Manuel Adorni, presentó su renuncia como jefe de Gabinete del presidente argentino, Javier Milei. El otrora vocero presidencial, concretó su salida del Gobierno en medio de un escándalo de corrupción que ha erosionado la credibilidad del oficialismo. Lo que comenzó como acusaciones de enriquecimiento ilícito se convirtió en una bola de nieve de contradicciones, omisiones y explicaciones poco creíbles que terminaron por sepultar la imagen del funcionario que alguna vez se presentó como quien venía a combatir la corrupción de «la casta».

La renuncia no es un acto de responsabilidad republicana, sino el resultado inevitable de la presión judicial y política que Adorni ya no pudo soportar. Aliados del propio Gobierno, como el PRO, legisladores dialoguistas y hasta Mauricio Macri habían exigido su salida, argumentando que su permanencia daña al Presidente y al proyecto de cambio. Afuera, la percepción es más cruda: Adorni se transformó en el vivo ejemplo de aquello que juró combatir.

Las principales irregularidades que pesan sobre Adorni, y que motivan investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y posibles delitos tributarios, pueden resumirse así:

-Ocultamiento de patrimonio millonario: Adorni admitió haber omitido en sus declaraciones juradas más de US$500.000 en activos (incluyendo una billetera de Bitcoin, supuestamente desde fecha tan temprana como 2013, cuando años más tarde expresaba en público que no conocía nada de criptactivos). Inicialmente había asegurado ante el Congreso que “nunca existió ocultación alguna”, para luego reconocer lo contrario. Esta contradicción flagrante es el corazón del escándalo.

-Adquisición sospechosa de propiedades: Compró al menos dos inmuebles de alto valor en los últimos años (en La Plata y Buenos Aires) sin que quedara claro cómo financió esas operaciones con su sueldo público. Testimonios en la causa hablan de pagos en efectivo millonarios por refacciones, sin facturas ni trazabilidad clara.

-Viajes de lujo no declarados: Varios viajes internacionales caros de él y su familia, que tampoco figuraban en sus declaraciones patrimoniales y que difícilmente se compatibilizan con sus ingresos declarados.

-Inconsistencias tributarias: Admitió haber mantenido dinero “off the books” (fuera de los registros) “como todo el mundo” antes de entrar al Gobierno, una confesión que suena a justificación de evasión y que contrasta brutalmente con el discurso anti-casta y de transparencia que encarnaba el gobierno libertario.

Estas no son meras “irregularidades administrativas”. Son hechos que, según los denunciantes, configuran posibles delitos de corrupción. La causa, a cargo de Ariel Lijo y con requerimientos de fiscales como Gerardo Pollicita, avanza con testimonios y peritajes que complican aún más la situación.

Adorni intentó defenderse repitiendo que su patrimonio fue construido antes de la función pública y que puso “toda la información a disposición de la Justicia”. Sin embargo, las contradicciones sucesivas —del “nada que esconder” al reconocimiento de medio millón de dólares ocultos— terminaron por derrumbar cualquier narrativa creíble. Su permanencia en el cargo se volvió insostenible: desgastaba al Gobierno, complicaba la agenda legislativa y regalaba argumentos a la oposición.La salida de Adorni no resuelve el problema de fondo. Expone, una vez más, cómo el poder erosiona rápidamente los discursos puristas. En un país cansado de promesas incumplidas, esta renuncia es el reconocimiento tardío de que en La Libertad Avanza, la tentación de los privilegios y la opacidad es demasiado fuerte. Queda la pregunta incómoda para el Gobierno: ¿cuántos Adorni más habrá en las filas antes de que el “cambio” sea algo más que un eslogan?

La propia hermana del presidente, Karina Milei, se encargó de ensalzar al renunciando funcionario: «Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo. Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme».

El directorio de Nucleoeléctrica Argentina removió a Demian Reidel de la presidencia de la empresa estatal junto con la mayoría de sus miembros, tras estallar un escándalo por presuntos sobreprecios en contrataciones públicas. La decisión fue comunicada por el secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Ramos Nápoli, y se ejecutó en medio de denuncias internas que pusieron en evidencia irregularidades graves en la gestión de las centrales Atucha y Embalse.

El foco principal de las sospechas recae en la licitación para el servicio de limpieza de la central nuclear de Atucha. Según la denuncia elevada por el gerente de planta Juan Pablo Nolazco, la empresa LX Argentina resultó beneficiada con un contrato que elevaba el valor de los 4.400 millones de pesos actuales a más de 10.700 millones por 24 meses, un 140 % por encima de los precios de referencia de la Sindicatura General de la Nación. La adjudicación dejó afuera a otros diez oferentes y generó acusaciones de direccionamiento y sobreprecios.

Reidel también debió explicar el pago exprés de deudas personales por unos 800 millones de pesos en apenas dos semanas durante enero, operación que coincidió temporalmente con el estallido del caso. Además, la empresa adjudicó bajo su gestión contratos por más de 20.400 millones de pesos en diversas áreas, varios de ellos bajo la misma lupa de irregularidades, incluyendo servicios de informática y mantenimiento.

Ante la gravedad de las denuncias, el propio directorio intervino congelando la firma del presidente y concentrando el control administrativo en los gerentes de carrera. El Comité de Integridad de la compañía recibió varias presentaciones internas, algunas de las cuales avanzaron hacia posibles judicializaciones, lo que terminó por hacer insostenible la permanencia de Reidel y su equipo.

Juan Martín Campos asumió como nuevo presidente de Nucleoeléctrica Argentina con el mandato de restaurar los estándares de transparencia en una empresa que históricamente había sido superavitaria y de alto prestigio técnico.

La grave desfinanciación del Estado nacional bajo la gestión de Javier Milei, conocida popularmente como «motosierra», ha sido señalada como uno de los principales factores que agravaron los incendios forestales que afectan actualmente a la Patagonia, especialmente en Chubut (donde ya se han consumido 35.000 hectáreas) y áreas protegidas como el Parque Nacional Los Alerces. Tres decisiones clave del gobierno contribuyeron a debilitar la capacidad de prevención y respuesta ante estas emergencias:

1- Recortes históricos en el presupuesto de la Administración de Parques Nacionales

El organismo responsable de la gestión de los parques nacionales y la coordinación de brigadistas sufrió una poda drástica de recursos. En 2025 se registró una reducción real del 68,9% respecto de 2023, y para 2026 el presupuesto apenas creció un 0,08%, lo que implica una caída del 28,5% en términos reales. El presupuesto asignado para este año es de 111.459 millones de pesos. Esta desfinanciación limitó la operatividad en terreno: en el caso del incendio en Los Alerces, solo se desplegaron 30 brigadistas, sin recurrir a guardaparques especializados disponibles, lo que demoró la contención de focos detectados con retraso. Además, el gobierno designó al frente del organismo a Sergio Martín Álvarez, un arquitecto sin experiencia en conservación natural ni manejo de áreas protegidas, quien no objetó los ajustes y fue denunciado por negligencia por cámaras empresarias patagónicas.

2- Disolución del Fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego

Una de las medidas más criticadas fue la eliminación de este fideicomiso específico, que garantizaba recursos directos y estables para el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Los fondos fueron transferidos al Ministerio de Seguridad (durante la gestión de Patricia Bullrich), rompiendo la lógica de financiamiento dedicado y dejando al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) sin una fuente autónoma. Organizaciones ambientalistas y brigadistas denunciaron que esta decisión, sumada a subejecuciones previas (22% en 2024 y 25% en 2025), redujo drásticamente la capacidad preventiva y operativa.

3- Abandono del proyecto Comando Unificado para la Patagonia

El gobierno discontinuó un sistema de coordinación regional avanzado en un 80% durante la gestión anterior, que involucraba a las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. El proyecto incluía tecnología de punta: cámaras de detección temprana desarrolladas por INVAP, avión observador con sensores infrarrojos, camiones cisterna, maquinaria vial y drones para monitoreo aéreo. Al retirar el financiamiento nacional, las provincias quedaron obligadas a costearlo con recursos propios, lo que impidió su implementación plena y debilitó la respuesta coordinada ante incendios de gran escala.

Estos recortes se enmarcan en la política de ajuste fiscal impulsada por Milei, que priorizó la reducción del gasto público para poder afrontar los pagos de deuda externa y afectó particularmente áreas consideradas «no esenciales» por el gobierno. Organizaciones ambientalistas y brigadistas han alertado que la caída en el presupuesto del SNMF para 2026 alcanza hasta un 78,5% en términos reales respecto de años previos, con menos horas de vuelo programadas, menos informes de alerta temprana y menor capacidad de prevención.

Mientras los focos siguen activos y miles de hectáreas han sido arrasadas, crecen los reclamos por la falta de recursos y la demora en respuestas efectivas. Brigadistas trabajan en condiciones críticas, sin pago de horas extras ni refuerzos adecuados, y varios sectores patagónicos exigen la declaración de emergencia para revertir el desfinanciamiento estructural que, según críticos, convirtió una emergencia controlable en una catástrofe de mayores proporciones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha reconocido oficialmente que no existen contratos ni informes jurídicos que respalden la colocación de lingotes de oro por un valor cercano a los 5.000 millones de dólares en el exterior. Esta operación, realizada en julio de 2024 bajo la gestión de Santiago Bausili y Luis Caputo, involucró el traslado clandestino de los lingotes en un avión comercial durante la madrugada, sin dejar rastro documental alguno.

La admisión del BCRA se produjo en respuesta a requerimientos de la Auditoría General de la Nación (AGN), donde la entidad afirmó que «los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen». Esta falta de papeles impide cualquier auditoría sobre la operación, valorada en 4.981 millones de dólares, y ha generado una «saga de silencios y evasivas» desde las denuncias iniciales.

La operación está «floja de papeles», según fuentes consultadas, ya que los lingotes salieron sin contratos registrados ni trazabilidad, evaporándose en el extranjero posiblemente en Londres o Basilea. Esto ha entorpecido los controles de la AGN, que ahora ha sido habilitada para avanzar en acciones legales por entorpecimiento, tras la jura de nuevos auditores.

Las implicaciones legales son graves: la inexistencia de documentación abre un «flanco penal» para los funcionarios involucrados, al tratarse de bienes públicos bajo custodia y no privados. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al BCRA entregar información precisa, reprochando el uso unilateral de excepciones a la transparencia. Expertos como el economista Carlos Rodríguez, exasesor de Javier Milei, calificaron el episodio como «insólito» y advirtieron sobre posibles usos del oro como garantía para préstamos ya consumidos.

En el contexto económico actual, con el oro cotizando en récords históricos cerca de los 4.400 dólares la onza, estos lingotes actúan como «salvavidas contable» para las reservas del BCRA, estimadas en negativo por hasta 18.000 millones de dólares según analistas. La incertidumbre sobre su ubicación real genera sospechas en el mercado, especialmente ante presiones judiciales internacionales y la limitada liquidez de las reservas brutas.

Una masiva filtración de datos personales de millones de argentinos ha sido expuesta en la dark web, según denunció el portal especializado Daily Dark Web. El incidente involucra más de un terabyte de información confidencial proveniente de SudamericaData (que operaba bajo el nombre de WorkManagement tras un cierre judicial en 2023), una empresa dedicada a la venta de informes detallados sobre individuos y compañías. Esta brecha, considerada una de las más graves en la historia del país, incluye bases de datos públicas y privadas, así como código fuente de sistemas internos.

Entre los datos filtrados destacan más de 60 millones de registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), 75 millones del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y 176 millones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que contienen información sensible como números de teléfono, correos electrónicos, direcciones, salarios y relaciones laborales de los ciudadanos argentinos. Además, se expusieron datos de operadores móviles como Claro, Movistar y Personal, incluyendo millones de correos para campañas publicitarias y detalles de jubilados y beneficiarios de subsidios.

Hasta el momento, ninguna de las entidades mencionadas (gubernamentales ni privadas) ha confirmado oficialmente la brecha, aunque especialistas en ciberseguridad la califican como histórica por su volumen y profundidad. La exposición sin protección amplifica los riesgos, ya que los datos están disponibles para descarga libre en foros clandestinos.

Esta filtración representa un grave peligro para los afectados, incluyendo posibles fraudes, robo de identidad y usos indebidos de la información personal. El caso reaviva el debate sobre la protección de datos en Argentina y la necesidad de mayores controles en el manejo de información sensible por parte de empresas y organismos públicos.

El especialista en seguridad informática, Javier Smaldone, explicó: «esta no es una cuestión de «ciberseguridad». Los sistemas del Estado no sufrieron ningún «ciberataque», ni «hackeo». Los que fueron atacados son los sistemas de SudamericaData. El problema es POR QUÉ estos delincuentes tenían todas esas bases de datos (y actualizadas). Acá hay CORRUPCIÓN de funcionarios públicos, asociados a delincuentes privados, que lucran con NUESTROS datos».

Por su parte. el programador Maximiliano Firtman resumió el hecho y sus consecuencias de la siguiente manera:

«Imaginate vivir en una sociedad donde puedas en un click:
1⃣Saber dónde trabaja, cuánto cobra y qué puso en declaraciones juradas de impuestos cualquier persona
2⃣Tener nombre completo, dirección, teléfono celular y fijo de cualquier persona
3⃣Conocer todos los empleados de una empresa
4⃣Saber nombres de familiares de cualquier persona
5⃣Tener el listado de los vehículos e inmuebles que tenga una persona
6⃣Saber si una persona se vacunó de COVID o no, cuántas dosis y cuáles se dio, si es portador de HIV, su historia clínica y los remedios que toma.
7⃣Averiguar el dueño de cualquier vehículo o inmueble
8⃣Saber las deudas de cualquier persona
9⃣Saber cuánto cobra cada jubilado, pensionado o beneficiario de plan
Tener la foto y datos de seguridad del pasaporte o DNI de cualquier persona.
Esto incluiría a funcionarios, fuerzas de seguridad, famosos, empresarios, personas vulnerables y cualquier hijo de vecino.
En esa sociedad claramente cualquier persona puede saber todo eso de vos con un click».

En el foro donde publicaron la filtración usaron el nombre y la imagen de la «cara» de Ariel «Wata» Waissbein, director de la Agencia de Ciberseguridad de la SIDE:

En un movimiento que sacude los cimientos del gobierno ucraniano en medio del conflicto con Rusia, el presidente Volodímir Zelenski anunció este jueves la renuncia de Andréi Yermak, su jefe de la Oficina Presidencial y considerado su «mano derecha» durante años. La dimisión se produce en el marco de una investigación por corrupción en el sector energético, donde agencias anticorrupción registraron la vivienda de Yermak, decomisando fajos de miles de dólares y euros en efectivo. Zelenski emitió un decreto de destitución publicado en el sitio web oficial de la Presidencia, enfatizando la necesidad de transparencia y evitando especulaciones sobre el sucesor.

Yermak, descrito por el Financial Times como un «zar no electo» que ha acumulado poder ilimitado desde la imposición de la ley marcial en 2022, ha sido señalado como posible figura central en el esquema. El diputado ucraniano Yaroslav Zhelezniak lo comparó con «Alí Babá» en referencia a las cintas mencionadas, mientras que The Times acusa a Yermak de usurpar procesos democráticos y superar en autoridad a todos los funcionarios electos. Además, se le atribuye la promoción de una ley para liquidar la independencia de la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) y la NABU, iniciativa que fue retirada tras presiones de Occidente.

El escándalo, calificado como «megaescándalo» por medios internacionales, involucra sobornos por unos 100 millones de dólares en contratos de la compañía estatal Energoátom. Según la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), contratistas pagaban comisiones ilegales del 10% al 15% bajo amenazas de bloqueo de pagos, lo que resultó en la detención de cinco personas y la identificación de siete sospechosos a mediados de noviembre. Investigadores también incautaron grabaciones secretas de conversaciones telefónicas y material audiovisual, incluyendo las controvertidas «cintas de Míndich», que supuestamente implican a aliados cercanos de Zelenski en tramas de corrupción.

La salida de Yermak obliga a un reinicio de la Oficina Presidencial, con Zelenski planeando consultas inmediatas para designar un nuevo jefe. Mientras tanto, Ucrania será representada en negociaciones con Estados Unidos por el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, y funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores e inteligencia. Este episodio agrava las tensiones internas en Kiev, donde las demandas de reformas anticorrupción por parte de aliados occidentales podrían condicionar el apoyo militar y financiero en un momento crítico del conflicto.

Una explosión de gran magnitud seguida de un voraz incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, al sudoeste del Gran Buenos Aires, sacudió la zona y reavivó los recuerdos del trágico incendio de Iron Mountain en 2014, el que se cree fue intencional. El intendente local, Gastón Granados, confirmó que uno de los depósitos destruidos pertenece a la empresa estadounidense de almacenamiento de documentos sensibles, tanto comerciales como políticos, que recientemente había trasladado sus operaciones a este sector para custodiar archivos de la administración pública. El siniestro, ocurrido en la noche de este viernes, no dejó víctimas fatales gracias a que las instalaciones afectadas estaban cerradas a esa hora, pero generó una alerta inmediata por humo tóxico que se extendió varios kilómetros.

Este incidente no es el primero para Iron Mountain en Argentina, cuya historia está marcada por sospechas de irregularidades. En febrero de 2014, un incendio intencional en su depósito de Barracas, Buenos Aires, cobró la vida de diez bomberos y rescatistas, y destruyó miles de documentos sensibles, incluyendo archivos financieros de alto perfil. La Justicia determinó que el fuego fue provocado, posiblemente para eliminar pruebas en medio de una disputa societaria y acusaciones de lavado de dinero, lo que derivó en el juicio a 18 personas, entre directivos de la empresa y exfuncionarios públicos. Aquel caso expuso vulnerabilidades en el manejo de información confidencial y generó reformas en las normativas de seguridad para depósitos de este tipo.

El estallido de este viernes en Ezeiza provocó el colapso de estructuras en al menos cuatro empresas: además de Iron Mountain, una fábrica de neumáticos, una planta de plásticos y otra de envases resultaron gravemente dañadas. Testigos reportaron que la onda expansiva hizo estallar vidrios en domicilios y comercios cercanos, mientras que el fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales altamente inflamables. Autoridades de Defensa Civil emitieron recomendaciones para que los residentes de la zona se resguardaran en sus hogares y utilizaran barbijos para evitar inhalación de sustancias nocivas. Más de 100 bomberos trabajaron durante horas para sofocar las llamas, que finalmente fueron controladas al mediodía del sábado.

La explosión en Ezeiza ha encendido nuevas alarmas sobre la gestión de documentos estatales por parte de privados y la posibilidad de que se estén destruyendo pruebas sensibles de manera intencional. Aunque las causas del nuevo siniestro aún se investigan, el historial de Iron Mountain alimenta especulaciones sobre negligencias o motivaciones ocultas. Expertos en seguridad industrial llaman a una revisión exhaustiva de los protocolos en polos logísticos, mientras que vecinos exigen compensaciones por los daños materiales y ambientales. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, anunció que enviará peritos para esclarecer los hechos, en un contexto donde la transparencia en el manejo de archivos públicos es un reclamo creciente.

Federico «Fred» Machado, el empresario argentino detenido en Viedma por presuntos lazos con el narcotráfico, mantiene conexiones comerciales directas con César Gastelum, el operador clave del Cártel de Sinaloa durante la última década bajo el mando de Joaquín «El Chapo» Guzmán, según revelan documentos judiciales de Guatemala, Honduras y Estados Unidos. Estas relaciones no solo involucran un avión decomisado con toneladas de cocaína, sino también una mina guatemalteca utilizada como punto de aterrizaje y almacenamiento de cargamentos ilícitos, lo que salpica al candidato a diputado José Luis Espert por un pago de 200 mil dólares proveniente de esa misma operación minera.

El escándalo estalló en Argentina cuando se conoció que Espert, primer candidato en la Provincia de Buenos Aires a diputado por La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, viajó en uno de los aviones de Machado y recibió fondos de la empresa Minas del Pueblo, propiedad del empresario. Esta mina, ubicada en el departamento de Alta Verapaz en Guatemala, fue investigada por una comisión especial del Congreso guatemalteco en 2021, que determinó que aviones de Machado aterrizaban en pistas clandestinas del selvático Petén –fronterizo con México– y en la misma Alta Verapaz, descargando cocaína gestionada por Gastelum para el Cártel de Sinaloa. El Ministerio Público guatemalteco abrió una pesquisa preliminar ese año, identificando al menos cinco aeronaves de Machado implicadas en el tráfico de estupefacientes. Espert primeramente negó recibir esos fondos. En un segundo momento, tras escalar el escándalo, reconoció que los había recibido el partido por el que había competido y no él en persona. Al salir a la luz la transferencia de dinero a su nombre volvió a cambiar el discurso y dijo que fue un adelanto de un trabajo para una minera «vinculada» a Machado. Finalmente se conoció que la minera era propiedad del propio Machado.

La evidencia central que relaciona a Machado con el Cártel de Sinaloa gira en torno al avión con matrícula estadounidense N311BD. El 16 de noviembre de 2019, Gastelum lo transfirió a Aircraft Guaranty Corporation (AGC), una firma vinculada a Machado como propietario o socio, en medio de un proceso civil abierto en 2020 en Florida (caso 21cv60462), donde se lo acusa de estafar a particulares y empresas como parte de un esquema de lavado de activos. Dos meses después, el 17 de febrero de 2020, autoridades de Belice incautaron la aeronave con 2.310 kilos de cocaína, según un informe policial beliceño citado en el expediente estadounidense. Sorprendentemente, un mes más tarde, el 14 de marzo, Gastelum recuperó el avión, lo que sugiere un arreglo para encubrir su uso en rutas de narcotráfico por Centroamérica. Registros de Estados Unidos también señalan que al menos 12 aviones de Machado facilitaron el trasiego de drogas desde Colombia y Venezuela hacia la región.

Gastelum, descrito en fichas policiales estadounidenses como el enlace principal del Cártel de Sinaloa con narcos guatemaltecos desde finales de los 2000, jugó un rol crucial en la expansión del grupo en Honduras. Allí, aportó alrededor de un millón de dólares para sobornar al expresidente Juan Orlando Hernández, garantizando acceso a puertos clave como Puerto Cortés y Puerto Castilla. Esta revelación surgió en el juicio en Nueva York que culminó el 8 de marzo de 2024 con la condena de Hernández a 45 años de prisión por narcotráfico.

En Guatemala, las sombras de Machado se extienden a la política local. El empresario admitió en una entrevista de 2024 con un medio guatemalteco haber prestado aviones al expresidente Jimmy Morales (2016-2020), y se le atribuyen relaciones con su sucesor, Alejandro Giammattei. Uno de los diputados de la comisión investigadora, que pidió anonimato por temor a represalias, relató que Machado amenazó con «llamar a sus amigos en la Presidencia» durante la pesquisa, subrayando el uso de la mina Minas del Pueblo no solo para extracción de metales pesados, sino como base logística para almacenar la droga descargada.

El pago de 200 mil dólares a Espert, transferido desde Minas del Pueblo, ha generado presión interna en el gobierno libertario para que el economista baje su candidatura. Espert ha dado explicaciones vagas, insistiendo en que se trató de una inversión legítima, pero la Justicia argentina ya indaga si los fondos provienen de actividades ilícitas. Machado, por su parte, permanece detenido en Viedma, donde enfrenta cargos por narcotráfico que se complican con estas revelaciones transnacionales. Como frutilla del postre, el abogado defensor de Machado es el mismo que el del presidente Javier Milei, Francisco Oneto.

Este caso expone una vez más cómo redes internacionales de crimen organizado se entretejen con figuras políticas y empresariales, recordando que el Cártel de Sinaloa, incluso tras la captura de «El Chapo» en 2014, mantiene tentáculos en América Latina. Autoridades de varios países coordinan ahora para desmantelar estas alianzas, mientras en Argentina el debate sobre financiamiento ilícito en campañas electorales cobra nuevo impulso.

Un nuevo capítulo en el controvertido vínculo entre el diputado liberal José Luis Espert y el empresario argentino Federico «Fred» Machado ha salido a la luz, revelando una transferencia de US$200.000 a favor del legislador proveniente de un fideicomiso implicado en graves acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y fraude en Estados Unidos. El registro contable, incorporado a un expediente judicial en Texas, pone en jaque la figura de Espert, quien hasta ahora ha optado por el silencio ante las crecientes sospechas.

La transferencia, anotada el 1 de febrero de 2020 en una contabilidad atribuida a Machado y su socia estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, parte de un fideicomiso llamado Aircraft Guarantee Corp, radicado en Onalaska, Texas. Según los documentos fiscales, el dinero salió de una cuenta de crédito a nombre de Mercer-Erwin, quien gestionaba el fondo junto al argentino. Esta operación no es un hecho aislado: el registro forma parte de un esquema más amplio de movimientos financieros que involucran egresos a decenas de individuos y empresas, con South Aviation –la firma de Machado– como uno de los receptores más habituales.

Mercer-Erwin, dueña del fideicomiso, fue condenada en noviembre de 2024 a 16 años de prisión por un tribunal federal del distrito Este de Texas, tras ser procesada por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Machado, por su parte, enfrenta un pedido de extradición de las autoridades estadounidenses y permanece en prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro, a la espera de la resolución de la Corte Suprema argentina. El gran jurado texano confirmó las acusaciones en mayo de 2021 contra ambos y otros seis cómplices, detallando un fraude estimado en US$350 millones. Llamativamente, Machado comparte abogado con el propio presidente de la Argentina, Javier Milei.

En la causa judicial, a cargo del juez Lino Mirabelli y el fiscal Rodolfo Domínguez, se investiga si los US$200.000 provienen del fraude Ponzi o están vinculados al narcotráfico, o ambos. La elección de San Isidro responde al domicilio de Espert en Beccar, norte del Gran Buenos Aires. Ante consultas, Espert no emitió respuesta alguna, manteniendo el «beneficio del silencio» que aplicó desde que emergieron los primeros lazos con Machado. Del mismo modo, ni el empresario ni su abogado se pronunciaron sobre el registro contable. Esta opacidad contrasta con la magnitud del hallazgo, que eleva el escrutinio sobre las finanzas del diputado de La Libertad Avanza, cuyo nombre aparece en el renglón 920 de un Excel que detalla «wire out» desde 2016.

En medio de una Argentina convulsionada por el triple crimen narco de Florencia Varela, la relación entre tráfico de drogas y política volvió a ligar al actual candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires José Luis Espert (La Libertad Avanza), con el «empresario» argentino Federico “Fred” Machado, sindicado como su principal aportante de campaña en 2019 y quien actualmente está detenido en su domicilio a la espera de que se resuelva su juicio de extradición a los Estados Unidos. Un tribunal de Texas lo acusa en una causa por narcotráfico.

Federico Andrés Machado tiene 57 años y es un «empresario» argentino vinculado a la aviación. Está acusado por la Justicia de los Estados Unidos en una causa por narcotráfico. En febrero de 2021 un jurado federal del Distrito Este de Texas presentó una acusación formal contra 8 personas, entre ellas Machado, a las que se vinculó con la producción y distribución de cocaína, fraude electrónico e infracciones en el Registro Federal de Aeronaves.

El comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos señala que “los acusados ​​presuntamente compraron y registraron ilegalmente aeronaves a nombre de empresas extranjeras y otras personas para exportarlas a otros países”, y que “varias de las aeronaves registradas y exportadas ilegalmente fueron utilizadas por organizaciones criminales transnacionales de Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala y México para contrabandear grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos”.

Sobre el argentino, destaca: “La acusación identifica a Federico Machado, a través de su empresa South Aviation, y a Carlos Villaurrutia, quien utilizó sus empresas TEXTON, TWA International y Ford Electric, como vendedores/intermediarios de aeronaves que operaban en Estados Unidos”. Y agrega: “Machado reclutó a inversionistas para que invirtieran en depósitos de compra de aeronaves para transacciones de venta que nunca se concretaron”.

“Fred” fue procesado en el Tribunal para el East District del estado de Texas por los delitos de asociación ilícita para la fabricación y distribución de cocaína, lavado de dinero y fraude virtual. Luego, quedó libre, a la espera de una investigación mayor.

Machado fue finalmente detenido en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén tras arribar en un vuelo que presuntamente venía de México. Pesaba sobre él una alerta roja de Interpol. A los pocos días la Justicia americana dictó la orden de arresto. Actualmente, está en proceso su juicio de extradición a los Estados Unidos para que sea juzgado por el Tribunal de Distrito Este de Texas.

El juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva declaró procedente el pedido de extradición. El caso llegó a la Corte Suprema y en abril de 2023 el procurador interino Eduardo Casal dictaminó a favor de que sea extraditado. El máximo tribunal tiene pendiente su resolución. En esa causa, Machado fue representado en los tribunales por Francisco Oneto, hoy abogado de Milei. Mientras tanto, espera la resolución en prisión domiciliaria y con vigilancia electrónica en Viedma, Río Negro.

“Fred” estaba señalado por importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos desde y a través de Colombia, Venezuela, Guatemala, México y otros países latinoamericanos, a través de la compra fraudulenta de aviones, que eran supuestamente trasladados a esto países para contrabandear polvo y, en el proceso, lavar dinero. Se cree, también, que defraudó a empresarios con compras privadas de aeronaves valuadas en millones de dólares que resultaron ser falsas.

De acuerdo a informes en poder de las autoridades argentinas, la asociación ilícita incluía el uso de documentos de registro truchos para cubrir la verdadera titularidad. Por ejemplo, entre abril y junio de 2019, participó de una transferencia de un avión que fue transportado desde el estado de Florida hacia México esquivando los trámites de rigor de la Federal Aviation Administration. Se hicieron dos transacciones vinculadas a la aeronave, de 2,2 y 1,9 millones de dólares respectivamente. También, en febrero de ese año, fue involucrado en la venta clandestina de un avión que era propiedad de la aerolínea japonesa All Nippon Airways. También comenzó maniobras para vender otro avión de una aerolínea privada en China. Luego, lo hizo con otra nave de Air India.

El daño por jugadas sucias con aviones se estima, según estos informes, en 250 millones de dólares.

A Machado además se lo vincula a 1.556 kilos encontrados en un avión abandonado en México supuestamente destinado a Belice, más de 2.5 toneladas de polvo en Guatemala, encontradas el 16 de noviembre en un jet Gulfstream II incautado en el Parque Nacional Laguna del Tigre, con un piloto mexicano y un ex policía de Costa Rica involucrados en la mezcla que pasaron siete meses encarcelados en una prisión guatemalteca, según el diario El Periódico.

La ley estadounidense puede ser excepcionalmente dura con “Fred”: varios de los delitos que le imputan, como una asociación ilícita narco, conllevan una pena máxima de prisión perpetua.

Espert fue candidato a presidente en 2019 con el sello Unite por la Libertad y la Dignidad. De aquel año quedó registrado un video de un acto en el que Espert presentó su libro (La sociedad cómplice) y, frente a los asistentes, enumeró una serie de agradecimientos, entre los que incluye el siguiente: “Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”. La presentación se produjo el 19 de abril de 2019. También hay una foto de Espert con Machado con el avión a sus espaldas.

Frente a las solicitudes para que el partido Unite aclare de dónde había obtenido sus fondos de campaña, el mismo se negó a hacerlo. En abril de 2023, la jueza Servini de Cubría señaló que se trasladaron las observaciones al partido para que sean subsanadas pero no se obtuvo respuesta. Por eso, la magistrada resolvió suspender los aportes públicos a Unite de forma cautelar e intimó al partido a que subsane las observaciones en un plazo de 15 días hábiles. Finalmente, en agosto de 2023 y ante la falta de respuestas, la jueza no aprobó las rendiciones y dictó la pérdida del derecho a recibir aportes públicos por una elección. Durante más de cuatro años Espert optó por mantener silencio alrededor del tema.

Off the record, personas ligadas al armado político de Espert reconocieron que Machado habría sido el “principal aportante” de la campaña del Frente Despertar que lo llevaba como candidato a presidente en la fórmula junto a Luis Rosales. Y no sólo con dinero (que nunca fue declarado ante las autoridades electorales) sino con el aporte de un avión King Air con patente estadounidense y una camioneta negra blindada Jeep Grand Cherokee patente OIO592 (que fue baleada con Espert y Rosales adentro cuando transitaban por el barrio porteño de Retiro).

Un artículo escrito por el periodista Sebastián Lacunza agrega que Espert y su entonces jefe de campaña Nazareno Etchepare “habían pasado la gorra entre empresarios” para la campaña, pero con magros resultados. Y que entonces Machado pasó a tener un peso propio. “Fuentes hoy distanciadas entre sí ubican en un rango de entre US$ 2,5 a U$D 5 millones” el aporte de Fred al Frente Despertar. Un dinero que algunos dicen que en verdad nunca llegó a ser “invertido” electoralmente y alguien se lo quedó en el camino.

“Agrio en lo político (apenas cosechó el 1,45 % de los votos en la primera vuelta del 27 de octubre), 2019 no fue un mal año económico para Espert. El 1 de noviembre, con las urnas todavía calientes, el ya excandidato y su esposa, Mercedes González, escrituraron una casa de 250 metros cuadrados, piscina y parque, ubicada en la calle Brasil de Beccar (…) El progreso de Espert incluyó un BMW coupé 240i comprado en 2020, cuyo precio superó los US$ 90.000”, finaliza el informe de Lacunza.

Un nuevo escándalo de corrupción sacude al Gobierno de Javier Milei en la Argentina, específicamente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), la obra social de los jubilados argentinos. Según denuncias reveladas por la periodista Luciana Geuna en el canal TN, el organismo estatal estaría pagando entre 5 y 10 veces más del precio de mercado por lentes intraoculares utilizados en cirugías de cataratas. Este caso se enmarca en una licitación por 80 mil millones de pesos y se suma a una serie de irregularidades en el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, bajo el gobierno de Javier Milei.

Los sobreprecios afectan directamente a los insumos médicos esenciales para pacientes con afecciones visuales graves, como los jubilados que esperan operaciones de cataratas. Antes de agosto de este año, los oftalmólogos compraban estos lentes monofocales directamente por unos 35 mil pesos cada uno. Sin embargo, tras un cambio en el mecanismo de compra centralizado implementado por el PAMI, los costos se dispararon a entre 150 mil y casi 300 mil pesos por unidad, adjudicados a cinco laboratorios proveedores. Un ejemplo concreto es el lente Eyeol de Visión Médica S.A., cotizado a 28.249 pesos, pero facturado al PAMI por 279.704 pesos, lo que representa un incremento exorbitante que genera sospechas de retornos y favoritismos.

La denuncia proviene del gremio ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), que alertó sobre «la existencia de sobreprecios y el pago de retornos» en la gestión actual del PAMI. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, criticó duramente la centralización de las compras, afirmando que «no es casual que desde que asumió este Gobierno, en la gestión de PAMI hayan eliminado todos los controles y las auditorías. Acá hay mucho más que un 3% en vueltos». Los oftalmólogos involucrados también reportaron problemas operativos, como reprogramaciones de cirugías debido a la escasez y la baja calidad de los insumos, lo que agrava el sufrimiento de miles de beneficiarios vulnerables.

Este escándalo no surge en el vacío, sino que se inserta en un contexto político turbulento para el Ministerio de Salud. Mario Lugones, protegido de Santiago Caputo, asesor clave del presidente Milei, ya enfrenta críticas por otros casos de corrupción, como el de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la crisis sanitaria por fentanilo contaminado, que dejó 97 muertos. Dentro del gobierno, hay sospechas de que estas filtraciones podrían ser estratégicas para desviar la atención pública de otros problemas, aunque las evidencias apuntan a fallas en los controles internos del PAMI, dirigido por Esteban Leguízamo.

En respuesta a las acusaciones, el PAMI emitió un comunicado defendiendo su posición, argumentando que «no paga de más y el ejemplo es lo que pagan otros financiadores del sistema de salud». El organismo comparó los precios con los de la obra social del Poder Judicial, que abona 740 mil pesos por el mismo lente con práctica incluida, o las prepagas como OSDE, que llegan a 1.148.016 pesos. Según el PAMI, los volúmenes masivos de compra permiten tarifas más bajas, aunque esto no convence a los denunciantes, quienes insisten en que los valores superan ampliamente el mercado y afectan la calidad de atención a los jubilados.

El impacto en la población afectada es devastador, ya que miles de adultos mayores con problemas visuales graves ven demoradas sus intervenciones quirúrgicas, lo que podría derivar en complicaciones irreversibles. ATE y los oftalmólogos destacan que los insumos adjudicados son de menor calidad, priorizando el lucro sobre la salud pública. Este caso refuerza la percepción de un deterioro en los servicios estatales para los jubilados, en un momento en que el gobierno de Milei promueve ajustes fiscales que recortan presupuestos en áreas sensibles como la salud.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una de sus peores crisis desde que asumió la presidencia, impulsada por el escándalo de coimas conocido como el caso Spagnuolo, que involucra directamente a su hermana Karina Milei. Según una encuesta reveladora de la consultora TresPuntoZero, el 60% de la población rechaza la gestión oficialista, marcando un punto de inflexión en la percepción pública del presidente libertario.

El caso Spagnuolo ha generado un impacto devastador en la imagen del Ejecutivo, con acusaciones de corrupción que salpican a Karina Milei, figura clave en el entorno presidencial. Dos de cada tres encuestados consideran que se trata de un hecho de corrupción real, mientras que solo el 32% lo atribuye a una «operación» opositora destinada a desprestigiar al gobierno. Esta percepción ha erosionado la confianza en el liderazgo de Milei, quien ha perdido terreno en su base electoral.

La aprobación de Javier Milei ha caído drásticamente en el último mes, con una pérdida de 8 puntos porcentuales que lo deja por debajo del umbral de los 40 puntos de imagen positiva que mantenía desde su asunción. Actualmente, el 58,5% de los argentinos tiene una visión negativa del presidente, generando un diferencial negativo del 18,7%. Este declive se suma a la fatiga social acumulada por medidas controvertidas, como el reciente veto a los aumentos jubilatorios.

Por primera vez desde que Milei ocupa la Casa Rosada, su imagen positiva es superada por la del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien alcanza un 43,8% de aprobación y un diferencial negativo mucho más moderado del 7,3%. Incluso Cristina Kirchner, con un 41,8% de imagen positiva, logra posicionarse por encima del mandatario nacional, reflejando un resurgimiento en las encuestas de opinión.

Karina Milei, epicentro de las denuncias por presuntas coimas, conserva una imagen positiva del 32,8%, lo que sugiere que aún retiene lealtad en el núcleo duro del oficialismo. Sin embargo, el escándalo ha provocado deserciones notables: el 15,3% de los votantes de La Libertad Avanza manifestaron que no volverían a apoyar a Milei en futuras elecciones, un golpe directo a la cohesión de su movimiento político.

Un nuevo escándalo sacude al gobierno de Javier Milei tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y amigo personal del presidente. Las grabaciones, difundidas por el programa Data Clave en el canal de streaming Carnaval, exponen un supuesto entramado de corrupción en la compra de medicamentos, con menciones directas a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, y a los hermanos Martín y Eduardo «Lule» Menem, figuras clave en el entorno libertario. Las revelaciones han generado una fuerte reacción en el Congreso y una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py.

El Gobierno Nacional anunció este jueves la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de que se filtraran los audios. «Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria», fue el mensaje que compartió el vocero Manuel Adorni.

En las grabaciones, una voz identificada como la de Spagnuolo describe con detalle un mecanismo de recaudación ilegal que involucra a la droguería Suizo Argentina S.A., una empresa con vínculos históricos con los Menem y fuerte presencia en el norte del país. Según el audio, los proveedores de medicamentos debían pagar un «retorno» del 8% sobre los contratos estatales, un porcentaje superior al 5% que, según el funcionario, se exigía en gestiones anteriores. Spagnuolo detalla: «De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia». Este esquema, que implicaría sumas de entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales, habría beneficiado directamente a Karina Milei, quien, según los audios, recibiría un 3% o 4% del total.

El titular de la ANDIS también menciona reuniones secretas en Nordelta y presiones de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y de «Lule» Menem, asesor de Karina, para garantizar negocios a la droguería. Spagnuolo, visiblemente molesto, asegura haber alertado al presidente Milei sobre estas maniobras: «Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina’». Estas declaraciones sugieren que el mandatario estaba al tanto de las irregularidades, lo que agrava el impacto del escándalo.

La difusión de los audios, que se viralizaron rápidamente, coincidió con un debate en la Cámara de Diputados sobre el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. El escándalo también llegó a la Justicia. El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra Javier Milei, Karina Milei, Diego Spagnuolo, Eduardo «Lule» Menem y Eduardo Kovalivker (dueño de Suizo Argentina) por presunta estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita. La causa recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, y el fiscal Franco Picardi quedó a cargo de la investigación.

Diego Spagnuolo, abogado personal de Milei antes de asumir la presidencia, fue designado al frente de la ANDIS a pedido expreso del mandatario. Su gestión ha estado marcada por la controversia, especialmente por el recorte de más de 100.000 pensiones por discapacidad y una auditoría denunciada ante la ONU por su trato discriminatorio hacia personas con discapacidad. Además, Spagnuolo protagonizó un enfrentamiento con la familia de Ian Moche, un niño autista, a quien habría dicho que su condición «no es un problema del Estado», lo que desató una causa judicial y críticas públicas.

La filtración de los audios también ha alimentado sospechas de internas dentro del oficialismo. Algunos sectores de La Libertad Avanza apuntan al asesor presidencial Santiago Caputo como posible responsable de la difusión, en medio de una conocida rivalidad con los Menem. Sin embargo, hasta el momento, ni Spagnuolo, ni Karina Milei, ni los Menem han emitido desmentidas oficiales, y el gobierno ha optado por el silencio.

El escándalo pone en jaque el discurso de La Libertad Avanza, que llegó al poder prometiendo combatir la «casta» y la corrupción. La presunta implicación de figuras cercanas al presidente, incluida su hermana, y el hecho de que las acusaciones provengan de un funcionario de confianza como Spagnuolo, profundizan la crisis de credibilidad del gobierno. Mientras la Justicia avanza en la investigación y la oposición exige respuestas, el caso amenaza con tener un impacto significativo en la opinión pública y en la dinámica política en un año electoral.

El gobierno de Javier Milei ha reconocido oficialmente la titularidad de la Central Hidroeléctrica Río Escondido a Hidden Lake S.A., empresa propiedad del billonario británico Joe Lewis. Esta decisión, formalizada mediante la resolución 324/2025 de la Secretaría de Energía, ha generado controversia debido al historial de cuestionamientos judiciales y sociales que pesan sobre la firma. Hidden Lake, que opera en una zona de conflicto por el acceso al Lago Escondido, es acusada de ser una «sociedad ficticia» utilizada para encubrir la apropiación irregular de tierras en una región estratégica de la Patagonia argentina.

La hidroeléctrica, ubicada en El Foyel, Río Negro, cuenta con una potencia instalada de 7,2 megavatios y hasta ahora era operada por Patagonia Energía, otra empresa del grupo de Lewis. La resolución, firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, transfiere la titularidad a Hidden Lake, manteniendo el control dentro del entramado societario del magnate. Este cambio se produce sin licitación pública, lo que ha levantado críticas sobre la transparencia del proceso y las intenciones detrás de la adjudicación.

Hidden Lake S.A. ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que en 2022 solicitó su intervención judicial y eventual liquidación, calificándola como una pantalla para ocultar la propiedad de Lewis. La empresa, que declara dedicarse a la actividad agropecuaria, no produce bienes agrícolas según un informe gubernamental de 2023, lo que refuerza las acusaciones de que su propósito real es el control del Lago Escondido y sus recursos. Estas tierras, adquiridas en los años 90, violan la Ley 15.385 de Seguridad de Fronteras, que restringe la compra de terrenos en zonas cercanas a la frontera a ciudadanos argentinos nativos.

La decisión del gobierno se enmarca en una serie de medidas cuestionadas que, según algunos sectores, buscan beneficiar a grandes empresarios en el contexto de la campaña electoral. Un dirigente político citado por La Política Online afirmó que estas acciones parecen destinadas a «juntar fondos para la campaña», lo que añade un trasfondo político a la controversia. La entrega de la hidroeléctrica a una empresa con antecedentes legales y éticos ha sido calificada como una «ironía de la realidad», dado que el Estado cede un recurso estratégico a una firma ampliamente cuestionada.

El historial de Joe Lewis en Argentina está marcado por escándalos. Además de las denuncias por la compra irregular de 12.000 hectáreas en Río Negro, el magnate fue condenado en 2023 en Estados Unidos a tres años de prisión en suspenso por tráfico de información privilegiada. En 2022, Hidden Lake estuvo involucrada en un polémico viaje de jueces, fiscales y empresarios a la estancia de Lewis, un evento que generó acusaciones de tráfico de influencias y favores políticos. La organización del viaje estuvo a cargo de Nicolás Van Ditmar, CEO de Hidden Lake y Patagonia Energía, quien también enfrenta denuncias por represión a manifestantes que reclaman acceso al lago.

La central hidroeléctrica, que utiliza el agua del río Escondido, comenzó a operar comercialmente en 2017 bajo el programa de energías renovables Renovar, impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri. Este programa otorgó beneficios fiscales a la empresa de Lewis, permitiéndole cobrar el megavatio a un precio significativamente superior al de otras hidroeléctricas, como Salto Grande. La falta de licitación en la reciente transferencia de titularidad refuerza las críticas sobre la connivencia entre el gobierno y el empresario británico, cercano a figuras políticas como Macri.

El conflicto por el acceso al Lago Escondido sigue siendo un punto central de las controversias. A pesar de fallos judiciales que ordenan garantizar el acceso público al lago, Hidden Lake ha sido acusada de bloquear caminos y emplear guardias privados para impedir el paso de manifestantes. En 2022, un grupo de activistas, incluido el médico Jorge Rachid, denunció haber sido retenido por personal de seguridad de Lewis durante una marcha por la soberanía del lago, lo que generó una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La cesión de la hidroeléctrica a Hidden Lake no solo reaviva el debate sobre la soberanía de los recursos naturales en la Patagonia, sino que también pone en cuestión las prioridades del gobierno de Milei en materia de transparencia y gestión de activos públicos. Mientras la justicia y los organismos de control continúan investigando las irregularidades de Hidden Lake, la decisión de otorgarle la propiedad de un activo estratégico como la Central Hidroeléctrica Río Escondido es vista por muchos como un nuevo capítulo en la larga historia de impunidad asociada a Joe Lewis en Argentina.

La empresa de seguridad privada Tech Security SRL, vinculada a la familia Menem, obtuvo un contrato de $3.933 millones para brindar servicios de vigilancia en edificios clave del Banco Nación, según una licitación publicada en el Boletín Oficial. El acuerdo, con una duración de 24 meses y posibilidad de renovación por un año más, cubre la Casa Central, el Centro de Procesamiento Paralelo, el Edificio Maipú, el Edificio de Funcionarios y la sede en el Aeroparque Jorge Newbery. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, fue accionista de la firma hasta el 6 de diciembre de 2023, cuando cedió sus acciones a su hermano Adrián, días antes de la asunción de Javier Milei.

Tech Security, fundada en 2005, comenzó a incluir a los Menem como socios en 2014. Antes del cambio de gobierno, Martín Menem, sus hermanos Adrián y Fernando (“Tato”), y Pablo Ariel Vázquez, exjefe de seguridad de River Plate, figuraban como accionistas. La empresa, con 500 empleados, se especializa en seguridad para eventos masivos y tiene una fuerte presencia en el fútbol argentino, con contratos en clubes como River Plate, Racing y el predio de la AFA en Ezeiza. También ha trabajado con entidades públicas como Belgrano Cargas, la Biblioteca Nacional y la municipalidad de Vicente López.

El contrato con el Banco Nación no es el único vínculo de Tech Security con el Estado. Durante 2023 y 2024, la empresa obtuvo contratos por más de $124 millones para servicios de vigilancia en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y museos nacionales, aunque este último no fue renovado en la gestión actual. Además, en diciembre de 2024, el Hospital Universitario Fundación Favaloro renovó un contrato con la firma por $1.312 millones para seis meses de servicios, según informó El Disenso.

La licitación ha generado controversia debido a los lazos familiares de Martín Menem, quien, aunque ya no es accionista, mantuvo una participación del 15,66% en Tech Security hasta fines de 2023, según su declaración jurada de noviembre de 2024. Desde su entorno aseguran que no tiene relación actual con la empresa, y fuentes oficiales indican que los contratos previos con el Banco Nación eran de menor duración, a diferencia del actual, que se extiende por dos años con posible prórroga.

La empresa también ha estado bajo escrutinio por otros contratos con el gobierno de Milei. En mayo de 2024, Tech Security fue contratada para la seguridad del evento de presentación del libro de Javier Milei en el Luna Park, con un costo estimado de $35 millones, aunque el gobierno afirmó que el evento tuvo un costo total de $10 millones, sin aclarar detalles por tratarse de un acto privado.

Además de Tech Security, otras empresas vinculadas a los Menem han obtenido contratos estatales. GPS Group, asociada a Fernando Menem a través del empresario Nicolás Hazaff, facturó cerca de $3.000 millones por servicios de seguridad, algunos heredados de Tech Security. Asimismo, La Bizantina S.G. S.A., dedicada a la limpieza, obtuvo contratos por $1.300 millones, incluido uno con la Cámara de Diputados, liderada por Martín Menem.

La influencia de los Menem en el ámbito político y empresarial también se extiende al Banco Nación, donde allegados al clan riojano, como Alfonso Torres en Nación Seguros, ocupan roles clave. Esta situación ha generado críticas por posible falta de transparencia, especialmente en un contexto de ajuste estatal, con el Banco Nación cerrando sucursales para ahorrar $1.000 millones, una cifra que contrasta con el monto del contrato adjudicado a Tech Security.

El caso ha desatado un debate público, con sectores cuestionando la adjudicación a una empresa ligada a una figura política de alto rango. Mientras el oficialismo defiende que Martín Menem no tiene vínculos actuales con Tech Security, las sospechas sobre conflictos de interés persisten, alimentadas por la historia de la empresa y su creciente presencia en contratos estatales y deportivos.