El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) impulsa una sanción extrema contra Virginia Aparicio, una de las principales investigadoras en agrotóxicos de la entidad. La medida apunta no solo a su despido, sino a su exoneración, lo que implica la inhabilitación de por vida para ejercer la función pública.

Aparicio, con más de 20 años de trayectoria, lideró la participación argentina en el proyecto Sprint, financiado por la Unión Europea, orientado a analizar el impacto de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente. En el estudio participaron varios países europeos junto a Argentina.

Según los resultados, el 86,1% de los argentinos que aportaron muestras presenta en el cuerpo niveles de glifosato. El herbicida, producido por la multinacional Bayer, se detectó en el 100% de las muestras de materia fecal de bonaerenses. Además, se hallaron entre 10 y 28 plaguicidas en agua superficial, de 6 a 22 en alimentos y entre 43 y 86 en polvo del hogar. Estos datos ubican a Argentina como el país con mayor presencia de plaguicidas en personas y ambiente entre los participantes del proyecto.

Poco antes de la difusión de los resultados, el INTA suspendió la comunicación del informe y se retiró del proyecto, aunque continúa figurando como socio en la página oficial. Los datos finalmente se conocieron en una conferencia del proyecto Sprint en Bélgica el año pasado.

Fuentes del organismo señalaron al medio argentino La Política Online que hubo “quejas de las corporaciones” y lobby empresarial para frenar la difusión. Si bien la suspensión de la publicación se produjo a mediados de 2023, durante la administración de Alberto Fernández, en 2025, el actual Gobierno avanzó con un sumario orientado a la exoneración de la investigadora, marcando no solo continuidad sino también profundización.

Entre las acusaciones figuran el “perjuicio a la administración nacional” —pese a que el proyecto fue financiado íntegramente por la UE— y la negativa a entregar datos personales de los voluntarios vinculados a las concentraciones de plaguicidas. Aparicio sostuvo que no los facilitó porque había firmado un acuerdo de confidencialidad.

“El tema es que le quieren aplicar la sanción más extrema, es una locura”, indicó una fuente del sector, que también apuntó a intereses de entidades del campo.

La investigadora defendió el trabajo y advirtió en Radio 10: “La distribución de los plaguicidas es tan masiva que es necesario reducir la dependencia química en el sistema productivo y es importante hacerlo ya”.

Los gremios del sector rechazaron el despido y la posible exoneración, y advirtieron que se trata de una sanción “desproporcionada” que terminaría “persiguiendo, censurando y silenciando a toda la investigación y al personal del INTA”.

Los intereses de Bayer/Monsanto avanzan en la Argentina, quitando algunas de las ya pocas restricciones que limitan el uso arbitrario y discrecional de las fumigaciones de glifosato en las cercanías de los pueblos, permitiendo realizarlas a solo 100 metros de los mismos. Sabida es la correlación entre estas fumigaciones y el aumento de las tasas de enfermos de cáncer. En dos informes del año 2011, emitidos por los Ministerios de Salud de Santa Fe y de Córdoba ya se daba cuenta de cómo en la primera provincia las personas que vivían en la zona núcleo tenían el doble de incidencia de esta enfermedad (238 cada 100.000 contra 174 que es el promedio provincial, un 37% más), lo mismo ocurría en la Provincia de Córdoba (229 cada 100.000 en la zona núcleo contra 160 del promedio provincial, un 43% más).

Con las nuevas disposiciones que se apresta a implementar el gobierno de Macri a través de la gestión del rabino Sergio Bergman esta situación solo puede empeorar, máxime considerando que “Hoy se aplica cuatro veces más fungicida que en 2010, tres veces más herbicida y hasta nueve veces más insecticida. El sistema no es sustentable”, como se afirmó ya en el año 2015 en un encuentro de productores sojeros en la provincia de Santa Fe.

Están exponiendo la salud de la población a un grave peligro solo para asegurarle mayores ganancias a Monsanto y al complejo sojero exportador.

Compartimos el informe de El Disenso sobre el actual avance de Monsanto:

Glifosato: Bergman permitirá fumigar a 1 cuadra de viviendas habitadas
por Mariana Escalada y Agustín Ronconi

Mientras en Buenos Aires, Chaco, Formosa, Salta y Santa Fe la justicia prohíbe fumigar con agroquímicos a menos de 1500 metros de centros poblados, hoy desde El Disenso te contamos que el Ministro Bergman emitirá una resolución puenteando al Congreso en la que habilita a los productores a fumigar con Glifosato a apenas 1 cuadra de distancia de viviendas habitadas, por considerarlo “razonable”.

Escudándose en un informe realizado por el Ministerio de Agricultura de la Nación en conjunto con CASAFE – Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, AAPRESID – Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa y la Federación de Cámaras Agroaéreas y titulado “Pautas sobre aplicaciones fitosanitarias en áreas periurbanas”, el Ministro Bergman anunció que acortará por Resolución la distancia mínima para la fumigación con Glifosato. La “gran noticia” fue adelantada por Bergman y Buryale, en la inauguración del 25° Congreso de la AAPRESID, uno de los organismos que realizó el informe.

El rabino devenido en Ministro de Ambiente, que no dudó en pedirle a la población que rece para evitar incendios forestales, consideró “muy restrictivas” las ordenanzas dictadas por diversos municipios que exigen una distancia mínima que va de 10 a 15 cuadras de los centros poblados. Esa distancia tiene un porqué: la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires falló en 2016 exigiendo que la fumigación con Glifosato respete una distancia mayor a los 1000 metros, mientras que la justicia Santafesina exige para la fumigación aérea un mínimo de 1500 metros y de 800 metros si se fumiga a pie.

Agrotóxicos en Argentina

Según se desprende del informe de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, la Red Universitaria de Ambiente y Salud publicó que en Argentina el consumo de agrotóxicos aumentó un 983% en 25 años: de 38.000 toneladas en 1990 a 370.000 en 2015.

La Argentina es el país que más glifosato usa por habitante al año, con 5kg/hab/año.

La superficie cultivada se incrementó a un total aproximado de 30 millones de hectáreas, donde el 70% es transgénico, y ya hay 12 millones de argentinos expuestos a estos agrotóxicos. Al aumentar el uso de estos herbicidas, las plantas aumentan su resistencia, por eso donde en 1996 se utilizaban 3kg/año/hectárea de glifosato, hoy se aplican 12kg.

Monsanto en las escuelas de CABA y con programa en la TV pública

La ONG Greenpeace denunció en 2016 que “al menos treinta funcionarios (del gobierno de Cambiemos) tienen vínculos con el oligopolio de la industria química”. Esta rama estaría encabezada por Monsanto-Bayer, Dow-Du Pont, Syngenta-ChemChina y BASF, quienes controlan el 60% del mercado mundial de semillas y el 65% de las ventas mundiales de agrotóxicos. Por eso no sorprende que ahora se censure la palabra “agrotóxicos” cuando desde el gobierno ya está un marcha un plan de “mejoramiento de imagen” de la multinacional que va desde introducir a Monsanto en las escuelas porteñas hasta incorporar un programa de Monsanto en la grilla oficial de programación.

Este año los padres de alumnos de escuelas porteñas recibieron un pedido de conformidad para que sus hijos participen de una encuesta en el marco de un programa conocido como “Mi escuela saludable”, del Gobierno de la Ciudad que según la explicación oficial busca “promover hábitos saludables para prevenir y disminuir el avance del sobrepeso/obesidad” de la mano del GCBA e ILSI Argentina.

Detrás de ILSI hay un largo listado de multinacionales donde se destacan Monsanto y Bayer, la firma alemana que en septiembre de 2016 compró a la empresa Monsanto en U$s 66 mil millones.

Pero por si la entrada a las escuelas no fuera suficiente, a través de Hernán Lombardi el gobierno le aseguró a Monsanto su propio programa de TV en la grilla pública a fin de fomentar la identificación y familiaridad con la marca.

EL 18 de mayo pasado en nuestro informe “La censura llegó al INTA: no se puede mencionar la palabra Agrotóxicos” El director del INTA BA Norte prohibió el uso de la palabra “agrotóxicos” en sus comunicaciones oficiales por su valoración negativa en el marco de una campaña que busca presentar a los agrotóxicos como “alternativas tecnológicas”.

Mientras en Argentina el INTA convirtió a la palabra Agrotóxicos en el Lord Voldemort vernáculo, Italia muestra en la tv un informe sobre la realidad del uso de esta “alternativa tecnológica” en nuestro país exponiendo la realidad de los “pueblos fumigados” de las zonas rurales del Litoral que padecen los efectos de haber sido rociados con glifosato desde el aire, como es el caso de San Salvador, donde mueren de cáncer 1 de cada 2 vecinos.

“Malformaciones congénitas, problemas respiratorios, neurológicos, alergias, abortos espontáneos y cáncer son solo algunas de las enfermedades que sufren estos argentinos que viven cerca de grandes extensiones de cultivos de soja, o en regiones cercanas al área de producción de eventos transgénicos dependientes de venenos de Monsanto” cuenta el periodista que presenta el detallado informe, mientras desde Cambiemos la respuesta es sencilla: debemos abstenernos de utilizar la palabra “agrotóxicos”.

En el informe titulado “¿El INTA en manos de Monsanto?” expusimos que Marcos Peña estaba analizando el nombramiento de María Beatríz “Pilu” Giraudo, al frente del INTA. Giraudo es una conocida defensora y lobbista de Monsanto, que desde el año 2014 se desempeña como presidenta de AAPRESID – Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, el sistema productivo que fue impuesto por las empresas que desarrollaron el sistema de agricultura industrial “basado en el uso de agrotóxicos”, es decir: Monsanto.

El documento técnico en el que se basa Bergman para acortar la distancia a 100 metros, fue elaborado por AAPRESID. Si bien Giraudo no fue al INTA, fue nombrada por el Ministro Ricardo Buryaile como nueva “Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable“, teniendo a su cargo la coordinación del Plan Belgrano desde el Ministerio de Agroindustria con el objetivo de “impulsar la iniciativa desde el punto de vista bioeconómico” y “hacer de las buenas prácticas una marca país”. En ese momento, nos preguntamos si esas “buenas practicas” incluirían el uso masivo del Glifosato en Argentina. Hoy ya tenemos la respuesta.

Fuente: http://www.eldisenso.com/sociedad/glifosato-bergman-permitira-fumigar-1-cuadra-viviendas-habitadas/