La filtración se dio en el contexto de la causa por el espionaje ilegal a dirigentes, por el que ya fueron procesados los ex directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el juzgado federal de Lomas de Zamora, investigación que está a cargo de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, los que recibieron las actas de parte de la titular actual de la AFI, Cristina Caamaño, y luego las subieron al sistema informático «Lex 100 del Poder Judicial de la Nación».

Dicho sistema, «al que solo tienen acceso las partes de este expediente»,según explican desde la Fiscalía con un comunicado. Sin embargo,«transcurridas unas semanas, el libro de actas llegó a manos de periodistas, quienes no estaban autorizados judicialmente a obtener dicho material».

Aparecen registrados los nombres de agentes destinados a Alemania, Bolivia, Colombia, Corea del Sur, China, Chile, Ecuador, El Líbano, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Panamá, Paraguay, Perú, Rusia, Israel y Uruguay. También las clasificaciones de los mismos según categorías: D para personal superior o de conducción, E para personal auxiliar, F para personal de apoyo, junto a un número indicando su antigüedad.

Se sabe que tanto la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, como muchos de los agentes expuestos iniciaron o iniciarán juicios al Estado, por dejarlos expuestos frente a bandas del crimen organizado.

4 ex agentes denunciaron a Caamaño, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de la Ley de Inteligencia, denuncia que cayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de María Servini de Cubría, interviniendo como fiscal Eduardo Taiano, que subroga la Fiscalía Federal 8.

En la denuncia de Caamaño, por violación de la Ley de Inteligencia y por el delito de divulgación de secretos previsto en el artículo 222 del Código Penal, se aclara que había enviado la información junto a un oficio que indicaba que «La información se encuentra alcanzada por las disposiciones establecidas en el artículo 16 y concordantes de la ley número 25.520 (…) por lo que deberá adoptar a su respecto las medidas de seguridad para que la compulsa que se disponga de la información sea personal y en la sede donde se encuentre sin que se permita la reproducción duplicación o divulgación de la documentación o información ya sea a través de medios técnicos humanos; como también que se teste la información que no resulte vinculada a la investigación y surja de la documentación referenciada», algo que finalmente no ocurrió y se terminó difundiendo por distintos medios, en los que de hecho se puede seguir accediendo a las actas.

En cualquier caso, el descrédito para la AFI es generalizado, ya que quedaron expuestos tanto los agentes que actuaban como espías bajo el gobierno de Cristina Kirchner, de los que quedaron registradas sus renuncias a fines de 2015, como los que los reemplazaron bajo la administración de Mauricio Macri.

No es la primera vez que se filtran listados de agentes de la AFI/exSIDE, lo que deja al sistema de inteligencia nacional en muy mala posición frente a todo tipo de agencias extranjeras.

El fiscal le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que disponga una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación, entre ellas una tasación del armamento cuestionado.

La causa se abrió a partir de una denuncia formulada por la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, que sostuvo que la gestión pasada «autorizó y procedió a la venta de armamento de fuego de distinto calibre que integraba el patrimonio de la Agencia, a funcionarios y agentes en actividad, a un precio irrisorio y con ínfimos requisitos en cuanto a las condiciones necesarias para acceder a dicho negocio jurídico». En la denuncia se aludió a dos resoluciones dictadas por Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, la que estarían«carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico».

«La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentre en desuso», explicó.

De acuerdo a Télam, el área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre 3.900 y 7.900 pesos por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20% de su cotización en el mercado para las pistolas FM Browning 9 milímetros, escopeta Beretta y pistolas Smith Wesson, pistolas Beretta, Glock y revólveres Colt Detective, Ruger y Colt Trooper. Este lote fue parte de una primera operación en tanto que en 2018 hubo una segunda venta de otras 38 armas «bajo la misma modalidad».

Federico Villena dispuso la detención «por temor a que los imputados entorpezcan la investigación, obstruyan el accionar de la Justicia o puedan cometer actos de intimidación contra las víctimas o testigos».

La lista de los detenidos por espionaje ilegal “M”:

1. Jorge Horacio “Turco” Sáez, ex policía metropolitano (inspector) y ex integrante del servicio penitenciario. Era el reclutador del grupo «Super Mario Bros».

2. Leandro César Araque, ex policía metropolitano (inspector). Su celular aportó las pruebas de fotos y archivos de seguimientos ilegales a dirigentes políticos y otras personalidades.

3. Facundo Melo, abogado y ex agente de la AFI. Se entregó en el juzgado de Lomas de Zamora.

4. Emilio Federico Matta, especialista en informática, agente de inteligencia de la AFI, hermano del policía Guillermo Matta. Realizaba espionaje territorial en la provincia de Buenos Aires.

5. Susana Mabel Martinengo, ex coordinadora de documentación presidencial de Casa Rosada. Recibía los informes de inteligencia y los entregaba a Darío Nieto, secretario personal de Mauricio Macri. Está probado que recibió 12 veces a diferentes espías.

6. Mercedes “Mechi” Funes Silva, analista de información, auxiliar de inteligencia de la Policía Federal. Es esposa del subcomisario Juan José Reiriz, que trasladó a Lázaro Báez cuando fue detenido. La señalan como productora de informes periodísticos para Luis Majul. Era efectiva de la Policía Metropolitana. En el 2000 integró la División Informaciones y Conductas Delictivas de la Policía Federal, luego ocupó un cargo en el Comando Único de Control de la Policía Metropolitana y luego a la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4. A partir de enero de 2016 fue designada en comisión en la AFI. Ofreció el departamento e su madre ubicado en calle Pilar 1460, Matederos, para instalar una “base” de la banda “Super Mario Bros”.

7. Diego Luis Dalmau Pereyra, oficial militar, profesor en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), ex jefe de contrainteligencia de la AFI. Conformó un grupo de espionaje por orden de Arriba, destino a «seguir peronistas», según él reveló en la Comisión Bicameral de Inteligencia.

8. Alan Ruiz (ya estaba detenido), jefe de la Banda “Super Mario Bros”, ex director de Operaciones Especiales de la AFI y el primer arrepentido en la causa que instruye el juez Juan Pablo Augé por espionaje a Cristina Fernández de Kichner y el instituto Patria. Podría arrepentirse en la causa de Lomas de Zamora. Ruiz fue funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación de Patricia Bullrich del 2 de diciembre de 2016 hasta el 8 de marzo de 2018 como coordinador de Asuntos Legales y Despacho y hasta el 30 de abril de 2018 como coordinador de Búsqueda de Prófugos. Luego, se volcó al espionaje ilegal. Fue alumno de Dalmau Pereyra en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI).

9. Maria Andrea Fermani, agente de inteligencia, secretaria privada de Dalmau Pereyra.

10. Daiana Romina «Bucky» Baldassarre, agente de inteligencia de la AFI, ahijada del «Turco» Sáez. Realizaba tareas administrativas.

11. Denisse Aya Tenorio, ex agente de inteligencia de la AFI.

12. María Belén Sáez, hija del «Turco» Sáez, empleada administrativa que operaba en una base que la AFI tenía en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), en la localidad de Villa Martelli. A esta «base» se la conocía como 95 y poseía estrictos protocolos de ingresos.

13. Jorge Guillermo Ochoa, , ex agente de la Policía Federal Argentina (PFA).

14. Andrés Patricio Rodríguez, ex agente del servicio penitenciario bonaerense. Obtenía información de la cárcel de Melchor Romero y participó en el espionaje de los hermanos Bruera, de La Plata.

15. Gustavo Marcelo Ciccarelli, ex agente de la Policía Federal Argentina (PFA).

16. Juan Carlos Rodríguez, funcionario del área de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño, vinculado a la filtración de información a Luis Majul. Operaba con el sistema Nosis, de información comercial sobre las personas.

17. Guillermo Matta, fue designado espía en “comisión” de la AFI, cumplía tareas específicas para la banda “Super Mario Bros”.

18. Mariano Ignacio Flores, ex espía de la AFI, ex agente de la Policía Federal y ex agente dmetropolitano.

19. Dominque Lasaigues, funcionaria del Gobierno porteño, ex estudiante en Universidad de la Policía Federal Argentina, recopilaba información comercial de las víctimas del espionaje.

20. Martín Terra, chef que fue contratado en la AFI por ser amigo de Gustavo Arribas. Es el ex esposo de Analía Maiorana, pareja actual de Diego Santilli. Había trabajado como secretario de Arribas en la empresa dedicada a la compra y venta de jugadores fútbol.

21. Javier Esteban Bustos, ex policía metropolitano, reportaba a Alan Ruiz. Fue designado espía en “comisión” de la AFI, de octubre de 2018 a noviembre de 2019.

22. Jonatan Ezequiel Nievas, ex policía metropolitano, reportaba a Alan Ruiz. Fue designado espía en “comisión” de la AFI, de octubre de 2018 a noviembre de 2019.

La información de los detenidos, muestra a las claras la forma en la que se utilizó a la Agencia Federal de Inteligencia, junto a medios de comunicación y funcionarios, para la persecución de opositores de manera absolutamente ilegal. Nada de todo esto pudo haberse realizado sin las órdenes de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes a su vez nunca pudieron haber actuado por su cuenta sin el aval de Mauricio Macri.

Nieto era el nexo entre el expresidente Macri y la exdirectora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, quien aparece en el expediente como la persona que recibió más de diez veces en Casa Rosada a los espías acusados de hacer espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia  (AFI) persiguiendo a Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios, sindicalistas y periodistas, dirigentes políticos del propio Frente de Cambiemos, entre otras víctimas.

Villena intenta precisar quién dio la orden del espionaje e investiga el entramado de una organización integrada por miembros de distintas agencias de seguridad —la AFI, Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal— que junto a abogados y funcionarios de otros poderes del Estado llevaron adelante distintas actividades en violación a la Ley 25.520.

Los efectivos encargados del allanamiento, procedieron al secuestro de todos los teléfonos, aparatos electrónicos, agendas, dispositivos de almacenamiento y computadoras, tanto de su casa como en otro domicilio, a la vuelta sobre la calle Gurruchaga y en la de sus padres, hasta pasadas las 19. Su abogado pidió la eximición de prisión, sin embargo, el juez no la concedió, por el momento.

En 2017, Nieto fue nombrado por Macri como Coordinador General de Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Cabe destacar que este miércoles, la justicia federal imputó al exjefe de Gabinete, Marcos Peña y al exministro de Trabajo, Jorge Triaca. Ambos funcionarios durante el gobierno de Mauricio Macri, serán investigados en el marco de la causa denominada «mesa judicial» por presuntas maniobras de coacción desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial.

El fiscal federal Ramiro González, definió las imputaciones tras las declaraciones del juez Luis Raffaghelli y la incorporación al expediente de los emails hallados en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) comandada actualmente por Cristina Caamaño, quien a días de intervenir dicha cartera, decidió realizar una auditoría interna la que dio como resultado el descubrimiento de documentación que acredita el espionaje ilegal a opositores por parte del macrismo.

Según el dictamen del fiscal González, el objetivo de esta mesa judicial habría sido el de ejercer “presiones a miembros del Poder Judicial con el objeto de interferir en el normal funcionamiento de ese poder y direccionar el trámite de causas que resultaban funcionales a los intereses políticos”.

Las fichas personales eran clasificadas a su vez con un sistema de «semáforo», indicando con colores verde, amarillo o rojo según el grado de «peligrosidad» de cada persona espiada.

Son responsables directos de estas tareas ilegales de inteligencia los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y quien conducía el ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. La Ley de Inteligencia Nacional dispone en el artículo 4 inciso 2 que está prohibido “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Seguramente, Arribas y Majdalani se excusarán en algún pedido del propio G20 para evitar posibles problemas de seguridad, sin embargo, ningún pedido de esa naturaleza podría ir en contra de la legislación nacional.

Nada extraña de una administración que hizo del espionaje una de sus obsesiones, desde los intentos de usar el software israelí Pegasus, a la intercepción de llamadas de dirigentes políticos y su posterior uso en programas de televisión afines, el armado de causas truchas para encarcelar opositores, la escucha sistemática de políticos propios y ajenos, pasando por los propios familiares de Mauricio Macri.

Lista completa de personas espiadas por la AFI macrista en ocasión de la reunión del G20:

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Carlos Reyes AFP. Camarografo
Sergio Miguel Roulier Canal 3 Rosario. Periodista
Leandro Signorile Radio Nacional. Cronista
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Lista de académicos, empresarios y dirigentes políticos:

Pereyra Beatriz Rosa Asociación de Profesionales por la Nueva Argentina
Poli Ivan Alfredo Propery Aipi
Pueyrredón Marcos Horacio Business for E-Trade Development
Pitaluga Patricia Karina Acercando Naciones Asociación Civil
Regunaga Marcelo Eduardo No surge
Santellán Miguel Ángel Fundación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios
Robles Alberto José Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio – UNTREF
Rodríguez Ignacion Pablo Confederación Latinoamericana y del Caribe de
Trabajadores Estatales
Serantes Eduardo luis Grupo de Países Productores del Sur Shaw
Sabrina International Istitute for Sustainable Development Solina
Moretti Jesica Acercando Naciones Asociación Civil
Serra Cabaceres Antonio Consumers International Santiago
Julián Pablo Acercando Naciones Asociación Civil Secchi
Pablo Alejandro Fundación Poder Ciudadano Raúl Andrés
Roccatagliata Sociedad Rural Argentina Eduardo Raul
Serena Camara de Comercio Exterior de Cordoba Ana Lidia
Sumcheski Instituto Argentino de Estudios Aduaneros
Mariano Ignacio Treacy Sociedad de Economia Critica
Haydee Zoila Scomparin Instituto de Capacitacion Aduanera
Jorge Eugenio Tuero Acercando Naciones Asociacion Civil
Luciana Larsen Prestadores de Servicios Internacionales Aeroexpresos
Daniel Anibal Lovera Federacion Argentina de Empleados de Comercio y Servicios
Maria Pia Marchegiani Fundacion Ambiente y Recursos Naturales
Nahuel Maisley Institute for International Law and Justice
Carolina Martinez Elebi Fundacion Via Libre
Enrique Gabriel Maurtua Kostantinidis Fundacion Ambiente y Recursos Naturales
Raúl Andrés Roccatagliata Sociedad Rural Argentina
Eduardo Raul Serena Camara de Comercio Exterior de Cordoba
Ana Lidia Sumcheski Instituto Argentino de Estudios Aduaneros
Mariano Ignacio Treacy Sociedad de Economia Critica
Haydee Zoila Scomparin Instituto de Capacitacion Aduanera
Jorge Eugenio Tuero Acercando Naciones Asociacion Civil
Luciana Larsen Prestadores de Servicios Internacionales Aeroexpresos
Daniel Anibal Lovera Federacion Argentina de Empleados de Comercio y Servicios
Maria Pia Marchegiani Fundacion Ambiente y Recursos Naturales
Nahuel Maisley Institute for International Law and Justice
Carolina Martinez Elebi Fundacion Via Libre
Enrique Gabriel Maurtua Kostantinidis Fundacion Ambiente y Recursos Naturales
Auer Ricardo Francisco Fundación Saber Como
Baldissare Gino Cámara de Comercio Exterior de Córdoba
Bustos Gonzalo Alexis Asociación de Profesionales por la Nueva Argentina
Busaniche Beatriz Fundación Via Libre
Bonsangue Fernando Javier Asociación de Profesionales por la Nueva Argentina
Fernández Héctor Horacio Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales y ATE
Seccional Rosario
Grigera Naon Juan José Sociedad Rural Argentina
Gomez Jorge Benigno Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio – UNTREF
Illescas Nelson Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales –
Fundación INAI
Jasiukiewicz Alejandro Prestadores de Servicios Internacionales Aeroexpresos
Gallito Ccastaño Lucas GSMA Latin América
Fiant Claudia Elena Rosa Cámara de Comercio Exterior de Córdoba
Alberto Maria Horacio Caballero Sanchez Grupo de Paises Productores del Sur
Sebastian Martin Cabello Jefe de America Latina, GSM Association
Enrique Alberto Chaparro Fundacion Via Libre
Diego Hernan Cifarelli Federacion Argentina de la Industria Molinera
Gerardo Ariel Codina Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio – UNTREF
Maria Lucrecia Corvalan GSM Association
Juan Patricio Cotter Abogado
Ruben Ever Cortina Federacion Argentina de Empleados de Comercio e Industria
Alejandro Martin Diaz Camara Argentina de Prestadores de Servicios Internacionales
Aeroexpresos
Maria Marta Di PaolaFundacion Ambiente y Recursos Naturales
Maria Lorena Di Giano Directora Ejecutiva de Fundacion Grupo Efecto Positivo
María Emilia Berazategui Fundación Poder Ciudadano
Enrique Carlos Barreira Instituto Argentino de Estudios Aduaneros
Alfredo Bourdieu Internacionales Aeroexpresos/Cámara Argentina de Prestadores de Servicios
María José Etulain Sorensen Instituto Argentino de Estudios Aduaneros

En 2018 el juez Federal número 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, recibió un anónimo sobre un caso de narcotráfico. Tras abrirse una investigación, se verificó que Sergio Rodríguez (apodado Tomate o Verdura), era un capo narco que operaba en los partidos de Esteban Echeverría y Almirante Brown.

Luego de varios operativos y allanamientos, algunos de los integrantes fueron detenidos, la banda quedó desbaratada y después de varios meses de estar prófugo, Rodríguez se entregó en febrero de este año ante el juez Villena, porque según expresó Rodríguez, temía por su vida.

En su declaración indagatoria, entre la información que aportó, dijo que había conocido a un abogado que mantenía relaciones con “barras” de Independiente. Así fue como Rodríguez describió el lugar donde se encontraba un estudio jurídico, narró las características físicas de un abogado, aportó su nombre y reconoció su foto.

Con la información aportada por Rodríguez, el juez Villena abrió una línea de investigación sobre el abogado que finalmente se corroboró que pertenecía a la AFI macrista, a cargo del entonces titular Gustavo Arribas y su segunda, Silvia Majdalani.

Dicho abogado (identificado como Facundo Melo), así describió Rodríguez, le habría manifestado que pertenecía a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y según sus dichos “ese organismo de inteligencia podía darle cobertura e incluso le conseguiría una credencial de esa institución para que pudiera manejarse ‘con libertad’”.

A cambio, Melo le pidió que lleve un “paquete” y lo “deje en un lugar”. Rodríguez, relató que lo llevó a bordo de un Peugeot 207 blanco hasta un edificio de la avenida Callao, donde dejó una caja que contenía explosivos. El objetivo, según las declaraciones de Rodríguez, era “darle un susto a alguien”, más precisamente a José Luís Vila, funcionario en ese momento del Ministerio de Defensa. La División Explosivos de la Policía Federal encontró el artefacto explosivo en Callao al 1219, compuesto de una libra de trotyl, con cables y un celular. Todo estaba adentro de una caja con un papel escrito con recortes de diarios que decía «José Luis Vila ladrón».

El juzgado secuestró el celular del agente sospechado, en el que se encontraron conversaciones con otros individuos donde daban cuenta de haber practicado tareas de espionaje interno a distintas personas y organizaciones, políticos, dirigentes sociales, sindicalistas, famosos y funcionarios en actividad. Jueces, periodistas, miembros de la iglesia católica, empresarios, diputados nacionales y provinciales, intendentes, gobernadores y hasta expresidentes de la nación.

José Luis Vila, se presentó ante los diputados que integran la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia y dio su testimonio. Allí, denunció las operaciones clandestinas de inteligencia llevadas a cabo por un sector de la AFI macrista en complicidad con una banda de narcotraficantes.

Cabe recordar que en la última semana de mayo, imputaron a Mauricio Macri; al ex titular de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas, y a su ex segunda Silvina Majdalani.

Según Méndez, la nueva directora de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, no solo no removió sino que habría reconocido y ascendido a los siguientes agentes clave:

-Juan Capello: actualmente Subdirector General del área Ténico Institucional. Bajo las gestiones macristas de Abad y Cuccioli era el jefe de departamento de legales. En la causa Oil Combustibles presentó datos falsos que hacía pasar por «retenciones no depositadas», algo desmentido por la corte. Acusó a Cristóbal López y Fabián de Sousa de acumular una deuda de 8 mil millones de pesos, aunque se comprobó que la empresa Oil no tenía deuda exigible al 10 de diciembre de 2015.

-Pablo Brula: actualmente Subdirector General de Recursos Humanos. Extendió los contratos de las personas que trabajaban para Carrió, nombró en AFIP a agentes de la AFI macrista y a personas al servicio de Patricia Bullrich. Firmó el escrito de requerimiento de Hotesur contra Cristina Kirchner.

-Marcelo Costa: actualmente Subdirector General de Recaudación. En la gestión macrista fue Subdirector de Fiscalización. Cajoneó los casos de lavado y evasión de 4040 cuentas bancarias del HSBC de argentinos en el exterior. En su dependencia se armó la causa Cuadernos.

-Juan Carlos Santos: actualmente Asesor Mayor en la Dirección Legal y Técnica. En la gestión macrista fue Subdirector de Legal y Técnica. Asesoró a Bonadío en la causa Cuadernos. En su gestión cayeron las causas Sevel (Macri) y Pampa Energía (Mindlin).

-Guillermo Sorrentino: actualmente Subdirector de Asuntos Jurídicos. Bajo la gestión macrista fue Director de Asuntos Legales y Administrativos. Fue el cerebro de Abad y Cuccioli, encargado del diseño de la estructura jurídica que persiguió a dirigentes opositores.

Desde el Gobierno tienen que estar muy atentos y prestar mucha atención a los directores de la AFIP una estructura utilizada por el Macrismo para el armado de carpetas con la complicidad de la AFI y legisladoras como Carrio siguen los mismos directores e inclusive ascendidos

— Antonio F Llorente (@fllorenteantoni) February 8, 2020

Esta información se completa con el accionar del abogado de la AFIP, Luis González Ávalos, quien también continua desde la gestión macrista y durante la primera semana de febrero de 2020, acusó a Cristina Kirchner en el juicio conocido como la «Ruta del Dinero K» que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4). «Se ha corroborado que entre 2010 y 2013 se ha pergeñado un enorme derrotero criminal, un plan común tendiente a blanquear sumas millonarias de dinero que por supuesto, a estas alturas no hay dudas de que tienen origen delictivo», sostuvo la AFIP de Mercedes Marcó del Pont, en tanto organismo querellante.

Ante esta situación, el 3 de febrero de 2020, Cristina Kirchner presentó dos escritos: «Uno que se presentó esta mañana ante el Juez Federal de Rio Gallegos. El otro, fue presentado también esta mañana ante la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Lic. Mercedes Marcó del Pont. En ambos escritos se demuestra la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas y que en coordinación con sectores del Poder Judicial operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal contra mí persona».

«Behind Back Doors», el sitio de filtraciones en inglés que en el pasado aportó información de inteligencia sobre el Golpe de Estado que se estaba gestando en Bolivia, publicó un nuevo informe en donde se revelan datos del involucramiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista en el derrocamiento de Evo Morales. También muestra el rol de servidumbre que cumple la inteligencia vernácula con agencias internacionales como la CIA.

Compartimos el informe, traducido por Kontrainfo:

Detrás del Golpe: La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina
Por Behind Back Doors

La estación de la CIA en La Paz instruyó al Jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina en Bolivia, José Sánchez, para apoyar la recopilación de información sobre:

-Evo Morales y sus administraciones;
-todos los funcionarios cubanos, venezolanos y nicaragüenses que residen en Bolivia, incluidos los diplomáticos.

Para cumplir con lo anterior, José Sánchez no solo usó a sus agentes en el país, sino que también solicitó el apoyo de representantes en Brasil, Colombia y Perú.

Los requisitos de información de la estación de la CIA en Bolivia son los siguientes:

1. La elaboración de perfiles psicológicos de los principales líderes del gobierno boliviano, especialmente de los ministros más influyentes. Esto incluye a Juan Ramón Quintana y Diego Pari.

2. Recolección de datos de inteligencia que pudieran vincular a los funcionarios del gobierno boliviano con el tráfico de drogas.

3. Recopilación de inteligencia sobre los negocios privados de los funcionarios del gobierno boliviano que pudieran vincularse a esquemas de corrupción.

4. La identificación de ciudadanos cubanos, venezolanos y nicaragüenses que trabajan en Bolivia.

5  La identificación de los diplomáticos de dichos países que trabajan en Bolivia.

Esta información sería utilizada por los Servicios Especiales de EE. UU. para llevar a cabo campañas mediáticas contra Evo Morales, tanto antes como después de las elecciones. Todo esto como parte del esfuerzo para evitar que fuera reelegido.

José Sánchez mantuvo estrechos vínculos con los funcionarios de la embajada de EE. UU., lo que fue más allá de sus deberes como diplomático. Esto incluyó a Rolf Olson y Annette Dorothy Blakeslee, ambos oficiales de la estación de la CIA en La Paz. Annette Dorothy Blakeslee estaba en Nicaragua como oficial médico de USAID en la Embajada de los Estados Unidos en Managua, curiosamente una de las coberturas diplomáticas utilizadas por la CIA en sus operaciones secretas.

El Sr. Sánchez tenía cobertura diplomática, pero en realidad sirvió como enlace con los servicios secretos de los países. Estuvo a cargo de dos estaciones de AFI en Bolivia: una en La Paz y la otra en el Consulado de Santa Cruz. Este último se utilizó para repartir fondos para la oposición en esta ciudad. La financiación, a su vez, fue proporcionada por la Embajada de los Estados Unidos. A pesar de que estaba programado para terminar su misión el 2 de diciembre, Sánchez fue relevado misteriosamente de su deber solo dos meses antes del Golpe contra Evo Morales.

Más de 2000 cajas de papeles y 5000 escuchas en casette y videos en VHS son parte de los archivos vinculados al atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que tiene la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que en 2015 se desclasificaron para poner a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación que lleva el caso.

En la actualidad, muchos de estos registros se encuentran en un edificio que pertenece a la AFI en el que la falta de mantenimiento y abandono hacen peligrar el estado de las pruebas que aún no terminaron de analizarse.

De acuerdo a las imágenes a las que pudo acceder PERFIL los registros están rodeados de escombros, basura, vidrios rotos, paredes con humedad, conexiones eléctricas clandestinas y cables averiados.

Hace 5 años, el decreto 395 dictado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner desclasificó distintos documentos para que puedan ser analizados por la UFI-AMIA, que ahora están en un edificio porteño que, por razones de seguridad, no puede ser develado.

Desde su declasificación, la UFI AMIA a cargo de Sebastián Basso, Santiago Eyherabide y Roberto Salum logró digitalizar parte de la documentación pero aún queda más de la mitad de la información sin analizar y proteger, por lo que la decisión del Presidente es sacar de la parálisis a este organismo, avanzar con la investigación del atentado y que se termine de estudiar los datos que fueron clasificados.

Ahora, lo urgente para Caamaño será proteger las pruebas que pueden haberse dañado por el estado de uno de los edificios en donde se guardan.

Esta investigación interna, será acompañada por una resolución, que se encuentra en pleno proceso de redacción, que busca revelar la “rendición” de los gastos operativos, a futuro. Los objetivos son el “blanqueo” de la mayor cantidad posible del dinero destinado al espionaje para evitar una serie de desvíos sospechados respecto del oscurantismo que siempre rodeó a los fondos reservados, y, por consecuencia, el estrangulamiento de las partidas que sostenían actividades paralelas de la inteligencia oficial.

El lunes pasado, se publicó que sobre los 1405 agentes que aparecen en la nómina de personal del organismo intervenido, 845 fueron nombrados durante el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, el 60%. Además, el 70% de todas esas designaciones se hicieron entre las PASO y las elecciones generales de octubre con contratos de planta permanente, lo cual grafica un panorama de que la administración saliente buscaba atornillar a los nuevos espías.

Anteriormente, Arribas y, su número dos, Silvia Majdalani, habían echado a casi 500 agentes.

El 40% restante del personal está en el ente de inteligencia desde el regreso de la democracia, es decir, desde un lapso de 32 años (si se cuenta hasta la llegada del líder del PRO a la Casa Rosada), que se extiende desde principios de 1983 hasta finales de 2015.

Las insólitas contrataciones de la gestión anterior, hace referencia a personas que provenían de empresas. Una de ellas es la compañía de seguros, Metlife. Otros eran acompañantes o custodios de futbolistas, lo que no pareciera extraño, aunque sí para nada ético, porque Gustavo Arribas se dedicaba a la compra-venta de jugadores, en el ámbito de lo privado.

Por su parte, Oscar Parrilli, senador nacional del Frente de Todos por Neuquén y ex director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), respaldó dicha intervención del organismo federal y además denunció a Arribas de “pincharle” el teléfono a dirigentes políticos de la oposición durante el gobierno de Macri, como así también al propio oficialismo de ese momento, entre los que nombró a la diputada Elisa Carrió y la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y al expresidente de Boca, Daniel Angelici.

En ese sentido, señaló que «si la SIDE fue lamentable durante los 30 años de democracia, estos cuatro años fueron lo peor de lo que hubo en materia de servicios de inteligencia en la Argentina», aseguró el ex titular de la AFI.  «Había bandas, había grupos que operaban indistintamente y que hasta se terminaron operando entre ellos. Espiaron a Carrió, a Vidal, a Angelici, no solamente a nosotros. Se pinchaban los teléfonos entre ellos», subrayó el senador por Neuquén.

Macri y la cúpula de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron denunciados penalmente por las operatorias ilegales que realiza la AFI, entre ellas haber «visitado» con los agentes Juan Sebastián De Stefano y Fernando Di Pascuale al juez Luis Carzoglio para hacerle saber que el Gobierno necesitaba que apresara al dirigente sindical Pablo Moyano, llegando al extremo de enviarle la orden de detención ya redactada.

En la denuncia se menciona que funcionarios de la AFI «habían mantenido reuniones con el juez de garantías del Departamento Judicial Lanús/Avellaneda, Luis Carzoglio, quien confirmó, posteriormente, que los agentes se reunieron con él para informarle que el presidente (Macri) estaba interesado en la causa que llevaba adelante contra el señor Pablo Moyano y que tenía una obsesión: su detención». También se expresa que «en ese marco tomamos conocimiento de hechos de gravedad institucional, que no guardan relación con las funciones y competencia del órgano parlamentario, y que pueden configurar delitos de orden público que nos obligan a denunciarlos conforme las prescripciones legales que rigen para los funcionarios públicos», ya que «no se trata de información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, ni de inteligencia criminal referida delitos federales complejos, terrorismo, narcotráfico, delitos contra el orden económico y financiero, o contra el orden constitucional, que son las funciones excluyentes de la AFI, organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional».

De los agentes mencionados, uno es el Jefe de Legales de la AFI (De Stéfano) y el otro es Jefe de Finanzas y especialista en prevención de lavado de dinero (Di Pascuale). Ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia, Majdalani y Arribas reconocieron que estos funcionarios habían «visitado» al juez, pero bajo la coartada de querer «controlar presuntos disturbios en caso de que se llamara a un paro nacional», explicación un tanto naif que no fue aceptada por los miembros de la Comisión Bicameral, ya que además de poco creíble no se inserta en el Plan de Inteligencia Nacional, sino más bien en un accionar delictivo dentro de una operación política.

El propio juez de Garantías de Avellaneda, Carzoglio, había relatado que el interés de los agentes estaba vinculada al interés de Macri por apresar a Pablo Moyano y que “le anticiparon que iban a enviarle un borrador con la orden de detención ya redactada”, lo que efectivamente terminó ocurriendo. También expresó que lo fueron a ver para “plantear un interés directo del presidente (Mauricio) Macri de hablar conmigo”. Cuando el juez en su momento planteó las presiones recibidas para que aprese a Moyano, el Gobierno respondió acelerando un juicio político en su contra, por el que se encuentra actualmente suspendido.

La denuncia fue presentada por los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau y el senador Marcelo Fuentes, integrantes de la Comisión. En la misma solicitan tomar declaración al juez Carzoglio y que se envíen los legajos de la AFI de los agentes De Estéfano y Di Pascuale. La denuncia será investigada por la fiscal federal Paloma Ochoa y el juez federal Sergio Torres, titular del juzgado N°12.

“Asistimos como miembros de la Bicameral al reconocimiento de responsabilidad en un hecho de extrema gravedad institucional, que involucra directamente al actual presidente de la Nación Mauricio Macri, utilizando la Agencia Federal de Inteligencia para presionar jueces y lograr el encarcelamiento de opositores políticos”, expresaron.

“El lunes una fuente me tiró un dato. Sonaba incomprobable”, contó Mariano Martín en Twitter, compartiendo una conversación de WhatsApp donde la fuente le informa que “hay media SIDE en el Sur enterrando guita para que la encuentre Bonadio”.

No sería algo disparatado, ya que no es operacionalmente tan complejo realizar algo así ya que la AFI cuenta con millonarias partidas de dinero reservado que nadie controla y generaría el circo mediático que el gobierno viene necesitando.

Conocida la información sobre la contratación de agentes para la AFI (exSIDE) como becarios del CONICET con un sueldo de $30.000, el diputado y ex presidente del CONICET, Roberto Salvarezza, pidió que el director o «Señor 5» de la AFI, Gustavo Arribas, aclare el tema y que de confirmarse esa operatoria, renuncie el titular del CONICET. De ser cierto también sería una enorme irresponsabilidad, ya que bastaría con chequear los listados de becarios del CONICET para identificar a los agentes de la AFI reclutados. Si algo le faltaba a la inteligencia argentina (que no es ni inteligencia ni argentina ya que siempre estuvo colonizada por agencias de EEUU como la CIA y el Mossad israelí) era quedar expuesta en este nuevo escándalo, que se suma a los varios en los que está enlodado su director Gustavo Arribas, entre otros, recibir U$S 850.000 dólares de coimas de Odebrecht.

Salvarezza exige también que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) aclare por su parte el tema.

«Según informaron a los aspirantes, el sueldo de base es de $30 mil por mes y aparecerán registrados, entre otros puestos, como becarios del Conicet», informó hoy una nota del diario La Nación.

La nota de la periodista Brenda Struminger afirma: «El reclutamiento comenzó cuando algunos de los postulantes recibieron un mail desde una cuenta de Google que no llevaba alusiones a la AFI. Informaba que su perfil estaba en análisis para un puesto de trabajo en el Estado e invitaban a una entrevista en el centro porteño. El organismo informó que busca perfiles de posibles candidatos en las universidades, públicas y privadas, en el marco del Programa de Formación de Agentes de Inteligencia que inició en 2016 para capacitar postulantes. De hecho, el titular de la AFI, Gustavo Arribas , brindó una charla el año pasado en la Universidad de San Andrés (Udesa) donde convocó «a los mejores», «jóvenes inteligentes» y «con ganas» para formar parte de sus filas. Los postulantes refirieron encuentros con distintos representantes de la AFI, donde explicaron que el ingreso no exigía comulgar con el partido de gobierno. El proceso incluyó un examen físico y uno psicológico y hubo que hacer un test de capacidades cognitivas. Los 15 posibles futuros espías que se cruzaron en el curso de ingreso tuvieron que dejar sus celulares antes de entrar al salón. Todos rondaban los 30 años, aunque había algunos mayores. Eran ingenieros, abogados y politólogos. Los «profesores» les explicaron, entre otras cosas, que al ingresar tendrían una identidad falsa y que mentir a sus allegados sería moneda corriente. Que todos los agentes tienen a su cargo el espionaje de un compañero. Que todos, a su vez, son espiados. Y que nadie sabe quién le sigue los pasos. Además, los capacitadores dejaron entrever críticas contra la gestión anterior de la AFI, a cargo de Oscar Parrilli bajo las órdenes de Cristina Kirchner. En especial, la cercana relación que mantenían con sus pares de Venezuela y Bolivia y el escaso vínculo con la CIA y el Mossad. Un funcionario que pidió mantener en reserva su identidad informó que en la AFI, si los profesionales preseleccionados son admitidos, hacen un curso intensivo de seis meses en la Escuela de Inteligencia. Cuando terminan, se les otorga la identidad falsa. Desde entonces, en lo que concierne a sus tareas laborales, a la hora de cobrar y para realizar trámites, responden a otro nombre, que suele llevar sus iniciales (por ejemplo, Juan Pérez podría llamarse Joaquín Panero o Jorge Páez). «Los nuevos aspirantes son recomendados por el personal o rastreados a través de las bases de exalumnos de las universidades», dijo una fuente del Ministerio de Seguridad».

Voy a realizar un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo, a través de la AFI y del @CONICETDialoga, aclaren está situación que tendría una gravedad institucional sin precedentes.

— Roberto Salvarezza (@RCSalvarezza) 25 de junio de 2018

Finalmente no se aprobó en el Senado el proyecto de ley que impulsa el régimen macrista para reformar el nuevo Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), facilitando la intervención sobre celulares y computadoras de los ciudadanos, incluyendo el acceso a las distintas aplicaciones y archivos de nuestros dispositivos (distinto a la mera interceptación de una llamada telefónica).

Distintos especialistas en  temas como seguridad infomática y derechos humanos alertan que el proyecto, agravará los casos de espionaje del gobierno sobre las personas, especialmente podrá ser usado contra militantes, periodistas y opositores en general.

Para Javier Pallero, analista de políticas públicas de la ONG Access Now, «la intervención de un dispositivo es como una orden de seguimiento permanente y no sólo de interceptación de comunicaciones. Es también allanamiento de imágenes y documentos, acceso al micrófono, acceso a la nube o a información de terceros, etcétera. Es como si varias órdenes separadas, que respondían a distintos propósitos y debían fundarse por separado, de golpe pudieran converger en un solo pedido de acceso remoto a dispositivos (…) La iniciativa contempla lisa y llanamente la «vigilancia remota de equipos informáticos» mediante la utilización de un software que «permita o facilite el acceso remoto» al contenido de computadoras, celulares, tablets y hasta bases de datos».

Para el periodista especializado Xavier Ibarreche: «El dictamen de este proyecto despertó una ola de críticas por el uso de tecnología sofisticada para la vigilancia de ciudadanos. Básicamente permitiría al Estado «hackear» teléfonos celulares, tablets o cualquier tipo de dispositivo electrónico. Asociaciones civiles en defensa de la privacidad advirtieron que este «hacking estatal» podría ser utilizado contra dirigentes opositores o disidentes. Por eso exigen que el proyecto se debata seriamente y que no sea un trámite exprés a espaldas de la sociedad civil».

Según el abogado e investigador, Leandro Ucciferri, la reforma «permitiría, por ejemplo, el uso de diversos tipos de malware. Esto en definitiva se trata de hacking estatal. En principio, el abuso de estas herramientas podría dar lugar a seguimiento de opositores o disidentes políticos. Pedimos un debate serio y no un trámite exprés. Exigimos que se tomen en cuenta las garantías constitucionales y el derecho a la privacidad».

Macri ya tiene su Gran Hermano espiando a sus opositores desde hace mucho tiempo, pero ahora quiere contar con un marco legal que le facilitará aún más su tarea.

El texto del artículo 175 a reformar:

La medida de vigilancia remota sobre equipos informáticos tendrá una
duración máxima de UN (1) mes, prorrogable fundadamente y
conforme los principios establecidos en el artículo 175 bis.
El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL dispondrá el
cese de las medidas autorizadas, informando de inmediato al juez que
las autorizó, si desaparecieren las circunstancias que justificaron su
adopción, o si resultare evidente que aquéllas no resultan idóneas
para los fines perseguidos.

Capítulo 2
Vigilancia

ARTÍCULO 175 quinquies.- Vigilancia acústica. Podrá autorizarse la
escucha y grabación en forma no ostensible, a través de medios
técnicos, de las conversaciones privadas del imputado que tengan
lugar fuera del domicilio de cualquiera de los interlocutores.

ARTÍCULO 175 sexies.- Vigilancia de las comunicaciones. Podrá
autorizarse el acceso en forma no ostensible al contenido de las
comunicaciones del imputado a través de la intervención de las
terminales o de los medios de comunicación que utiliza habitual u
ocasionalmente.
Las empresas que brinden el servicio de comunicación respectivo
deberán posibilitar el cumplimiento inmediato de la diligencia, bajo
apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.

ARTÍCULO 175 septies.- Vigilancia remota sobre equipos informáticos.
Podrá autorizarse la utilización no ostensible de un software que
permita o facilite el acceso remoto al contenido de ordenadores,
dispositivos electrónicos, sistemas informáticos, bases de datos o
instrumentos de almacenamiento masivo de datos informáticos.
ARTÍCULO 175 octies.- Vigilancia a través de dispositivos de
seguimiento y de localización. Podrá autorizarse la utilización no
ostensible, de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y
localización.
El juez podrá exigir al peticionante que especifique el medio técnico
que será utilizado.
ARTÍCULO 175 nonies.- Prohibición respecto de terceros. Efectos
inevitables. Las medidas de vigilancia no podrán ser autorizadas
respecto de terceros ajenos a la investigación.

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo, las medidas
reguladas en este Capítulo podrán llevarse a cabo aún cuando
tuvieran efectos inevitables sobre terceros ajenos a la investigación.
ARTÍCULO 175 decies.- Registros y cadena de custodia. Las medidas
del presente Capítulo serán registradas mediante cualquier medio
técnico idóneo que asegure la valoración ulterior de la información
obtenida. Los registros serán conservados por el representante del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL quien dispondrá las medidas de
seguridad correspondientes para asegurar su fidelidad e inalterabilidad
y resguardar la cadena de custodia, de conformidad con el artículo 150
de este Código.
El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL incorporará al
legajo los registros referidos en el primer párrafo, siempre que tuvieran
relación con el proceso, sea como prueba de cargo o de descargo.
Los registros que el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
considere inútiles para el proceso serán puestos a disposición de la
defensa, con la debida preservación de la cadena de custodia. Si la
defensa no tuviere interés en conservar tales registros, serán
destruidos.
Todo aquel que tomare contacto con los elementos no incorporadas al
legajo deberá guardar secreto respecto de ellos.

Capítulo 3

Investigaciones especiales

ARTÍCULO 175 undecies.- Procedencia. Las técnicas y medidas
especiales de investigación contempladas en este Capítulo, solo
podrán ser solicitadas por el representante del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL, y serán procedentes solo en los siguientes casos:

a) Delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento
y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o
materias primas para su producción o fabricación previstos en la ley
23.737 o la que en el futuro la reemplace, y la organización y
financiación de dichos delitos;
b) Delitos previstos en la sección XII, título I del Código Aduanero;
c) Todos los casos en que sea aplicable el artículo 41 quinquies del
Código Penal;

Luego de hacerse públicos los nuevos operativos realizados por la Policía de Brasil y la AFIP de dicho país por la investigación denominada Lava Jato, vuelve a caer sobre Gustavo Arribas las acusaciones por cobrar coimas de empresas vinculadas a uno de los mayores escándalos de corrupción en Latinoamérica.

Por su parte, Marcos Peña defendió una vez más a los funcionarios de Cambiemos denunciados por lavado y evasión, principalmente a Gustavo Arribas. Aunque el jefe de Gabinete dijo que la información «está en el aire», el periodista Alconada Mon, contó lo que realmente sucede en Brasil y sentenció: «Si así manejan la información en la más alta cumbre del Gobierno, estamos complicados».

El video aparecerá aquí luego de pocos segundos:

https://www.youtube.com/watch?v=327x6t_RrhY