: “Se han cargado al hombro todo el tema de las interrupciones del embarazo en muchas provincias”, dijo, como quien describe una epopeya.

Y Mara Brawer (Frente de Todos) admitió sin sonrojarse que apenas asumió su último mandato recibió “una comunicación de la gente de UNFPA (Fondo de Población)” pidiéndole por esta ley -que acató de inmediato- y por eso le daba “mucha alegría” su tratamiento.

Como en esto no hay oficialismo y oposición, Lospennato se encargó de destacar el aporte de la gestión Macri: “Uno de los mayores orgullos que tengo del gobierno anterior es que lanzó el Plan ENIA que este Gobierno continuó y profundizó”, en referencia al programa de prevención del embarazo adolescente.

En 2018, el gobierno de Mauricio Macri recibió financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución del “Programa de Apoyo a Políticas de Igualdad de Género”, por un monto de 200 millones de dólares. En el Boletín Oficial del 18 de noviembre de 2018, junto con la aprobación del Modelo de Contrato de Préstamo BID, se publicaban en anexo las condiciones exigidas por el organismo para el desembolso.

La primera de las condiciones es la que enorgullece a Lospennato, la segunda, está en trámite en el Congreso, y la tercera es la que el Ministerio de Educación impulsa con más entusiasmo que la enseñanza de los saberes básicos: “1) Que se haya aprobado el Plan Nacional para la Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (…); 2) Que el Ministerio de Salud de la Nación haya promovido [un] Proyecto de Ley que regule el Ejercicio Profesional de la Obstetricia, facultando, entre otros, que estos profesionales apliquen los métodos anticonceptivos previstos (…); 3) Que el Ministerio de Educación de la Nación haya promovido y concretado la aprobación por parte del Consejo Federal de Educación de una resolución que incluya, por lo menos, dos de los siguientes compromisos: (i) aprobar los saberes priorizados en Educación Sexual Integral (ESI) para cada nivel educativo (Núcleos de Aprendizaje Prioritario, NAP); (ii) incluir en los Planes Educativos Institucionales (PEI) el enfoque de ESI; y (iii) identificar un referente que actúe como nexo con los equipos jurisdiccionales y de enlace con el PEI para la implementación de los NAP”.

Sorprende ver cómo, quienes ponen el grito en el cielo por las condicionalidades del FMI, corren a cumplir estas exigencias.

Los logros antinatalistas en cifras

Según un informe reciente de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), la Argentina vive el descenso más pronunciado de nacimientos en su historia, con una caída récord: 250 mil nacimientos menos por año. La tasa de fecundidad bajó un 34% desde 2014, año en el que la gestión de Cristina Kirchner adhirió con entusiasmo a las políticas antinatalistas promovidas por los organismos internacionales.

Insólito es el tono festivo del Cippec al comentar estas cifras a la agencia Télam: “Nacen un 34% menos de chicos de los que nacían hace cinco años. Es histórico, es totalmente revolucionario”, dijo uno de sus integrantes, Rafael Rofman, demógrafo y economista, con 20 años de trabajo en el Banco Mundial, antes de desembarcar en el think tank local. “Antes nacían unos 750.000 niños por año y ahora nacen 500.000″, precisó y agregó que la tasa de fecundidad argentina está “entre las más bajas de Latinoamérica”. Todo un logro.

“En 1950 la tasa era de 3,3 niños por mujer; entre 1950 y el 2010 bajó a 2,4, mientras que desde 2015 empezó a bajar cada vez más rápido y en 2020 estamos en 1,55″, precisó. Vale aclarar que esa cifra es inferior a la tasa de reemplazo (2,1 hijos por mujer) de la que depende la estabilidad de una población.

Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dijo a Télam: “Es una buena noticia porque genera condiciones a nivel macro para una dinámica de desarrollo económico distinta, los países más exitosos son los que tienen menos hijos, porque esto permite que haya más mujeres aportando a la economía”. Una afirmación sin sustento.

“Somos los mejores alumnos en esta materia; nos ponen de ejemplo en la región”, dice Mónica del Río. Es por ese motivo que en paralelo a la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Planned Parenthood y Amnesty organizaron un panel para que Carla Vizzotti expusiera los logros argentinos en la materia.

Para confirmar su preocupación por cumplir con agendas ajenas, después del nuevo papelón en materia internacional -la fallida candidatura de Cecilia Todesca a la presidencia del BID-, nos llevamos un premio consuelo: Argentina encabezará el nuevo “Instituto de Género e Igualdad” del BID, el mismo organismo que en 2018 le impuso a la Argentina promover una ley nacional de obstetricia que faculte a las parteras a colocar DIUs e implantes subdérmicos.

En eso están nuestros obedientes legisladores.

En la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer la compra por licitación para la dirección de «Géneros y Diversidad» del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de un total de 180 mil píldoras: 75 mil hormonas medicinales, valerato de estradiol; 55 mil hormonas de estradiol (en diferente envase y unidades por caja); y 50 mil diuréticos tipo monodroga de 100 miligramos. En la resolución administrativa, 2023-8-APN-UGA#MS, del viernes 30 de junio puede leerse en sus considerandos «que por los presentes actuados tramita la adquisición de insumos para hormonización, solicitada por la DIRECCIÓN DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD, por un monto estimado en PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA ($592.833.050.-).

Como suele ocurrir, entre las ofertas presentadas para cubrir la licitación, se encuentra la de Laboratorio ELEA, del magnate Hugo Sigman, financista a su vez de las campañas políticas del plantel gobernante.

La única forma de masificar la venta de este tipo de hormonas es mediante su suministro por parte del Estado, ya que sus precios son altos para el promedio de la población, lo que también convierte todo el proceso en un jugoso negocio para los laboratorios. La licitación requiere 75.000 unidades de VALERATO DE ESTRADIOL en envase de 28 comprimidos, 55.000 unidades de ESTRADIOL 0.6 MG/GR en gel por 80 gramos, y 50.000 unidades de ESPIRONOLACTONA por 100 gramos.

La ley 26.743, sancionada en el año 2012, que estableció el «derecho a la identidad de género», obliga al Ministerio de Salud a solventar con dinero público todos los gastos del tratamiento de hormonización para quienes deseen someterse al mismo, en base a su «autopercepción».

“La referida ley establece en su artículo 11, que pueden acceder a las intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales, todas las personas mayores de edad sin requerir autorización judicial o administrativa, rigiendo para las personas menores de edad lo previsto por el artículo 5° de la citada ley, en lo pertinente y con el alcance previsto en dicho artículo 11 para el supuesto de requerirse intervención quirúrgica total o parcial”, detalla el decreto 903/2015 que explica por qué el estado sustenta económicamente estas demandas.

Efectivamente, la ley del año 2012 sostiene: «Artículo 11.- Derecho al libre desarrollo personal. Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, conforme al artículo 1º de la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa (…) En el caso de las personas menores de edad regirán los principios y requisitos establecidos en el artículo 5º°para la obtención del consentimiento informado. Sin perjuicio de ello, para el caso de la obtención del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial se deberá contar, además, con la conformidad de la autoridad judicial competente de cada jurisdicción, quien deberá velar por los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño o niña».

Considerando las jugosas ganancias de los laboratorios con este tipo de legislaciones, podría plantearse que «donde hay un negocio, nace un derecho». Llamativo en un país como la Argentina, que tiene a casi la mitad de su población y al 60% de sus niños bajo la línea de pobreza.

Por Claudia Peiró

Una siniestra campaña es la que el Ministerio de Salud de la Nación ha lanzado a través de las redes. “A partir de los 16 años se puede acceder gratis a métodos anticonceptivos permanentes: ligadura y vasectomía”, dice uno de los flyers de la propaganda vía Twitter.

En la página del Ministerio, amplían estas buenas noticias. Por ejemplo, se lee: “El Código Civil reconoce que desde los 16 años podés tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de tu cuerpo”.

Cuesta entender qué relación hay entre el cuidado del cuerpo e intervenciones quirúrgicas como la vasectomía y la ligadura de trompas, que cancelan la función reproductiva del ser humano. Que además sea el Ministerio de Salud el que lo promueve es algo que dice mucho del furor antinatalista que inspira a las autoridades. ¿Cuál es el “bienestar general”, cuáles los “beneficios de la libertad” que se quiere asegurar de esta manera para “nuestra posteridad”? Es algo que deberían responder legisladores y funcionarios que se supone juran por la Constitución.

Están propagandizando activamente que los jóvenes se esterilicen de modo definitivo a partir de los 16 años. ¿Cómo se pretende que un adolescente tome decisiones así de drásticas e irreversibles en una etapa de la vida que se caracteriza por la duda existencial, los temores, las inseguridades, pero también por la audacia y la inconsciencia?

El flyer además incita a los chicos desde los 13 años a ir a informarse “sin compañía de personas adultas” -así, subrayado- sobre los métodos anticonceptivos.

El Ministerio no sólo se lleva puesta la esencia humana al banalizar la capacidad de dar vida; también ataca a la familia al desconocer explícitamente la autoridad parental en temas tan trascendentes.

“La Ley 26.130 [N. de la R. “Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica”, del año 2006] establece que a partir de la mayoría de edad podés acceder gratis y de manera autónoma a la anticoncepción quirúrgica (ligadura tubaria y vasectomía)”, anuncia el Ministerio de Carla Vizotti.

El Código Civil, sancionado en 2014, recogió el interés electoral del kirchnerismo de autorizar el voto a partir de los 16, y extendió esa mayoría de edad a otros planos, contrariando la realidad sociocultural presente, que extiende la minoría casi hasta los 30 años, como bien lo saben los padres de hoy.

En consonancia con ese espíritu, en su sección 2a, art. 26, el Código dice que “a partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo”. De todos modos, del “cuidado de su propio cuerpo”, a la amputación de una de sus funciones hay un largo trecho.

De nuevo, cuesta entender cómo métodos quirúrgicos de esterilización, difícilmente reversibles, por lo tanto destinados a personas que ya tienen hijos y están muy seguras de no querer tener más o a quienes tenerlos comprometería gravemente su salud, son promocionados por el Ministerio del área y para colmo como mensaje destinado a adolescentes… Ligadura de trompas para las niñas y vasectomía para los varones. Difícil imaginar algo más irresponsable y perverso.

Para los jóvenes argentinos sin horizonte, cuyo destino es la emigración o la pobreza, la única propuesta de estos incapaces es sugerirles que se automutilen para no engendrar, para no dar vida.

Me pregunto si algún diputado, o diputada, va a honrar su condición de representante del pueblo y va a convocar a la señora Vizzotti para que explique por qué promueve la esterilización de los adolescentes argentinos.

Para ese Ministerio del Mal, el embarazo es una enfermedad, y la vida, una epidemia a combatir.

En la Argentina, la natalidad cayó al nivel más bajo de la historia en 2020, último año con cifras oficiales; las políticas antinatalistas -que son política de Estado porque en esto no hay grieta- están logrando su propósito: nacen cada vez menos argentinos. El antinatalismo es el único consenso al que han llegado nuestros políticos.

La tasa global de fecundidad (el número de hijos por mujer) se ubicó en el año 2020 en 1,54, el valor más bajo de la historia, y muy lejos de la tasa de reemplazo que es de 2,1 -la que mantiene estable el número de habitantes de un país-.

La excusa de la pobreza, esgrimida para promover el control de la natalidad, no se sostiene considerando que la pobreza no hace más que subir desde 2014, a la vez que la fecundidad baja. Sin embargo, se sigue promoviendo abiertamente la eugenesia social.

Curiosamente la izquierda, y el progresismo en general, que en los 70 denunciaba como imperialista el control de natalidad -y con razón, ya que fue Robert McNamara desde el Banco Mundial el que la enunció por primera vez- hoy se pliega a la idea de que la respuesta a la pobreza es que los pobres no tengan hijos.

En la tierra del “gobernar es poblar”, ningún dirigente parece preocupado por este fenómeno, a pesar de que, simultáneamente, en el sur del país, grupos de provocadores desafían la soberanía territorial de nuestro Estado.

La única política poblacional que tiene hoy la Argentina es que no nazcan argentinos. Difícil concebir mayor derrota metafísica, mayor desesperanza.

Reducir la población en un país de 2.780.400 kilómetros cuadrados y 47 millones de habitantes sólo favorece las ambiciones de otras potencias que ya han agotado sus recursos naturales y aspiran a explotar los de otras áreas en su beneficio.

Eso explica los desvelos de ciertos dirigentes extranjeros por el Amazonas, del que se apropian virtualmente al llamarlo “pulmón del mundo”, o por la Patagonia -a la que siempre nombran como una región autónoma-, o por la Antártida de la que los separan miles y miles de kilómetros.

Pero todo eso son detalles sin importancia para la política de cabotaje que hunde al país en la intrascendencia y les ofrece a nuestros jóvenes un lúgubre porvenir.

A pesar de encontrarse en etapa experimental y por dicho motivo desconocerse los efectos adversos a largo plazo, el diputado por Tucumán, Pablo Yedlin, reclamó hacer obligatoria en la Argentina la inoculación contra el Covid-19. El actual Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, y eterno lobbista de los laboratorios sostuvo: «Aquellos que no se vacunen van a sufrir algunos niveles de restricción (…) Tenemos que discutir la incorporación de la vacuna del coronavirus al calendario obligatorio».

Consultado sobre la aplicación de un «Pase Sanitario», cuya implementación en la Argentina ya comenzó precisamente en Tucumán, expresó: «Es un tema a resolver, muchos países del mundo lo están haciendo» y contestó afirmativamente: «Cualquier elemento que favorezca que más gente se vacune, es una buena medida».

En su opinión: «En Argentina tenemos la posibilidad de vacunarnos todos, que nadie se quede sin segunda dosis y que todos los chicos sean inoculados», a pesar de que los niños prácticamente no tienen ningún riesgo con esta enfermedad y su inoculación es discutida en todo el mundo, incluso por instituciones que han apoyado de manera activa la vacunación en otros grupos etarios.

Sin embargo, la serie de inoculaciones no quedan ahí: «Necesitamos generar la mayor cantidad posible de afluencia de gente para cumplir con su segunda dosis y que se comience con la tercera».

Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Argentina, ya había anunciado el 26 de noviembre que el Gobierno trabaja en la implementación de un “pase sanitario para las actividades de más riesgo, los eventos masivos y en espacios cerrados, para los mayores de 13 años”, reclamando como requisito “que tengan el esquema completo”.

¿Quién es Pablo Yedlin? De formación médico, ligado a los intereses de la industria farmacéutica, en 2018 impulsó junto a la Fundación Huésped, la nueva ley de vacunas con aplicación obligatoria y compulsiva. De acuerdo al propio Yedlin el negocio de los laboratorios se habría visto aumentado en U$S 400 millones de dólares con dicha iniciativa.

Yedlin ha venido actuando en el Congreso Nacional como un alfil del actual Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, ambos fuertemente ligados al dueño del grupo Insud, Hugo Sigman, propietario de Laboratorios Bagó, Chemo y Elea, entre otros.

En octubre de 2020 fue el promotor de la inmunidad judicial para los laboratorios. En aquella ocasión advirtió que “Renunciamos a oponer defensa de inmunidad soberana en temas particulares que tengan que ver con esto, como se ha hecho varias veces, por ejemplo, con la deuda externa”, y aclaró que “este es un pedido que hace la industria farmacéutica a todos los países”.

El diputado Pablo Yedlin tiene antecedentes de favorecer a entidades ligadas al negocio de la salud. Yedlin fue denunciado cuando era ministro de Salud de la provincia de Tucumán por defraudación en 2010 y sancionado por el Tribunal de Cuentas de su provincia por un pago indebido de $800.000 a una ONG conocida como Fundación Salud, por cursos odontológicos que nunca se dieron, lo que se conoció en Tucumán como el “escándalo Funsal”.

Pero los escándalos del lobbista de los laboratorios Yedlin no terminan ahí. También fue denunciado en 2005 por la aplicación de drogas no aptas para el consumo humano, en el Instituto Roca, un organismo a cargo del Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucumán, que dependía de su jurisdicción, y que se ocupa de niños en conflicto con la ley. En esa ocasión Yedlin habría autorizado a la dra. Susana Viale de Hansen la aplicación a pesar de ser advertido por escrito por la Fundación Adoptar en 2005, lo que terminó con la muerte del niño Ariel Llanos.

La secretaria legal y técnica del gobierno argentino, Vilma Ibarra, reconoció este martes 6 de julio que el decreto de modificación de la ley de vacunas para comprar la variante contra el Covid 19 del laboratorio norteamericano Pfizer incluyó como garantías las regalías petroleras de la Nación: «Hay un pedacito de regalías que cobra el Estado nacional, que es la liquidez que se puso. Y es por si no responde el fondo de reparación que creamos, no responde el Estado, tuviera que hacerlo un proveedor y cuando se da vuelta tampoco paga el Estado», aclaró la funcionaria durante su exposición ante la bicameral de trámite parlamentario.

«Si bien la eliminación del concepto de ‘negligencia’ como atributo de responsabilidad era uno de los obstáculos, no era el único”, explicó Ibarra.

«Creamos un Fondo de Reparación que es del Estado nacional y mal podría cobrarle a las provincias (…) Este es un fondo donde el deudor es el Estado Nacional. Responde el Estado Nacional y al bien que se le quitó inmunidad soberana es a las regalías percibidas por el Estado Nacional», sostuvo.

El «Fondo de Reparación» creado en el decreto es en la práctica un resguardo para el laboratorio Pfizer y tiene la función de responder económicamente ante las eventuales demandas contra el laboratorio, en el corto, mediano y largo plazo, tras la aplicación de su vacuna de fase 3. Según el DNU el fondo incluiría el 1.25% del valor de cada vacuna aplicada, pero no se explicó cómo se conseguirán esos fondos, si bien saldrán del presupuesto nacional.

«Hemos logrado un punto de acuerdo y se hizo por decreto ya que hay necesidad y urgencia, por la importancia de contar con esta vacuna para las niñas, niños y adolescentes con comorbilidades», justificó Ibarra.

Por su parte, la encargada del Ministerio de Salud, Carla Vizzotti, se refirió a “la importancia de contar con una norma actualizada para poder avanzar en los contratos bilaterales con los laboratorios, así como también en la posibilidad de seguir ampliando ventanas en el mecanismo Covax y en las posibilidades de donaciones que se han abierto».

En los considerandos de la normativa se agrega: «Que también se modifica el artículo 4° de la Ley N° 27.573, eliminando la causal de “negligencia” como atributo de responsabilidad del proveedor, para luego definir en los contratos específicos que se firmen en el futuro, las condiciones en que resulta “conforme” la recepción de las vacunas».

Cabe recordar que, como toda normativa legal, estas disposiciones se aplican no solo para beneficio de Pfizer sino para todos los laboratorios que proveen vacunas para el Covid-19.

La normativa para responder al pago de indemnizaciones ante los eventuales juicios de personas dañadas por la aplicación de la vacuna, dispone en su artículo 3° incorporar como artículo 8° bis de la Ley N° 27.573 la creación del Fondo de Reparación Covid-19 que tendrá por objeto «el pago de indemnizaciones a las personas humanas que hayan padecido un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus». El artículo 5° incorpora como artículo 8° quater de la citada Ley que «la indemnización a cargo del Fondo por la muerte o incapacidad física total y permanente del damnificado será igual a 240 veces el haber mínimo jubilatorio». Y el artículo 11° incorpora como artículo 8° decies de la misma Ley que en caso de que los recursos del Fondo sean insuficientes para atender las obligaciones de pago, el deudor de las mismas será el Estado Nacional.

En 2018, Carla Vizzotti fue la máxima impulsora, junto al diputado tucumano Pablo Yedlin, de la «Nueva Ley de Vacunas» (27491), que dispuso no solo su obligatoriedad sino también la posibilidad de la aplicación compulsiva. Con la nueva ley del polémico diputado Yedlin y Carla Vizzotti, el Calendario Nacional de Vacunación pasó a ser de aplicación obligatoria para todos los habitantes -ya no solo los niños-, “más allá de sus intereses particulares”. En caso de negarse, la nueva ley dispone acciones “que irán desde la notificación hasta la vacunación compulsiva” (Art. 14). Se dispone la creación de un registro en el que figurarán, cual lista negra, quienes no acepten vacunarse o vacunar a sus hijos. Dice el artículo 14 de la nueva ley: “El incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 7, 8, 10 y 13 de la presente ley generará acciones de la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, tendientes a efectivizar la vacunación, que irán desde la notificación hasta la vacunación compulsiva“.

Para el año 2018, en que Vizzotti, desde la Fundación Huésped, logró que el Congreso Argentino sancione la ley, en Alemania las vacunas no eran oligatorias, solo “informar a los padres de la conveniencia de la vacunación”, en Inglaterra quedaba a criterio de los padres, en Francia solo eran obligatorias 3 vacunas (tétanos, difteria y polio), en Bélgica solo la vacuna contra la polio, contra las 20 obligatorias en Argentina y en aumento.

La ley impulsada por Vizzotti, en sus fundamentos, se refiere en términos de “grave peligro” a quienes se nieguen a vacunarse o a vacunar a sus hijos: “la inclusión de la categoría de grave peligro para la salud pública que representa la negativa a vacunarse, por lo que el incurso queda comprendido en la normativa vigente de derechos del paciente y consentimiento informado (Ley 26.529) y en la que regula el propio proyecto en cuanto a la determinación de las sanciones aplicables para los responsables de la negativa activa o por omisión, sea el propio ciudadano, o como padre, tutor, curador, etc., de un menor o incapaz. Creemos que es importante establecer en la regulación, la generación de un Registro, en el que se deben asentar en forma nominal los datos de vacunación de cada uno de los habitantes. Este registro debe ser actualizado en forma permanente por la autoridad de aplicación con los datos provistos por las jurisdicciones”.

El negocio para los laboratorios fue redondo, ya que lograron un cliente que deberá comprarle su producción de manera obligatoria por ley todos los años: el Estado. El propio diputado Yedlin calculó que la nueva ley le implicaría al Estado Nacional unos U$S 400 millones de dólares extra.

“Contribuir al trabajo en políticas sanitarias de Fundación Huésped representa un enorme desafío y una gran oportunidad, ya que luego de muchos años de trabajar en políticas sanitarias desde el sector público con todos los integrantes del equipo de salud (tanto a nivel nacional como provincial y municipal), sociedad civil y sociedades científicas, espero poder aportar esa visión y experiencia en el cumplimiento de los objetivos de la institución. Asimismo, es muy gratificante que una organización como Fundación Huésped siga ampliando su trabajo en pos del derecho al acceso a la salud y que haya pensado en mi para lograrlo”, sostuvo Vizzotti al momento de ser designada en la fundación de Pedro Cahn.

La Fundación Huésped recibe apoyo tanto de los grandes laboratorios nacionales e internacionales, como de organismos supranacionales, como el caso del Banco Mundial. Así lo reconoce en su propia página web: “contamos con el apoyo de  instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), UNICEF, UNFPA, Unión Europea, Banco Mundial y el Instituto Nacional de la Salud de los EEUU (NIH), entre otros“. También mantiene estrechas relaciones con la polémica y eugenésica International Planned Parenthood Federation (algo que su director, el dr. Pedro Cahn negó en el Senado, pero luego se vio obligado a admitir): ” desde hace cuatro años Fundación Huésped es socio colaborador de la International Planned Parenthood Federation (IPPF), una organización no gubernamental y sin fines de lucro que trabaja no sólo en América latina y el Caribe sino en el mundo entero, con el objetivo de garantizar y promover derechos sexuales y reproductivos».

De acuerdo a la web de Fundación Huésped una de sus principales fuentes de financiación es su “Cena Anual de Recaudación de Fondos” en Puerto Madero a la que suelen asistir artistas, políticos e influyentes empresarios. ¿Quiénes son los principales aportantes a estas cenas? Grandes laboratorios internacionales, como Pfizer, GSK (GlaxoSmithKline), ViiV Healthcare.

También CAEME: Cámara Argentina de Especialidades Medicinales. Sin embargo, CAEME, también representa a los intereses económicos transnacionales, en su directorio se encuentran representados GSK, Novartis, Sanofi, Merck, Roche, Bayer, Pfizer entre otras 40 firmas. El propio sitio web de la Fundación Huésped muestra como auspiciantes a Gador, L’Oreal, ELEA y la norteamericana biofarmacéutica Abbvie.

Hugo Sigman

Entre los laboratorios nacionales que financian a la Fundación Huésped figura con fuerza ELEA, del magnate Hugo Sigman, dueño también a través de su Grupo Insud de Biogénesis-Bagó, Bioceres y mAbxience. Sigman es dueño también de la editorial de orientación progresista, Capítal Intelectual, que edita Le Monde Diplomatique Cono Sur y en el pasado las revistas Tres Puntos y TXT. El magnate argentino es propietario también, junto a Oscar Kramer, de la productora cinematográfica K&S y de Gas Natural BAN, segunda mayor distribuidora de gas del país. En enero de 2020 fue designado “Embajador de Buena Voluntad” del IICA, el Instituto Interamericano de Cooperación con la Agricultura, un organismo interestatal con financiación de Microsoft y Bayer-Monsanto.

Fundación Huésped es miembro de RACI, “Red Argentina para la Cooperación Internacional”, plataforma en la que confluyen múltiples fundaciones para recibir financiación extranjera. ¿Quiénes son los “aliados estratégicos” extranjeros de la RACI? En su propia declaración figuran la AmCham (Cámara del Comercio de los EEUU en la Argentina), la Ford Foundation, la fundación Konrad Adenauer Sitftung, la NED (National Endowment for Democracy) y el Banco Mundial. RACI. Trabaja también con múltiples embajadas, entre ellas la de EEUU y Gran Bretaña.

Como se puede ver, la Dra. Carla Vizzotti ha sido, desde hace décadas, la elegida como predilecta por el lobby del complejo industrial farmacéutico para instaurar en la Argentina sus intereses, de manera particular el incremento masivo de uno de sus principales negocios, la ampliación exponencial de todo tipo de vacunas, aún aquellas de tipo más experimental y cuestionado en países europeos, en el Calendario Nacional.  Su designación en la etapa de vacunación masiva dentro del contexto de pandemia de Covid-19, no extraña a nadie.

¿Quién financia a la Fundación Huésped? El “huésped” de los grandes laboratorios globales y organismos internacionales