La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso este miércoles que comenzará a utilizar el llamado «lenguaje inclusivo» en toda su documentación oficial. La medida se da en el contexto del magro aumento del 5% para el último trimestre del año, totalizando un 35% a lo largo de todo 2020, por debajo de la inflación anual, siendo el aumento incluso menor para los jubilados que perciben haberes por encima del mínimo.

El uso del lenguaje pseudoinclusivo se dispuso por medio de la Resolución 418/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial y lleva la firma de su titular Fernanda Raverta, hija del proveedor de armas y sistemas de vigilancia israelíes, Mario Montoto.

«Dispónganse la utilización de lenguaje inclusivo y no sexista en toda la documentación oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social» indica el artículo 1 de la Resolución publicada esta mañana. Y añade: «reconociendo la diversidad sexual y de géneros«.

La Anses se suma de esta forma al PAMI y al Banco Central que ya utilizan esta deformación del lenguaje en sus disposiciones, circulares y normativas internas.

Entre sus considerandos la Anses indicó que intenta «un proceso de aculturación modificatoria de los usos, costumbres y prácticas socialmente aprendidas, lo que debe encararse a partir de un cambio medular en las concepciones lingüísticas».

El gobierno de Mauricio Macri volvió a tomar fondos de los jubilados para financiarse. Al igual que lo hizo en octubre, a través de una resolución, se dispone que la ANSES suscriba Letes en pesos y dólares. O sea, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad entregará pesos y dólares a cambio de papeles con promesa de devolución en 2020, cuando ya no esté la actual administración.

Mediante la resolución 72/2019, publicada en el Boletín Oficial, la ANSES suscribirá Letras del Tesoro por $4000 millones de pesos y U$S 120 millones de dólares (unos $7.600 millones de pesos al tipo de cambio actual), con vencimiento el 30 de abril de 2020, por lo que estos montos deberán ser devueltos por el próximo gobierno.

Las Letras en pesos devengarán intereses a tasa Badlar (actualmente 49,44%), más 500 puntos básicos. Las Letras en dólares tendrán una tasa implícita de 3,7%.

Debido a la recurrencia e incremento de estas operatorias, el abogado previsionalista Christian D’Alessandro presentó un recurso de amparo contra la Anses, en el que reclama que se impida al Gobierno seguir usando los recursos del FGS hasta tanto asuma la próxima administración. «Para que no sigan metiendo la mano en el bolsillo de los jubilados», explicó D’Alessandro.

El Gobierno tomó $30.000 millones de pesos del Banco Nación y $2000 millones de pesos más U$S 175 millones de dólares ($10.500 millones de pesos al cambio actual) del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, con el único fin de pagar vencimientos de deuda, quitando de esta forma recursos que deberían ir a créditos productivos, en el caso del Banco Nación y a los jubilados y pensionados, en el caso de la ANSES. Dichos montos deberán ser devueltos por la próxima administración.

La medida quedó reflejada en las resoluciones 68 y 69 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicadas en el Boletín Oficial.

El directorio del Banco Nación, presidido por Javier González Fraga, aprobó el cuantioso crédito de $30.000 millones. Desde el Gobierno salieron a aclarar que se usa ese dinero para pagar deuda dentro del propio sector público.

La resolución 68 dispone el monto de $30.000 millones, un plazo para su devolución de 180 días, intereses a tasa Badlar, con un factor de 0,84 y un spread de 100 puntos.

La resolución 69 dispone la colocación de Letes del Tesoro al FGS con vencimiento el 17 de abril de 2020 de $2000 millones de pesos, con fecha de emisión del 22 de octubre y tasa Badlar más 500 puntos básicos y otra colocación en dólares estadounidenses suscripta también por el FGS, vencimiento el 17 de abril de 2020 por U$S 175,5 millones.

Como ya había ocurrido en septiembre pasado, el Gobierno de Mauricio Macri emitió letras de deuda para financiar sus gastos, por $12.000 millones de pesos y U$S 57 millones de dólares, a ser suscriptas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, cambiando esos papeles por el dinero ahorrado en el sistema jubilatorio.

Esta medida fue dada a conocer en el Boletín Oficial por la Resolución 65/2019 de las secretarías de Finanzas y Hacienda.

Los dos tipos de Letras emitidas por el Gobierno vencerán el 1 de abril de 2020, por lo que deberán ser pagadas por la próxima administración. En el caso de las Letras en pesos se incluyen intereses a tasa Badlar más 500 puntos básicos.

El actual modelo económico, que viene destruyendo al sector industrial y los ingresos de los trabajadores, solo pudo mantenerse en pie en base a un colosal endeudamiento.

Cerrados los mercados de crédito internacionales, por lo evidente de la incapacidad de repago de la deuda contraída, y el consecuente ingreso en default, el Gobierno viene recurriendo a tomar recursos de los jubilados, ya de por sí golpeados por los magros aumentos por debajo de la inflación.

Con este tipo de medidas, los fondos de la ANSES son canjeados por papeles que posiblemente nunca se terminen de pagar, y que probablemente terminen siendo periódicamente renovados por nueva deuda.

En medio del default selectivo de deuda, y una realidad financiera en la que ya nadie le presta dinero a la Argentina, el Gobierno decidió nuevamente tomar recursos de las arcas de los jubilados, a través de la emisión de Letras del Tesoro por $35.000 millones de pesos y U$S 275 millones de dólares a ser suscriptas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES.

Así lo hizo saber este lunes a través del Boletín Oficial, mediante una resolución de las secretarías de Finanzas y Hacienda.

Las Letras en pesos, por $35.000 millones, tendrán un plazo de 182, venciendo el 13 de marzo 2020, cuando ya gobierne la próxima administración. En ese momento el gobierno deberá abonarlo con intereses a tasa BADLAR. Las Letras en dólares, por U$S 275 millones, vencerán también el 13 de marzo de 2020. Estos instrumentos de deuda son intransferibles y no cotizarán en los mercados de valores. En ambos casos, se trata de situaciones inciertas, ya que no se están pudiendo pagar las Letras de corto plazo y las mismas tuvieron que ser «reperfiladas».

Todo este manejo espurio del fondo de la ANSES ocurre en simultáneo con la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados argentinos, que vienen obteniendo magros aumentos, por debajo de la alta inflación.

Vidal viene siendo denunciada por malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero ningún juzgado quiere investigar el caso. En un acuerdo entre la gobernadora y Emilio Basavilbaso, titular de la ANSES, $5.500 millones de pesos salieron de la Administración Nacional de la Seguridad Social y fueron a parar a una cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a cambio de bonos a cobrar a 20 años. El dinero llegó, pero se desconoce en dónde terminó, por lo que se sospecha que fue utilizado para gastos corrientes, publicidad o incluso con motivos electorales.

El denunciante es el secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia (CGI-Bapro), Santiago Etchemendi. De acuerdo al gremio, varios juzgados fueron rechazando hacerse cargo de la denuncia, la que originalmente fue parte de una investigación del programa ADN de abril de 2018. «Arrancamos el camino el 6 de noviembre de 2018 y vamos por el cuarto juzgado, se declaran incompetentes, ahora está en la UFI 16 de la provincia de Buenos Aires. Los jueces se declaran incompetentes pero ningún juez la desestima porque tendría que explicar por qué no está la plata en el Banco Provincia, somos empleados del banco y sabemos que no llegó a ese lugar y hoy falta dinero que necesita la provincia», sostuvo Etchemendi a FM En Tránsito. La causa actualmente está en el juzgado de garantías de La Plata, a cargo de Jorge Moya Panisello.

En abril de 2019, Etchemendi había explicado en declaraciones al periodista Ignacio Campos: «Entran a la cuenta oficial para depósitos entre Nación y el Estado provincial. De esa cuenta debían ir a la caja de jubilaciones para que la caja se la envíe al banco. La plata viene en efectivo, y así debían llegar al BAPRO para que se atesore y esté al servicio de los bonaerenses. La plata no llegó nunca. Salió de esa cuenta a otra que es para gastos ordinarios, una cuenta oficial pero que es para gastos ordinarios, que tiene un movimiento masivo de plata. Y ahí se pierden los 5500 millones».

«Mencionando aquella partida presupuestaria y otras, la provincia emitió luego una letra, con lo que al banco le capturaron un montón de dinero y le dieron a cambio un bono intransferible, es decir le generaron una operación no rentable. Este tipo de manejo de los fondos desfinancian a la banca pública y esto hace correr peligro la sustentabilidad de los bancos», explicó en noviembre de 2018 el delegado David Martedí.  «Este tipo de manejo de los fondos desfinancian a la banca pública y esto hace correr peligro la sustentabilidad de los bancos», expresó Juan Manuel Combi, abogado del sindicato.

¿A dónde fueron a parar los $5.500 millones originariamente destinado a los jubilados? «Si se comprueba que ese dinero no está, la gobernadora tiene que renunciar, esto es peor que la causa de los aportantes truchos, por eso nadie habla de este tema y no hay respuesta de ningún juez», sostuvo Etchemendi.

A solo un mes de haber tomado $86.000 millones del dinero de los jubilados para financiar gastos corrientes, el Gobierno volvió a implementar el mismo mecanismo para cambiar $10.000 millones en Letras del Tesoro.

La medida se dio a conocer en el Boletín Oficial, a través de la resolución 6/2019 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, la que dispone «la emisión de Letras del Tesoro en Pesos a ser suscriptas a la par, por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, por hasta un monto de valor nominal original pesos diez mil millones (V.N.O. $ 10.000.000.000)». Estas letras vencerán el 29 de julio de este año y tendrán una «tasa variable».

Cabe recordar que la deuda pública del Estado Argentino ya equivale al 100% de su Producto Bruto Interno (PBI). ¿Podrá el Estado en este contexto, al que se suma el déficit fiscal no resuelto, devolver este dinero a su vencimiento o seguirán renovándolo creando una bomba de tiempo financiera? ¿Podrá devolver a la ANSES los $86.000 millones colocados en diciembre de 2018? ¿O acaso están preparando el desfinanciamiento que luego servirá de excusa a la privatización de los fondos de la ANSES?

El Gobierno extrajo $86.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para financiar sus gastos para el crucial año electoral de 2019. El dinero de los jubilados será reemplazado por bonos («Letras del Tesoro») y Macri podrá usarlos para pagar deuda y financiar gastos corrientes. La medida será también una nueva bomba que podrá estallar a quien se haga cargo del próximo gobierno, ya que deberán abonarse los $86.000 millones más sus intereses en diciembre de 2019. Si se mantiene el déficit que generó la actual administración (tras la eliminación de retenciones, la baja de los aportes patronales y el aumento de la recesión que incide en menor recaudación) y que de algún modo conduce a este manotazo de ahogado a los fondos de los jubilados, semejante monto será imposible de devolver a fines de 2019 por lo que terminarán reciclándose en nuevos papelitos de colores.

«En el marco de la programación financiera para este ejercicio se ha acordado con las autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la suscripción de Letras del Tesoro en Pesos», informa escuetamente, y sin informar el uso que se le dará al dinero, el Boletín Oficial.

Las Letras tienen como fecha de emisión el 26 de diciembre de 2018 y de vencimiento, 26 de diciembre de 2019 (un año de plazo); la moneda de emisión y pago son los pesos y la moneda de suscripción, pesos o dólares, utilizándose para su conversión el tipo de cambio de referencia de la Comunicación «A» 3500 publicada por el Banco Central el día hábil anterior a la fecha de liquidación. La amortización íntegra al vencimiento y devengará intereses a Tasa Variable, pagaderos trimestralmente el 27 de marzo, 26 de junio, 25 de septiembre y 26 de diciembre de 2019.

No conforme con haber recortado las jubilaciones en términos reales (aumento del 28% contra inflación del 48%) el Gobierno de Macri continua vaciando los fondos de la ANSES, preparando así la insustentabilidad que favorezca su posterior reprivatización.

La liquidación del Fondo de Garantía fue además planteada en el acuerdo con el FMI que se dio a conocer en junio y luego se actualizó en octubre. Tal como hemos venido advirtiendo: van por los fondos de los jubilados.

El Gobierno dio a conocer hoy el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que plantea condiciones ruinosas para la Argentina: liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados, inflación del 27% para 2018, mayor reducción de los subsidios a los servicios (Tarifazos), entregarle definitivamente el Banco Central al poder financiero y despidos masivos en el Estado.

Así plantea liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilildad de la ANSES:
«Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente
en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de
pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica».

Sobre los nuevos despidos masivos en el Estado: «Continuaremos con nuestros esfuerzos para racionalizar el empleo público, que se irá reduciendo a través de: (i) no renovar cargos en puestos no prioritarios, (ii) congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años, y (iii) eliminar las posiciones redundantes. Nuestro objetivo es que el gasto en personal caiga de 3,2 por ciento del PBI en 2017 a 2,7 por ciento hacia el final del programa».

El plan económico incluye: reducción de los subsidios a la energía y el transporte (más Tarifazos), postergación de obra pública que no sea «esencial para dinamizar la competitividad de nuestro país», y reducir las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas (¿privatizaciones en ciernes?).

«En octubre de 2018 vamos a enviar la Ley de Presupuesto al Congreso que apunta a un déficit primario del gobierno nacional de 1,3 por ciento del PBI en 2019, siendo esta una de las metas estructurales de nuestro programa», lo que significa un brutal ajuste.

Plantea la entrega total del Banco Central al poder financiero, impidiendo que sirva a las políticas económicas de un futuro gobierno:
«Antes de marzo de 2019, enviaremos al Congreso un proyecto de ley para dotar al Banco Central de una nueva Carta Orgánica», que, entre otros puntos:
-Reforzará la estabilidad de precios como el mandato principal del BCRA.
-Proporcionará motivos bien definidos y limitados por los cuales el Presidente, el
Vicepresidente y los miembros del directorio pueden ser destituidos de sus puestos.
-Suspenderá la financiación directa o indirecta del Banco Central al Tesoro y reducirá
la exposición crediticia del Banco Central al gobierno de manera predecible y por
etapas.

Plantea mayor devaluación al dejar flotar el dólar: «Como parte de nuestro marco de metas de inflación estamos completamente comprometidos con un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado».

Acorde a los tiempos y en consonancia con los requerimientos de las instituciones financieras globales sobre «temas de género», incluye también todo un apartado en el que garantiza “apoyar la equidad de género” para que “las mujeres participen del mercado laboral” formal.

La Carta de Intención, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico entre Argentina y el FMI consta de 33 carillas y fue enviada a la directora del Fondo, Christine Lagarde. Está firmada por el titular de esa cartera, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

El acuerdo con el FMI, que se mantenía en secreto hasta hoy, es un verdadero acuerdo colonial de sometimiento, comparable al acuerdo Roca-Runciman de la Década Infame.

El acuerdo con el FMI:

$540.000 fue el monto de la irregular «comisión» que se quedó el fondo financiero Axis, una creación del hoy ministro de Finanzas, el ex JP Morgan y ex Deutsche Bank, Luis Caputo, primo del empresario Nicolás Caputo, conocido testaferro de Macri.

La intermediación de un fondo de inversión en una operación regular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tuvo un alto costo para el Estado, siendo que eran inversiones de bajo riesgo en Lebacs, a partir de una decisión del comité ejecutivo del Fondo de Garantía se Sustentabilidad (FGS), que el propio funcionario integraba.

La comisión pagada por el Estado a Axis fue informada al periodista Sebastián Lacunza de Letra P, luego de cuatro meses de dilaciones y de retener la información. ¿Qué tenían que ocultar?

El saldo de la inversión canalizada por la ANSES hacia Axis fue de 90.115.538 de pesos, con una escandalosa comisión para el fondo de Caputo de 540.693 pesos. Esta irregularidad de estar de ambos lados del mostrador ameritó una denuncia por parte de Gabriel de Vedia, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de la Seguridad Social, que quedó radicada en el juzgado federal de Luis Rodríguez, un juzgado que se sospecha muy cercano al ex jefe de contrainteligencia, Antonio Horacio Stiuso.

La fórmula de movilidad previsional tiene como finalidad la actualización, no sólo de los haberes jubilatorios sino también del resto de las prestaciones de sistema nacional de Seguridad Social, como la Asignación Universal por Hijo, las asignaciones familiares percibidas por los trabajadores en blanco o incluso las pensiones no contributivas, como la de discapacidad o por ser ex combatiente de Malvinas. Dentro de ese sistema hay 17,4 millones de personas y el objetivo del gobierno es el ahorro fiscal de más de 100 mil millones de pesos en prestaciones para 2018, según exigencias del Fondo Monetario Internacional.

Actualmente, la movilidad se calcula por semestre en un 50 por ciento a partir de la evolución de la recaudación tributaria nacional y el otro 50 por ciento por la suba de los salarios. La formula prevista para la reforma previsional que la Cámara de Diputados tratará la semana entrante desestima el crecimiento de la recaudación impositiva a través del AFIP, eliminándola de la ecuación. Por otra parte, el impacto del crecimiento salarial también se reducirá, en tanto que la fórmula sólo computará el 30 por ciento de la evolución del índice salarial y el 70 restante se calculará trimestralmente en base a la inflación.

A partir de las proyecciones de recaudación de AFIP, el aumento previsional debería ser de 14,5% con la metodología actual, pero con la propuesta oficialista quedaría casi 9 puntos abajo con un 5,7%. Así, el haber mínimo previsional pasaría con la formula actual de 7.246 a 8.296 pesos con 1.050 de suba, mientras que con la reforma de Cambiemos, la mínima apenas alcanzará los 7.660 teniendo un magro alza de 414 pesos, aumento menor a lo que el trabajador pasivo dejará de percibir por el cambio de medición.

La actual Ley de Movilidad Jubilatoria de aprobó en 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y garantiza dos aumentos por año, en marzo y septiembre con la formula antes descripta, compuesta en partes iguales por aumento salarial y de recaudación impositiva. Se aplicó por primera vez en marzo de 2009, y desde allí ininterrumpidamente hasta septiembre de este año, pasando las jubilaciones de 690 a 7246 pesos con unaumento acumulado del 950 por ciento, muy superior a la medición de la inflación realizada por consultoras privadas durante ese periodo y que fue de 692 por ciento.

En la Argentina de Mauricio Macri los jubilados financian a los bancos. Lo vienen haciendo (sin conocimiento público) a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, en este caso que denuncia el periodista Ari Lijalad, mediante el préstamo de 200 millones de pesos a los bancos Santander Rio, Supervielle y BBVA Banco Francés. Antes de la actual administración el Fondo de Garantía de Sustentabilidad invertía el dinero en actividad de tipo productiva. Ahora el dinero de los jubilados va a parar a manos de la usura internacional.

Macri junto a Ana Botín, la actual presidenta, una de las propietarias del Banco Santander Río y miembro del Club Bilderberg.
Los jubilados le prestan a los bancos
por Ari Lijalad – NuestrasVoces

El Gobierno sigue derivando “plata de los jubilados” a grandes empresas. Ahora le tocó el turno a los bancos, uno de los sectores que más dinero ganó desde que asumió Mauricio Macri. En los últimos meses de 2016, entre tres bancos recibieron 200 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

El gobierno está otorgando plata de los jubilados a bancos y empresas. En los últimos meses del año pasado, el Banco Santander Río, el Supervielle y el BBVA Banco Francés recibieron 200 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Estas transferencias de recursos públicos se hicieron con la suscripción de Obligaciones Negociables (ON), un instrumento que tienen las empresas para financiarse. Esto es parte el cambio de paradigma del sistema económico implantado por el macrismo: mientras que, desde su creación, el FGS impulsó proyectos de matriz productiva, ahora vuelva recursos al sistema financiero.

Botín, tractores y un timing perfecto

El Banco Santander Río es el mayor banco privado del país. Su presidente, Enrique Cristofani, participó del Mini Davos que reunió decenas de empresarios en el Centro Cultural Kirchner. Allí, en diálogo con la prensa, Cristofani afirmó: “Pensamos que la macroeconomía argentina se viene reordenando en un proceso muy bueno y muy rápido y este foro es un vehículo para acelerar las inversiones, sobre todo de las grandes empresas”. Era el 14 de septiembre de 2016. El mismo día, el FGS suscribió 50 millones de pesos de ON del Santander Río.

El 14 de septiembre de 2016, Enrique Cristofani, presidente del Banco Santander Río, participó del Mini Davos que reunió decenas de empresarios en el Centro Cultural Kirchner y elogió la política económica del macrismo. Ese mismo día, el FGS suscribió 50 millones de pesos de ON del Santander Río.

La información consta en el acta 139 del Comité Ejecutivo del FGS. La reunión –detalla el acta– comenzó a las 9:30 del 9 de noviembre de 2016, o sea, casi dos meses más tarde de la suscripción de las acciones. Este Comité Ejecutivo lo integran el Director Ejecutivo de Anses, Emilio Basavilbaso junto con los Secretarios de Finanzas, Hacienda, Política Económica y el Subdirector Ejecutivo de Anses. Por entonces, se trataba de Luis Caputo, Gustavo Marconato, Pedro Lacoste y Luis María Blaquier, respectivamente. Caputo fue ascendido luego a ministro de Finanzas; Blaquier renunció a su cargo en diciembre de 2016

Como siempre en este órgano, en la reunión del 9 de noviembre el que habló fue Blaquier, que informó que esas ON del banco Santander se pagarían a 18 meses, con una tasa de interés variable aún sin definir y que tenían una calificación Aaa.ar otorgada por Moody´s Latin America. Se aprobó por unanimidad. Según la Comisión Nacional de Valores (CNV), la calificación Aaa.ar para renta variable “exhiben una excelente administración y control del entorno operativo y muestran una excelente calidad de sus inversiones”. En definitiva, el FGS invirtió en algo teóricamente seguro, ya que también las calificadoras de riesgo fueron puestas en discusión especialmente tras la crisis financiera de 2009. Nadie califica a las calificadoras.

Pocas semanas después de este aporte de la Anses al Santander Río, el 24 de noviembre, Macri recibió a Ana Botín, presidenta del banco cuyo apellido ya la exime de presentación. La banquera le ratificó al presidente argentino un plan de inversiones multimillonario. No trascendió si conversaron del dinero que aportó el Estado a su empresa ni los motivos.

El banco Santander Rio no fue el único beneficiado en esa reunion del FGS. Según consta en el acta 139, ese día se aprobó la suscripción 4 millones de dólares en ON de la multinacional agrícola John Deere, que produce entre otras cosas tractores, cosechadoras e incluso máquinas para mantenimiento de campos de golf. Estos 4 millones de dólares se sumaron al mismo monto suscripto el 1 de julio de 2016 y recién aprobado el 3 de octubre. Es decir, en total, esta corporación recibió 8 millones de dólares. Lo interesante de esta nueva suscripción es que fue aprobada el 9 de noviembre, el día después de que Macri se reuniera con Samuel Romie Allen, CEO global de John Deere. Según dejaron trascender, en la charla destacaron la eliminación y reducción de las retenciones a los principales granos de exportación. El CEO de John Deere dijo: “Es un honor conocer personalmente al presidente. Tuvimos la oportunidad de expresarle que continuamos comprometidos con el desarrollo socioeconómico del país”. Al día siguiente, el FGS aprobó por unanimidad la nueva suscripción. Un timing perfecto..

John Deere recibió 8 millones de dólares del FGS y la última suscripción fue aprobada el 9 de noviembre, el día después de que Macri se reuniera con Samuel Romie Allen, CEO global de la empresa.

El BBVA Banco Francés es el quinto banco del país y el tercero de los privados. Este banco tiene una característica que lo diferencia del Santander Río y del Supervielle, y es que el FGS es su accionista. La Anses tiene el 7,9 por ciento de las acciones del banco, por un valor de 2.883 millones de pesos.

Según consta en el acta 138 de su Comité Ejecutivo, el FGS suscribió ON por 100 millones de pesos del banco del cual es a su vez accionista. Esto se aprobó el 21 de octubre de 2016, aunque la suscripción fue el 3 de agosto, más de dos meses antes. Blaquier informó que estas ON vencerían en 18 meses, con una tasa de interés del 28,5 por ciento para los primeros tres meses y luego variable, con una calificación AAA otorgada por Fix Scr. La cuestión se aprobó por unanimidad.

En cuanto al Banco Supervielle, ocupa el puesto catorce entre los bancos del país, el décimo entre los privados. En su caso, el FGS suscribió 50 millones de pesos en ON el 8 de octubre de 2016, aunque recién fue aprobado el 13 de diciembre según consta en el acta 141 del organismo. Blaquier detalló que las ON vencerían en dos años, con una tasa variable aún a determinar y con una calificación AA de Fix Scr, es decir, más baja que las del Santander Río y el BBVA Banco Francés. Se aprobó igual por unanimidad.

Claramente los bancos no precisan de estos aportes del FGS, que antes se destinaban a emprendimientos productivos. Según el informe “Los ganadores de la Argentina de Macri” elaborado por el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), estos tres bancos son parte de los ganadores. El trabajo toma las 54 empresas que conforman lo que denominan la “Cúpula de la Bolsa” y los clasifica según sus ingresos y su participación en el total. El Santander Río ocupa el tercer lugar, con ingresos por 9.584 millones de pesos, un 4,6 por ciento del total. El BBVA Banco Francés está octavo, con 6.694 millones, un 3,4 por ciento del total. El Supervielle ocupa el puesto 22, con 2.638 millones de ingresos lo que es un 1,3 por ciento del total.

Producir o especular

“La plata de los jubilados” es una creación mediática. Lo cierto es que el dinero de la Anses se utiliza para seguridad social, un concepto mucho más amplio y que, en el caso argentino, responde a un esquema solidario. No es que cada jubilado cobra en función de lo que aportó en su vida, sino que los trabajadores actuales sostienen las jubilaciones. A partir de la estatización de las AFJP, el FGS funcionó como garante para sostener el sistema de jubilaciones y pensiones, pero con un criterio de inversión en proyectos productivos.

A partir de la estatización de las AFJP, el FGS funcionó como garante para sostener el sistema de jubilaciones y pensiones, pero con un criterio de inversión en proyectos productivos.

Durante el kirchnerismo casi no se registran suscripciones de ON que no fueran de YPF (a quien la nueva gestión también destinó fondos). Puntualmente, además de las inversiones o préstamos en la industria automotriz, energía, proyectos de vivienda y turismo, desde el 2009 hubo una suscripción de ON de Newsan (electrónica) y un único antecedente vinculado a un banco privado. El 29 de noviembre de 2013, se aprobó la suscripción de 10 millones de pesos de ON del Banco Finansur. Comparado con los 200 millones de pesos a los bancos Santander Rio, BBVA Banco Francés y Supervielle, significa que en un año de gestión Macri la Anses le dio a los bancos 20 veces más dinero que en toda la gestión kirchnerista del organismo.

Con la llegada de Macri todo cambió. El criterio de inversiones productivas tenía una doble virtud: el préstamo en sí, pero sobre todo la recaudación para sostener el sistema solidario por los aportes de los trabajadores que esa inversión productiva generaba. Ahora, en lugar de esto, le prestan a los bancos. Estos, además, no fueron los únicos beneficiarnos de la política macrista del FGS. Hubo, por ejemplo, casos de conflicto de interés, como la suscripciones de ON de Cablevisión y Arcor, que fueron denunciadas por el fiscal Gabriel De Vedia ya que Blaquier tenía intereses económicos en ambas mientras definía invertir allí dinero público en una operación, a su vez, con índices de riesgo. El macrismo también puso dinero en la energética Albanesi (15 millones de dólares), la constructora TGLT (10 millones de pesos), Longvie (5.725.000 pesos), Telecom (225 millones de pesos), Compañía General de Combustibles (20 millones de dólares).

Acta 138

ACTA 139

Acta 141

Fuente: http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/los-jubilados-le-prestan-los-bancos/

El tan publicitado pago de los juicios a los jubilados es pan para hoy (y para menos de un 20% del total) y hambre para mañana: esconde la liquidación a precio vil de una parte importante de los recursos de la ANSES (el Fondo de Garantía de Sustentabilidad), generando su insustentabilidad, situación ruinosa que desembocará en la propuesta futura de privatización del sistema previsional. ¿Los beneficiados? Las corporaciones que recuperarán a bajos precios las acciones de sus empresas hasta hoy en manos del Estado: Techint, Telecom, Clarín, Molinos (Pérez Companc), Banco Macro, Banco Galicia, Banco Francés, Edenor, Aluar y otras.

Vale la pena leer el siguiente análisis del periodista Raúl Dellatorre:

Estado y trabajadores, dos socios indeseables. Cuanto más lejos, mejor.
Por Raúl Dellatorre / Página|12

La batalla de las principales empresas del país por deshacerse de la presencia de la Anses en su Directorio no es nueva, pero con el nuevo gobierno de Cambiemos se revitalizó. El megaproyecto que el Ejecutivo envió al Congreso entrelazando el cumplimiento de una deuda histórica con los jubilados con el blanqueo de capitales fugados del país, incluye también la habilitación de la venta de las acciones de firmas privadas que forman parte del Fondo previsional de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Los 90 mil millones de pesos que hipotéticamente tendría como precio de mercado esa cartera de acciones no refleja, según los expertos, su “verdadero” valor para quienes serán sus más interesados compradores: los titulares de los paquetes mayoritarios de ese casi medio centenar de empresas en las que el FGS tiene participación. El interés es claro: las grandes firmas no quieren que directores que representen el aporte de trabajadores a un fondo solidario se involucren en decisiones sobre distribución de dividendos, inversiones, políticas salariales, condiciones laborales o despidos. Los funcionarios del área económica, mayoritariamente vinculados a la banca extranjera de inversión, saben que las empresas privadas con participación estatal no son “bien vistas” en el mercado bursátil. “Limpiar” los directorios de esa presencia es, por ello, uno de los objetivos –y no tan secundario– de la mega reforma previsional e impositiva que aterrizó esta semana en el Congreso.

“Hay antecedentes. Ya en 2011 Paolo Rocca ofreció pagarle a la Anses por encima del valor de bolsa para quedarse con el 26 por ciento de las acciones de Siderar que tenía en su poder y evitar que el organismo nombrara directores propios”, recordó un especialista consultado por Página/12. El propio Diego Bossio, titular por entonces de la Anses, declaró ante la Comisión Bicameral, en abril de ese año, que “varias empresas” habían propuesto recomprar sus acciones después de la nacionalización de los activos de las AFJP.

El grupo Techint había sido, por otra parte, la vanguardia en ese mismo año de la batalla por tratar de evitar que la Anses designara directores en las empresas en las que tenía acciones, al punto que llevó el tema a los estrados judiciales. Aunque poco sólido, el argumento le sirvió para fijar posición contra lo que señalaban como “un intento de estatizar” las corporaciones o, dicho más vulgarmente por los mismos voceros, “un ataque chavista al capital privado”. La pretensión del grupo era que el Estado se ciñera al mismo límite que la ley le había fijado a las AFJP en el régimen de capitalización vigente hasta 2008, que le impedía tener una participación de más del 5 por ciento en el paquete accionario de una empresa. Pero ese límite era individual, no para el conjunto que ahora había reunido la Anses en el fondo de garantías.

Tan poco sustento tenía el argumento, que el resto de las empresas desistieron de seguir los pasos de Techint y la dejaron sola ante la Justicia, la que ratificó los términos del decreto de necesidad y urgencia 441/2011 promulgado el 13 de abril de ese año. A partir de su vigencia, el FGS estaría representado en las asambleas de accionistas de las empresas y nombraría directores conforme a la proporción del capital que ostentara. La mayoría de las empresas, incluídas las de Techint, aceptó la incorporación de los directores estatales, otros se resistieron.

La devolución al sector público de los derechos políticos y económicos de los activos del Fondo acumulados en las AFJP a lo largo de 14 años, significaba además dar un corte a una relación leonina. Las principales firmas cotizantes en Bolsa se fondearon durante todo ese período de los aportes previsionales de trabajadores que no tenían una representación política en el Directorio ni se beneficiaban directamente de los resultados, ya que no participaban siquiera de la decisión de distribución de los dividendos.

Esa cartera de participaciones del Fondo de Garantía en empresas privadas hoy representaría, según su valor bursátil, unos 90 mil millones de pesos. Sin embargo, para el economista Alejandro López Mieres, un investigador y especialista en temas financieros y previsionales, ex director de AFJP Nación (la administradora estatal, del Banco Nación). “su valor real es mucho mayor: cualquiera de los grupos económicos mayoritarios en estas empresas estaría dispuesto a pagar un precio mucho mayor al de mercado, a hacer un oferta agresiva, para quedarse con ese 20 ó 25 por ciento de las acciones y deshacerse de la presencia del Estado en el Directorio”. Y ese es, precisamente, el propósito que López Mieres ve detrás de la habilitación que se busca para la venta de las acciones del FGS.

“Con las medidas que anunció el gobierno en materia previsional, el sistema queda desfinanciado, se afectan los ingresos y diría que incluso se pone en riesgo la movilidad jubilatoria”, advirtió. “Además, se dice que el Tesoro Nacional compensará el 15 por ciento de la coparticipación que la Anses dejará de percibir, así como la pensión universal para los mayores de 65, pero no está claro de dónde saldrán esos fondos ni cómo se instrumentará”. A su criterio, “lo que se está gestando es una situación en que la venta de las acciones aparezca como la solución inevitable, como la respuesta a la necesidad de liquidez para cumplir con los jubilados. Y la realidad es que no es el único recurso, pero el gobierno va a producir el hecho político, un hecho simbólico con la venta de las acciones, a favor de sectores empresarios que se lo están reclamando, pero lo presentará como una decisión a la que se llega por obligación, para cumplir con los jubilados en algo que es completamente justo, indiscutible, y que genera una gran sensibilidad popular”.

El costado que no se analiza, afirmó a Página/12 el ex director de AFJP Nación, es que “no se trata de un activo más, sino de un fondo de acciones que se fue formando con el aporte de los trabajadores para hacer sustentable su futura jubilación. Ni siquiera es un activo del Estado, es de los trabajadores que aportaron, un bien colectivo pero que debería ser administrado por los propios trabajadores, por sus representantes y los de los jubilados”. En opinión de López Mieres, “fue un error dejar en manos de los funcionarios que controlan la política económica y fiscal el manejo del Fondo, porque los intereses pueden no ser coincidentes”. La demostración sería evidente ahora, tras el cambio de gobierno. “Hoy el ministerio de Hacienda está en manos de un ex directivo del JP Morgan, la secretaría de Finanzas a cargo de un ex CEO del Deutsche Bank, el titular del FGS es un ex Goldman Sachs. ¿Con qué criterio van a administrar el Fondo? Si los directores en las empresas fueran nombrados por representantes de los trabajadores, los verdaderos dueños del Fondo, seguramente intervendrían en el control de las inversiones, la distribución de dividendos, las políticas salariales y de ambiente de trabajo en cada empresa. Es a eso a lo que le tienen miedo las empresas, hoy pueden tener directores nombrados por este gobierno pero mañana no saben. Prefieren deshacerse de la Anses como socio ahora. A ese interés responde la actual política”, completó el especialista.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-301055-2016-06-05.html
Por su parte, el periodista Horacio Verbitsky afirma:

«CIFRA entiende que el objetivo de la reforma previsional es liquidar las disponibilidades y las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este Centro de Estudios de la CTA estima que el blanqueo alcanzará unos 20.000 millones de dólares, con una recaudación para el Estado Nacional de aproximadamente 2.000 millones, lo que no cubriría ni una cuarta parte de los fondos requeridos para aplicar el Plan en 2016. Las colocaciones en títulos y obligaciones negociables constituyen el 65 por ciento de los recursos del Fondo y no son liquidables, ya que de volcarse al mercado los títulos soberanos producirían un desplome de su precio. Tampoco es posible recuperar en el corto plazo las inversiones en proyectos productivos y/o de infraestructura, que insumen largos plazos. Quedan así las disponibilidades del FGS, valuadas en 3.728 millones de dólares y sus acciones, en 5.673 millones de dólares».

«Esto incluye la participación del Estado en el capital de unas 40 empresas, de las que en el cuadro se muestran las 15 más importantes. La estatización de las AFJP, en 2008, desató el conflicto más duro del Estado con todas las fracciones del capital y dio lugar a una declaración de guerra de la trasnacional italiana Techint y del Grupo Clarín contra el gobierno de la ex presidente CFK. A fines de 2010, Héctor Magnetto, dijo en un reportaje con el diario inglés Financial Times que el gobierno de Cristina “está entrando en una fase confiscatoria”. Y el de Techint, Paolo Rocca, pronunció un discurso incendiario contra cualquier distribución de ganancias y protección laboral, y presionó como hace siempre por una nueva devaluación. En 2011 el Estado modificó la legislación por la cual las acciones de la ANSES en las empresas sólo tenían derechos políticos en la asamblea de accionistas hasta el 5 por ciento. Desde entonces el Estado hace oír su voz en forma proporcional a su paquete accionario, una ofensa intolerable para el conjunto del patronato y su principal término de unidad».

«‘Si bien, en las apariencias, el proyecto de ley de reparación histórica persigue beneficiar a una porción de los jubilados con el incremento de sus haberes, la naturaleza de la medida, tal como está planteada, se orienta a otros propósitos que pueden retornar como un boomerang hacia el propio sistema jubilatorio al tornarlo insustentable’, concluye CIFRA».

«Las sucesivas moratorias permitieron que el 98 de las personas en edad de jubilarse accedieran a ese beneficio, percibiendo el haber mínimo, como piso digno de subsistencia. El proyecto oficial lo disminuye al 80 por ciento de la jubilación mínima, perpetuando en la vejez la discriminación que padecieron durante su vida activa quienes realizaban trabajos informales. De paso, se eleva la edad de retiro femenina a 65 años, en una excepcional y paradójica medida de igualdad de género. Sin el Fondo de Garantía de Sustentabilidad el Estado perdería una herramienta clave para su incidencia en la economía real y financiera. Otras de las reformas destructivas de un sistema que funcionó muy bien es el pago con el FGS no sólo de las deudas de capital sino también de los gastos corrientes y la habilitación en el artículo 28 de invertir en títulos y acciones de estados y sociedades extranjeras, cosa que estaba prohibida, partiendo de la premisa de que el FGS debería ser un instrumento del desarrollo nacional. El texto de la ley trae de contrabando una baja permanente del haber mínimo, un aumento en la edad de acceso a las mujeres y el desfinanciamiento del ANSES, mientras el nuevo beneficio asistencial a los adultos mayores será financiado por rentas generales. Esta liquidación es un objetivo estratégico de la venganza social en marcha y la puerta de entrada a una nueva privatización del sistema previsional, esta vez concentrada en los más altos ingresos, los mismos a los que se dirige esta ley, a diferencia del gobierno anterior, cuya prioridad fue la ampliación de la base de beneficiarios y el mejoramiento de su ingreso mínimo».

¿Jubilados beneficiados? menos del 20%:

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301052-2016-06-05.html