Tras el atentado de 1994, el juez Galeano instruyó una amañada investigación que fue anulada cuando llegó al juicio oral por la enorme cantidad de irregularidades que tuvo («hubo un pacto espurio e ilegal» fue la frase de aquel Tribunal), lo que llevó a que en 2005 el magistrado fuera destituido. En 2015 comenzó el juicio oral que analizó en otras maniobras de encubrimiento el pago de U$S 400.000 por parte del juez Galeano a Telleldín, dinero que salió de la SIDE (en complicidad con el titular de la DAIA, Rubén Beraja), y terminó condenando a algunos artífices del encubrimiento, aquellos que hoy ya no tienen más poder: al ex juez Galeano; al ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy y a su subjefe, Juan Carlos Anchezar; a los fiscales, Mullen y Barbaccia; al ex comisario de la Policía Federal, Carlos Castañeda; y al ex reducidor de autos, Carlos Telleldín.

Sin embargo fueron absueltos el ex presidente Carlos Menem y aquellos que gozan de cercanía con el Gobierno actual: el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja; el ex comisario, Jorge «Fino» Palacios y el abogado Víctor Stinfale.

El Gobierno y la DAIA también habían intentado que se exculpe a los fiscales Mullen y Barbaccia, (quienes habían desviado la investigación junto al fiscal Nisman) a través del accionar del ministro de Justicia, Germán Garavano y hasta terminó cerrando la Unidad Especial de Investigación AMIA en donde había nombrado al radical Mario Cimadevilla, el que terminó denunciando que el macrismo intentaba convertir dicho organismo en una «unidad especial de encubrimiento».

Adriana Reisfeld, presidenta de Memoria Activa sostuvo: «Quedo demostrado que Galeano y los fiscales mintieron. Las condenas son bajas, las vamos a apelar. Es insólito que haya quedado absuelto Beraja, evidentemente hay presiones políticas».

Beraja había mantenido en tiempos del atentado reuniones con Anzorreguy y había recibido 298 millones de dólares en redescuentos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para su banco Mayo en simultáneo a las maniobras de encubrimiento. De hecho Beraja estuvo preso entre diciembre de 2003 y octubre de 2005 por la estafa del Banco Mayo con la que se perjudicó el patrimonio de sus ahorristas por el manejo de esos 298 millones que el BCRA le había entregado a la entidad en concepto de asistencia financiera, «elevados préstamos» a particulares y de acciones por montos multimillonarios, cuando el Banco Mayo se hallaba en una situación de iliquidez.

De acuerdo al periodista Daniel Schnitman: «Beraja negociaba con Telleldín y se encontraba con el juez a discutir las estrategias de la investigación. En 1996 Carlos Telleldín cobró una suma de dinero por cambiar su declaración ante el juez Galeano. Cuando esto salió a la luz, en 2006, Rubén Beraja fue procesado por el delito de «peculado» a raíz del pago ilegal de 400 mil dólares al detenido a efectos de lograr su declaración indagatoria de fecha 5 de julio de 1996 en la cual involucró a policías bonaerenses en el atentado. Beraja estuvo preso entre 2003 y 2005 por el caso del Banco Mayo en 1998 hasta que fue excarcelado por la Cámara Nacional de Casación Penal (…) Las turbias operaciones comerciales del Mayo llegaron, según fuentes investigativas a lavar dinero proveniente del tráfico de drogas que se agigantó por ese entonces de la mano de Ibrahim Al Ibrahim y Monsser Al Kassar, ciudadanos de origen sirio, quienes entraron y se radicaron en el país gracias los rápidos servicios del ministerio del interior en base a un trato que realizó Carlos Menem [en 1988] en Damasco a cambio de millones de dólares para su campaña proselitista».

La sentencia fue dictada este jueves 28 de febrero de 2019 por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel que dispusieron que Telleldín devuelva los 400 mil dólares  y que una vez que las condenas queden firmes (faltan aún dos instancias) se detenga a quienes deban cumplirla en la cárcel.

El ex juez Galeano fue condenado a seis años de prisión por los delitos de peculado, prevaricato, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento, violación de medios de prueba e impedido de por vida a ejercer cargos públicos.

El ex jefe de la SIDE menemista, Hugo Anzorreguy, recibió una condena de cuatro años por peculado y encubrimiento por favorecimiento personal. El ex subjefe de la SIDE, Juan Carlos Anchezar, fue condenado a tres años por falsedad ideológica, el ex comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda a tres años por encubrimiento, falsedad ideológica y violación de medios de prisión.

Carlos Telleldín fue condenado a tres años y medio de prisión por peculado y a devolver los 400 mil dólares que recibió.

Los ex fiscales Mullen y Barbaccia fueron condenados a dos años por incumplimiento de los deberes de funcionario publico y Ana Boragni, ex esposa de Telleldín, a dos años por peculado.

Quedan muchas preguntas por responder: ¿Por qué la SIDE tuvo tanto interés en desviar la investigación al punto de destinar U$S 400.000 para instalar una pista falsa? ¿Podían ser ajenos Rubén Beraja y Carlos Menem? ¿Por qué al día siguiente del atentado en la AMIA, el gobierno israelí envió a la Argentina a un diplomático (subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería Israelí, Dov Schmorak) con el objetivo de “coordinar una versión coincidente” del atentado, declarando el mismo a la prensa que el principal sospechoso era Irán? (cable desclasificado EISRA 010365/1994) ¿Por qué en la causa AMIA, la CIA y el Mossad plantaron testigos falsos como Manouchehr Moatamer o Abolghasem Mesbahi (testigo “c”) para desviar la investigación?

Los argumentos del fallo se conocerán en mayo. Ya los familiares de las víctimas afirmaron que apelarán las absoluciones. Restan aún las instancias de la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia. ¿Se convalidarán la injusticia y el encubrimiento?

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Claudio Avruj, secretario de DDHH de Mauricio Macri, fue denunciado penalmente por la contratación, por casi $2 millones de pesos, de dos empresas con fuertes vinculaciones con Carlos Bulaievsky, su mano derecha y a cargo de la Dirección técnica y administrativa de la Secretaría. Los delitos por los que se le acusa son: malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, abuso de autoridad y cohecho (coimas).

Las empresas son Transair S.A. y Orbitar S.A., las que llamativamente tienen el mismo domicilio que el estudio contable de Bulaievsky, según indica la denuncia realizada por el particular Juan Marcelo Soria y que investiga el juez Sergio Torres. Bulaivsky, además de ser el contratante desde el Estado, sería el contador de ambas empresas, que a su vez tienen los mismos socios.

Según el portal La Política Online, ambas sociedades simular una competencia por las contrataciones de la Secretaría de DDHH y terminaron quedándose con $950 mil pesos una y $980 mil pesos la otra.

¿Quién es Carlos Alberto Bulaievsky?

Bulaievsky es el director administrativo de la Secretaría de DDHH es contador público y ex presidente del club Atlanta, de donde habría sido «expulsado de por vida», «luego de una denuncia por defraudación y administración fraudulenta en el pase del delantero Luis Bonnet a Gimnasia y Tiro de Salta», según consigna el periodista Gustavo Veiga.

¿Quién es Claudio Avruj?

A su vez, cabe recordar que el secretario de DDHH, Claudio Avruj, supo ser la mano derecha de Rubén Beraja, el presidente de la DAIA que quedó involucrado en el encubrimiento de la voladura de la AMIA y acusado de estafas en el Banco Mayo, en cuya mesa de dinero también participaba la madre de la actual gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Avruj está históricamente vinculado a la poderosa logia masónica B’nai B’rith, de la que en 1988 fue Director de Juventud de la Argentina, hasta que en 1992 fue designado Director Ejecutivo de la B’nai B’rith Internacional Distrito XXIII (Área Caribe), trasladándose a Venezuela y a Panamá. Supo ser el nexo entre Mauricio Macri y el «Fino» Palacios, otro acusado de encubrir la causa AMIA. Avruj es socio del esposo de Patricia Bullrich, Guillermo Yanco, en la cadena de noticias Vis a Vis, financiada desde el Gobierno de la Ciudad. Quedó involucrado en los Panama Papers, como presidente de la sociedad anónima off shore denominada «Kalushy», de la que figura como tesorera su esposa, Elisa Virginia Alfie y a la que habría fundado en sociedad con Ramy Attie, un banquero millonario con fuertes vínculos con Israel y presidente en aquel momento de B’nai B’rith Panamá.