Los inmuebles rurales quedaron exentos del Impuesto a los Bienes Personales. Lo que podría haber sido un pequeño cambio en favor de que las clases más adineradas colaboraran impositivamente con el conjunto de la sociedad, quedó en la nada a último momento y a pedido del oficialismo en la jornada de debate en Diputados.

El proyecto original contemplaba que los campos empezaran a tributar Bienes Personales por entre el 0,25 y el 0,75%, luego se planteó que fuera a cuenta del pago de Ganancias y finalmente quedaron exentos.

El argumento fue que «el campo ya está realizando un enorme esfuerzo por la no baja de retenciones». Lo que habría que aclarar es que la megadevaluación del peso, compensó esas retenciones con nuevas ganancias extraordinarias por igual trabajo realizado.

El impuesto a los Bienes Personales se mantiene para el resto de los mortales que no disponen de campos. La posesión de propiedades por encima de $2.000.000 de pesos (unos U$S 50.000) obligará a tributar el mismo, algo que afectará a amplios sectores de clase media.

Por otra parte, Macri decidió directamente derogar el pago según Ley de Impuestos Internos al champagne, beneficiando principalmente a la empresa Chandon. «Derógase el Capítulo VII del Título II de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones. Esta disposición y el artículo anterior entrarán en vigencia el día de la publicación de la presente ley y surtirán efectos para los hechos imponibles que se verifiquen a partir del 1° de enero de 2019, inclusive», queda plasmado en el proyecto.  El artículo 33 de esa ley decía establecía que «el expendio de champañas se pagará en concepto de impuesto interno el DOCE POR CIENTO (12%) sobre las bases imponibles respectivas». Desde sectores productores pymes se cuestionó esta medida porque esos recursos podrían haberse utilizado para promover a las pequeñas industrias de las economías regionales. Si bien este pago solía ser exceptuado por vía de excepción por distintos gobiernos, con esta derogación ya ninguna administración podrá reclamarlo.

En un manotazo de ahogado, Macri se vio obligado a aumentar las retenciones al complejo agroexportador del que él mismo es parte. Lo venía exigiendo el Fondo Monetario Internacional, al que le interesan poco y nada las ganancias extraordinarias del poder sojero nacional ya que su rol es defender a los grandes bancos y fondos de inversión transnacionales que necesitan asegurarse el pago de sus bonos de la deuda externa. Para lograr este objetivo necesitan achicar el déficit fiscal y el déficit comercial, algo imposible con un modelo impositivo que desgrava a los exportadores y con un tipo de cambio que promovía las importaciones.

Las retenciones a la soja pasarán del 25 al 29%, ya que si bien Dujovne planteó su reducción al 18%, al sumarle los «4 pesos por dólar exportado», con un dólar a casi $40, esto es un 11% más, llegando en la práctica a un 29%.

Pero aquí aparece el riesgo de haber planteado la retención pesificada: cuanto más se devalúe el peso menor será el porcentaje de esos 4 pesos sobre el dólar. Por lo que es de esperarse que quienes tengan espaldas para retener su cosecha apostarán a devaluar aún más el peso, logrando así disminuir la retención así como aumentar el precio obtenido. Este fenómeno afectará no solo a la soja, sino también a trigo, maíz, girasol y el conjunto de las exportaciones gravadas. Por otra parte ahora las retenciones también afectarían a las exportaciones industriales lo que terminaría de darle un golpe de gracia al sector productivo manufacturero nacional.

De esta manera, el nuevo esquema de retenciones puede terminar jugando en contra del objetivo de achicar la brecha fiscal.

Mauricio Macri, fiel representante de la oligarquía agraria afirmaba hace pocos días que era imposible restablecer las retenciones al campo: «Me sorprende que se vuelva a escuchar como alternativa restablecer retenciones, que no ha funcionado y daña la economía». Si embargo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, representante de la banca supranacional, podría obligar al Gobierno a volver sobre sus pasos en sus concesiones al sector rentístico por excelencia.

La banca requiere que la Argentina le pague en tiempo y forma los intereses de la deuda externa, para esto siempre el FMI impone eliminar el déficit fiscal, de modo de que el país cuente con recursos disponibles a ese fin. El déficit se vio aumentado enormemente por la decisión de Macri a comienzos de su mandato de eliminar retenciones a los sectores agrícolas, dada su extracción de clase y sus ingentes negocios en el área.

Ante esta situación, las entidades agrarias hasta hoy firmes aliadas del gobierno, pusieron el grito en el cielo. «No nos pueden hacer esto. Veo muy negativo el proyecto de Macri para mantener las retenciones. Es un muy mal momento para el campo”», afirmó Hugo Biolcatti, quien tendrá que resignar parte de sus ganancias extraordinarias para que la banca internacional pueda tener asegurado el cobro de sus usurarios intereses.

Siempre hay un pez más grande que se come al más chico y esta vez le tocará sufrirlo al poder agrícola aliado del propio gobierno.

Hay que reconocer que el régimen macrista tiene sus prioridades: quitarle todo lo posible a trabajadores y jubilados para poder entregarle todo lo posible a banqueros y sojeros. Al mismo tiempo que se conocen los nuevos calendarios del megaendeudamiento de la Argentina y de las rebajas en los aumentos a los jubilados a partir de 2018, Macri anuncia que le quitará impuestos a sus amigos sojeros: nada menos que $20.000 millones solo en este año y $40.000 millones en 2019 dejará de recaudar el Estado (que somos todos) y pasará a quedar en los bolsillos privados de la oligarquía sojera dueña de cientos de miles de hectáreas y abultadas cuentas bancarias en el exterior.

Según informa Infonews: «A partir del 1 de enero de este año comenzaron a regir los cambios en el sistema de retenciones a las exportaciones de soja, lo cual implica una baja del 0,6% mensual durante dos años, para llegar del 30% actual al 18% en diciembre de 2019. Esto implica una transferencia de $ 20.000 millones durante el primer año. En 2019, según los cálculos, el costo fiscal para el Estado será el doble: $ 40.000 millones. Todo esto en un contexto en el cual se acaba de despojar a los jubilados, ex combatientes de Malvinas, beneficiaros de AUH y otras asignaciones y pensiones casi $ 100.000 millones anuales por la presunta falta de recursos. La reducción de las retenciones a la soja se iba a implementar hace un año, como parte de las promesas de la campaña presidencial de Mauricio de Macri, quien arrancó su mandato con una baja del 5% en ese impuesto. Sin embargo, en ese momento, la medida fue postergada. Esta vez el gobierno decidió que sí era el momento, pese al enorme descontento que generó el recorte a los aumentos de los haberes jubilatorios».