Bartolomé Mitre, último director del diario La Nación, escondió una millonaria cuenta en una entidad bancaria de Suiza. Así lo reveló Esmeralda Mitre, quien explicó que había ocultado esa suma de dinero para evitar entregársela a su exesposa, la madre de Esmeralda. La información fue dada a conocer en medio de una disputa familiar por la herencia del difunto empresario.

El descendiente del homónimo ex presidente del siglo XIX, falleció el pasado 25 de marzo a los 79 años en un sanatorio porteño. A partir de entonces se libró un conflicto familiar por el reparto de su fortuna entre seis herederos.

De acuerdo a su hija, en diciembre mantuvo una charla a solas durante la noche de Navidad en la que «sintió que se iba a morir pronto” y en ese contexto el tataranieto del ex presidente de la Argentina le habría hecho una revelación sobre el fin del matrimonio con la madre de Esmeralda, Blanca Isabel Álvarez de Toledo: «Me dijo que en el divorcio con mi madre no había sido justo con ella y me contó una cantidad de verdades muy duras».

«Me pidió perdón. Lloramos y nos abrazamos», detalló. «Me contó de una cuenta que le escondió a mi madre en el Credit Suisse, una cuenta de muchísimo dinero, de una suma imposible de gastar (…) muchísimo dinero».

«Mi madre no supo. No lo sabe ella», confesó la hija.

Con respecto a la fortuna del difunto, Esmeralda habí expresado: «Mi madre estuvo en los años más pudientes de mi padre cuando los gananciales de los diarios eran enormes. Mi padre era presidente de Papel Prensa, presidente y director de La Nación…».

Además de Esmeralda, Mitre tiene entre los herederos a Bartolomé, Rosario y Dolores, hijos que tuvo con su primera mujer, Dolores González Álzaga; mientras que con Nequi Galotti, su última esposa (también heredera), tuvo a Santos.

Evidentemente, los dueños de La Nación no solo aprendieron a ocultarle dinero al Estado sino también a miembros de su propia familia.

Entre otros hechos irregulares que rodearon la apropiación de acciones de Papel Prensa, pertenecientes a la familia Graiver, figuran el Acta Nº 14 de diciembre de 1976 de la Junta Militar, que daba un plazo de noventa días para que los acreedores reclamasen,​ exactamente 3 meses después comenzaron a realizarse las detenciones ilegales y desapariciones del grupo Graiver; la compañía FAPEL SA, utilizada por los diarios La Nación, Clarín y La Razón para comprar las acciones «no registró ninguna actividad desde su creación» el 10 de julio de 1974 hasta el 2 de noviembre de 1976; La empresa FAPEL SA «no contaba con capital suficiente» para realizar el negocio de compra de las acciones; La «última actividad de FAPEL SA fue el 10 de noviembre de 1976», 8 días después de la adquisición, al vender esas acciones adquiridas a los diarios La Nación, Clarín y La Razón en partes iguales; A partir de marzo de 1977, los familiares y miembros del grupo Graiver fueron detenidos en forma ilegal, dos de ellos fueron llevados al centro clandestino de detención conocido como el pozo de Banfield. Algunos de ellos continúan aún como desaparecidos, otros fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y otros murieron debido a las torturas aplicadas; en septiembre de 1978 un grupo de empresarios, entre los que se encontraba Ernestina Herrera de Noble (propietaria del Grupo Clarín) y Bartolomé Mitre (propietario del diario La Nación), junto a los altos mandos de la dictadura militar, inauguraron la planta de Papel Prensa.

«Todo el grupo familiar estaba desquiciado por las presiones por parte de la Junta Militar. […] Fui citada para el día 2 de noviembre de 1976, por la noche, a una reunión en las oficinas de La Nación, conjuntamente con los integrantes de la familia Graiver. […] Yo con Magnetto de Clarín, en otro aparte, donde coloquialmente me aseguró: «Firme o le costará la vida de su hija y la suya». No había chances», explicó en 2010 Lidia Papaleo, viuda de Graiver, en carta al por entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

El director de La Nación, tenía 79 años al momento de morir y era descendiente directo de su fundador, quien fuera presidente de la Argentina durante los años 1862 y 1868, responsable de alinear al país en la configuración que le dictaba Gran Bretaña: una granja exportadora de productos agrícolas.

El tataranieto del histórico Mitre, que llegó a ejercer la presidencia del directorio del diario a partir del año 1976, supo ser presidente, vicepresidente y miembro del Directorio de Papel Prensa, comandar el Grupo Diarios de América y formar parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Numerosas entidades alineadas con los EEUU, tales como el International Press Institute, la International Law Association y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), lo contaron entre sus miembros. «Perdemos un soldado, pero ganamos un legado», expresó el presidente de la SIP, Christopher Barnes.

Bajo su gestión, el diario La Nación terminó debiéndole al Estado Nacional en concepto de IVA y Ganancia Mínima Presunta cerca de $330 millones de pesos solo durante el período 2003-2013. El mismo diario que en sus editoriales se cansó de hablar de transparencia y corrupción no solo se quedó con dinero público, también se dedicaba a apretar a dirigentes políticos que tocaban algunos de sus intereses. Julio Saguier, quien continuó en la dirección del periódico (los Saguier son descendientes también por parte de madre de la misma familia, y a partir de 1995 adquirieron el paquete mayoritario), se encargó de amenazar personalmente a Gustavo Vera si este no dejaba de hacer de nexo entre jueces argentinos y Jorge Bergoglio, dejándole en claro que «si seguía invitando a (Sebastián) Casanello, (Daniel) Rafecas y (Alejandra) Gils Carbó al Vaticano iba a pagar las consecuencias», quedando expuesta la red que ha funcionado durante décadas en la Argentina entre medios de comunicación, poder judicial y servicios de inteligencia.

Esta red espuria no es nueva y de hecho estuvo presente durante la última dictadura militar, en la que diarios como Clarín y La Nación brindaron el respaldo ideológico y la cobertura que la Junta Militar necesitó para instrumentar su proyecto de liberalización de la economía argentina, con la consecuente destrucción del aparato industrial, la organización sindical y un grado de endeudamiento histórico para la época. Igual situación se había presentado ante el golpe de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón, cuando La Nación describió el hecho como de «indescriptible entusiasmo».

Luego de la maniobra de sacar a un miembro del Consejo de la Magistratura para avanzar con su juicio político, el Gobierno separó finalmente al juez Freiler de su cargo, logrando que prospere la acusación de no poder justificar su patrimonio a pesar de que en una investigación por enriquecimiento ilícito había sido sobreseído y se había demostrado su inocencia.

La destitución fue aprobada por la jueza Inés Cantisani; los senadores nacionales Walter Barrionuevo (PJ) y Silvia Giacoppo (Cambiemos) y el diputado Hugo Marcucci (UCR), mientras que la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti se pronunció en contra y el abogado Raúl Plaggio expresó su disidencia parcial.

Freiler selló su destino cuando como camarista se animó a pedir  la indagatoria de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en la causa Papel Prensa que llevaba adelante el juez de primera instancia, Julián Ercolini, y que culminó en un sobreseimiento para los implicados. Ante esta decisión de Freiler los tentáculos del multimedio se hicieron sentir: primero fue apartado Freiler de la causa por sus colegas Martín Irurzun y Eduardo Farah, luego fue objeto de enorme cantidad de denuncias mediáticas, para finalmente terminar enjuiciado, suspendido y destituido.