CONVERSATORIO EN EL H. SENADO DE LA NACIÓN

“MAR ARGENTINO, ANTÁRTIDA Y RECURSOS: SOBERANÍA, CIENCIA Y VALOR ESTRATÉGICO”

Este conversatorio fue organizado por la Dirección General de Relaciones Internacionales y la Dirección General de Relaciones Institucionales del H. Senado de la Nación argentina. El mismo tuvo lugar en el salón auditorio “Emar Acosta”, el pasado Martes 13 de Octubre.

DISCURSO DE CIERRE A CARGO DEL DR. PABLO J. DAVOLI

I) En los anales de los grandes desatinos geopolíticos de nuestro país, en los últimos doscientos años, se destaca una indiferencia hacia el mar con la consiguiente desatención de las capacidades navales de nuestra nación.

Se trata de una tendencia intermitente, aunque de lamentable y nociva persistencia, la cual -en su momento- fue explícitamente abonada por personajes de la talla de Domingo F. Sarmiento, quien, luego de aseverar en las primeras páginas del Facundo: Civilización y barbarie (1845) que el mal que aquejaba a la Argentina era “la extensión”, llegó a sentenciar a través de las páginas de “El Nacional” del 7 de Julio de 1879: “No debemos, no hemos de ser nación marítima”. (¹)

Semejante negación resulta tan sorprendente como inexcusable. Máxime si se toma en cuenta que:

– Argentina es un país bicontinental (americano y antártico) y oceánico. (²)

– Posee un inmenso litoral marítimo de 4.725 km de longitud, a los que se suman los 11.235 km de las costas de la Antártida Argentina y las islas australes. (³)

– In totum, los espacios marítimos argentinos (que incluyen el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas) representan una inmensa superficie de 6.683.000 km2. (⁴)

– Además, la porción continental americana del territorio argentino contiene un complejo conjunto de cuencas fluviales exorreicas que vierten sus aguas en el océano Atlántico (⁵), entre las cuales se encuentra la Cuenca del Plata, una de las más importantes del mundo, siendo -según diversos analistas- la de mayor relevancia geo-estratégica y socio-económica del Cono Sur.

Así las cosas, los espacios marítimos y fluviales argentinos forman parte esencial de nuestro territorio nacional, poseyendo -al decir del coronel Florentino Díaz Losa– alto valor histórico, político, estratégico y económico (⁶):

– Histórico:

Ante todo, porque fue a través de tales espacios que se desplegó una de las dos corrientes conquistadoras y colonizadoras que dieron origen a nuestra Patria (la otra fue terrestre y procedía del Virreinato del Perú, a través del Alto Perú y la capitanía general de Chile).

Pero también porque, en la Guerra de la Independencia, las fuerzas navales argentinas jugaron un rol crítico y estratégico, logrando consolidar su control sobre los ríos interiores, asegurar la caída realista en Montevideo y proyectar su operatividad e influencia hacia el océano Pacífico (ataque a posiciones realistas en Perú; captura de Monterrey y San Juan de Capistrano en California) y el mar Caribe (ataque a posiciones realistas en El Salvador y Nicaragua).

– Político:

Los espacios en cuestión constituyen una pieza clave y, por eso mismo, un objetivo vital para la seguridad nacional, el desarrollo económico y nuestra viabilidad como Nación soberana.

– Estratégico:

Por su situación, amplitud y significación, estos espacios inciden de modo directo en la defensa nacional, al mismo tiempo que suscitan el interés de grandes potencias de envergadura mundial y regional, así como de otros actores de gran poder, no estatales.

Pero, además, porque nuestro conflicto con el Reino Unido (un conflicto real, concreto y efectivo, no meramente hipotético, el cual ya lleva casi dos centurias) se encuentra radicado precisamente en este ámbito, abarcando una parte sustancial del mismo y amenazando con proyectarse más allá de aquélla.

– Económico:

Los espacios de marras contienen ingentes recursos naturales (minerales, vegetales y animales) de muy diversa función y utilidad.

II) Cabe aquí evocar especialmente la figura del almirante Segundo R. Storni (1876-1954), quien, en su célebre libro Intereses argentinos en el mar (1916), expuso de modo fundado una doctrina geopolítica sobre los espacios marítimos y fluviales ajustada a nuestros intereses nacionales, cuyos lineamientos fundamentales conservan su vigencia al día de hoy Estos lineamientos son:

– Una concepción integral del poder naval y su jerarquización como base de la grandeza nacional.

– La identificación del “salto talasocrático” como paso necesario para la consolidación del poder nacional y la conversión del país en potencia de primer orden (“salto”, éste, que, siguiendo las enseñanzas geopolíticas del contraalmirante Alfred T. Mahan, EEUU había dado con su victoria en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, dando inicio -según el politólogo Horacio Cagni– al proceso de globalización; un salto que otros geopolíticos también han considerado indispensable, entre ellos: Nicholas Spykman y Jordis von Lohausen). (⁷)

– Interdependencia de las flotas: la militar, la mercante y la pesquera.

– Necesidad de infraestructura logística como pilar del poder naval: puertos profundos, astilleros para la construcción propia de buques, bases navales estratégicas para articular y sostener operaciones marítimas y fluviales de todo tipo (militares, comerciales, científicas, etc.).

– Necesidad de una acendrada “consciencia marítima”, tanto en los sectores dirigentes como en la ciudadanía, así como de un fuerte respaldo popular:

“La política naval es, ante todo, una acción de gobierno, pero es indispensable, para que tenga nervio y continuidad, que sus objetivos arraiguen en la Nación entera, que sean una idea clara, un convencimiento de las clases dirigentes y una aspiración constante de todo el pueblo argentino”. (⁸)

Varios de los conceptos y lineamientos postulados por el almirante Storni, fueron adoptados por el general Juan D. Perón: en el nivel teórico, por ejemplo, en su célebre discurso “Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar”, dictado el 10 de Junio de 1944; y, en el nivel práctico, en varias de las medidas de gobierno adoptadas durante sus dos primeras presidencias: nacionalización de puertos comerciales y terminales de carga (muchos de la cuales estaban en manos británicas y francesas), ampliación de la flota mercante argentina (que así se convirtió en una de las más grandes y modernas del mundo), etc. No en vano, cuando, en 1952, el almirante Storni publicó la segunda edición, revisada, de su célebre obra de 1916, el gobierno nacional celebró públicamente la novedad editorial y dio fuerte difusión al nuevo libro.

A mediados de los ‘80, el coronel Díaz Losa postulaba la necesidad y conveniencia de que Argentina proyectara su poder naval por todo el Atlántico Sur, hasta el sur de África, y por el océano Antártico.

III) En nuestros días, los postulados fundamentales arriba referidos ven reforzada su importancia por diversos motivos:

1.- Geopolítica de los recursos naturales:

Hace ya 25 años, Michael Klare, en su obra “Guerra por los recursos. El futuro escenario del conflicto global”, observaba que:

– La disputa por los recursos naturales se estaba convirtiendo en un rasgo cada vez más destacado del sistema político internacional.

– En casi todos los países del mundo, “el designio de proteger las materias primas esenciales se ha convertido en un rasgo primordial de la planificación nacional de seguridad”.

– En numerosas oportunidades, gobiernos de diversos signos políticos “han acudido a las armas por lo que ellos consideran intereses nacionales vitales, entre los que figuran los abastecimientos de petróleo y agua potable”.

– “Ninguna sociedad industrial avanzada puede subsistir sin un aprovisionamiento sustancial de petróleo. Por lo tanto, cualquier circunstancia susceptible de comprometer seriamente la continuidad del suministro puede originar una crisis y, en casos extremos, provocar el empleo de la fuerza militar. Cualquiera de las grandes regiones productoras está expuesta a una incidencia de ese tipo”.

– El objetivo más importante de la agenda estratégica de Washington consistía “garantizar el acceso estadounidense a las fuentes de recursos vitales en el extranjero”. (⁹) Cometido, éste, que -nos permitimos añadir por nuestra parte- afectaba recursos naturales ajenos e implicaba el control de las rutas marítimas que conforman las principales líneas de abastecimiento.

Ahora bien, como es sabido, el Atlántico Sur y la Antártida albergan algunas de las reservas de recursos naturales más grandes y codiciadas del planeta. Los más importantes se dividen principalmente en tres grandes categorías:

1. Recursos vivos e ícticos (pesca y biomasa):

El Atlántico Sur y el océano Antártico poseen aguas extremadamente frías y ricas en nutrientes gracias a la convergencia de corrientes marinas, lo que sostiene ecosistemas masivos:

• El krill antártico: es el recurso biológico más crucial de la Antártida. Este pequeño crustáceo es la base de la cadena alimenticia polar y se captura a escala industrial para la producción de aceites omega-3, suplementos farmacéuticos y alimento para acuicultura.

• Pesca comercial de gran valor: el Atlántico Sur (especialmente la zona del Mar Argentino, considerado en toda su extensión) es famoso por sus capturas de calamar illex, merluza negra (un pez de aguas profundas altamente cotizado en mercados internacionales) y langostino.

2. Recursos energéticos (petróleo y gas):

Las cuencas sedimentarias del Atlántico Sur contienen gigantescos yacimientos de hidrocarburos, muchos de los cuales están en pleno proceso de exploración o explotación:

• Cuencas del Atlántico Sur (‘Offshore’): la Cuenca Argentina Norte y las áreas marítimas que rodean a las Islas Malvinas albergan reservas masivas (probadas y potenciales) de petróleo y gas convencional, bajo el lecho marino.

• Hidrocarburos en la Antártida: se estima que bajo la plataforma continental antártica (especialmente en los mares de Ross y Weddell) existen depósitos gigantescos de petróleo y gas natural. (¹⁰)

3. Recursos minerales varios y reserva de agua dulce:

La riqueza geológica de la región es innegable:

• Agua dulce: la Antártida concentra aproximadamente el 70% del agua dulce de todo el planeta en forma de hielo. En un mundo con creciente escasez hídrica, esta es la mayor reserva estratégica de este recurso.

• Minerales estratégicos: estudios geológicos indican que la Antártida y su plataforma marina contienen depósitos de hierro, carbón, cobre, oro, uranio y platino.

Si bien, por el momento, la explotación de los hidrocarburos y los minerales se encuentra prohibida, por obvias razones, tales riquezas despiertan el interés geopolítico de las grandes potencias a largo plazo.

2.- Reactualización de la Doctrina “Monroe”:

El 2 de Diciembre de 2023, la general Laura J. Richardson -a la sazón, comandante del Comando Sur de Estados Unidos-, en el Foro de Defensa Nacional Reagan, organizado por el Ronald Reagen Institute, luego de destacar las riquezas naturales de Sudamérica, subrayó que se trataba de recursos estratégicos a “cuidar” en el marco de una doctrina “Monroe” actualizada. (¹¹)

A fines de Enero de 2025, Richardson participó del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025, organizado en Panamá por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En la ocasión, resaltó la importancia de los recursos naturales de esta región, advirtió que nos encontramos en “una era de competencia geoestratégica feroz” y remarcó la necesidad de tomar posición, instando a alinearse en un eje hemisférico occidental. (¹²)

A la luz de las enseñanzas que ofrece la Historia, huelga aclarar que tales indicaciones, así como las propuestas de cooperación formuladas en virtud de las mismas (por ejemplo, la nueva etapa de cooperación antártica argentino-estadounidense iniciada en 2024), presentan la misma ambigüedad y merecen la misma suspicacia que la doctrina Monroe (¹³), obligándonos a conducirnos con especial agudeza, cautela y habilidad en resguardo, defensa y promoción de nuestros legítimos intereses nacionales.

3.- Reforzamiento de la posición e incremento de la actividad británica en el Atlántico Sur:

El Reino Unido ha reforzado su presencia y actividad militar, económica y política en el Atlántico Sur en los últimos años, mediante una estrategia de control efectivo y proyección sostenida en las Islas Malvinas.

* Infraestructura y presencia militar:

• Base de Monte Agradable (“Mount Pleasant”): se trata de un enclave militar de alta exigencia operativa, con una red logística integrada para la Royal Navy y la Real Fuerza Aérea Británica (RAF). Esta base ha sido reforzada considerablemente con el correr de los años.

• Medios aéreos y navales: despliega de forma permanente de cuatro aviones de combate Eurofighter Typhoon, aviones de transporte estratégico como el Airbus A400M Atlas y patrulleros oceánicos de la clase River (como el HMS Medway) para la vigilancia de la zona de exclusión. (¹⁴)

• El blindaje de las Islas Malvinas: escudo de alerta temprana y defensa aérea que el RU ha desplegado en las mencionadas ínsulas para blindar el archipiélago. En los últimos años, este escudo ha sido renovado completamente, en base a tres pilares tecnológicos y operativos: el sistema de misiles Sky Sabre (¹⁵); el sistema de alerta temprana con superioridad aérea (¹⁶); y el sistema de vigilancia y patrullaje naval, complementado por radares en tierra (¹⁷).

• Alerta permanente: las fuerzas apostadas en el archipiélago operan bajo un régimen de vigilancia continua.

• Despliegues temporales e intermitentes: la Royal Navy envía submarinos de propulsión nuclear al Atlántico Sur, de forma temporal, para realizar patrullas de disuasión, ejercicios de entrenamiento o misiones de vigilancia.

* Gobernanza y control económico:

• Administración unilateral de la pesca: emite licencias pesqueras de forma autónoma en el área marítima circundante, convirtiendo a la industria pesquera en el principal motor económico con alta autonomía local.

• Proyección de recursos hidrocarburíferos: impulsa el desarrollo de proyectos petroleros en la zona, como el yacimiento Sea Lion (a cargo de firmas como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum), con miras a iniciar la extracción comercial.

* Proyecciones geopolíticas:

• Proyección antártica: el RU utiliza las islas como plataforma logística clave para conectar y sostener operaciones hacia la Antártida y otros puntos de apoyo regional.

• Nexos con la América continental: el RU ha acentuado notoriamente su colaboración estratégica, logística y comercial con Chile y Uruguay. A través de una diplomacia pragmática y sigilosa, Londres ha logrado consolidar una red de apoyo en el Cono Sur, que sirve como soporte clave para las Islas Malvinas y su proyección hacia la Antártida.

4.- La eventualidad de un conflicto internacional entre las grandes potencias:

Nos encontramos frente a un escenario político mundial conformado de modo multipolar, cuyos actores estatales principales son EEUU, Rusia y China. El geopolítico ruso Andrei Martyanov ha elaborado un mapamundi político muy ilustrativo a este respecto; en él se destacan las tres grandes potencias con sus respectivas zonas de influencia.

Se trata de un escenario inestable y volátil, por varias razones, entre ellas:

– El equilibrio de tres polos opuestos es intrínsecamente inestable (máxime si el mismo se obtiene -como es el caso- en base a presiones recíprocas).

– Es probable el ascenso geopolíticamente significativo de otras potencias, que complejice la multipolaridad existente.

– Hay varios conflictos bélicos en curso, algunos de los cuales amenazan con volatizar escenarios regionales de gran envergadura.

– No son pocos los analistas, autores e, incluso, líderes que afirman que el mundo ya se encuentra sumido en una tercera guerra mundial: en 2003, Giorgio Agamben aseveraba que el mundo se encontraba inmerso en una “guerra civil mundial”; a lo largo de su pontificado, el Papa Francisco aseveró varias veces que nos encontrábamos en una nueva conflagración mundial por partes; tras su reelección en Marzo de 2024, Vladimir Putin advirtió explícitamente que un enfrentamiento militar directo entre Rusia y los países de la OTAN en Ucrania pondría al planeta “a un paso de una Tercera Guerra Mundial a gran escala”; actualmente, el filósofo y sinólogo francés Jean-Yves Heurtebise afirma que nos encontramos en medio de un conflicto bélico mundial “que no dice su nombre”; paralelamente, el filósofo y geopolítico ruso Aleksandr Dugin asevera abiertamente que ya se está librando la tercera guerra mundial…

En semejante contexto, cobran especial importancia, no sólo los ingentes recursos naturales del Atlántico Sur y la Antártida, sino también los lugares que podrían funcionar como refugios y los pasos interoceánicos. A la luz de esto último, resulta más que obvia la extraordinaria relevancia geoestratégica del Mar de Hoces (o Pasaje de Drake), donde confluyen los océanos Atlántica, Pacífico y Antártico.

IV) A modo de colofón:

Las cuestiones atinentes a los espacios marítimos y fluviales, así como a la Antártida, forman parte de la larga lista de “asignaturas pendientes” que pesa sobre la Nación argentina.

Aquéllas constituyen un desafío que, hoy, nos apremia de modo especial. Ello así, por un agravamiento provocado por el paso del tiempo, catalizado -además- por una pendiente de crisis y decadencia por la que nuestro país se viene deslizando desde hace ya varias décadas. A ello, como si fuera poco, se le suma un escenario global altamente inestable, volátil y convulsionado. Hoy, en efecto, Argentina se juega su “ser o no ser”.

Sin embargo, paralelamente, debemos destacar que nuestro país cuenta aún las condiciones fundamentales para hacer frente a tamaño desafío y darle respuesta satisfactoria. En tal sentido, cabe aquí subrayar especialmente que, como ha quedado claro en esta jornada gracias a los disertantes que nos han brindado generosamente sus opiniones expertas, sabemos qué hay que hacer y cómo hacerlo.

Así las cosas, ¡hemos de empeñarnos en tal cometido, de modo urgente y denodado! Este es un llamado a los dirigentes políticos, en particular, y a la ciudadanía, general.

Hacemos nuestros votos para que el presente encuentro contribuya decididamente en tal sentido. ¡Muchas gracias!

La disputa por el poder y los riesgos institucionales
Por Marcelo Ramírez 

29 de octubre de 2026

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva reabre una etapa de fuerte tensión en Brasil, una tensión que nunca se fue del todo después de los polémicos hechos del 2022 donde Lula fue electo presidente en una controversial elección que generó gigantescas oleadas de protestas en ese país. El resultado oficial del 25 de octubre atribuyó al presidente 64.256.232 votos, el 51,79%, frente a los 59.826.041 de Flávio Bolsonaro, el 48,21%. Es una victoria sobre una oposición que conserva una base social enorme y que fuerza la continuidad del Gobierno con una disputa sobre la imparcialidad de las instituciones y sobre las condiciones reales para ejercer la oposición.

Los episodios de la jornada electoral y las restricciones posteriores al candidato derrotado permiten una lectura crítica del funcionamiento del poder brasileño. La hipótesis política que emerge es una convergencia de intereses entre el oficialismo y sectores judiciales, especialmente el STF, frente a un adversario capaz de cuestionar sus posiciones. Esa convergencia puede operar mediante procedimientos formalmente legales y sus efectos deben examinarse en conjunto, atendiendo a quién decide, en qué momento y sobre quién recaen las medidas.

Un arbitraje electoral que alimentó la desconfianza

La prórroga de la votación hasta las 19 horas fue decidida por Cristiano Zanin, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) y abogado de Lula en el Lavajato, a partir de una reclamación de la coalición de Lula sobre dificultades de transporte en tres municipios de Bahía. Si bien las dos candidaturas habían informado problemas de traslado, la respuesta terminó alcanzando al territorio nacional cuando numerosas mesas estaban cerrando o ya habían concluido. La posterior aclaración dejó la extensión limitada a las urnas que seguían abiertas.

El comunicado del Tribunal Regional Electoral de São Paulo permite dimensionar la descoordinación: la instrucción fue transmitida a los jueces a las 17:18 (el horario de cierre era a las 17hs), cuando aproximadamente el 80% de las secciones del estado ya había cerrado, mientras que la comunicación oficial por correo llegó a las 18:16. Las urnas concluidas no podían reabrirse, de manera que se estableció así una extensión que, por el momento en que se ejecutó, ya no podía ofrecer las mismas condiciones a todos los electores.

La relación profesional anterior de Zanin con Lula agrava el problema de confianza. El STF dispone de vías para exigir el cumplimiento de sus decisiones constitucionales, como la invocada sobre transporte. La objeción política se concentra en el alcance del remedio, su oportunidad y la apariencia de imparcialidad de quien lo ordenó, un antiguo abogado particular del candidato oficialista, que intervino individualmente sobre las condiciones de cierre de una elección presidencial aún en contra de la opinión de sus solegas del STF según se cree. Ese vínculo exigía una prudencia extraordinaria que no se tuvo.

El TSE informó 34.393 votos registrados después de las 17. Esa cantidad, muy inferior a la diferencia final, delimita el alcance numérico de la prórroga, si bien los bolsonaristas sostienen que los números reales fueron muchos mayores y que la prórroga se dio en el momento más vulnerable al fraude del sistema que es en la carga de datos. La crítica institucional conserva entidad propia: una decisión excepcional, ejecutada de manera desigual y adoptada por un juez con aquel vínculo compromete la credibilidad del arbitraje. La legitimidad del proceso también depende de que los actores reciban un trato equitativo y puedan controlar las decisiones que los afectan.

El pasaporte y la internacionalización del conflicto

La noche del domingo 25, Alexandre de Moraes, artífice de muchas decisiones que en su momento fueron objetadas por Jair Bolsonaro en la elección anterior, volvió a cobrar protagonismo y dispuso restricciones sobre los pasaportes de Flávio y le prohibió abandonar Brasil. La notificación llegó el lunes 26 por una medida basada en una investigación por presunto lavado de dinero vinculada al abogado Willer Tomaz. La PF invocó riesgo de fuga, mencionando la salida anterior de Tomaz, la estructura familiar en Estados Unidos y declaraciones de Eduardo Bolsonaro, también con pedido de captura por una sentencia a 4 años de prisión y exiliado en EEUU, que recomendaban a su hermano salir del país si perdía porque estaba la decisión política de encarcelarlo.

La proximidad entre la derrota electoral y la restricción tiene un significado político inmediato. El destinatario seguía siendo un senador y un dirigente respaldado por casi sesenta millones de votos, un apoyo no otorga inmunidad frente a investigaciones, pero vuelve especialmente importante demostrar la necesidad y proporcionalidad de las restricciones. El oficialismo obtiene una ventaja cuando su principal adversario queda absorbido por una confrontación judicial. Los ministros, a su vez, enfrentan a una oposición que amenaza con impulsar su remoción.

La oposición sostiene que luego de los resultados electorales en primera ronda estaban en condiciones de forzar un impeachment de varios miembros del polémico STF e inclusive de promover la disolución del STE, comprometido en numerosos escándalos de la mano de Alexander de Moraes. La verdadera intención de la anulación del pasaporte se sospecha que era la antesala para la detención de Flavio Bolsonaro a fin de evitar el avance d ela destitución de los ministros del STF.

Flávio incumplió la entrega de documentos, viajó a Misiones en Argentina el 27 y llegó a Miami el 28. Su salida reforzó el argumento del riesgo de fuga y abrió un frente internacional, sin embargo, la propia PF aclaró, según informó CNN, que las restricciones documentales no lo convertían por sí solas en prófugo ni autorizaban su detención. Migraciones de Argentina informó documentación válida y ausencia de impedimentos de ingreso. La orden brasileña no se ejecutaba automáticamente en otro territorio, la eventual colaboración política argentina constituye una discusión distinta de la existencia de una obligación concreta de arrestarlo. También hay que resaltar que Flavio Bolsonaro engresó a la Argentina con pasaporte italiano, país que no tenía ninguna objeción hacia él.

La disputa también atraviesa a la derecha. Según el relevamiento de Folha sobre la carta difundida el 28, Flávio se presentó inicialmente como presidente y luego modificó esa expresión por líder. Tarcísio de Freitas defendió respetar el resultado y Rogério Marinho se distanció de las acusaciones de fraude. El intento de conducir la oposición desde el exterior puede conservar influencia sobre su base y, al mismo tiempo, abrir espacio para dirigentes que permanecen en Brasil.

La crítica de Rui Costa Pimenta desde la izquierda

La posición de Rui Costa Pimenta, presidente del Partido da Causa Operária (PCO), rompe la identificación automática entre cuestionar al Supremo y adherir al bolsonarismo. Su partido, el Partido da Causa Operaria es un partido marxista duro, que había respaldado a Lula en 2022, pero que orientó el voto nulo en esta segunda vuelta. Su crítica apunta a la subordinación del PT a acuerdos con sectores empresariales y judiciales, y al alejamiento de las reivindicaciones de los trabajadores. Es una impugnación formulada desde la izquierda al bloque de poder que sostiene al Gobierno.

En su análisis del 27 de octubre, Pimenta caracterizó las medidas contra Flávio como una persecución política en una alianza entre la burguesía brasileña, el STF, su brazo represivo, y el PT. El dirigente denuncia una «dictadura judicial» y vinculó esa actuación con los casi sesenta millones de votos del senador y con la capacidad de sus bancadas para impulsar el impeachment de ministros del STF. Su explicación sitúa la conducta judicial dentro de un juego de poder. ajeno a la democracia real. También sostuvo que la victoria de Lula dependió de apoyos empresariales y políticos y que esos compromisos condicionarán el próximo gobierno. Esa interpretación identifica incentivos e intereses que el relato de una defensa institucional desinteresada deja fuera.

El PCO conoce directamente esos instrumentos. Sus redes fueron bloqueadas en junio de 2022 por publicaciones contra el STF y el TSE; Moraes autorizó su reactivación en febrero de 2023. Pimenta también fue alcanzado en agosto de 2026 por una operación por presuntos desvíos de fondos partidarios y electorales, que el partido denunció como persecución. Defender garantías frente a esas actuaciones responde a una cuestión de principio que excede las afinidades partidarias, un instrumento represivo consolidado puede alcanzar a fuerzas de orientaciones enfrentadas.

La preocupación llega también a la abogacía institucional. En febrero de 2026, la OAB (Orden de Abogados de Brasil) reclamó concluir investigaciones expansivas y de duración indefinida, especialmente el inquérito de las fake news, y pidió evitar nuevos procedimientos semejantes. Reconoció el papel del Supremo en la defensa constitucional y advirtió sobre debido proceso, libertad de expresión y ejercicio del periodismo. Ese pronunciamiento muestra que las objeciones al funcionamiento judicial tienen un alcance que supera la disputa entre el PT y los Bolsonaro y la propia disputa derecha – izquierda.

Libertades políticas y costo económico

La fractura brasileña combina intereses económicos con desacuerdos sobre seguridad, autoridad y valores culturales. El respaldo a programas como Bolsa Família puede convivir con un rechazo profundo al progresismo gubernamental en otros terrenos. Esa oposición social no desaparece con una derrota electoral y convertir a sus votantes en sospechosos colectivos o atribuir toda disidencia a una manipulación, impide comprender por qué persiste. La cercanía de Lula con actores conservadores, expresada en su alianza con Alckmin, también obliga a examinar su gobierno por las decisiones que adopta y los intereses que protege.

La agenda fiscal añadirá presión. El 27 de octubre, Dario Durigan, ministro de Economía de Brasil, anunció que propondrá mayores instrumentos de contención presupuestaria para perseguir el centro de la meta fiscal, que se ha vuelto mas exigente, y debemos considerar que la modificación necesita aprobación del Congreso. El equipo económico estudia revisar la acumulación de beneficios y el cálculo de los mínimos de salud y educación. Incorporar gastos actualmente externos a esos mínimos permitiría reducir necesidades adicionales de financiación sin modificar sus porcentajes. Son propuestas todavía en discusión que revelan el alcance del ajuste. Lula deberá explicar cómo distribuirá sus costos después de haber prometido ampliar la protección social, que algunos de sus propios partidarios reconocen que no hay fondos disponibles para cumplir los anuncios electorales.

En paralelo, Lula anunció la regulación de plataformas digitales en su discurso de victoria, después de acusarlas de intromisión electoral. Los antecedentes de bloqueo de cuentas vuelven especialmente preocupante cualquier ampliación de facultades para restringir la circulación de opiniones. El Gobierno tiene intereses directos en esa discusión: necesita defender su legitimidad y disputar la organización digital de sus adversarios. La combinación de controles sobre la expresión, restricciones judiciales y medidas económicas impopulares puede intensificar la confrontación y producir autocensura entre quienes temen quedar alcanzados.

Asimismo debemos recordar el alineamiento internacional de Lula, contrario a Donald Trump y alineado a Londres y Bruselas, en la disputa de las élites occidentales.

La estabilidad de Brasil dependerá de que la oposición conserve vías creíbles para disputar el poder y de que el Gobierno acepte límites efectivos. Los indicios reunidos justifican cuestionar seriamente la neutralidad de sectores del arbitraje institucional con un agravante: si millones de ciudadanos concluyen que los tribunales clausuran las posibilidades de representación y cambio, si los políticos tradicionales son intrínsecamente corruptos como sucede ya, y si el Centrao sigue con su juego de conseguir cargos y cajas políticas para facilitar la aprobación de medidas, la tensión puede desplazarse hacia la calle y las alianzas internacionales. El riesgo para Brasil crece cuando la derrota de un candidato se utiliza para justificar el debilitamiento de las garantías de quienes lo votaron.

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, reconoció este 4 de noviembre que la principal causa de la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato fue la guerra contra Irán. «La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche», escribió en su cuenta de X.

También señaló que los analistas de datos observaron que el electorado republicano sí se presentó a votar: en Florida, por ejemplo, el voto fue nueve puntos más republicano que demócrata. «El problema principal no es la participación. El problema principal es que muchas personas que votaron por Trump/Vance en 2024 votaron por demócratas en 2026», agregó.

En ese sentido, Vance citó encuestas internas en las que se preguntó a votantes de Trump 2024 que abandonaron al partido qué los haría regresar.

Las cuatro principales respuestas fueron:

• 1- terminar la guerra,
• 2- enfocarse en el costo de vida/inflación,
• 3- poner a Estados Unidos primero,
• 4- cambiar la relación con Israel.

En una entrevista con The Wall Street Journal, Donald Trump reconoció que la guerra contra Irán, siguiendo los intereses geopolíticos de Israel, fue uno de los factores que contribuyeron a la derrota republicana. «Bueno, creo que es, en gran parte, cierto porque hizo subir un poco la gasolina a corto plazo. Y probablemente eso es cierto», dijo a los periodistas.

Sin embargo, el mandatario insistió que «si tuviera que hacerlo de nuevo [la guerra con la República Islámica]», lo haría nuevamente, porque «a largo plazo es la única respuesta». «No podemos dejar que Irán tenga un arma nuclear», agregó, sin reconocer que muchos de quienes lo habían votado lo hicieron siguiendo su promesa de «no más guerras en Medio Oriente».

Donald Trump mantuvo una conversación este sábado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre las negociaciones estadounidenses con Irán y qué tan rápido reanudar la ofensiva militar contra el país persa, reporta Axios.

Según sus fuentes, Netanyahu presionó al presidente estadounidense para que bombardee Irán inmediatamente después de las elecciones de medio término en Estados Unidos, mientras que Trump, por el momento, intentaría mantener negociaciones con Teherán, una estrategia que preocupa al primer ministro de Israel.

La fuente israelí del medio describió la llamada telefónica como «dura», al tiempo que la fuente estadounidense dijo que fue «directa».

Tras el llamado, Trump volvió a pronunciarse sobre Irán: «O llegamos a un acuerdo, o bien lo acabaremos de una vez por todas —me imagino que se puede decir— de la forma más fácil», declaró este domingo.

«Pero el trabajo que hemos hecho es increíble», afirmó en referencia a Irán durante un mitin de campaña en Dubuque, estado de Iowa, entrevistado por un periodista de RSBN.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se pronunció este 25 de octubre tras triunfar en la segunda vuelta electoral en la que compitió contra el senador Flávio Bolsonaro. «Quiero agradecer al pueblo brasileño por su generosidad», dijo Lula.

«Lo que yo vi en este segundo turno en las elecciones, en todos los estados brasileños, y lo que vi en la Avenida Paulista, era algo que yo no creo que nunca vimos, no solo por la cantidad de gente, sino por el entusiasmo». añadió. En este marco de la manifestación multitudinaria, el líder del Partido de los Trabajadores manifestó: «Que nuestra patria sea libre o moriremos por Brasil. Nuestro país no será el patio trasero de nadie», en clara referencia al gobierno de Donald Trump, que había manifestado su apoyo a Bolsonaro.

«Esta elección fue una derrota para la mentira. Y les confieso que cada vez que iba al debate, me sentía incómodo. Porque ya he debatido con mucha gente, ya he participado en muchas elecciones, ya me reúno todos los años con el G20, con los BRICS, con el G7 (…), pero nunca pensé que me encontraría con un representante genuino del milicianismo de este país. Nunca imaginé que una persona pudiera mentir tanto, con tanta descarada desvergüenza. Como si no tuviera en su interior ni una pizca de humanidad», dijo sobre su adversario.

«Lo que realmente ganó estas elecciones fue una contienda en la que tuvimos que vencer la intromisión que venía de afuera hacia adentro, a través de las plataformas digitales. Y vamos a tener que regularlas. No es posible que no seamos conscientes de que el delito en el mundo digital debe tratarse igual que un delito en la vida real», manifestó.

«Hay tanta gente con más títulos que yo. Hay tanta gente que ya ha leído más libros que yo. Hay tanta gente que ya ha estudiado más que yo. ¿Y por qué? Dios me eligió», sostuvo, añadiendo que «Las religiones serán todas respetadas en igualdad de condición, no tengo preferencia por ninguna religión».

Durante el discurso, el presidente reelecto también se comprometió en materia educativa, señalando uno de los retos que tiene el gigante sudamericano. «Vamos a universalizar escuelas de tiempo integral hasta la escuela secundaria», dijo.

Por otra parte, habló sobre el desarrollo de la industria brasileña en materia de inteligencia artificial (IA), mientras tiró un dardo a Washington, tras los meses de roces que tuvo con la Administración de Donald Trump, que mostró su apoyo a Flávio Bolsonaro y amenazó con subir aranceles a Brasil.

«No quiero depender de inteligencia artificial norteamericana, quiero crear una IA brasileña», apuntó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó públicamente el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral de Brasil. Tras confirmarse la reelección del mandatario sudamericano frente al senador Flávio Bolsonaro, el jefe de Estado norteamericano comparó el desenlace de las urnas con el resultado de las elecciones de su país en 2020, en las que se impuso el demócrata Joe Biden.

En sus declaraciones, Trump puso en duda el proceso mediante el cual el líder del Partido de los Trabajadores revirtió la tendencia inicial de la primera ronda. “Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen”, aseveró el mandatario estadounidense respecto al desempeño de la fuerza oficialista brasileña.

Desde el sector demócrata norteamericano, el hijo de George Soros, Alexander, manifestó su apoyo al presidente reelecto: «¡Lula Lula Lula! ¡Felicitaciones al Brasil por plantar cara al autoritarismo una vez más!».

Lula Lula Lula!

Congrats to Brazil for standing up against authoritarianism once again!

— Alex Soros (@AlexanderSoros) October 26, 2026

Otro apoyo que resonó en redes sociales fue el de Julian Assange: «Lula versus Bolsonaro: Pasé 1.901 días en confinamiento solitario por revelar la verdad sobre los asesinatos y el espionaje del gobierno de EE.UU., inclusive contra Brasil y sus industrias. Lula, fuera del poder, luchó por mi libertad. Lula, en el poder, discutió mi persecución con el papa Francisco, quien decidió reunirse con mi familia y ayudar. Después de mi liberación, Lula y yo nos encontramos en Roma para lamentar la muerte del Santo Padre. Lula fue amable con mis hijos y no pidió nada a cambio. En contraste, Jair y Flávio Bolsonaro no hicieron nada y no dijeron nada. Sin la capacidad de decir no a Washington y a Tel Aviv, no puede haber política interna, solo órdenes extranjeras. Estas instrucciones son siempre las mismas: “Amplíen nuestro robo de recursos y salarios y cierren la boca sobre nosotros asesinando niños”. Los entreguistas entregarán todo a cambio de una tajada, hasta la propia lengua».

Flávio Bolsonaro anunció que solicitará la anulación de los comicios celebrados en la jornada, tras no reconocer que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.

«Vamos a solicitar la anulación de estas elecciones», expresó Bolsonaro en un breve discurso.

De acuerdo con los resultados del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), con el 99,99 % de secciones electorales totalizadas, Lula alcanzó el 51,79 % (64.255.541 votos votos); mientras que Bolsonaro consiguió el 48,21 % (59.825.679 sufragios).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes que había logrado un acuerdo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para abastecer a los mercados con diésel ruso, en un intento por reducir los costos de la energía antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Trump escribió en redes sociales que Putin accedió a “suministrar de inmediato” más de 300.000 toneladas de diésel a los mercados energéticos mundiales, además de otras 500.000 toneladas en noviembre. Ante los precios de la gasolina que han subido un 66% debido a la guerra en Irán, Donald Trump busca, a través de esta iniciativa, ofrecer garantías a sus votantes. «¡Los precios del diésel para los estadounidenses y para el mundo caerán en proporciones récord!» prometió, antes de añadir: «Precios más bajos, ésa es mi mayor prioridad.»

De acuerdo con el resumen del Kremlin sobre la llamada telefónica entre ambos líderes, Putin dijo a Trump que Rusia estaba “lista para suministrar petróleo y productos derivados del petróleo a los mercados de Estados Unidos y del resto del mundo”.

“Confío en que esto tendrá un impacto positivo en toda la economía mundial”, afirmó Putin, según el Kremlin.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó duramente un acuerdo sobre combustible diésel entre Estados Unidos y Rusia: «Necesitamos señales firmes de Estados Unidos, de Europa y de otros socios: señales de apoyo a Ucrania y orientadas a LIMITAR la capacidad de Rusia». Calificó el acuerdo de «decisión indigna» y añadió que «regalos de este tipo a Putin no traerán paz y equivalen a invertir en la guerra».

La Unión Europea se sumó a la indignación de Ucrania: «Suspender las sanciones sobre el diésel ruso proporciona a Moscú más ingresos para financiar la guerra. No es el momento de relajar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará», declaró la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, tras el anuncio del acuerdo.

Rusia prohibió las exportaciones de diésel a principios de julio, después de que los ataques ucranianos con drones contra sus refinerías provocaran una escasez generalizada de combustible en todo el país. La medida retiró del mercado mundial unos 800.000 barriles diarios, en un momento en que el suministro ya era limitado debido a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Al cierre de la jornada bursátil del viernes, los futuros del diésel habían caído alrededor de un 4%.

Brasil decide su futuro político en unas elecciones generales marcadas por una profunda polarización. Con más de 158 millones de electores convocados a las urnas, el país eligió este domingo 4 de octubre de 2026 presidente, vicepresidente, gobernadores, legisladores federales y estatales.

Según los datos parciales con más del 92 % de los votos escrutados, el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), lideró la primera vuelta con aproximadamente 47,86 % de los sufragios. El actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), quedó en segundo lugar con cerca del 44,18 %. El resto de candidatos (Augusto Cury, Renan Santos y Ronaldo Caiado) se situaron por debajo del 3 %.

Ninguno alcanzó la mayoría absoluta necesaria, por lo que ambos se enfrentarán en un balotaje el próximo 25 de octubre.

Lula, de 80 años y en su séptima campaña presidencial, denunció presuntas injerencias externas, en particular del presidente estadounidense Donald Trump.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) —quien se encuentra bajo arresto domiciliario por los hechos de enero de 2023—, se presentó como el abanderado del alineamiento con Israel y el trumpismo para recuperar el Ejecutivo.

El presidente argentino Javier Milei felicitó de inmediato a Flávio Bolsonaro, calificando el resultado de “histórica elección ante el comunista de Lula” y destacando que “el continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad”.

El segundo turno del 25 de octubre no será solo una contienda nacional. Se proyecta como un escenario de alineamientos internacionales claros:

Flávio Bolsonaro aparece respaldado por el eje Trump-Israel. El expresidente estadounidense ha mantenido una relación estrecha con la familia Bolsonaro y ha criticado abiertamente a Lula. Israel, por su parte, ve en un eventual gobierno de Bolsonaro un socio más alineado en cuestiones de seguridad, comercio, la política internacional y la disputa geopolítica de Medio Oriente. Un triunfo de Flávio reforzaría un bloque en América Latina junto a gobiernos como el de Milei en Argentina, priorizando lazos con Washington y una postura más dura frente a China.

Lula, en cambio, cuenta con el apoyo implícito y explícito de China y el bloque BRICS. Durante su mandato actual ha impulsado la ampliación de los BRICS, profundizado el comercio con Pekín (Brasil es uno de los principales proveedores de soja, mineral de hierro y petróleo a China) y defendido un orden multipolar. Un segundo mandato de Lula consolidaría la influencia china en Sudamérica, fortalecería el grupo BRICS como contrapeso al G7 y mantendría a Brasil como actor clave en la desdolarización y en foros del Sur Global.

El resultado del balotaje definirá no solo el rumbo interno de Brasil —la mayor economía de América Latina—, sino también el equilibrio de poder en la región entre el eje atlántico-occidental (Estados Unidos-Israel) y el eje eurasiático-multipolar (China-BRICS). La polarización doméstica se convierte así en un reflejo de la disputa geopolítica global.
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Por Alfredo Jalife-Rahme

Según el sinófobo think tank Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI, por sus siglas en inglés), en su trazabilidad de tecnología crítica (critical technology tracker: CTT) de junio 2026, China ostenta un descomunal liderazgo en la investigación de alto impacto: en 69 de 74 rubros (https://bit.ly/4xYMAax). ¡El futuro, que ya es presente, está escrito en el muro!

Antes se manejaba que el liderazgo chino marcaba la dinámica de una tendencia azorante que hoy se ha consolidado en forma estructural en la aplastante mayoría de los campos que definirán la soberanía tecnológica, la capacidad militar y la competitividad económica.

En la actualización de este año, China ya rebasó a EEUU en ingeniería genética –además de radioterapia y medicina nuclear–, así como en procesamiento de lenguaje natural. En pleno declive acelerado, con o sin Trump, EEUU conserva todavía su liderazgo en cinco rubros.

El ASPI toma en cuenta la presencia de un país en por lo menos ocho de 10 instituciones líderes a escala global –¡predomina la Academia China de Ciencias con 30 tecnologías!–, así como el número de publicaciones alusivas, que en el caso de Pekín marca una tendencia al monopolio en 41 tecnologías de las 69 que encabeza. En su actualización de junio de 2026, el ASPI exhibe que el liderazgo chino se consolidó en hardware, aceleradores de inteligencia artificial (IA) y en manufactura biológica.

El monopolio chino destaca en aprendizaje de máquinas (machine learning), robótica avanzada, comunicaciones de radiofrecuencia avanzadas, gemelos digitales ( digital twins), semiconductores de banda ancha/ultra-ancha y análisis avanzado de datos y sistemas autónomos.

China mantiene su liderazgo en interfaces cerebro-computadora, pero ya no tiende al monopolio. Por su parte, EEUU se consolidó con tendencia al monopolio en neuroprótesis. Fuera de China y EEUU, la brecha se ha profundizado en forma alarmante. India participa en el “top 5” de 56 tecnologías específicas y nada desdeñablemente ocupa el segundo lugar –¡delante de EEUU!– en 16 de las 69 que encabeza China.

Alemania mantiene su liderazgo europeo y Gran Bretaña ha perdido fuerza. Vale la pena señalar que la Unión Europea como bloque en plena delicuescencia lidera en muy pocos rubros. Pese a las asfixiantes sanciones “occidentales” desde hace 47 años, asombra que la República Islámica de Irán surja en el “top 5” en varias áreas de materiales y propulsión (de uso dual: civil y militar).

La Trazabilidad (CTT) no mide la presente capacidad industrial ni el despliegue comercial, sino que pondera la intensidad de la investigación de alto impacto que incluye los “flujos de talento”, donde se aglutinan los óptimos investigadores del planeta: un indicador adelantado de la capacidad futura de un país.

En el campo de moda de la IA –que definirá el destino del planeta–, se libra una feroz batalla entre EEUU y China, lo cual se subsume en el flujo de los talentos en investigación de alto impacto. La ventaja de China como fuente de los mejores talentos en IA se ha ampliado desde 2022 (https://bit.ly/4AK48da).

Más allá de la promesa de un “diálogo sobre IA” como resultado de la visita de Xi a Washington, según datos de Carnegie China, hoy “57 por ciento de los mejores talentos en IA provienen de China (frente al 46 por ciento registrado en 2022), mientras 13 por ciento provienen de EEUU (menor al 20 por ciento de 2022)”.

Pese a las fuertes tensiones y castigos recíprocos, EEUU sigue siendo muy atractivo para el talento global en IA, en particular, el talento chino. Curiosamente, el “talento” fue una moneda acuñada por los fenicios-cananeos, y hoy el ex casinero Trump parece apostar todo su “resto” lúdico en la IA cuando se proyecta que la inversión total en centros de datos e infraestructura de IA asociada alcance 10.3 billones de dólares (trillones en anglosajón) entre 2025 y 2032 (3.6 por ciento del PIB anual), lo cual empequeñecería los proyectos colosales en ferrocarriles, las redes de autopistas y la “plomería para Internet” (https://bit.ly/3VHvmRv).

¿Será por ello que Elon Musk vaticina la mayor “era de la abundancia” debido a la IA (https://bit.ly/4z8VNhC)?

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Por Marcelo Ramírez

Las legislativas de septiembre muestran un crecimiento significativo del oficialismo, un aumento de la participación y un retroceso del Partido Comunista. El sistema electoral mixto amplificó la ventaja de Rusia Unida en la Duma, mientras las fuerzas secundarias atraviesan una recomposición. La elección, primera desde el comienzo de la guerra en Ucrania, se desarrolló además bajo ataques con drones y ciberataques denunciados por las autoridades rusas.

Las elecciones legislativas celebradas en Rusia entre el 18 y el 20 de septiembre de 2026 dejaron un resultado que va bastante más allá de una nueva victoria de Rusia Unida. El partido dominante aumentó considerablemente su porcentaje respecto de 2021, la participación electoral creció, el Partido Comunista retrocedió y otras fuerzas parlamentarias, principalmente el Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR) y Nueva Gente, ampliaron su presencia electoral.

Con más del 95% de los votos procesados, la Comisión Electoral Central situaba a Rusia Unida en torno al 57,8%, frente al 13,8% del Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR), aproximadamente 9% del LDPR y cerca de 8% de Nueva Gente. Rusia Justa se encontraba prácticamente sobre el umbral del 5%, una situación que fue variando durante el escrutinio. La Comisión Electoral Central indicó, además, una participación del 59,32%, equivalente a más de 62,6 millones de electores. Los resultados deben considerarse todavía provisionales hasta su formalización definitiva, prevista no antes del 25 de septiembre.

El dato central, sin embargo, surge de la comparación con las elecciones legislativas de 2021. Entonces Rusia Unida había obtenido el 49,82% de los votos; el Partido Comunista, 18,93%; el LDPR, 7,55%; Rusia Justa, 7,46%; y Nueva Gente, 5,32%.

Cinco años después, Rusia Unida crece alrededor de ocho puntos porcentuales mientras el PCFR pierde aproximadamente cinco. Al mismo tiempo, la participación electoral pasa de alrededor del 51,7% en 2021 a más del 59% en 2026. Es la combinación de estos fenómenos, más participación, mayor porcentaje oficialista y debilitamiento de su principal competidor, lo que permite hablar de una modificación significativa del equilibrio político dentro de la Duma.

Para entender correctamente el resultado es necesario observar cómo se elige la Cámara baja rusa. La Duma Estatal está integrada por 450 diputados elegidos por cinco años mediante un sistema mixto. La mitad (225 bancas) se distribuye mediante representación proporcional según las listas nacionales de los partidos que superan el umbral del 5%. Los otros 225 diputados son elegidos en circunscripciones uninominales en razón de que Rusia está dividida en 225 distritos y cada uno elige un único representante. En estos distritos resulta electo simplemente el candidato que obtiene más votos que cada uno de sus adversarios. No necesita alcanzar la mayoría absoluta.

El mecanismo tiende a favorecer al partido más grande cuando los votos de sus adversarios están fragmentados entre varias fuerzas. Eso es precisamente lo que ocurrió en 2026, mientras Rusia Unida obtenía alrededor del 58% del voto proporcional, sus candidatos encabezaban más de 200 de las 225 circunscripciones uninominales durante el escrutinio. Con el 95,18% contabilizado, la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova, informaba que el partido había ganado 208 distritos de este tipo. En 2021 había conseguido 198.

La consecuencia es evidente, una mayoría electoral importante se convierte en una mayoría parlamentaria todavía mayor. En base en los resultados difundidos el 21 de septiembre, una proyección de 355 diputados para Rusia Unida sobre un total de 450, superando tanto los 324 que tenía en la Duma saliente como el máximo de 343 alcanzado en 2016.

El resultado permite comprender una característica central del sistema político ruso. Aproximadamente el 58% de los votos partidarios puede traducirse en alrededor de tres cuartas partes de la Cámara debido a la combinación entre representación proporcional y predominio territorial.

La consolidación de Rusia Unida tiene entonces tres dimensiones. Es electoral, porque aumenta su porcentaje de votos, es territorial porque domina la enorme mayoría de los distritos uninominales y es institucional porque amplía su control sobre la Duma.

El segundo dato relevante es el crecimiento de la participación.Según la Comisión Electoral Central, votó el 59,32% del padrón, más de 62,6 millones de personas. Se trata de una participación sensiblemente superior a la registrada en las legislativas anteriores., entonces la combinación con el crecimiento de Rusia Unida merece atención.

Una fuerza política puede aumentar porcentualmente incluso sin incrementar de manera significativa su base electoral si los votantes de sus adversarios se abstienen en mayor proporción. En ese escenario, un partido conserva aproximadamente sus votos pero aumenta su participación relativa dentro de un electorado más pequeño.

Sin embargo, en Rusia ocurrió algo diferente dado que aumentó el número relativo de ciudadanos que participaron y, dentro de ese electorado ampliado, aumentó también el porcentaje obtenido por Rusia Unida.

Si bien no sabemos automáticamente las motivaciones individuales de los votantes ni interpretar cada sufragio como un apoyo a la totalidad de las políticas gubernamentales, podemos inferir que una explicación basada exclusivamente en una desmovilización electoral generalizada de los adversarios del oficialismo no es la adecuada.

El aumento de la participación, de todos modos, también debe analizarse en relación con los cambios introducidos en la forma de votar. La elección se realizó durante tres jornadas y continuó expandiéndose el voto electrónico con más de 3,6 millones de ciudadanos participaron mediante el sistema federal de votación electrónica, al que se sumó el sistema utilizado específicamente en Moscú.

Estos mecanismos reducen el costo práctico de participación y probablemente constituyan una parte de la explicación del incremento. Por eso resulta difícil atribuir toda la suba a una movilización política y aún con esa precaución, una participación superior al 59% constituye uno de los elementos centrales de la elección.

Existe además una circunstancia que diferencia radicalmente estas elecciones de las anteriores que fueron las primeras legislativas rusas desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Las tres jornadas de votación se desarrollaron, además, mientras continuaban los ataques sobre territorio ruso, durante el último día se produjo una ofensiva de gran escala con drones contra Moscú y otras regiones.

Las autoridades rusas informaron haber interceptado más de 1.600 drones desde el sábado, unos 450 dirigidos contra Moscú, inclusive algunos aparatos alcanzaron sus objetivos, se registraron víctimas y fue afectada infraestructura energética.

Paralelamente, las autoridades denunciaron ataques informáticos contra el sistema electoral. La Comisión Electoral y organismos gubernamentales informaron sobre ofensivas DDoS, intentos de alterar el voto electrónico e interrupciones de comunicaciones en distintas regiones. Las autoridades reportaron ataques contra los sistemas digitales durante la segunda jornada de votación.

La Comisión Electoral Central caracterizó posteriormente el proceso como una elección realizada bajo un nivel excepcional de amenazas externas y afirmó haber enfrentado una fuerte escalada de ataques cibernéticos.

El gobierno ruso presentó la continuidad de las elecciones y el incremento de la participación como una demostración de cohesión social. Vladimir Putin había colocado la elección dentro de una discusión más amplia sobre la unidad nacional durante la guerra y el Kremlin buscaba presentar los comicios como una medida del respaldo social a la orientación adoptada desde 2022.

El resultado electoral no puede trasladarse mecánicamente a una pregunta que los votantes nunca respondieron explícitamente, que el 57 o 58% obtenido por Rusia Unida no significa necesariamente que ese mismo porcentaje apruebe cada decisión militar, económica o diplomática adoptada durante la guerra.

Lo que sí puede afirmarse es más limitado, pero políticamente muy relevante porque después de más de cuatro años de conflicto, sanciones internacionales, presión económica y ataques dentro del territorio ruso, no se observa en estas elecciones un desplazamiento electoral masivo hacia fuerzas que propongan una ruptura frontal con la orientación estratégica del Estado.

Uno de los cambios más importantes se produjo en el Partido Comunista. El PCFR había conseguido en 2021 el 18,93%, uno de sus mejores resultados de las últimas décadas. Ese porcentaje le permitió convertirse claramente en la segunda fuerza política del país y concentrar una parte importante del electorado que buscaba expresar una alternativa a Rusia Unida.

En 2026 cae hasta aproximadamente el 13,8%, con una pérdida ronda los cinco puntos porcentuales, pero todavía es más significativa es la ampliación de la distancia con Rusia Unida.

En 2021 los separaban aproximadamente 31 puntos: 49,82% contra 18,93%, ahora la diferencia se aproxima a 44 puntos: alrededor de 58% frente a menos del 14%. La estructura partidaria se vuelve de esta manera más asimétrica.

El problema del PCFR tampoco se limita a la reducción de su representación proporcional. Su debilitamiento incide directamente sobre las circunscripciones uninominales. Durante años, los comunistas fueron en numerosos distritos la principal fuerza capaz de concentrar el voto de quienes buscaban derrotar a un candidato de Rusia Unida. Cuando ese espacio se fragmenta entre comunistas, LDPR, Nueva Gente, Rusia Justa y otras fuerzas, el candidato oficialista puede conservar la banca incluso obteniendo menos del 50%.

El retroceso comunista, por lo tanto, produce un doble efecto: reduce su propio peso parlamentario mientras facilita indirectamente el dominio territorial del partido gobernante. Sin embargo, los votos perdidos por el Partido Comunista no fueron absorbidos por una única fuerza alternativa.

El LDPR pasó del 7,55% registrado en 2021 a aproximadamente el 9%. Nueva Gente subió desde el 5,32% hasta cerca del 8%. Rusia Justa siguió una trayectoria diferente: cayó desde el 7,46% de 2021 hasta quedar prácticamente sobre el límite del 5%.

Nueva Gente merece atención particular. El partido había ingresado por primera vez a la Duma en 2021 y cinco años después aumenta claramente su porcentaje. El crecimiento indica que logró consolidar un espacio propio dentro del sistema, particularmente entre sectores que buscan reformas económicas, administrativas o sociales sin identificarse con el Partido Comunista.

También resulta significativo el desempeño del LDPR después de la muerte de su histórico fundador, Vladimir Zhirinovski, en 2022. Lejos de desaparecer con su dirigente, la fuerza conserva su base electoral e incluso mejora su porcentaje respecto de las legislativas anteriores.

Lo que aparece debajo de Rusia Unida es, por lo tanto, una reorganización del espacio secundario. El PCFR conserva el segundo lugar nacional, pero pierde capacidad para monopolizar el voto alternativo. LDPR y Nueva Gente crecen. Rusia Justa retrocede. El resultado es una mayor fragmentación de las fuerzas situadas detrás del oficialismo.

Es importante observar la relación entre estos resultados y la guerra, que requiere una interpretación particularmente cuidadosa. Los principales partidos con representación parlamentaria mantienen diferencias importantes en política económica, gasto social, inmigración, intervención estatal, administración pública y prioridades presupuestarias. Sin embargo, esas diferencias no se corresponden con una división equivalente respecto de las cuestiones estratégicas centrales vinculadas con Ucrania.

El Partido Comunista ha acompañado buena parte de las decisiones fundamentales adoptadas por el Estado ruso desde 2022. El LDPR sostiene posiciones nacionalistas y una línea dura respecto del conflicto. Rusia Justa también respaldó la orientación estratégica general. Nueva Gente presenta una posición comparativamente menos militarizada, pero tampoco estructuró su propuesta electoral alrededor de una retirada unilateral rusa.

Los medios occidentales señalaron durante la campaña que Yábloko constituía la principal fuerza registrada con una posición explícitamente contraria a la guerra, pero su lista federal quedó fuera de la elección después de una decisión judicial. El partido sí mantuvo algunas candidaturas y obtuvo una representación limitada en la legislatura regional de Nóvgorod. Este hecho introduce una limitación importante a cualquier lectura de los resultados como una medición directa de la opinión pública sobre la guerra, no obstante la popularidad de Yábloko es menor, dado que en las encuestas se ubica entre el 1 y el 3% de los votos, lo que le resta cualquier peso electoral real.

Como era de esperarse, sectores opositores rusos y gobiernos occidentales cuestionaron las condiciones de competencia, las restricciones a candidatos y organizaciones opositoras, el uso del voto electrónico y la realización de elecciones en territorios ucranianos ocupados y anexados por Rusia. Las autoridades rusas rechazan estas objeciones y sostienen que la elección se desarrolló de acuerdo con la legislación vigente; observadores de la Comunidad de Estados Independientes y de la Organización de Cooperación de Shanghái informaron no haber detectado irregularidades capaces de alterar los resultados en las mesas que supervisaron.

Por eso, si bien los comicios no pueden utilizarse como una encuesta directa sobre la guerra, tampoco corresponde separar completamente el resultado del contexto histórico en el que se produjo. Rusia Unida obtuvo en 2021 el 49,82%, cinco años después, luego de más de cuatro años de guerra, alcanza cerca del 58%. Simultáneamente aumenta la participación electoral y las principales fuerzas parlamentarias que respaldan la orientación estratégica del Estado conservan prácticamente todo el espacio político representado en la Duma. Ese dato tiene relevancia propia, aun cuando no permita conocer las motivaciones concretas de cada elector.

La paradoja principal de las elecciones de 2026 puede resumirse en dos movimientos simultáneos: aumenta la participación y aumenta la concentración parlamentaria. Más ciudadanos concurren a votar, pero el resultado final produce una Duma todavía más dominada por Rusia Unida.

Tres factores explican esa combinación. El primero es el crecimiento directo del partido gobernante, que pasa de menos del 50% en 2021 a cerca del 58%. El segundo es el retroceso del Partido Comunista, principal fuerza opositora parlamentaria y el tercero es el funcionamiento del sistema electoral mixto, donde la fragmentación de los adversarios permite al partido más grande imponerse en una proporción extraordinariamente alta de las circunscripciones uninominales. Por eso el dato del 58% explica sólo una parte del resultado.

La verdadera consecuencia política aparece al observar la composición de la Duma. Con ese porcentaje de votos, Rusia Unida se encamina a controlar alrededor de tres cuartas partes o más de la Cámara y conservar holgadamente la mayoría de dos tercios. La proyección de 355 de los 450 escaños, que constituiría un récord para el partido.

El sistema político ruso emerge así de las elecciones de 2026 con una característica reforzada: un partido dominante significativamente mayor que cualquiera de sus competidores y un segundo nivel partidario más fragmentado.

Rusia Unida crece electoralmente, amplía su dominio territorial y fortalece su control institucional. El Partido Comunista continúa siendo la segunda fuerza nacional, pero pierde una parte sustancial del terreno ganado cinco años atrás. LDPR y Nueva Gente avanzan, mientras Rusia Justa queda reducida a una posición mucho más frágil.

Todo esto ocurre bajo condiciones extraordinarias. Son las primeras legislativas desde febrero de 2022, se celebraron durante una guerra prolongada, con una economía sometida a sanciones y fuertes exigencias presupuestarias, y con ataques militares y cibernéticos coincidiendo con las jornadas electorales.

El resultado, por eso, representa algo más que la continuidad del esquema político existente antes de la guerra. Los datos disponibles muestran una profundización de la estructura de partido dominante que ya caracterizaba a Rusia, acompañada por una recomposición de las fuerzas que disputan el espacio situado detrás de Rusia Unida.

Queda abierta una cuestión que sólo podrá responderse con el desarrollo del próximo período político. ¿Hasta qué punto esta enorme concentración parlamentaria servirá para preservar el modelo construido durante los últimos años y hasta qué punto la reorganización que se está produciendo por debajo del oficialismo anticipa las disputas políticas, económicas y sociales de la Rusia posterior a la guerra?.

Por ahora, la señal electoral es clara en términos descriptivos: aumentó la participación, aumentó el porcentaje de Rusia Unida y se amplió la distancia que separa al partido gobernante de todos sus competidores parlamentarios. El resultado institucional de las legislativas de 2026 es, en consecuencia, una Duma más concentrada que la surgida de las elecciones de 2021.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a su par chino, Xi Jinping, en una cumbre que concentró la atención internacional.

Tras la cumbre, ambos líderes dieron una conferencia de prensa en conjunto. Allí, el presidente chino le advirtió a su par estadounidense que ambos países tienen la responsabilidad de desarrollar la Inteligencia Artificial “bajo control humano”.

“Debemos asegurarnos de que siempre esté bajo control humano y sirva al pueblo”, agregó, en medio del debate sobre la seguridad en el desarrollo de la inteligencia artificial se intensificara en los últimos días.

Sobre el cierre de su discurso, planteó que ambos países deben “mantener una postura de no conflicto”. “Saldremos ganando con la cooperación y perderemos en el conflicto”, agregó.

Trump reconoció que en la reunión discutirán temas vinculados a la seguridad en el desarrollo de la IA, a la que se refirió como “superinteligencia”. Según dijo, las decisiones que tomen Estados Unidos y China sobre estos temas pueden ayudar a “promover la paz durante las próximas décadas”.

En paralelo, Trump aseguró que lograron “enormes avances en los problemas que afectan a los dos países” y destacó la creación de una junta de comercio bilateral.

Estados Unidos impuso restricciones a la exportación de determinados chips y tecnologías avanzadas hacia China, mientras el gobierno de Xi Jinping busca acelerar el desarrollo de su propia industria tecnológica.

La posibilidad de establecer mecanismos de comunicación para evitar que un incidente relacionado con estas tecnologías genere una crisis mayor también forma parte de las conversaciones.

«Si nos enfocamos en nuestros intereses comunes, confío en que podamos lograr mucho. La búsqueda de esos intereses comunes ha conectado a nuestros pueblos a través de los vastos océanos, las enormes distancias y las muchas diferencias e incluso nos convirtió en aliados en la Segunda Guerra Mundial», recordó.

La reunión llega después de que Estados Unidos y China acordaran extender una tregua comercial que debía expirar el 10 de noviembre. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, informó el miércoles que ambos países acordaron prolongarla hasta el 10 de enero, después de conversaciones con el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

La situación de Irán también ocupará un lugar en la agenda. Trump busca que China utilice sus vínculos con Teherán para contribuir a una salida al conflicto y aumentar la presión sobre el gobierno iraní. Beijing, que mantiene importantes relaciones comerciales y energéticas con Irán, se opuso a las acciones militares estadounidenses contra ese país.

Otro gran tema será Taiwán, uno de los principales focos de tensión entre ambos gobiernos. China considera a la isla parte de su territorio y rechaza el respaldo militar estadounidense a Taipéi.

Estados Unidos, en tanto, mantiene una política de apoyo a Taiwán y continúa proporcionando armamento para reforzar su capacidad de defensa. La cuestión podría volver a generar diferencias durante la reunión.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que se analiza la posibilidad de establecer “el equivalente a una línea directa como la que teníamos durante la Guerra Fría” para evitar incidentes que puedan afectar a las economías y sociedades de ambos países o incluso provocar un conflicto entre Estados.

Trump busca además mantener el contacto directo con Xi y pretende que el presidente chino participe en la cumbre del G20 en diciembre, prevista en su resort de Doral, Florida. Xi, por su parte, espera que Trump asista a la cumbre de APEC en noviembre, en Shenzhen, China.

Nueva York / Buenos Aires. – El presidente Javier Milei aseguró este miércoles 23 de septiembre de 2026 que Argentina se ha convertido en “la nueva tierra prometida” para quienes deseen invertir. La declaración se produjo durante su estadía en Nueva York, donde participa del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al responder a una consulta periodística sobre si se concretarían inversiones en el país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, añadió: “Como decimos con el presidente, tenemos una suerte de cobertura de hedge natural (cobertura natural), porque si la situación mundial se pone aún más tensa, bueno, más van a demandar estas cosas”.

La frase de Milei recupera una expresión que, años atrás, empleó de manera reiterada el rabino Sergio Bergman, quien fuera ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible (y luego secretario) durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019). Bergman, rabino de la Congregación Israelita Argentina y fundador de la Fundación Argentina Ciudadana, se refirió en múltiples oportunidades a la Argentina como “tierra prometida”. En una entrevista de diciembre de 2009 con el diario La Nueva, afirmó que “la tierra prometida, para el rabino Sergio Bergman, es la Argentina” e instó a los jóvenes a comprometerse para construirla, señalando que quizás los adultos no lleguen a verla plenamente. En conferencias y textos como “Argentina ciudadana: del paraíso perdido a la tierra prometida”, planteó que el país, fundado en los valores de la Constitución, constituye esa tierra de promesa, aunque la mayor restricción “somos los mismos argentinos”.

Acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el mandatario enfatizó el atractivo de las políticas económicas actuales. Caputo amplió el mensaje: “Lo que más atrae el presidente y las políticas que estamos llevando a cabo es inversiones en la economía real, que eso es lo que el país necesita y el mundo”. Agregó que “hoy el mundo necesita todo lo que Argentina tiene ventaja comparativa, que es energía, minerales críticos, alimentos, talento humano”, y habló de una “cobertura natural” ante tensiones internacionales. “Hay muchas cosas que van a venir… el nivel de inversiones en la economía real va a ser fenomenal”, concluyó.

Una de las declaraciones más polémicas circuló en videos de finales de 2017, cuando Bergman era funcionario. En ellas sostuvo que Argentina, “como tierra prometida”, debía entenderse también como sagrada “para ser partida y repartida”, en analogía con el origen del Estado de Israel en la partición de 1947 por las Naciones Unidas. Esas palabras generaron fuertes críticas en sectores opositores y medios, que las vincularon a una injerencia indebida sobre la soberanía territorial.

La coincidencia en la metáfora bíblica —“tierra prometida”— vuelve a poner sobre la mesa, casi una década después, un lenguaje cargado de resonancias religiosas e históricas en la política argentina.

Por Alfredo Jalife-Rahme

La captura relámpago del estrecho de Bab al-Mandab por Ansaralá (“Defensores de Dios”) –llamados despectivamente en Occidente bajo su semiótica neocolonial como hutíes, lo cual no le gusta para nada a los yemenitas triunfadores –colocó a Irán como el deus ex machina desde el estrecho de Ormuz hasta el estrecho de Bab al-Mandab (https://bit.ly/4xj8MM3).

El triunfo de Ansaralá/Irán cierra el puerto israelí de Eilat (su único puerto en el mar Rojo con el 3% de su tráfico marítimo) y bloquea su conectividad marítima con el golfo de Adén/océano Índico (https://bit.ly/4h97fCx).

La espectacular captura relámpago del mar Rojo por Ansaralá –que constituye el 80% de la nación yemenita, cuyo “gobierno de Saná” busca ser reconocido de iure por Rusia y China– se escenificó a un día de la trascendental cumbre del BRICS en Nueva Delhi, que hay que vincular geopolíticamente con la previa cumbre del Grupo de Shanghái y el viaje del presidente Xi a Egipto, una potencia del mar Rojo que conecta el Golfo de Adén con el mar Mediterráneo.

Se sintió en la cumbre del BRICS el ascenso irresistible de Irán, cuyo presidente Masoud Pezeshkian (MP) recibió un trato deferencial de los tres grandes del BRICS: Rusia/China/India, a nivel nuclear, geoeconómico y demográfico. RT realizó una estupenda síntesis de la declaración conjunta (https://bit.ly/4dz6CAV).

IndiaToday –que realizó una entrevista exclusiva al presidente iraní (https://bit.ly/4irshhQ), quien señala que la reapertura del estrecho de Ormuz está vinculada al fin de la presión de EEUU sobre Irán, que incluye su bloqueo naval y sus deletéreas sanciones– interpretó favorablemente “la toma de la mano del primer ministro Modi a MP en un momento impactante durante la cumbre del BRICS (https://bit.ly/4rcMmuH)”.

Hay que seguir la relevante reunión de las seis petromonarquías árabes del golfo Pérsico (Consejo de Cooperación del Golfo, CCG) con Irán, bajo la mediación de Omán, el lunes 14 de septiembre (https://bit.ly/4yB4yRb). IndiaToday titula que el “BRICS critica a EEUU, respalda a Irán y denuncia a Israel” y pregunta: “¿Ha cambiado la postura de India?”. Agrega que la declaración conjunta “ha criticado a EU por las sanciones unilaterales, sin mencionarlo por su nombre. Ha respaldado la adhesión de Irán a la OMC, ha criticado a Israel y ha dedicado cinco párrafos a Gaza (https://bit.ly/4yAxNUc)”.

El BRICS critica de nombre a Israel por sus exacciones en Gaza y Líbano, y fustigan sin nombrar a EEUU, por sus ataques a las instalaciones nucleares de Irán. La sombra ominosa de EEUU se insinuó mediante la crítica a sus sanciones unilaterales a dos miembros del BRICS: Rusia e Irán. El analista Pramit Pal Chaudhuri (PPC) evoca que el grupo BRICS se había dividido en dos campos: el encabezado por China, que busca desafiar las estructuras occidentales, y el campo India/Brasil que sólo busca “modificarlas”.

Según PPC de Eurasia Group, los errores de EEUU le brindaron la oportunidad al presidente Xi de converger con India y Brasil en los temas del comercio en divisas nacionales (desdolarización), pagos digitales, logística y conectividad. Sobre el Líbano, el BRICS exigió la retirada de las “fuerzas de ocupación” de Israel.

A mi juicio, la vehemente crítica de India a Israel ostenta dos características: 1. Pone en tela de juicio al eje Grecia/Chipre (sector griego)/Israel/Emiratos Árabes Unidos (EAU) /India  de lo que se jacta el primer ministro Netanyahu; y 2. Interpreta correctamente la dinámica del deus ex machina iraní en el golfo Pérsico, donde India tiene 10 millones de migrantes en los seis países del CCG (https://bit.ly/46hhyPQ), mientras que el total de ciudadanos del CCG es de 28 millones (https://bit.ly/3SLBdnX).

Adelanto que existe un grave problema demográfico/migratorio en el golfo Pérsico cuando se comparan los 28 millones de ciudadanos del CCG con los 35 millones de expatriados/migrantes del sur asiático. ¿Cómo será el reparto geopolítico y demográfico de la nueva configuración del golfo Pérsico?

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Por Marcelo Ramírez

Cada vez que una deuda entra en crisis, la discusión empieza siempre por el mismo lugar: qué sacrificios debe hacer el deudor para seguir pagando. Ajustes, recortes, venta de patrimonio y reformas estructurales. La receta la sabemos de memoria. Lo que casi nadie se cuestiona es la otra mitad del problema: si en toda deuda hay dos partes, ¿por qué aceptamos como algo normal que el deudor pague los platos rotos mientras el acreedor mantiene intocable su derecho a cobrar?

La contradicción salta a la vista. El acreedor cobra intereses precisamente porque asume un riesgo: esa tasa premia la posibilidad de no cobrar. Sin embargo, cuando el riesgo se concreta y llega el default o la reestructuración, el sistema se activa para blindar al prestamista y traspasar la pérdida al resto. Las ganancias se privatizan en las buenas; en las malas, el costo se socializa con ajustes, más impuestos, menor gasto público y salarios destruidos.

Este mecanismo opera sin piedad en medio del naufragio. Cuando un país entra en aprietos, los acreedores le exigen tasas más altas bajo la excusa técnica del «mayor riesgo». El resultado es una trampa mortal: el Estado termina pagando más caro justo cuando menos margen tiene. La crisis infla los intereses, los intereses disparan la deuda y el sobrecosto hunde más al país en la crisis. Un bucle perverso del que parece imposible salir.

¿Por qué los gobiernos ceden ante este juego? Porque necesitan renovar vencimientos, cubrir el día a día o gambetear un default inminente. Cuanto más profunda es la adicción al crédito, menor es la autonomía para plantarse. La dependencia financiera deviene inevitablemente en sometimiento político: la política económica deja de decidirse en las urnas y pasa a dictarse según la voluntad del mercado.

Ahora bien, esto no es una ley de la naturaleza. Un Estado soberano puede fijarle un tope al costo financiero, renegociar plazos, recortar intereses desmedidos o priorizar el capital original por sobre la especulación. Puede volcarse a fortalecer el ahorro interno y liberarse del yugo externo. Obviamente, tomar ese camino tiene consecuencias: litigios, caída de bonos y portazos del mercado. Pero la alternativa existe: el dilema no es técnico, es profundamente político.

Cuando una deuda se torna impagable, la pérdida es un hecho consumado. Si se deben cien y solo hay sesenta, los cuarenta faltantes no desaparecen en el aire. La duda real es quién los absorbe: ¿el acreedor con una quita razonable o el pueblo con recesión, inflación, jubilaciones de miseria y remate de bienes públicos? La discusión de fondo jamás es si habrá pérdidas, sino a quién le toca pagarlas. Y eso raramente se admite en voz alta.

El tecnicismo financiero es un excelente camuflaje. Términos como «disciplina fiscal», «confianza del mercado» o «sostenibilidad» esconden decisiones distributivas feroces. Garantizar el cobro del acreedor a expensas de amputar salarios, jubilaciones y obras públicas es una postura ideológica. Imponer una quita o frenar los abusos de tasa es otra. No existe la neutralidad en la gestión de la crisis: siempre hay una toma de partido sobre qué sector se sacrifica.

El dogma imperante ha convertido la protección al acreedor en un mandato sagrado. Nos repiten que si el prestamista pierde un centavo, el crédito se esfuma y se destruye la confianza. Sin embargo, si para conservar esa «confianza» se destruye el entramado productivo, se quiebran empresas y se malvenden recursos, se aniquila la mismísima capacidad de pago futura. La distorsión es total: las finanzas debieran servir a la economía real, no subordinar la vida del país al mantenimiento del parásito financiero.

El crédito dejó de operar como motor de desarrollo para transformarse en un instrumento de dominación. Mediante el interés compuesto y las penalizaciones punitivas fijadas arbitrariamente por los acreedores, la bola de nieve crece exponencialmente. En momentos de ahogo, el deudor desesperado vende a precio de remate y el capital financiero compra saldos. La deuda funciona así como una gigantesca aspiradora de patrimonio hacia cada vez menos manos.

Una empresa en quiebra no se evapora: pasa a otras manos. Una vivienda ejecutada sigue existiendo: cambia de llaves. La crisis no destruye los activos físicos, destruye la propiedad de quienes los trabajaron y se los entrega a los especuladores con espaldas financieras. Por eso el endeudamiento no es una cuestión meramente contable, sino un dispositivo geopolítico y social diseñado para reconfigurar el mapa de la propiedad.

Resulta aún más aberrante que se valide aumentar las tasas a quien atraviesa su peor momento. Bajo el pretexto impecable de «mayor riesgo, mayor retorno», se ahoga deliberadamente al que apenas respira. Si la prioridad fuera cobrar la acreencia, asfixiar al deudor con intereses punitivos es un contrasentido brutal. En la práctica, la tasa desmedida no cubre ningún riesgo: acelera premeditadamente el colapso del deudor.

Conviene rescatar un interrogante ético que la historia sostuvo durante siglos y que la modernidad pretendió borrar: ¿carece de límites el derecho del acreedor? Antiguamente, la respuesta era categórica: la usura estaba proscrita y existían leyes de condonación periódica. Desde el Jubileo bíblico hasta los preceptos del Islam, la premisa era evitar que la necesidad del débil se transformara en un cheque en blanco para el despojo ilimitado.

Al institucionalizar el interés ilimitado, el capitalismo contemporáneo disolvió los frenos éticos. Hoy se debate sobre spreads, riesgo país y rendimientos, desplazando cualquier noción de justicia económica. Al despojar al crédito de su marco moral, la variable de ajuste pasa a ser indefectiblemente el nivel de resistencia del deudor. Y cuando este ya no da más, la única propuesta del sistema es exigirle aún más sangre, sudor y lágrimas.

Por eso, reducir el dilema de la deuda a un simple «pagar o no pagar» es una trampa. El debate genuino consiste en definir cómo se distribuye una pérdida inevitable. O se obliga al cuerpo social a blindar las ganancias especulativas, o se exige que el acreedor asuma el riesgo por el cual cobró generosas tasas. Ambas opciones son decisiones políticas, aunque el sentido común dominante pretenda vender la primera como el único camino razonable.

Allí radica el corazón del asunto. Aceptar que todo el mundo puede perder —el trabajador su empleo, el comerciante su capital, la familia su techo y el Estado sus activos— excepto el acreedor financiero, quiebra cualquier principio elemental de equidad. No estamos ante un mercado libre y transparente, sino ante un sistema de privilegios donde el capital financiero impone sus reglas e impunidad.

Por todo esto, cuando una deuda se torna insostenible, exigir que el acreedor asuma su cuota de quita no destruye la economía. En coyunturas críticas, es exactamente la única vía posible para rescatarla y ponerla nuevamente de pie.

Por Marcelo Ramírez

El problema de nuestra época no puede resumirse solamente en una supuesta disminución de la inteligencia. La sociedad contemporánea conserva enormes capacidades cognitivas, técnicas y profesionales. Millones de personas dominan procedimientos complejos, operan tecnologías sofisticadas, administran recursos y resuelven dificultades cotidianas. Sin embargo, esas mismas personas emplean cada vez menos esas capacidades para comprender el mundo en el que viven, establecer relaciones causales, jerarquizar información y actuar según consecuencias de largo plazo. La degradación actual es funcional porque afecta la atención, la memoria, el juicio y la voluntad política sin impedir que la maquinaria económica siga funcionando.

Esta transformación produce un individuo eficaz dentro de tareas delimitadas y vulnerable frente a los procesos que determinan su vida. Puede trabajar, consumir, endeudarse, votar y opinar, pero encuentra dificultades crecientes para reconstruir el vínculo entre una decisión económica, una estructura de propiedad, una política pública y sus efectos sociales. La abundancia de datos no corrige esa debilidad, al contrario, muchas veces la profundiza porque la información llega fragmentada, descontextualizada y sometida a una competencia constante por captar atención.

Durante siglos, una parte importante de la cultura popular conservó una aspiración simbólica hacia arriba, ascendente. Leer, aprender un oficio, conocer historia, hablar con precisión, escuchar a alguien que sabía más y comprender la política eran conductas asociadas al progreso personal si bien ese ideal nunca fue universal y convivió siempre con la ignorancia, la frivolidad y el entretenimiento banal. La diferencia actual está en la escala y en la función. La banalidad dejó de ocupar los márgenes del tiempo libre y se convirtió en uno de los principios organizadores de la vida cotidiana.

Una persona puede pasar cuatro, cinco o seis horas frente a una pantalla, recibir cientos de imágenes, escuchar cientos de frases y terminar el día sin haber incorporado una sola idea articulada. Jamás hubo tanta información disponible y pocas veces fue consumida de manera tan superficial. La cultura digital multiplicó el acceso al conocimiento, pero también perfeccionó una economía que obtiene beneficios de interrumpir la concentración, estimular la ansiedad y convertir cada segundo de atención en una mercancía.

La primera degradación ocurre en la capacidad de concentrarse. TikTok, Reels, Shorts, notificaciones, titulares, memes, videos acelerados y fragmentos de entrevistas entrenan a la mente para cambiar de objeto cada pocos segundos. El cerebro entonces aprende el comportamiento que practica y después de años de consumo fragmentario, sostener una actividad continua empieza a producir incomodidad leer veinte páginas, escuchar una conferencia, seguir un razonamiento complejo, mirar una película subtitulada o conceder diez minutos a un argumento antes de juzgarlo.

Esa incomodidad suele confundirse con incapacidad y en muchos casos expresa una pérdida de entrenamiento cognitivo. La atención funciona como una disciplina y se debilita cuando toda la experiencia cultural premia el salto inmediato hacia el estímulo siguiente. El resultado político es profundo y quien pierde la capacidad de seguir una explicación compleja necesita que el mundo sea reducido a consignas simples como bueno o malo, héroe o traidor, víctima u opresor, demócrata o fascista, Occidente o dictadura. La consigna reemplaza al argumento y la política se convierte en administración emocional de masas.

El entretenimiento participa de esa transformación porque siempre existieron contenidos triviales, y el descanso forma parte de una vida sana. El problema aparece cuando la mayor parte de la experiencia cultural, como veíamos, queda organizada alrededor de lo trivial y cuando el entretenimiento deja de ofrecer una pausa frente a la realidad para ocupar su lugar. Escándalos de celebridades, desafíos absurdos, bromas humillantes, exhibiciones de consumo y conductas riesgosas compiten por unos segundos de visibilidad. El objetivo común es capturar atención.

El reconocimiento social que antes podía obtenerse mediante conocimiento, prestigio profesional, valentía, servicio comunitario o creación artística puede conseguirse ahora mediante una breve irrupción en el flujo colectivo. Esa lógica genera una inflación de conductas extremas dado que si una imprudencia filmada produce más visualizaciones que una explicación rigurosa, el sistema de incentivos queda establecido. La plataforma no necesita ordenar comportamientos degradantes, le basta con premiarlos.

Así se configura la estupidez funcional. Una persona puede conservar aptitudes laborales y, al mismo tiempo, renunciar al pensamiento autónomo, adoptando opiniones prefabricadas, repitiendo frases, defendiendo posiciones que nunca investigó, indignandose por el asunto que el algoritmo presentó esa mañana y que olvidará cuando llega la polémica siguiente. La economía necesita individuos capacitados para producir y consumir. El poder se beneficia cuando esos mismos individuos carecen de interés, tiempo o hábitos para comprender.

La identidad política fue desplazada progresivamente por una identidad de consumidor. La pregunta acerca de la sociedad que se desea construir cedió terreno ante otra pregunta más inmediata y urgente como saber qué puedo comprar. Una casa, un automóvil, un teléfono de última generación, viaje, ropa, cuerpo, experiencias, restaurantes, seguidores. Toda la vida comienza a medirse mediante signos externos de éxito y el horizonte existencial se reduce a la acumulación privada.

Esa reducción debilita así la idea de destino colectivo. El deterioro del hospital público parece lejano mientras exista medicina privada, la degradación educativa pierde urgencia para quien puede pagar un colegio, la inseguridad se vuelve un problema ajeno mientras se viva en un barrio protegido o la precarización laboral conmueve poco mientras afecte a otro. Se instala una privatización psicológica de la existencia: mi casa, mi dinero, mi cuerpo, mis vacaciones, mi familia, mis problemas, el resto se convierte en paisaje, en una película que vemos desde la comodidad individual.

El narcisismo completa ese desplazamiento. Las redes profundizaron una transformación cultural previa al producir la conversión de la propia vida en producto. La persona se fotografía, se exhibe, se compara y se mide. Cuenta seguidores, viajes, propiedades, músculos, experiencias y adhesiones. Cada elemento de la identidad puede transformarse en señal pública y cada señal debe recibir validación, la pertenencia comunitaria pierde terreno frente a la administración permanente del yo.

La consecuencia es una sociedad conectada y atomizada con miles de contactos que conviven con pocas relaciones fuertes, miles de opiniones, con pocas convicciones y miles de imágenes con escasa experiencia compartida. La conexión técnica facilita el contacto, pero no crea por sí sola comunidad porque una comunidad exige continuidad, obligaciones mutuas, memoria, confianza y capacidad de sacrificio. Esas disposiciones entran en tensión con una cultura centrada en la satisfacción inmediata y la optimización individual.

La empatía es otro factor que también se deteriora cuando el individuo se convierte en espectador permanente. Una guerra, un asesinato, una catástrofe, un niño herido o una persona humillada aparecen dentro del mismo flujo que una publicidad, un baile o un animal gracioso y la sucesión elimina de esta manera el contexto moral. La tragedia se vuelve otro estímulo y el gesto de deslizar el dedo o el mouse reemplaza el tiempo necesario para comprender. La habituación al horror no convierte automáticamente a las personas en crueles, produce algo más extendido como es una sensibilidad saturada que reconoce el sufrimiento y continúa de inmediato hacia otra cosa.

La dispersión de la atención se combina con la división horizontal de la sociedad. Generaciones, identidades, estilos de vida, tribus culturales y comunidades digitales hablan principalmente consigo mismas. Cada grupo recibe un lenguaje, un repertorio de agravios y un conjunto de enemigos. La sociedad puede discutir política durante todo el día sin discutir el poder real, quién posee los recursos, quién decide las inversiones y los destinos, quién se apropia de la productividad, quién controla la infraestructura y quién fija las reglas.

El identitarismo contemporáneo ofrece un ejemplo central. Las luchas contra discriminaciones concretas forman parte de cualquier sociedad que aspire a la justicia. el problema surge cuando esas reivindicaciones se convierten en una taxonomía moral capaz de ordenar toda la vida social en categorías rígidas de víctima y victimario. Sexo, género, raza, origen, orientación e identidad cultural pasan a funcionar como posiciones predeterminadas desde las cuales se asignan legitimidad, culpa y autoridad.

Esa lógica puede enfrentar a grupos que comparten condiciones materiales objetivas. Dos trabajadores con salarios deteriorados terminan viéndose como adversarios culturales, hombres y mujeres sometidos a la misma precarización son inducidos a interpretar su vínculo como una guerra estructural. La energía política se desplaza hacia el lenguaje, los pronombres, la representación simbólica, la identidad de un actor o la composición demográfica de una campaña publicitaria. Mientras tanto, la propiedad, la concentración económica y la distribución de la riqueza permanecen intactas y cada vez mas alejadas del escrutinio público.

El capitalismo corporativo comprendió con rapidez que podía absorber esa revolución simbólica. Una empresa puede exhibir diversidad impecable y mantener condiciones laborales abusivas. Puede pintar su logotipo con los colores de una causa, evitar impuestos y aumentar la concentración de mercado, incorporar todas las identidades imaginables a una publicidad sin alterar quién posee la empresa. La representación modifica imágenes y oportunidades individuales, la transformación material modifica relaciones de poder. Confundir ambas escalas permite presentar adaptación cultural como cambio estructural.

La fragmentación identitaria incorpora además una forma de vigilancia social porque el control circula entre ciudadanos mediante costos reputacionales, escarnio público, aislamiento profesional y expulsión de determinados espacios. Una etiqueta puede sustituir al argumento. Palabras como racista, misógino, transfóbico, fascista o negacionista, aplicadas como cierres automáticos, interrumpen discusiones que deberían resolverse examinando hechos y razonamientos. El miedo a la sanción genera autocensura y empobrece la capacidad colectiva de formular preguntas difíciles.

Universidades, juventudes, intelectuales, artistas, periodistas y movimientos sociales, sectores históricamente asociados con la producción de disidencia, pueden dedicar enormes cantidades de energía a vigilar su propia pureza ideológica. Las disputas internas ocupan el centro mientras avanzan la automatización, la financiarización, la concentración económica y la precarización laboral. El poder resulta menos expuesto cuando sus posibles críticos están ocupados en combates laterales y cuando el vocabulario radical funciona como sustituto de la capacidad organizada.

La consecuencia política de este proceso es una población cansada, distraída y resignada con unl ciudadano apático que puede desconfiar del sistema, odiar a sus dirigentes y saber que vive peor. Peor la apatía no exige consentimiento, exige inacción y por eso sus frases características expresan impotencia aprendida: todos son iguales, nada cambia, siempre fue así, yo me ocupo de lo mío.

Ese último enunciado representa una victoria completa de la despolitización. Una sociedad puede atravesar veinte años de deterioro económico y responder mediante estrategias privadas de adaptación con un segundo trabajo, emigración, compra de dólares, criptomonedas, plataformas, delivery o emprendimientos. Cada respuesta puede ser racional desde el punto de vista individual peor su generalización revela la desaparición de la pregunta colectiva. El interrogante sobre las causas del empobrecimiento es reemplazado por la búsqueda de una salida personal.

Las redes ofrecen un mecanismo eficaz de descarga. La gente se queja, insulta políticos, comparte denuncias, publica memes y participa en discusiones interminables. El individuo siente que reaccionó porque expresó indignación mientras la estructura permanece intacta. Se produce una catarsis sin acción que puede cumplir una función estabilizadora, con el malestar que se libera simbólicamente antes de convertirse en organización, disciplina, estrategia o construcción institucional.

Incluso el consumo intensivo de contenido político puede convertirse en entretenimiento ideológico. Una persona escucha durante horas a comunicadores que confirman exactamente lo que ya piensa. Se indigna, comparte y discute, experimenta la sensación de participar diariamente en una batalla histórica mientras permanece inmóvil frente a una pantalla. La información política pierde su función cuando no modifica criterios, vínculos, prioridades ni capacidades y alimenta una identidad y una emoción, pero no produce poder social.

La manipulación contemporánea opera sobre esa debilidad. Convencer profundamente a toda la población resulta innecesario, administrar su atención es suficiente. Un escándalo desplaza al anterior, una guerra borra otra guerra, una polémica cultural domina cuarenta y ocho horas y una provocación deliberada controla la conversación durante varios días. La saturación produce amnesia y cada acontecimiento parece comenzar desde cero porque no existe memoria suficiente para conectarlo con una secuencia.

El control social adopta entonces una forma sofisticada de desenfocar. Las transformaciones estructurales ocurren a la vista de todos, rodeadas por miles de estímulos secundarios. Una celebridad desplaza una crisis económica y una discusión verbal ocupa semanas mientras se toman decisiones que afectarán décadas. Ocultar los hechos deja de ser imprescindible, apenas basta con presentarlos como aburridos, demasiado complejos, lejanos o inevitables y así asegurarse que siempre exista algo más atractivo para mirar.

La anestesia se profundiza con la pérdida de proyectos históricos. Industrialización, desarrollo nacional, Estado de bienestar, integración continental, conquista espacial, socialismo, modernización y liberación nacional, ofrecieron horizontes capaces de organizar generaciones enteras. Esos proyectos podían ser contradictorios y producir conflictos, pero situaban la política en el terreno del futuro, obligando a discutir qué país y qué sociedad debían existir dentro de veinte o treinta años.

Gran parte de la política contemporánea en realidad solo administra el presente. La urgencia económica encierra a millones de personas en la pregunta por el fin de mes y esa preocupación es completamente comprensible y consume la energía disponible. Su generalización tiene un efecto devastador: una sociedad incapaz de imaginar el futuro termina administrando su decadencia. La ausencia de horizonte convierte cada renuncia en una adaptación realista y cada retroceso en una fatalidad.

La cultura adulta acompaña ese proceso mediante una infantilización creciente. Lenguaje simplificado, conflictos reducidos a personajes buenos y malos, necesidad constante de entretenimiento, baja tolerancia al aburrimiento y a la frustración, gratificación inmediata, búsqueda permanente de aprobación y dificultad para postergar recompensas. Estas disposiciones alimentan industrias enormes porque interpretan al consumidor perfecto: impulsivo, ansioso, comparativo, insatisfecho y fácilmente estimulable.

La inteligencia artificial vuelve visible la gravedad del problema. Esta tecnología puede alterar el mercado laboral, la educación, la administración, la producción intelectual, la cultura, la guerra y la estructura económica. Una sociedad políticamente despierta debería discutir quién será propietario de los sistemas, quién se apropiará del aumento de productividad, cómo se distribuirán los ingresos y qué ocurrirá cuando una empresa que necesitaba mil trabajadores pueda funcionar con cien.

Son preguntas de orden civilizatorio pero están siendo recibidas por una cultura que continúa fragmentada en circuitos de distracción. Un sector mira videos breves, otro consume series, fútbol o se enfoca en las apuestas. Algunos participan en guerras culturales o se sumergen durante horas en contenido político partidario. La distracción cambia según la edad, la clase y la pertenencia cultural. El mecanismo permanece constante y cada grupo recibe su dosis propia de anestesia.

Quienes intentan escapar de esa dinámica enfrentan el aislamiento. Si perciben procesos preocupantes y tratan de explicarlos, encuentran respuestas previsibles del estilo: siempre fue así, no exageres, no se puede hacer nada, dejá de pensar tanto. Una persona aislada puede comprender perfectamente un problema y sentirse incapaz de modificarlo, pero la repetición de esa experiencia produce desánimo, luego resignación y finalmente silencio.

La frase “no sirve de nada” puede ser más eficaz que una prohibición, es letal. Una persona convencida de que puede cambiar algo constituye un sujeto político potencial., sin embargo una persona convencida de que nada puede cambiar, se inmoviliza sola. Conserva libertades formales, puede escribir, votar, protestar e insultar al gobierno, pero ha perdido la expectativa de eficacia colectiva y esa pérdida destruye la relación entre conciencia y acción.

La arquitectura completa combina varios procesos que se refuerzan. Menos atención produce menos lectura, menos conocimiento y mayor dependencia de consignas. Más narcisismo produce menos solidaridad, menos organización y menor capacidad política. Más precariedad produce cansancio, repliegue individual y resignación. La banalización destruye jerarquías intelectuales; el consumismo reemplaza al ciudadano; la guerra cultural desvía la indignación; la vigilancia moral genera autocensura; la saturación impide construir memoria; el aislamiento desmoraliza a quienes todavía intentan comprender.

El resultado es una población cognitivamente fragmentada, culturalmente empobrecida, socialmente atomizada, emocionalmente estimulada, económicamente ansiosa y políticamente resignada. Puede estar profundamente insatisfecha y permanecer inmóvil, advertir que pierde derechos, poder adquisitivo, estabilidad y capacidad de decisión, sin convertir ese malestar en una explicación coherente, esa explicación en conciencia común y esa conciencia en organización.

La forma contemporánea de dominación puede convivir con elecciones, internet, libertad de expresión, millones de medios e información prácticamente ilimitada. La libertad política requiere algo más que ausencia de censura, requiere capacidad para comprender, establecer prioridades, asociarse, sostener vínculos y actuar. Cuando esas capacidades se degradan, las instituciones formales permanecen mientras disminuye el poder efectivo de la sociedad para decidir su futuro.

Esa es la paradoja final. La humanidad dispone de la mayor infraestructura de conocimiento de su historia y la utiliza en gran medida para consumir estímulos de pocos segundos. Conoce una injusticia ocurrida a diez mil kilómetros y la olvida antes de comprenderla, se conecta con continentes enteros pero se enceerra en una identidad cuidadosamente exhibida.

Finalmente. puede tener libertad para informarse y perder el deseo, el hábito y el tiempo necesarios para hacerlo.

La dominación más eficaz construye una sociedad en la que pensar parece aburrido, innecesario o demasiado difícil. El poder no necesita ser amado ni convencer a todos de que las cosas funcionan. Le alcanza con una población distraída, individualizada, cansada y persuadida de que nada importante depende de ella. Es suficiente con que quienes podrían cuestionar la estructura combatan entre sí, que quienes perciben el problema se sientan solos y que la indignación sea intensa pero fragmentaria.

Entonces la sociedad puede discutir permanentemente mientras otros deciden. Alguien puede sentirse rebelde mientras permanece políticamente inofensiva y contemplar su propia expoliación, comprendiendo vagamente que está ocurriendo y, pocos segundos después, volver a deslizar el dedo hacia el siguiente estímulo.

El pacto energético firmado entre Venezuela y Estados Unidos, calificado como «el más importante del siglo XXI» entre ambos países, genera dudas sobre su aplicación real, duración, soberanía y beneficios económicos, pese al anuncio de Trump como “el mayor de la historia mundial”.

El presidente estadounidense afirmó que el acuerdo otorga a EE.UU. el “control mayoritario” de más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas venezolanas (estimadas en unos 300.000 millones) y facilita la reposición de la reserva estratégica estadounidense.

Del lado venezolano, la presidenta encargada Delcy Rodríguez detalló que el convenio tiene una duración de 25 años (con posible prórroga de 15 años según la Ley de Hidrocarburos) y contempla el desarrollo de 17 campos petroleros estratégicos con una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Con un precio de referencia de 65 dólares por barril, Venezuela recibiría unos 209.335 millones de dólares en total, equivalente a cerca de 19 dólares por barril.

El actor central es la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt. Según un comunicado de la compañía (con sede en Barbados), NABEP tendrá el control operativo del negocio, mientras el Gobierno de EE.UU. retiene una participación del 35 % y acceso preferencial al 20 % de la producción a precio de costo. La firma afirma controlar derechos sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas P1 y planea expandir operaciones en el Lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco para superar el millón de barriles diarios, con una inversión prevista de casi 100.000 millones de dólares.

Expertos cuestionan varios aspectos. El economista Oscar Zambrano señaló que resulta extraño que NABEP sea el socio privado de un acuerdo de esta magnitud, al tratarse de una empresa “sin experiencia, sin capital y sin tecnología”. Consultoras citadas por Bloomberg se preguntan por el papel que jugará PDVSA, las empresas mixtas existentes y el interés de las grandes petroleras en negociar con NABEP. También se duda de la capacidad actual de la industria venezolana para alcanzar las metas, tras una década de sanciones que han impedido la actualización tecnológica.

Existe discrepancia sobre la duración: mientras desde Washington se ha hablado de 100 años, las autoridades venezolanas insisten en 25 años con prórroga posible.

En cuanto a las sanciones, Rodríguez indicó que se trabaja con las autoridades estadounidenses para levantarlas, paso que considera necesario para el desarrollo económico y la celebración de elecciones. Trump no se ha referido directamente a su eliminación; en enero de 2026 firmó una orden ejecutiva que garantiza al Tesoro el manejo de los ingresos petroleros venezolanos, renovó las sanciones y optó por una política de licencias limitadas para operar en el país.