El fiscal le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que disponga una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación, entre ellas una tasación del armamento cuestionado.

La causa se abrió a partir de una denuncia formulada por la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, que sostuvo que la gestión pasada «autorizó y procedió a la venta de armamento de fuego de distinto calibre que integraba el patrimonio de la Agencia, a funcionarios y agentes en actividad, a un precio irrisorio y con ínfimos requisitos en cuanto a las condiciones necesarias para acceder a dicho negocio jurídico». En la denuncia se aludió a dos resoluciones dictadas por Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, la que estarían«carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico».

«La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentre en desuso», explicó.

De acuerdo a Télam, el área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre 3.900 y 7.900 pesos por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20% de su cotización en el mercado para las pistolas FM Browning 9 milímetros, escopeta Beretta y pistolas Smith Wesson, pistolas Beretta, Glock y revólveres Colt Detective, Ruger y Colt Trooper. Este lote fue parte de una primera operación en tanto que en 2018 hubo una segunda venta de otras 38 armas «bajo la misma modalidad».

Corrupción PRO: la Policía Federal brasileña lanza la «Operação Descartes» y confirma que el jefe de inteligencia argentino, Gustavo Arribas, cobró US$ 850.000 en «coimas» de Odebrecht. Así lo informa el diario brasileño Estadao:

«El director Gustavo Héctor Arribas, de la Agencia de Inteligencia de Argentina, habría recibido 850.000 dólares por medio del esquema investigado por la Operación Descarte, desdoblamiento de la Lava Jato desencadenada este jueves. La información fue revelada por la Policía Federal.

Uno de los objetivos de Descarte es el Consorcio Soma, proveedor de servicios de limpieza en São Paulo desde 2011. Según el delegado de la Policía Federal Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, el Soma entraba en contacto con empresas de fachada para emitir facturas fiscales simulando la venta de mercancías – detergentes, sacos de basura – para el consorcio. Después de la emisión de los recibos, el Soma transfería el dinero a las cuentas de las empresas.

«En consecuencia, ese dinero era nuevamente transferido a otras empresas de fachada con miras a simular el origen y el destino de los valores. Finalmente, los valores son transferidos a cuentas de personas ligadas al esquema o luego remitido al exterior «, afirmó.

«En el curso de las investigaciones, hubo una remesa de valores para el exterior por valor de 850 mil dólares. Este dinero salió de Brasil, pasó por una cuenta en Hong Kong y se detuvo en Argentina, en una cuenta vinculada al director de Inteligencia de aquel país.

Victor Hugo declaró que los responsables de la operación fueron el cuevero Alberto Youssef y el empresario Leonardo Meirelles, delatores de la Lava Jato. De acuerdo con el delegado, ambos estuvieron en la PF y ‘confirmaron que de hecho efectuaron esa transacción’.

Descarte investiga el esquema de lavado de dinero, a través del control de una red formada por varias empresas de fachada, teniendo como propietarios personas interpuestas («naranjas»).

En una nota, la PF informó que, por regla general, las empresas participantes del esquema simulaban la venta de mercancías al cliente del «servicio» de lavado, que entonces pagaba por productos inexistentes vía transferencias bancarias o boletos (para dar apariencia de legalidad a la adquisición) ‘».

La historia de Gustavo Arribas con Odebrecht y el caso Lava Jato

En enero de 2017 se supo que Gustavo Arribas, había recibido presuntas transferencias millonarias por un financista extranjero llamado Leonardo Meirelles con el supuesto fin de reactivar un contrato entre el Gobierno argentino y la denunciada empresa brasileña Odebrecht.

Para mayo de 2017, el operador brasileño Leonardo Meirelles declaró ante el Poder Judicial de la Argentina que transfirió cerca de US$ 850.000 a favor del actual jefe de la inteligencia argentina, Gustavo Arribas , y afirmó que esos giros correspondieron al pago de «coimas» provenientes de las constructoras Odebrecht u OAS.

Sin embargo, a pesar de esa declaración, Arribas quedó desvinculado del supuesto cobro de pagos ilegales, ya que la causa había sido cerrada (un sobreseimiento express) por el juez Rodolfo Canicoba Corral sin siquiera tener pruebas de las operaciones bancarias (no esperó la respuesta a exhortos enviados a Suiza y a Brasil y no quiso tomarle declaración en la Argentina de Meirelles) y ante la apelación del fiscal Delgado, el fiscal general de la Cámara Federal porteña, el macrista Germán Moldes, desistió de proseguir con la acusación. Volvió a apelar la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pero el tribunal de Casación (Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Angela Ledesma) dijo que ese organismo sólo puede intervenir cuando son investigados funcionarios públicos y que Arribas no lo era en la época de los hechos. La PIA ya había dicho que su función era investigar “corrupción” y no funcionarios. Para el tribunal, no importó si hubo delito.

Meirelles había dicho que recordaba haber tratado con Iecsa, la constructora que perteneció al Grupo Macri, luego al primo de Macri, Ángelo Calcaterra y ahora al empresario afín al gobierno, Marcelo Mindlin, y que está asociada con Odebrecht en las obras del Sarmiento.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas advirtió a los jueces que “el descubrimiento de las transferencias constituye un dato probatorio, probablemente constitutivo de un tramo de la comisión de un delito, que fue el pago de sobornos para la adjudicación de la obra del soterramiento del Sarmiento por parte del gobierno (…) no hay dudas que los hechos que forman parte de la pretensión del Ministerio Público versan sobre la posible intervención de Gustavo Arribas -como intermediario de Odebrecht- en el pago de sobornos a funcionarios argentinos con el fin de impulsar la obra del soterramiento del Sarmiento que se encontraba demorada».

Ahora, es la Policía Federal de Brasil la que vuelve a incriminar a Arribas. Resta por ver que hará la «Justicia» de la Argentina, en este caso la Corte Suprema…