La disputa por el poder y los riesgos institucionales
Por Marcelo Ramírez 

29 de octubre de 2026

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva reabre una etapa de fuerte tensión en Brasil, una tensión que nunca se fue del todo después de los polémicos hechos del 2022 donde Lula fue electo presidente en una controversial elección que generó gigantescas oleadas de protestas en ese país. El resultado oficial del 25 de octubre atribuyó al presidente 64.256.232 votos, el 51,79%, frente a los 59.826.041 de Flávio Bolsonaro, el 48,21%. Es una victoria sobre una oposición que conserva una base social enorme y que fuerza la continuidad del Gobierno con una disputa sobre la imparcialidad de las instituciones y sobre las condiciones reales para ejercer la oposición.

Los episodios de la jornada electoral y las restricciones posteriores al candidato derrotado permiten una lectura crítica del funcionamiento del poder brasileño. La hipótesis política que emerge es una convergencia de intereses entre el oficialismo y sectores judiciales, especialmente el STF, frente a un adversario capaz de cuestionar sus posiciones. Esa convergencia puede operar mediante procedimientos formalmente legales y sus efectos deben examinarse en conjunto, atendiendo a quién decide, en qué momento y sobre quién recaen las medidas.

Un arbitraje electoral que alimentó la desconfianza

La prórroga de la votación hasta las 19 horas fue decidida por Cristiano Zanin, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) y abogado de Lula en el Lavajato, a partir de una reclamación de la coalición de Lula sobre dificultades de transporte en tres municipios de Bahía. Si bien las dos candidaturas habían informado problemas de traslado, la respuesta terminó alcanzando al territorio nacional cuando numerosas mesas estaban cerrando o ya habían concluido. La posterior aclaración dejó la extensión limitada a las urnas que seguían abiertas.

El comunicado del Tribunal Regional Electoral de São Paulo permite dimensionar la descoordinación: la instrucción fue transmitida a los jueces a las 17:18 (el horario de cierre era a las 17hs), cuando aproximadamente el 80% de las secciones del estado ya había cerrado, mientras que la comunicación oficial por correo llegó a las 18:16. Las urnas concluidas no podían reabrirse, de manera que se estableció así una extensión que, por el momento en que se ejecutó, ya no podía ofrecer las mismas condiciones a todos los electores.

La relación profesional anterior de Zanin con Lula agrava el problema de confianza. El STF dispone de vías para exigir el cumplimiento de sus decisiones constitucionales, como la invocada sobre transporte. La objeción política se concentra en el alcance del remedio, su oportunidad y la apariencia de imparcialidad de quien lo ordenó, un antiguo abogado particular del candidato oficialista, que intervino individualmente sobre las condiciones de cierre de una elección presidencial aún en contra de la opinión de sus solegas del STF según se cree. Ese vínculo exigía una prudencia extraordinaria que no se tuvo.

El TSE informó 34.393 votos registrados después de las 17. Esa cantidad, muy inferior a la diferencia final, delimita el alcance numérico de la prórroga, si bien los bolsonaristas sostienen que los números reales fueron muchos mayores y que la prórroga se dio en el momento más vulnerable al fraude del sistema que es en la carga de datos. La crítica institucional conserva entidad propia: una decisión excepcional, ejecutada de manera desigual y adoptada por un juez con aquel vínculo compromete la credibilidad del arbitraje. La legitimidad del proceso también depende de que los actores reciban un trato equitativo y puedan controlar las decisiones que los afectan.

El pasaporte y la internacionalización del conflicto

La noche del domingo 25, Alexandre de Moraes, artífice de muchas decisiones que en su momento fueron objetadas por Jair Bolsonaro en la elección anterior, volvió a cobrar protagonismo y dispuso restricciones sobre los pasaportes de Flávio y le prohibió abandonar Brasil. La notificación llegó el lunes 26 por una medida basada en una investigación por presunto lavado de dinero vinculada al abogado Willer Tomaz. La PF invocó riesgo de fuga, mencionando la salida anterior de Tomaz, la estructura familiar en Estados Unidos y declaraciones de Eduardo Bolsonaro, también con pedido de captura por una sentencia a 4 años de prisión y exiliado en EEUU, que recomendaban a su hermano salir del país si perdía porque estaba la decisión política de encarcelarlo.

La proximidad entre la derrota electoral y la restricción tiene un significado político inmediato. El destinatario seguía siendo un senador y un dirigente respaldado por casi sesenta millones de votos, un apoyo no otorga inmunidad frente a investigaciones, pero vuelve especialmente importante demostrar la necesidad y proporcionalidad de las restricciones. El oficialismo obtiene una ventaja cuando su principal adversario queda absorbido por una confrontación judicial. Los ministros, a su vez, enfrentan a una oposición que amenaza con impulsar su remoción.

La oposición sostiene que luego de los resultados electorales en primera ronda estaban en condiciones de forzar un impeachment de varios miembros del polémico STF e inclusive de promover la disolución del STE, comprometido en numerosos escándalos de la mano de Alexander de Moraes. La verdadera intención de la anulación del pasaporte se sospecha que era la antesala para la detención de Flavio Bolsonaro a fin de evitar el avance d ela destitución de los ministros del STF.

Flávio incumplió la entrega de documentos, viajó a Misiones en Argentina el 27 y llegó a Miami el 28. Su salida reforzó el argumento del riesgo de fuga y abrió un frente internacional, sin embargo, la propia PF aclaró, según informó CNN, que las restricciones documentales no lo convertían por sí solas en prófugo ni autorizaban su detención. Migraciones de Argentina informó documentación válida y ausencia de impedimentos de ingreso. La orden brasileña no se ejecutaba automáticamente en otro territorio, la eventual colaboración política argentina constituye una discusión distinta de la existencia de una obligación concreta de arrestarlo. También hay que resaltar que Flavio Bolsonaro engresó a la Argentina con pasaporte italiano, país que no tenía ninguna objeción hacia él.

La disputa también atraviesa a la derecha. Según el relevamiento de Folha sobre la carta difundida el 28, Flávio se presentó inicialmente como presidente y luego modificó esa expresión por líder. Tarcísio de Freitas defendió respetar el resultado y Rogério Marinho se distanció de las acusaciones de fraude. El intento de conducir la oposición desde el exterior puede conservar influencia sobre su base y, al mismo tiempo, abrir espacio para dirigentes que permanecen en Brasil.

La crítica de Rui Costa Pimenta desde la izquierda

La posición de Rui Costa Pimenta, presidente del Partido da Causa Operária (PCO), rompe la identificación automática entre cuestionar al Supremo y adherir al bolsonarismo. Su partido, el Partido da Causa Operaria es un partido marxista duro, que había respaldado a Lula en 2022, pero que orientó el voto nulo en esta segunda vuelta. Su crítica apunta a la subordinación del PT a acuerdos con sectores empresariales y judiciales, y al alejamiento de las reivindicaciones de los trabajadores. Es una impugnación formulada desde la izquierda al bloque de poder que sostiene al Gobierno.

En su análisis del 27 de octubre, Pimenta caracterizó las medidas contra Flávio como una persecución política en una alianza entre la burguesía brasileña, el STF, su brazo represivo, y el PT. El dirigente denuncia una «dictadura judicial» y vinculó esa actuación con los casi sesenta millones de votos del senador y con la capacidad de sus bancadas para impulsar el impeachment de ministros del STF. Su explicación sitúa la conducta judicial dentro de un juego de poder. ajeno a la democracia real. También sostuvo que la victoria de Lula dependió de apoyos empresariales y políticos y que esos compromisos condicionarán el próximo gobierno. Esa interpretación identifica incentivos e intereses que el relato de una defensa institucional desinteresada deja fuera.

El PCO conoce directamente esos instrumentos. Sus redes fueron bloqueadas en junio de 2022 por publicaciones contra el STF y el TSE; Moraes autorizó su reactivación en febrero de 2023. Pimenta también fue alcanzado en agosto de 2026 por una operación por presuntos desvíos de fondos partidarios y electorales, que el partido denunció como persecución. Defender garantías frente a esas actuaciones responde a una cuestión de principio que excede las afinidades partidarias, un instrumento represivo consolidado puede alcanzar a fuerzas de orientaciones enfrentadas.

La preocupación llega también a la abogacía institucional. En febrero de 2026, la OAB (Orden de Abogados de Brasil) reclamó concluir investigaciones expansivas y de duración indefinida, especialmente el inquérito de las fake news, y pidió evitar nuevos procedimientos semejantes. Reconoció el papel del Supremo en la defensa constitucional y advirtió sobre debido proceso, libertad de expresión y ejercicio del periodismo. Ese pronunciamiento muestra que las objeciones al funcionamiento judicial tienen un alcance que supera la disputa entre el PT y los Bolsonaro y la propia disputa derecha – izquierda.

Libertades políticas y costo económico

La fractura brasileña combina intereses económicos con desacuerdos sobre seguridad, autoridad y valores culturales. El respaldo a programas como Bolsa Família puede convivir con un rechazo profundo al progresismo gubernamental en otros terrenos. Esa oposición social no desaparece con una derrota electoral y convertir a sus votantes en sospechosos colectivos o atribuir toda disidencia a una manipulación, impide comprender por qué persiste. La cercanía de Lula con actores conservadores, expresada en su alianza con Alckmin, también obliga a examinar su gobierno por las decisiones que adopta y los intereses que protege.

La agenda fiscal añadirá presión. El 27 de octubre, Dario Durigan, ministro de Economía de Brasil, anunció que propondrá mayores instrumentos de contención presupuestaria para perseguir el centro de la meta fiscal, que se ha vuelto mas exigente, y debemos considerar que la modificación necesita aprobación del Congreso. El equipo económico estudia revisar la acumulación de beneficios y el cálculo de los mínimos de salud y educación. Incorporar gastos actualmente externos a esos mínimos permitiría reducir necesidades adicionales de financiación sin modificar sus porcentajes. Son propuestas todavía en discusión que revelan el alcance del ajuste. Lula deberá explicar cómo distribuirá sus costos después de haber prometido ampliar la protección social, que algunos de sus propios partidarios reconocen que no hay fondos disponibles para cumplir los anuncios electorales.

En paralelo, Lula anunció la regulación de plataformas digitales en su discurso de victoria, después de acusarlas de intromisión electoral. Los antecedentes de bloqueo de cuentas vuelven especialmente preocupante cualquier ampliación de facultades para restringir la circulación de opiniones. El Gobierno tiene intereses directos en esa discusión: necesita defender su legitimidad y disputar la organización digital de sus adversarios. La combinación de controles sobre la expresión, restricciones judiciales y medidas económicas impopulares puede intensificar la confrontación y producir autocensura entre quienes temen quedar alcanzados.

Asimismo debemos recordar el alineamiento internacional de Lula, contrario a Donald Trump y alineado a Londres y Bruselas, en la disputa de las élites occidentales.

La estabilidad de Brasil dependerá de que la oposición conserve vías creíbles para disputar el poder y de que el Gobierno acepte límites efectivos. Los indicios reunidos justifican cuestionar seriamente la neutralidad de sectores del arbitraje institucional con un agravante: si millones de ciudadanos concluyen que los tribunales clausuran las posibilidades de representación y cambio, si los políticos tradicionales son intrínsecamente corruptos como sucede ya, y si el Centrao sigue con su juego de conseguir cargos y cajas políticas para facilitar la aprobación de medidas, la tensión puede desplazarse hacia la calle y las alianzas internacionales. El riesgo para Brasil crece cuando la derrota de un candidato se utiliza para justificar el debilitamiento de las garantías de quienes lo votaron.

Por Marcelo Ramírez

Las legislativas de septiembre muestran un crecimiento significativo del oficialismo, un aumento de la participación y un retroceso del Partido Comunista. El sistema electoral mixto amplificó la ventaja de Rusia Unida en la Duma, mientras las fuerzas secundarias atraviesan una recomposición. La elección, primera desde el comienzo de la guerra en Ucrania, se desarrolló además bajo ataques con drones y ciberataques denunciados por las autoridades rusas.

Las elecciones legislativas celebradas en Rusia entre el 18 y el 20 de septiembre de 2026 dejaron un resultado que va bastante más allá de una nueva victoria de Rusia Unida. El partido dominante aumentó considerablemente su porcentaje respecto de 2021, la participación electoral creció, el Partido Comunista retrocedió y otras fuerzas parlamentarias, principalmente el Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR) y Nueva Gente, ampliaron su presencia electoral.

Con más del 95% de los votos procesados, la Comisión Electoral Central situaba a Rusia Unida en torno al 57,8%, frente al 13,8% del Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR), aproximadamente 9% del LDPR y cerca de 8% de Nueva Gente. Rusia Justa se encontraba prácticamente sobre el umbral del 5%, una situación que fue variando durante el escrutinio. La Comisión Electoral Central indicó, además, una participación del 59,32%, equivalente a más de 62,6 millones de electores. Los resultados deben considerarse todavía provisionales hasta su formalización definitiva, prevista no antes del 25 de septiembre.

El dato central, sin embargo, surge de la comparación con las elecciones legislativas de 2021. Entonces Rusia Unida había obtenido el 49,82% de los votos; el Partido Comunista, 18,93%; el LDPR, 7,55%; Rusia Justa, 7,46%; y Nueva Gente, 5,32%.

Cinco años después, Rusia Unida crece alrededor de ocho puntos porcentuales mientras el PCFR pierde aproximadamente cinco. Al mismo tiempo, la participación electoral pasa de alrededor del 51,7% en 2021 a más del 59% en 2026. Es la combinación de estos fenómenos, más participación, mayor porcentaje oficialista y debilitamiento de su principal competidor, lo que permite hablar de una modificación significativa del equilibrio político dentro de la Duma.

Para entender correctamente el resultado es necesario observar cómo se elige la Cámara baja rusa. La Duma Estatal está integrada por 450 diputados elegidos por cinco años mediante un sistema mixto. La mitad (225 bancas) se distribuye mediante representación proporcional según las listas nacionales de los partidos que superan el umbral del 5%. Los otros 225 diputados son elegidos en circunscripciones uninominales en razón de que Rusia está dividida en 225 distritos y cada uno elige un único representante. En estos distritos resulta electo simplemente el candidato que obtiene más votos que cada uno de sus adversarios. No necesita alcanzar la mayoría absoluta.

El mecanismo tiende a favorecer al partido más grande cuando los votos de sus adversarios están fragmentados entre varias fuerzas. Eso es precisamente lo que ocurrió en 2026, mientras Rusia Unida obtenía alrededor del 58% del voto proporcional, sus candidatos encabezaban más de 200 de las 225 circunscripciones uninominales durante el escrutinio. Con el 95,18% contabilizado, la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova, informaba que el partido había ganado 208 distritos de este tipo. En 2021 había conseguido 198.

La consecuencia es evidente, una mayoría electoral importante se convierte en una mayoría parlamentaria todavía mayor. En base en los resultados difundidos el 21 de septiembre, una proyección de 355 diputados para Rusia Unida sobre un total de 450, superando tanto los 324 que tenía en la Duma saliente como el máximo de 343 alcanzado en 2016.

El resultado permite comprender una característica central del sistema político ruso. Aproximadamente el 58% de los votos partidarios puede traducirse en alrededor de tres cuartas partes de la Cámara debido a la combinación entre representación proporcional y predominio territorial.

La consolidación de Rusia Unida tiene entonces tres dimensiones. Es electoral, porque aumenta su porcentaje de votos, es territorial porque domina la enorme mayoría de los distritos uninominales y es institucional porque amplía su control sobre la Duma.

El segundo dato relevante es el crecimiento de la participación.Según la Comisión Electoral Central, votó el 59,32% del padrón, más de 62,6 millones de personas. Se trata de una participación sensiblemente superior a la registrada en las legislativas anteriores., entonces la combinación con el crecimiento de Rusia Unida merece atención.

Una fuerza política puede aumentar porcentualmente incluso sin incrementar de manera significativa su base electoral si los votantes de sus adversarios se abstienen en mayor proporción. En ese escenario, un partido conserva aproximadamente sus votos pero aumenta su participación relativa dentro de un electorado más pequeño.

Sin embargo, en Rusia ocurrió algo diferente dado que aumentó el número relativo de ciudadanos que participaron y, dentro de ese electorado ampliado, aumentó también el porcentaje obtenido por Rusia Unida.

Si bien no sabemos automáticamente las motivaciones individuales de los votantes ni interpretar cada sufragio como un apoyo a la totalidad de las políticas gubernamentales, podemos inferir que una explicación basada exclusivamente en una desmovilización electoral generalizada de los adversarios del oficialismo no es la adecuada.

El aumento de la participación, de todos modos, también debe analizarse en relación con los cambios introducidos en la forma de votar. La elección se realizó durante tres jornadas y continuó expandiéndose el voto electrónico con más de 3,6 millones de ciudadanos participaron mediante el sistema federal de votación electrónica, al que se sumó el sistema utilizado específicamente en Moscú.

Estos mecanismos reducen el costo práctico de participación y probablemente constituyan una parte de la explicación del incremento. Por eso resulta difícil atribuir toda la suba a una movilización política y aún con esa precaución, una participación superior al 59% constituye uno de los elementos centrales de la elección.

Existe además una circunstancia que diferencia radicalmente estas elecciones de las anteriores que fueron las primeras legislativas rusas desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Las tres jornadas de votación se desarrollaron, además, mientras continuaban los ataques sobre territorio ruso, durante el último día se produjo una ofensiva de gran escala con drones contra Moscú y otras regiones.

Las autoridades rusas informaron haber interceptado más de 1.600 drones desde el sábado, unos 450 dirigidos contra Moscú, inclusive algunos aparatos alcanzaron sus objetivos, se registraron víctimas y fue afectada infraestructura energética.

Paralelamente, las autoridades denunciaron ataques informáticos contra el sistema electoral. La Comisión Electoral y organismos gubernamentales informaron sobre ofensivas DDoS, intentos de alterar el voto electrónico e interrupciones de comunicaciones en distintas regiones. Las autoridades reportaron ataques contra los sistemas digitales durante la segunda jornada de votación.

La Comisión Electoral Central caracterizó posteriormente el proceso como una elección realizada bajo un nivel excepcional de amenazas externas y afirmó haber enfrentado una fuerte escalada de ataques cibernéticos.

El gobierno ruso presentó la continuidad de las elecciones y el incremento de la participación como una demostración de cohesión social. Vladimir Putin había colocado la elección dentro de una discusión más amplia sobre la unidad nacional durante la guerra y el Kremlin buscaba presentar los comicios como una medida del respaldo social a la orientación adoptada desde 2022.

El resultado electoral no puede trasladarse mecánicamente a una pregunta que los votantes nunca respondieron explícitamente, que el 57 o 58% obtenido por Rusia Unida no significa necesariamente que ese mismo porcentaje apruebe cada decisión militar, económica o diplomática adoptada durante la guerra.

Lo que sí puede afirmarse es más limitado, pero políticamente muy relevante porque después de más de cuatro años de conflicto, sanciones internacionales, presión económica y ataques dentro del territorio ruso, no se observa en estas elecciones un desplazamiento electoral masivo hacia fuerzas que propongan una ruptura frontal con la orientación estratégica del Estado.

Uno de los cambios más importantes se produjo en el Partido Comunista. El PCFR había conseguido en 2021 el 18,93%, uno de sus mejores resultados de las últimas décadas. Ese porcentaje le permitió convertirse claramente en la segunda fuerza política del país y concentrar una parte importante del electorado que buscaba expresar una alternativa a Rusia Unida.

En 2026 cae hasta aproximadamente el 13,8%, con una pérdida ronda los cinco puntos porcentuales, pero todavía es más significativa es la ampliación de la distancia con Rusia Unida.

En 2021 los separaban aproximadamente 31 puntos: 49,82% contra 18,93%, ahora la diferencia se aproxima a 44 puntos: alrededor de 58% frente a menos del 14%. La estructura partidaria se vuelve de esta manera más asimétrica.

El problema del PCFR tampoco se limita a la reducción de su representación proporcional. Su debilitamiento incide directamente sobre las circunscripciones uninominales. Durante años, los comunistas fueron en numerosos distritos la principal fuerza capaz de concentrar el voto de quienes buscaban derrotar a un candidato de Rusia Unida. Cuando ese espacio se fragmenta entre comunistas, LDPR, Nueva Gente, Rusia Justa y otras fuerzas, el candidato oficialista puede conservar la banca incluso obteniendo menos del 50%.

El retroceso comunista, por lo tanto, produce un doble efecto: reduce su propio peso parlamentario mientras facilita indirectamente el dominio territorial del partido gobernante. Sin embargo, los votos perdidos por el Partido Comunista no fueron absorbidos por una única fuerza alternativa.

El LDPR pasó del 7,55% registrado en 2021 a aproximadamente el 9%. Nueva Gente subió desde el 5,32% hasta cerca del 8%. Rusia Justa siguió una trayectoria diferente: cayó desde el 7,46% de 2021 hasta quedar prácticamente sobre el límite del 5%.

Nueva Gente merece atención particular. El partido había ingresado por primera vez a la Duma en 2021 y cinco años después aumenta claramente su porcentaje. El crecimiento indica que logró consolidar un espacio propio dentro del sistema, particularmente entre sectores que buscan reformas económicas, administrativas o sociales sin identificarse con el Partido Comunista.

También resulta significativo el desempeño del LDPR después de la muerte de su histórico fundador, Vladimir Zhirinovski, en 2022. Lejos de desaparecer con su dirigente, la fuerza conserva su base electoral e incluso mejora su porcentaje respecto de las legislativas anteriores.

Lo que aparece debajo de Rusia Unida es, por lo tanto, una reorganización del espacio secundario. El PCFR conserva el segundo lugar nacional, pero pierde capacidad para monopolizar el voto alternativo. LDPR y Nueva Gente crecen. Rusia Justa retrocede. El resultado es una mayor fragmentación de las fuerzas situadas detrás del oficialismo.

Es importante observar la relación entre estos resultados y la guerra, que requiere una interpretación particularmente cuidadosa. Los principales partidos con representación parlamentaria mantienen diferencias importantes en política económica, gasto social, inmigración, intervención estatal, administración pública y prioridades presupuestarias. Sin embargo, esas diferencias no se corresponden con una división equivalente respecto de las cuestiones estratégicas centrales vinculadas con Ucrania.

El Partido Comunista ha acompañado buena parte de las decisiones fundamentales adoptadas por el Estado ruso desde 2022. El LDPR sostiene posiciones nacionalistas y una línea dura respecto del conflicto. Rusia Justa también respaldó la orientación estratégica general. Nueva Gente presenta una posición comparativamente menos militarizada, pero tampoco estructuró su propuesta electoral alrededor de una retirada unilateral rusa.

Los medios occidentales señalaron durante la campaña que Yábloko constituía la principal fuerza registrada con una posición explícitamente contraria a la guerra, pero su lista federal quedó fuera de la elección después de una decisión judicial. El partido sí mantuvo algunas candidaturas y obtuvo una representación limitada en la legislatura regional de Nóvgorod. Este hecho introduce una limitación importante a cualquier lectura de los resultados como una medición directa de la opinión pública sobre la guerra, no obstante la popularidad de Yábloko es menor, dado que en las encuestas se ubica entre el 1 y el 3% de los votos, lo que le resta cualquier peso electoral real.

Como era de esperarse, sectores opositores rusos y gobiernos occidentales cuestionaron las condiciones de competencia, las restricciones a candidatos y organizaciones opositoras, el uso del voto electrónico y la realización de elecciones en territorios ucranianos ocupados y anexados por Rusia. Las autoridades rusas rechazan estas objeciones y sostienen que la elección se desarrolló de acuerdo con la legislación vigente; observadores de la Comunidad de Estados Independientes y de la Organización de Cooperación de Shanghái informaron no haber detectado irregularidades capaces de alterar los resultados en las mesas que supervisaron.

Por eso, si bien los comicios no pueden utilizarse como una encuesta directa sobre la guerra, tampoco corresponde separar completamente el resultado del contexto histórico en el que se produjo. Rusia Unida obtuvo en 2021 el 49,82%, cinco años después, luego de más de cuatro años de guerra, alcanza cerca del 58%. Simultáneamente aumenta la participación electoral y las principales fuerzas parlamentarias que respaldan la orientación estratégica del Estado conservan prácticamente todo el espacio político representado en la Duma. Ese dato tiene relevancia propia, aun cuando no permita conocer las motivaciones concretas de cada elector.

La paradoja principal de las elecciones de 2026 puede resumirse en dos movimientos simultáneos: aumenta la participación y aumenta la concentración parlamentaria. Más ciudadanos concurren a votar, pero el resultado final produce una Duma todavía más dominada por Rusia Unida.

Tres factores explican esa combinación. El primero es el crecimiento directo del partido gobernante, que pasa de menos del 50% en 2021 a cerca del 58%. El segundo es el retroceso del Partido Comunista, principal fuerza opositora parlamentaria y el tercero es el funcionamiento del sistema electoral mixto, donde la fragmentación de los adversarios permite al partido más grande imponerse en una proporción extraordinariamente alta de las circunscripciones uninominales. Por eso el dato del 58% explica sólo una parte del resultado.

La verdadera consecuencia política aparece al observar la composición de la Duma. Con ese porcentaje de votos, Rusia Unida se encamina a controlar alrededor de tres cuartas partes o más de la Cámara y conservar holgadamente la mayoría de dos tercios. La proyección de 355 de los 450 escaños, que constituiría un récord para el partido.

El sistema político ruso emerge así de las elecciones de 2026 con una característica reforzada: un partido dominante significativamente mayor que cualquiera de sus competidores y un segundo nivel partidario más fragmentado.

Rusia Unida crece electoralmente, amplía su dominio territorial y fortalece su control institucional. El Partido Comunista continúa siendo la segunda fuerza nacional, pero pierde una parte sustancial del terreno ganado cinco años atrás. LDPR y Nueva Gente avanzan, mientras Rusia Justa queda reducida a una posición mucho más frágil.

Todo esto ocurre bajo condiciones extraordinarias. Son las primeras legislativas desde febrero de 2022, se celebraron durante una guerra prolongada, con una economía sometida a sanciones y fuertes exigencias presupuestarias, y con ataques militares y cibernéticos coincidiendo con las jornadas electorales.

El resultado, por eso, representa algo más que la continuidad del esquema político existente antes de la guerra. Los datos disponibles muestran una profundización de la estructura de partido dominante que ya caracterizaba a Rusia, acompañada por una recomposición de las fuerzas que disputan el espacio situado detrás de Rusia Unida.

Queda abierta una cuestión que sólo podrá responderse con el desarrollo del próximo período político. ¿Hasta qué punto esta enorme concentración parlamentaria servirá para preservar el modelo construido durante los últimos años y hasta qué punto la reorganización que se está produciendo por debajo del oficialismo anticipa las disputas políticas, económicas y sociales de la Rusia posterior a la guerra?.

Por ahora, la señal electoral es clara en términos descriptivos: aumentó la participación, aumentó el porcentaje de Rusia Unida y se amplió la distancia que separa al partido gobernante de todos sus competidores parlamentarios. El resultado institucional de las legislativas de 2026 es, en consecuencia, una Duma más concentrada que la surgida de las elecciones de 2021.

Por Marcelo Ramírez

Cada vez que una deuda entra en crisis, la discusión empieza siempre por el mismo lugar: qué sacrificios debe hacer el deudor para seguir pagando. Ajustes, recortes, venta de patrimonio y reformas estructurales. La receta la sabemos de memoria. Lo que casi nadie se cuestiona es la otra mitad del problema: si en toda deuda hay dos partes, ¿por qué aceptamos como algo normal que el deudor pague los platos rotos mientras el acreedor mantiene intocable su derecho a cobrar?

La contradicción salta a la vista. El acreedor cobra intereses precisamente porque asume un riesgo: esa tasa premia la posibilidad de no cobrar. Sin embargo, cuando el riesgo se concreta y llega el default o la reestructuración, el sistema se activa para blindar al prestamista y traspasar la pérdida al resto. Las ganancias se privatizan en las buenas; en las malas, el costo se socializa con ajustes, más impuestos, menor gasto público y salarios destruidos.

Este mecanismo opera sin piedad en medio del naufragio. Cuando un país entra en aprietos, los acreedores le exigen tasas más altas bajo la excusa técnica del «mayor riesgo». El resultado es una trampa mortal: el Estado termina pagando más caro justo cuando menos margen tiene. La crisis infla los intereses, los intereses disparan la deuda y el sobrecosto hunde más al país en la crisis. Un bucle perverso del que parece imposible salir.

¿Por qué los gobiernos ceden ante este juego? Porque necesitan renovar vencimientos, cubrir el día a día o gambetear un default inminente. Cuanto más profunda es la adicción al crédito, menor es la autonomía para plantarse. La dependencia financiera deviene inevitablemente en sometimiento político: la política económica deja de decidirse en las urnas y pasa a dictarse según la voluntad del mercado.

Ahora bien, esto no es una ley de la naturaleza. Un Estado soberano puede fijarle un tope al costo financiero, renegociar plazos, recortar intereses desmedidos o priorizar el capital original por sobre la especulación. Puede volcarse a fortalecer el ahorro interno y liberarse del yugo externo. Obviamente, tomar ese camino tiene consecuencias: litigios, caída de bonos y portazos del mercado. Pero la alternativa existe: el dilema no es técnico, es profundamente político.

Cuando una deuda se torna impagable, la pérdida es un hecho consumado. Si se deben cien y solo hay sesenta, los cuarenta faltantes no desaparecen en el aire. La duda real es quién los absorbe: ¿el acreedor con una quita razonable o el pueblo con recesión, inflación, jubilaciones de miseria y remate de bienes públicos? La discusión de fondo jamás es si habrá pérdidas, sino a quién le toca pagarlas. Y eso raramente se admite en voz alta.

El tecnicismo financiero es un excelente camuflaje. Términos como «disciplina fiscal», «confianza del mercado» o «sostenibilidad» esconden decisiones distributivas feroces. Garantizar el cobro del acreedor a expensas de amputar salarios, jubilaciones y obras públicas es una postura ideológica. Imponer una quita o frenar los abusos de tasa es otra. No existe la neutralidad en la gestión de la crisis: siempre hay una toma de partido sobre qué sector se sacrifica.

El dogma imperante ha convertido la protección al acreedor en un mandato sagrado. Nos repiten que si el prestamista pierde un centavo, el crédito se esfuma y se destruye la confianza. Sin embargo, si para conservar esa «confianza» se destruye el entramado productivo, se quiebran empresas y se malvenden recursos, se aniquila la mismísima capacidad de pago futura. La distorsión es total: las finanzas debieran servir a la economía real, no subordinar la vida del país al mantenimiento del parásito financiero.

El crédito dejó de operar como motor de desarrollo para transformarse en un instrumento de dominación. Mediante el interés compuesto y las penalizaciones punitivas fijadas arbitrariamente por los acreedores, la bola de nieve crece exponencialmente. En momentos de ahogo, el deudor desesperado vende a precio de remate y el capital financiero compra saldos. La deuda funciona así como una gigantesca aspiradora de patrimonio hacia cada vez menos manos.

Una empresa en quiebra no se evapora: pasa a otras manos. Una vivienda ejecutada sigue existiendo: cambia de llaves. La crisis no destruye los activos físicos, destruye la propiedad de quienes los trabajaron y se los entrega a los especuladores con espaldas financieras. Por eso el endeudamiento no es una cuestión meramente contable, sino un dispositivo geopolítico y social diseñado para reconfigurar el mapa de la propiedad.

Resulta aún más aberrante que se valide aumentar las tasas a quien atraviesa su peor momento. Bajo el pretexto impecable de «mayor riesgo, mayor retorno», se ahoga deliberadamente al que apenas respira. Si la prioridad fuera cobrar la acreencia, asfixiar al deudor con intereses punitivos es un contrasentido brutal. En la práctica, la tasa desmedida no cubre ningún riesgo: acelera premeditadamente el colapso del deudor.

Conviene rescatar un interrogante ético que la historia sostuvo durante siglos y que la modernidad pretendió borrar: ¿carece de límites el derecho del acreedor? Antiguamente, la respuesta era categórica: la usura estaba proscrita y existían leyes de condonación periódica. Desde el Jubileo bíblico hasta los preceptos del Islam, la premisa era evitar que la necesidad del débil se transformara en un cheque en blanco para el despojo ilimitado.

Al institucionalizar el interés ilimitado, el capitalismo contemporáneo disolvió los frenos éticos. Hoy se debate sobre spreads, riesgo país y rendimientos, desplazando cualquier noción de justicia económica. Al despojar al crédito de su marco moral, la variable de ajuste pasa a ser indefectiblemente el nivel de resistencia del deudor. Y cuando este ya no da más, la única propuesta del sistema es exigirle aún más sangre, sudor y lágrimas.

Por eso, reducir el dilema de la deuda a un simple «pagar o no pagar» es una trampa. El debate genuino consiste en definir cómo se distribuye una pérdida inevitable. O se obliga al cuerpo social a blindar las ganancias especulativas, o se exige que el acreedor asuma el riesgo por el cual cobró generosas tasas. Ambas opciones son decisiones políticas, aunque el sentido común dominante pretenda vender la primera como el único camino razonable.

Allí radica el corazón del asunto. Aceptar que todo el mundo puede perder —el trabajador su empleo, el comerciante su capital, la familia su techo y el Estado sus activos— excepto el acreedor financiero, quiebra cualquier principio elemental de equidad. No estamos ante un mercado libre y transparente, sino ante un sistema de privilegios donde el capital financiero impone sus reglas e impunidad.

Por todo esto, cuando una deuda se torna insostenible, exigir que el acreedor asuma su cuota de quita no destruye la economía. En coyunturas críticas, es exactamente la única vía posible para rescatarla y ponerla nuevamente de pie.

Por Marcelo Ramírez

El problema de nuestra época no puede resumirse solamente en una supuesta disminución de la inteligencia. La sociedad contemporánea conserva enormes capacidades cognitivas, técnicas y profesionales. Millones de personas dominan procedimientos complejos, operan tecnologías sofisticadas, administran recursos y resuelven dificultades cotidianas. Sin embargo, esas mismas personas emplean cada vez menos esas capacidades para comprender el mundo en el que viven, establecer relaciones causales, jerarquizar información y actuar según consecuencias de largo plazo. La degradación actual es funcional porque afecta la atención, la memoria, el juicio y la voluntad política sin impedir que la maquinaria económica siga funcionando.

Esta transformación produce un individuo eficaz dentro de tareas delimitadas y vulnerable frente a los procesos que determinan su vida. Puede trabajar, consumir, endeudarse, votar y opinar, pero encuentra dificultades crecientes para reconstruir el vínculo entre una decisión económica, una estructura de propiedad, una política pública y sus efectos sociales. La abundancia de datos no corrige esa debilidad, al contrario, muchas veces la profundiza porque la información llega fragmentada, descontextualizada y sometida a una competencia constante por captar atención.

Durante siglos, una parte importante de la cultura popular conservó una aspiración simbólica hacia arriba, ascendente. Leer, aprender un oficio, conocer historia, hablar con precisión, escuchar a alguien que sabía más y comprender la política eran conductas asociadas al progreso personal si bien ese ideal nunca fue universal y convivió siempre con la ignorancia, la frivolidad y el entretenimiento banal. La diferencia actual está en la escala y en la función. La banalidad dejó de ocupar los márgenes del tiempo libre y se convirtió en uno de los principios organizadores de la vida cotidiana.

Una persona puede pasar cuatro, cinco o seis horas frente a una pantalla, recibir cientos de imágenes, escuchar cientos de frases y terminar el día sin haber incorporado una sola idea articulada. Jamás hubo tanta información disponible y pocas veces fue consumida de manera tan superficial. La cultura digital multiplicó el acceso al conocimiento, pero también perfeccionó una economía que obtiene beneficios de interrumpir la concentración, estimular la ansiedad y convertir cada segundo de atención en una mercancía.

La primera degradación ocurre en la capacidad de concentrarse. TikTok, Reels, Shorts, notificaciones, titulares, memes, videos acelerados y fragmentos de entrevistas entrenan a la mente para cambiar de objeto cada pocos segundos. El cerebro entonces aprende el comportamiento que practica y después de años de consumo fragmentario, sostener una actividad continua empieza a producir incomodidad leer veinte páginas, escuchar una conferencia, seguir un razonamiento complejo, mirar una película subtitulada o conceder diez minutos a un argumento antes de juzgarlo.

Esa incomodidad suele confundirse con incapacidad y en muchos casos expresa una pérdida de entrenamiento cognitivo. La atención funciona como una disciplina y se debilita cuando toda la experiencia cultural premia el salto inmediato hacia el estímulo siguiente. El resultado político es profundo y quien pierde la capacidad de seguir una explicación compleja necesita que el mundo sea reducido a consignas simples como bueno o malo, héroe o traidor, víctima u opresor, demócrata o fascista, Occidente o dictadura. La consigna reemplaza al argumento y la política se convierte en administración emocional de masas.

El entretenimiento participa de esa transformación porque siempre existieron contenidos triviales, y el descanso forma parte de una vida sana. El problema aparece cuando la mayor parte de la experiencia cultural, como veíamos, queda organizada alrededor de lo trivial y cuando el entretenimiento deja de ofrecer una pausa frente a la realidad para ocupar su lugar. Escándalos de celebridades, desafíos absurdos, bromas humillantes, exhibiciones de consumo y conductas riesgosas compiten por unos segundos de visibilidad. El objetivo común es capturar atención.

El reconocimiento social que antes podía obtenerse mediante conocimiento, prestigio profesional, valentía, servicio comunitario o creación artística puede conseguirse ahora mediante una breve irrupción en el flujo colectivo. Esa lógica genera una inflación de conductas extremas dado que si una imprudencia filmada produce más visualizaciones que una explicación rigurosa, el sistema de incentivos queda establecido. La plataforma no necesita ordenar comportamientos degradantes, le basta con premiarlos.

Así se configura la estupidez funcional. Una persona puede conservar aptitudes laborales y, al mismo tiempo, renunciar al pensamiento autónomo, adoptando opiniones prefabricadas, repitiendo frases, defendiendo posiciones que nunca investigó, indignandose por el asunto que el algoritmo presentó esa mañana y que olvidará cuando llega la polémica siguiente. La economía necesita individuos capacitados para producir y consumir. El poder se beneficia cuando esos mismos individuos carecen de interés, tiempo o hábitos para comprender.

La identidad política fue desplazada progresivamente por una identidad de consumidor. La pregunta acerca de la sociedad que se desea construir cedió terreno ante otra pregunta más inmediata y urgente como saber qué puedo comprar. Una casa, un automóvil, un teléfono de última generación, viaje, ropa, cuerpo, experiencias, restaurantes, seguidores. Toda la vida comienza a medirse mediante signos externos de éxito y el horizonte existencial se reduce a la acumulación privada.

Esa reducción debilita así la idea de destino colectivo. El deterioro del hospital público parece lejano mientras exista medicina privada, la degradación educativa pierde urgencia para quien puede pagar un colegio, la inseguridad se vuelve un problema ajeno mientras se viva en un barrio protegido o la precarización laboral conmueve poco mientras afecte a otro. Se instala una privatización psicológica de la existencia: mi casa, mi dinero, mi cuerpo, mis vacaciones, mi familia, mis problemas, el resto se convierte en paisaje, en una película que vemos desde la comodidad individual.

El narcisismo completa ese desplazamiento. Las redes profundizaron una transformación cultural previa al producir la conversión de la propia vida en producto. La persona se fotografía, se exhibe, se compara y se mide. Cuenta seguidores, viajes, propiedades, músculos, experiencias y adhesiones. Cada elemento de la identidad puede transformarse en señal pública y cada señal debe recibir validación, la pertenencia comunitaria pierde terreno frente a la administración permanente del yo.

La consecuencia es una sociedad conectada y atomizada con miles de contactos que conviven con pocas relaciones fuertes, miles de opiniones, con pocas convicciones y miles de imágenes con escasa experiencia compartida. La conexión técnica facilita el contacto, pero no crea por sí sola comunidad porque una comunidad exige continuidad, obligaciones mutuas, memoria, confianza y capacidad de sacrificio. Esas disposiciones entran en tensión con una cultura centrada en la satisfacción inmediata y la optimización individual.

La empatía es otro factor que también se deteriora cuando el individuo se convierte en espectador permanente. Una guerra, un asesinato, una catástrofe, un niño herido o una persona humillada aparecen dentro del mismo flujo que una publicidad, un baile o un animal gracioso y la sucesión elimina de esta manera el contexto moral. La tragedia se vuelve otro estímulo y el gesto de deslizar el dedo o el mouse reemplaza el tiempo necesario para comprender. La habituación al horror no convierte automáticamente a las personas en crueles, produce algo más extendido como es una sensibilidad saturada que reconoce el sufrimiento y continúa de inmediato hacia otra cosa.

La dispersión de la atención se combina con la división horizontal de la sociedad. Generaciones, identidades, estilos de vida, tribus culturales y comunidades digitales hablan principalmente consigo mismas. Cada grupo recibe un lenguaje, un repertorio de agravios y un conjunto de enemigos. La sociedad puede discutir política durante todo el día sin discutir el poder real, quién posee los recursos, quién decide las inversiones y los destinos, quién se apropia de la productividad, quién controla la infraestructura y quién fija las reglas.

El identitarismo contemporáneo ofrece un ejemplo central. Las luchas contra discriminaciones concretas forman parte de cualquier sociedad que aspire a la justicia. el problema surge cuando esas reivindicaciones se convierten en una taxonomía moral capaz de ordenar toda la vida social en categorías rígidas de víctima y victimario. Sexo, género, raza, origen, orientación e identidad cultural pasan a funcionar como posiciones predeterminadas desde las cuales se asignan legitimidad, culpa y autoridad.

Esa lógica puede enfrentar a grupos que comparten condiciones materiales objetivas. Dos trabajadores con salarios deteriorados terminan viéndose como adversarios culturales, hombres y mujeres sometidos a la misma precarización son inducidos a interpretar su vínculo como una guerra estructural. La energía política se desplaza hacia el lenguaje, los pronombres, la representación simbólica, la identidad de un actor o la composición demográfica de una campaña publicitaria. Mientras tanto, la propiedad, la concentración económica y la distribución de la riqueza permanecen intactas y cada vez mas alejadas del escrutinio público.

El capitalismo corporativo comprendió con rapidez que podía absorber esa revolución simbólica. Una empresa puede exhibir diversidad impecable y mantener condiciones laborales abusivas. Puede pintar su logotipo con los colores de una causa, evitar impuestos y aumentar la concentración de mercado, incorporar todas las identidades imaginables a una publicidad sin alterar quién posee la empresa. La representación modifica imágenes y oportunidades individuales, la transformación material modifica relaciones de poder. Confundir ambas escalas permite presentar adaptación cultural como cambio estructural.

La fragmentación identitaria incorpora además una forma de vigilancia social porque el control circula entre ciudadanos mediante costos reputacionales, escarnio público, aislamiento profesional y expulsión de determinados espacios. Una etiqueta puede sustituir al argumento. Palabras como racista, misógino, transfóbico, fascista o negacionista, aplicadas como cierres automáticos, interrumpen discusiones que deberían resolverse examinando hechos y razonamientos. El miedo a la sanción genera autocensura y empobrece la capacidad colectiva de formular preguntas difíciles.

Universidades, juventudes, intelectuales, artistas, periodistas y movimientos sociales, sectores históricamente asociados con la producción de disidencia, pueden dedicar enormes cantidades de energía a vigilar su propia pureza ideológica. Las disputas internas ocupan el centro mientras avanzan la automatización, la financiarización, la concentración económica y la precarización laboral. El poder resulta menos expuesto cuando sus posibles críticos están ocupados en combates laterales y cuando el vocabulario radical funciona como sustituto de la capacidad organizada.

La consecuencia política de este proceso es una población cansada, distraída y resignada con unl ciudadano apático que puede desconfiar del sistema, odiar a sus dirigentes y saber que vive peor. Peor la apatía no exige consentimiento, exige inacción y por eso sus frases características expresan impotencia aprendida: todos son iguales, nada cambia, siempre fue así, yo me ocupo de lo mío.

Ese último enunciado representa una victoria completa de la despolitización. Una sociedad puede atravesar veinte años de deterioro económico y responder mediante estrategias privadas de adaptación con un segundo trabajo, emigración, compra de dólares, criptomonedas, plataformas, delivery o emprendimientos. Cada respuesta puede ser racional desde el punto de vista individual peor su generalización revela la desaparición de la pregunta colectiva. El interrogante sobre las causas del empobrecimiento es reemplazado por la búsqueda de una salida personal.

Las redes ofrecen un mecanismo eficaz de descarga. La gente se queja, insulta políticos, comparte denuncias, publica memes y participa en discusiones interminables. El individuo siente que reaccionó porque expresó indignación mientras la estructura permanece intacta. Se produce una catarsis sin acción que puede cumplir una función estabilizadora, con el malestar que se libera simbólicamente antes de convertirse en organización, disciplina, estrategia o construcción institucional.

Incluso el consumo intensivo de contenido político puede convertirse en entretenimiento ideológico. Una persona escucha durante horas a comunicadores que confirman exactamente lo que ya piensa. Se indigna, comparte y discute, experimenta la sensación de participar diariamente en una batalla histórica mientras permanece inmóvil frente a una pantalla. La información política pierde su función cuando no modifica criterios, vínculos, prioridades ni capacidades y alimenta una identidad y una emoción, pero no produce poder social.

La manipulación contemporánea opera sobre esa debilidad. Convencer profundamente a toda la población resulta innecesario, administrar su atención es suficiente. Un escándalo desplaza al anterior, una guerra borra otra guerra, una polémica cultural domina cuarenta y ocho horas y una provocación deliberada controla la conversación durante varios días. La saturación produce amnesia y cada acontecimiento parece comenzar desde cero porque no existe memoria suficiente para conectarlo con una secuencia.

El control social adopta entonces una forma sofisticada de desenfocar. Las transformaciones estructurales ocurren a la vista de todos, rodeadas por miles de estímulos secundarios. Una celebridad desplaza una crisis económica y una discusión verbal ocupa semanas mientras se toman decisiones que afectarán décadas. Ocultar los hechos deja de ser imprescindible, apenas basta con presentarlos como aburridos, demasiado complejos, lejanos o inevitables y así asegurarse que siempre exista algo más atractivo para mirar.

La anestesia se profundiza con la pérdida de proyectos históricos. Industrialización, desarrollo nacional, Estado de bienestar, integración continental, conquista espacial, socialismo, modernización y liberación nacional, ofrecieron horizontes capaces de organizar generaciones enteras. Esos proyectos podían ser contradictorios y producir conflictos, pero situaban la política en el terreno del futuro, obligando a discutir qué país y qué sociedad debían existir dentro de veinte o treinta años.

Gran parte de la política contemporánea en realidad solo administra el presente. La urgencia económica encierra a millones de personas en la pregunta por el fin de mes y esa preocupación es completamente comprensible y consume la energía disponible. Su generalización tiene un efecto devastador: una sociedad incapaz de imaginar el futuro termina administrando su decadencia. La ausencia de horizonte convierte cada renuncia en una adaptación realista y cada retroceso en una fatalidad.

La cultura adulta acompaña ese proceso mediante una infantilización creciente. Lenguaje simplificado, conflictos reducidos a personajes buenos y malos, necesidad constante de entretenimiento, baja tolerancia al aburrimiento y a la frustración, gratificación inmediata, búsqueda permanente de aprobación y dificultad para postergar recompensas. Estas disposiciones alimentan industrias enormes porque interpretan al consumidor perfecto: impulsivo, ansioso, comparativo, insatisfecho y fácilmente estimulable.

La inteligencia artificial vuelve visible la gravedad del problema. Esta tecnología puede alterar el mercado laboral, la educación, la administración, la producción intelectual, la cultura, la guerra y la estructura económica. Una sociedad políticamente despierta debería discutir quién será propietario de los sistemas, quién se apropiará del aumento de productividad, cómo se distribuirán los ingresos y qué ocurrirá cuando una empresa que necesitaba mil trabajadores pueda funcionar con cien.

Son preguntas de orden civilizatorio pero están siendo recibidas por una cultura que continúa fragmentada en circuitos de distracción. Un sector mira videos breves, otro consume series, fútbol o se enfoca en las apuestas. Algunos participan en guerras culturales o se sumergen durante horas en contenido político partidario. La distracción cambia según la edad, la clase y la pertenencia cultural. El mecanismo permanece constante y cada grupo recibe su dosis propia de anestesia.

Quienes intentan escapar de esa dinámica enfrentan el aislamiento. Si perciben procesos preocupantes y tratan de explicarlos, encuentran respuestas previsibles del estilo: siempre fue así, no exageres, no se puede hacer nada, dejá de pensar tanto. Una persona aislada puede comprender perfectamente un problema y sentirse incapaz de modificarlo, pero la repetición de esa experiencia produce desánimo, luego resignación y finalmente silencio.

La frase “no sirve de nada” puede ser más eficaz que una prohibición, es letal. Una persona convencida de que puede cambiar algo constituye un sujeto político potencial., sin embargo una persona convencida de que nada puede cambiar, se inmoviliza sola. Conserva libertades formales, puede escribir, votar, protestar e insultar al gobierno, pero ha perdido la expectativa de eficacia colectiva y esa pérdida destruye la relación entre conciencia y acción.

La arquitectura completa combina varios procesos que se refuerzan. Menos atención produce menos lectura, menos conocimiento y mayor dependencia de consignas. Más narcisismo produce menos solidaridad, menos organización y menor capacidad política. Más precariedad produce cansancio, repliegue individual y resignación. La banalización destruye jerarquías intelectuales; el consumismo reemplaza al ciudadano; la guerra cultural desvía la indignación; la vigilancia moral genera autocensura; la saturación impide construir memoria; el aislamiento desmoraliza a quienes todavía intentan comprender.

El resultado es una población cognitivamente fragmentada, culturalmente empobrecida, socialmente atomizada, emocionalmente estimulada, económicamente ansiosa y políticamente resignada. Puede estar profundamente insatisfecha y permanecer inmóvil, advertir que pierde derechos, poder adquisitivo, estabilidad y capacidad de decisión, sin convertir ese malestar en una explicación coherente, esa explicación en conciencia común y esa conciencia en organización.

La forma contemporánea de dominación puede convivir con elecciones, internet, libertad de expresión, millones de medios e información prácticamente ilimitada. La libertad política requiere algo más que ausencia de censura, requiere capacidad para comprender, establecer prioridades, asociarse, sostener vínculos y actuar. Cuando esas capacidades se degradan, las instituciones formales permanecen mientras disminuye el poder efectivo de la sociedad para decidir su futuro.

Esa es la paradoja final. La humanidad dispone de la mayor infraestructura de conocimiento de su historia y la utiliza en gran medida para consumir estímulos de pocos segundos. Conoce una injusticia ocurrida a diez mil kilómetros y la olvida antes de comprenderla, se conecta con continentes enteros pero se enceerra en una identidad cuidadosamente exhibida.

Finalmente. puede tener libertad para informarse y perder el deseo, el hábito y el tiempo necesarios para hacerlo.

La dominación más eficaz construye una sociedad en la que pensar parece aburrido, innecesario o demasiado difícil. El poder no necesita ser amado ni convencer a todos de que las cosas funcionan. Le alcanza con una población distraída, individualizada, cansada y persuadida de que nada importante depende de ella. Es suficiente con que quienes podrían cuestionar la estructura combatan entre sí, que quienes perciben el problema se sientan solos y que la indignación sea intensa pero fragmentaria.

Entonces la sociedad puede discutir permanentemente mientras otros deciden. Alguien puede sentirse rebelde mientras permanece políticamente inofensiva y contemplar su propia expoliación, comprendiendo vagamente que está ocurriendo y, pocos segundos después, volver a deslizar el dedo hacia el siguiente estímulo.

Por Marcelo Ramírez

Desde que Javier Milei relanzó la Causa Malvinas por cadena nacional el 3 de septiembre, la lectura dominante en buena parte de la prensa y de la oposición se resolvió en una frase: el Presidente aprovecha la coyuntura para sacar rédito electoral, y Trump lo ayuda porque él lo admira. Esa lectura no es falsa, pero explica solamente por qué Milei aprovecha la oportunidad y no por qué la oportunidad existe. Y esa segunda pregunta es, con diferencia, la más importante.

El dato que cambia la secuencia causal

El giro no nació en Buenos Aires. En abril, un correo electrónico interno del Pentágono, filtrado y confirmado por Reuters, y replicado luego por la prensa británica, circulaba en los niveles más altos de Defensa con opciones para castigar a los aliados de la OTAN que no habían concedido a Estados Unidos derechos de acceso, base y sobrevuelo durante la guerra con Irán. Entre esas opciones figuraba reconsiderar el respaldo diplomático estadounidense a las “posesiones imperiales” europeas de larga data, con mención explícita de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El mismo documento contemplaba suspender a España de la Alianza por negarse a autorizar el uso de sus bases contra Irán.

La secuencia observable, entonces, no es “Milei necesita una bandera electoral y convence a Trump de ayudarlo”. Es en realidad que Washington empieza a tratar la solidaridad automática entre aliados occidentales como una variable transaccional, sujeta a reciprocidad militar concreta, el Pentágono identifica Malvinas como una de las palancas disponibles contra Londres, y Trump, meses después, confirma públicamente que “siempre revisa todas las posturas”, vinculando explícitamente esa revisión al gasto de defensa británico dentro de la OTAN y a la ausencia de buques del Reino Unido en el Golfo Pérsico. Recién ahí Milei identifica la ventana y da un giro doctrinario de ciento ochenta grados. La causalidad corre de afuera hacia adentro, no al revés.

Un giro que no es cosmético

Conviene no minimizar la magnitud de ese giro. Milei construyó buena parte de su identidad política reivindicando a Margaret Thatcher y subordinando la política exterior a un alineamiento casi incondicional con Washington y con Londres como socios de Occidente. El discurso del 3 de septiembre invirtió esa ecuación, cuestionó la validez de los plebiscitos de los isleños por tratarse, y según sus palabras, de una población implantada por la Corona, calificando de ilegítima la ocupación británica. Presentó entonces a Malvinas como una cuestión de seguridad nacional y no solo de memoria histórica, así encadenando el archipiélago con Tierra del Fuego, el Atlántico Sur, los recursos estratégicos de la región y la futura competencia por la Antártida.

Hay, sin embargo, una lectura más precisa que la del simple “cambio de bando”. Milei no habría descubierto tardíamente el nacionalismo territorial argentino, lo que cambió en verdad fue la relación de Estados Unidos con el Reino Unido, y ese cambio reubicó a Malvinas dentro del mismo alineamiento estadounidense que Milei nunca abandonó. La aparente contradicción del thatcherista que ahora impugna la autodeterminación de los isleños, es menos una traición ideológica que un ajuste frente a un tablero que Washington reordenó primero.

El precedente de Groenlandia, con una diferencia central

El caso de Groenlandia ilumina el mecanismo, pero también marca su límite. Trump no argumenta sobre Groenlandia a partir de la intangibilidad de la soberanía danesa ni de la fraternidad entre miembros de la OTAN. Sostiene que Dinamarca no invierte lo suficiente en el territorio, que Estados Unidos necesita ese espacio y que existe actividad rusa y china alrededor de la isla. En julio volvió a decir que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense y no danés, pese a que Dinamarca es miembro fundador de la Alianza. Esa doctrina, la de la pertenencia a la OTAN, no genera derechos estratégicos perpetuos sobre un territorio si el aliado que lo controla no lo protege o no acompaña los objetivos de Washington, y es lo que vuelve interesante el paralelo con Malvinas.

Pero hay una diferencia que no conviene disolver: en Groenlandia, Trump reclama abiertamente soberanía o control estadounidense. Sobre Malvinas hasta ahora no existe ninguna declaración pública que sugiera que Washington aspire a quedarse con las islas, lo que sí está documentado es el uso de la disputa como instrumento de presión sobre Londres. Son mecanismos distintos que pueden converger en un resultado parecido, debilitar la posición de una potencia europea en un espacio estratégico, pero equipararlos sin esa salvedad debilita el argumento frente a cualquier lector atento.

Sustituir sin ocupar

La hipótesis más sólida no es que Estados Unidos busque plantar su bandera en Puerto Argentino, sino algo más sofisticado como que Washington no necesita ocupar las islas para obtener la mayor parte del beneficio estratégico, si consigue una Argentina alineada diplomáticamente, interoperable en materia militar, dependiente de equipamiento estadounidense, integrada a redes de inteligencia y telecomunicaciones de Estados Unidos, cerrada a instalaciones chinas y con infraestructura logística austral accesible. En ese escenario, que la soberanía formal pase de Londres a Buenos Aires no perjudica los intereses estadounidenses y puede mejorarlos. Londres controla físicamente el archipiélago, pero no controla a la Argentina, Washington podría preferir una Argentina que controle jurídicamente Malvinas mientras su arquitectura estratégica completa permanece integrada a Estados Unidos.
Esa lectura conecta con una preocupación que el Comando Sur de Estados Unidos viene expresando desde hace años sobre el extremo austral argentino: la base satelital china en Neuquén, la infraestructura portuaria vinculada a Beijing y el acceso al estrecho de Magallanes, al pasaje de Drake y a la Antártida aparecen mencionados de forma recurrente en declaraciones de sucesivos comandantes del SOUTHCOM como zonas de “terreno clave” que Washington no está dispuesto a cederle a China. La Base Naval Integrada que la Argentina busca financiar en Ushuaia con apoyo estadounidense se inscribe exactamente en esa lógica y vale una advertencia metodológica. La referencia a una prioridad específica de SOUTHCOM para 2026 formulada en esos términos exactos no está confirmada con una fuente primaria verificable, y conviene tratarla como una tendencia documentada en declaraciones sucesivas antes que como la cita textual de un documento puntual.

Dependencia de trayectoria, no un acuerdo secreto

El canciller Pablo Quirno negó que haya existido una conversación con Estados Unidos sobre los anuncios concretos de Milei. Eso no descarta señales indirectas ni coordinación diplomática más amplia, pero impide sostener como hecho probado una operación concertada. Y en rigor, no hace falta que exista un pacto explícito para que la hipótesis funcione, alcanza con lo que podría llamarse convergencia estratégica sin instrucciones directas. Washington envía señales como el memo filtrado, las declaraciones de Trump, la insistencia del Comando Sur sobre el Atlántico Sur y Buenos Aires interpreta la nueva estructura de incentivos y adapta su política. Es un patrón habitual entre Estados alineados, no una conspiración.
El objetivo de fondo, en esa lectura, no sería que todos los futuros gobiernos argentinos compartan la ideología de Milei, sino que dentro de diez años resulte costoso desmontar los sistemas de armas, inteligencia, financiamiento, tratados e infraestructura logística construidos ahora. Ese concepto de dependencia estratégica asimétrica, o dependencia de trayectoria, es la parte más original del argumento, pero también la más inferida porque se apoya en datos confirmados para proyectar una arquitectura de largo plazo que ningún documento describe todavía de forma explícita. Conviene presentarla como hipótesis, no como hecho establecido.

El error estratégico de la oposición

Las primeras reacciones opositoras se concentraron en tres argumentos: 1) que Milei es oportunista, 2) que reivindicaba a Thatcher y 3) que buena parte de las herramientas anunciadas ya existían en la legislación previa como la Ley 26.659, la política sobre la plataforma continental y distintos reclamos diplomáticos acumulados durante gobiernos anteriores. El primer argumento probablemente sea cierto, pero es estratégicamente irrelevante porque que Milei use Malvinas con fines electorales no significa que la oportunidad internacional no exista. Si el razonamiento opositor termina siendo “como Milei es oportunista y Trump es imperialista, hay que oponerse a lo que haga Milei sobre Malvinas”, el resultado es que Milei obtiene el monopolio político de una causa nacional que, además, la propia oposición hizo poco por sostener mientras gobernó.

Una oposición soberanista debería decir exactamente lo contrario: si la fractura entre Washington y Londres abre una oportunidad para recuperar territorio argentino, hay que aprovecharla, pero la recuperación de soberanía no puede convertirse en sustitución de una tutela británica por una tutela estadounidense. Ese debería ser el eje del debate parlamentario, no Thatcher ni las contradicciones personales del Presidente. La pregunta central es qué obtiene la Argentina y qué obtiene Estados Unidos en el arreglo final, cualquier acuerdo sobre una base austral debería garantizar mando exclusivamente argentino, control nacional de telecomunicaciones e inteligencia, ausencia de enclaves militares extranjeros permanentes, supervisión parlamentaria y prohibición de cláusulas secretas con derechos operacionales especiales; y cualquier acuerdo sobre Malvinas debería especificar con precisión soberanía jurídica, jurisdicción marítima, hidrocarburos, pesca, defensa, puertos, espacio aéreo, migraciones y control de infraestructura.

Lo que la Antártida sí y no cambia

El argumento antártico merece una formulación cuidadosa. La recuperación de Malvinas no extinguiría automáticamente la pretensión británica sobre la Antártida puesto que el Territorio Antártico Británico se separó formalmente de las Falkland Islands Dependencies en 1962 y hoy es administrado como un territorio distinto desde Londres, y el artículo IV del Tratado Antártico congela las posiciones existentes, sin reconocer ni eliminar reclamos territoriales previos mientras el Tratado permanezca vigente. El sector argentino (entre 25° y 74° oeste) se superpone casi por completo con el británico (entre 20° y 80° oeste). Lo que sí es razonable sostener es que una recuperación de Malvinas debilitaría de forma considerable la arquitectura geopolítica que históricamente sostuvo la proyección británica hacia la Península Antártica desde el Atlántico Sur, y que ese efecto sería todavía mayor si se sumaran Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Es una diferencia de matiz importante porque: no es que Argentina gane automáticamente la disputa antártica, sino que le quita a Londres una de sus principales bases de sustentación logística y simbólica para sostenerla.

La pregunta correcta

Durante décadas la Argentina acumuló doctrina jurídica y diplomática sobre Malvinas sin convertirla proporcionalmente en poder nacional efectivo: faltó capacidad naval, infraestructura fueguina, logística antártica, flota mercante, control pesquero, inversión militar sostenida y una estrategia comunicacional internacional sostenida en el tiempo, con responsabilidades repartidas entre gobiernos de distinto signo. Ese diagnóstico no depende de qué se piense de Milei ni de Trump.

Por eso la discusión no debería organizarse alrededor de si conviene aprovechar una oportunidad que beneficia simultáneamente a Washington y a Milei. Las restituciones territoriales gratuitas prácticamente no existen en la historia de las relaciones internacionales, y exigir que Estados Unidos no obtenga ningún beneficio como condición para avanzar equivale, en la práctica, a resignar la oportunidad. Existe además una diferencia jurídica de fondo entre territorio ocupado por una potencia extranjera y territorio propio sobre el que se conceden determinados derechos mediante tratado. Los tratados se renegocian, la soberanía reconocida constituye, en cambio, otro punto de partida histórico. La pregunta que debería organizar el debate argentino en 2026 no es si Estados Unidos gana algo, obviamente lo hará, sino si la Argentina adquiere suficiente control jurídico y material como para que el balance resulte favorable y pueda ampliar su autonomía en el tiempo. Eso es cálculo estratégico, no pureza ideológica, y es la vara con la que debería medirse cualquier acuerdo concreto que surja de esta coyuntura.

Por Marcelo Ramírez

Hay decisiones militares destinadas a resolver una batalla y otras que dicen mucho más: revelan cómo un Estado imagina la guerra que tendrá que librar en los próximos años. Los cambios introducidos por Vladimir Putin en la estructura superior de las Fuerzas Armadas rusas parecen pertenecer claramente a esta segunda categoría.

Moscú acaba de mover algunas de las piezas más sensibles de su aparato militar. Denis Lyamin pasa a dirigir las Fuerzas de Sistemas No Tripulados; Valery Solodchuk asume responsabilidades fundamentales sobre la logística y la retaguardia; Andrei Ivanaev queda al frente del Grupo Centro y Pyotr Bolgarev toma el mando del Grupo Este. Individualmente pueden parecer simples relevos de generales pero observados en conjunto, dibujan otra cosa: una reorganización del ejército ruso alrededor de las capacidades que están definiendo esta guerra y probablemente definirán las siguientes.

Drones, logística, producción militar, digitalización y continuidad operacional. Esos son los conceptos que permiten leer los nombramientos. Y todo ocurre en un momento particularmente significativo.

Desde la propia esfera diplomática y estratégica rusa comienza a formularse públicamente una posibilidad que durante mucho tiempo permaneció en segundo plano: que el conflicto no termine pronto y que Rusia deba prepararse para una confrontación prolongada, sostenida por una Europa que ha decidido mantener viva la capacidad militar ucraniana.

Por eso ambos acontecimientos, la reorganización de los mandos y la discusión sobre una guerra larga, deben ser analizados conjuntamente. Podrían estar señalando el final de una etapa puesto que la guerra relativamente acotada territorialmente a Ucrania comienza a adquirir los contornos de una confrontación europea mucho más amplia, prolongada y sistémica.

Cuando comenzó la operación militar rusa en febrero de 2022, el conflicto todavía conservaba muchos de los rasgos clásicos de la guerra mecanizada con grandes agrupaciones terrestres, columnas blindadas, artillería, aviación, maniobras rápidas, conquista territorial y la expectativa de que la presión militar pudiera desembocar en algún tipo de negociación política. Cuatro años después, aquella guerra prácticamente ha desaparecido.

El espacio de combate se ha vuelto transparente en consecuencia. Miles de sensores, drones de reconocimiento, cámaras térmicas, satélites y sistemas de inteligencia electrónica observan permanentemente el frente. Una batería de artillería, un vehículo, una concentración de tropas o incluso un pequeño puesto de mando pueden ser detectados y atacados en cuestión de minutos. El dron, que inicialmente parecía una herramienta complementaria, se ha transformado en uno de los protagonistas centrales de la guerra.

Estos artilugios reconocen objetivos, dirigen fuego de artillería, colocan minas, transportan suministros, atacan blindados, persiguen soldados individuales, interceptan otros drones y golpean las cadenas logísticas. Los vehículos no tripulados ya no pertenecen exclusivamente al aire porque aparecen también sistemas terrestres y navales, mientras la frontera entre robótica, inteligencia, comunicaciones y combate se vuelve cada vez más difusa. Es en ese contexto donde debe interpretarse la designación de Denis Lyamin.

Lyamin viene directamente de una guerra donde los drones fueron integrados progresivamente a la maniobra terrestre y donde las unidades bajo su conducción desarrollaron modelos que combinaban reconocimiento, ataque, defensa antidrones y logística. Ahora su tarea consiste en transformar aquella experiencia dispersa, nacida muchas veces de la improvisación del frente, en una estructura permanente de las Fuerzas Armadas.

Eso significa elaborar doctrina, formar operadores, organizar unidades, crear cadenas de mando, integrar inteligencia, garantizar abastecimiento y coordinar la producción militar. La diferencia es profunda porque durante los primeros años del conflicto, muchos de estos desarrollos surgieron desde abajo, como respuesta inmediata a las necesidades de las tropas. Rusia intenta ahora institucionalizarlos.

Lo experimental se convierte en doctrina, la improvisación se convierte en organización y la herramienta se convierte en arma estratégica. Moscú ya no está pensando únicamente en cómo terminar la campaña ucraniana, está construyendo capacidades para las guerras que podrían venir después.

LA RETAGUARDIA SE CONVIERTE EN EL FRENTE

El segundo movimiento decisivo es el de Valery Solodchuk. Su nueva responsabilidad toca uno de los puntos más delicados de cualquier ejército que es la logística. Las guerras suelen recordarse por sus batallas, sus generales y sus ofensivas. pero las guerras largas se ganan también en lugares mucho menos espectaculares como depósitos, estaciones ferroviarias, talleres mecánicos, fábricas, hospitales, almacenes y centros de distribución.

Un ejército moderno consume cantidades extraordinarias de recursos. Munición, combustible, repuestos, baterías, equipos electrónicos, drones, vehículos, comunicaciones, alimentos, medicamentos. Todo debe producirse, almacenarse, transportarse y reemplazarse sin interrupción. Una fuerza puede tener excelentes soldados y armas extraordinarias pero si su cadena logística se rompe, tarde o temprano deja de combatir y una guerra de desgaste multiplica ese problema.

Dentro del propio ámbito militar ruso existe desde hace tiempo una crítica a los mecanismos tradicionales de abastecimiento. Parte de ellos todavía responde a estructuras burocráticas heredadas de otras épocas y resulta demasiado lenta para una guerra donde las necesidades tecnológicas cambian prácticamente de mes a mes. Un comandante puede necesitar centenares de drones de un determinado modelo y encontrarse atrapado en procedimientos administrativos que tardan semanas en responder. Ucrania, es decir, la OTAN, en cambio, desarrolló mecanismos más descentralizados para absorber con rapidez innovaciones procedentes incluso del sector civil. La reorganización de la retaguardia apunta a cerrar esa brecha y quizás sea uno de los cambios más importantes de todos.

Porque si Rusia verdaderamente comienza a pensar en una guerra que puede extenderse durante años, ya no basta con tener grandes arsenales. Hay que construir un sistema capaz de producir, reparar y sustituir permanentemente lo que el campo de batalla destruye. La guerra industrial ha regresado, aunque vestida con drones, fibra óptica, guerra electrónica y algoritmos.

YA NO EXISTE UNA RETAGUARDIA SEGURA

A esto se agrega otra transformación que es la separación clásica entre frente y retaguardia está desapareciendo. Ucrania ha incrementado progresivamente los ataques contra instalaciones situadas dentro del territorio ruso como son las refinerías, depósitos, bases aéreas, fábricas, infraestructura energética e instalaciones militares. Rusia, al mismo tiempo, profundiza sus ataques contra centros logísticos, infraestructura industrial y objetivos militares ucranianos.

En este contexto apareció además una versión que circula en canales rusos y que conviene mencionar precisamente como lo que es: un rumor todavía no confirmado. Según esa versión, atribuida a fuentes de la administración presidencial ucraniana, Volodímir Zelensky habría ordenado mantener e incluso incrementar los ataques contra territorio ruso aun sabiendo que esto podría provocar una respuesta mucho más intensa contra la infraestructura industrial y logística de Ucrania.

Kiev ha desarrollado una estrategia explícita de ataques de largo alcance para trasladar una parte creciente de la guerra hacia el interior de Rusia, mientras Moscú aumenta también la profundidad de sus golpes.

La consecuencia es estratégica: la guerra ya no se decide exclusivamente en Pokrovsk, Járkov, Zaporiyia o el Donbass. Se libra también sobre ferrocarriles, puertos, fábricas, refinerías, centrales energéticas y depósitos.

El objetivo comienza a ser la capacidad misma del adversario para reproducir su esfuerzo militar y cuando una guerra alcanza esa dimensión, deja de ser solamente una disputa territorial para convertirse en una prueba de resistencia de sistemas completos.

Es aquí donde las declaraciones del diplomático ruso Rodion Miroshnik adquieren una importancia particular. La pregunta que plantea ya no es simplemente cuánto tiempo puede resistir Ucrania sino cuánto tiempo puede Europa sostener a Ucrania. La diferencia parece semántica, pero modifica por completo el problema estratégico en realidad.

Ucrania no combate exclusivamente con los recursos que puede generar dentro de sus fronteras. Detrás de ella existe una infraestructura económica y militar mucho mayor como financiamiento europeo, producción de municiones, inteligencia occidental, redes satelitales, entrenamiento, créditos, transferencia de armamento y apoyo tecnológico. En otras palabras, Rusia ya no enfrenta solamente a las Fuerzas Armadas ucranianas, enfrenta un sistema resumido así Ucrania + financiamiento europeo + industria militar europea + inteligencia occidental.

Mientras ese sistema pueda reconstruir fuerzas, proporcionar municiones, reemplazar equipos y sostener financieramente al Estado ucraniano, incluso una victoria territorial importante de Rusia no garantiza el final del conflicto. Rusia puede conquistar ciudades, destruir brigadas, avanzar kilómetros, pero si detrás de las fuerzas derrotadas existe una estructura capaz de crear otras nuevas, la guerra se regenera.

El problema ya no consiste únicamente en derrotar al ejército que está enfrente, en su lugar de debe quebrar la capacidad del sistema que existe detrás de ese ejército para seguir reproduciéndolo.

El politólogo ruso Yuriy Baranchik lleva este razonamiento hasta sus últimas consecuencias.

Si Europa mantiene indefinidamente el financiamiento, la producción militar y el respaldo político a Ucrania, Rusia podría enfrentarse a una guerra de desgaste extremadamente prolongada. Esto no significa necesariamente veinte años de trincheras idénticas a las actuales, pero sí algo probablemente más complejo: una confrontación estratégica que puede reproducirse durante décadas bajo formas diferentes. Rearme, sanciones, carrera industrial, ataques de largo alcance, presión económica, conflictos indirectos, militarización europea, incremento permanente de los presupuestos de defensa y expansión y fortalecimiento de la OTAN. Es decir, una confrontación estructural.

Baranchik introduce entonces una cuestión todavía más delicada: Si ese enfrentamiento permanece exclusivamente dentro del terreno convencional, su duración potencial puede ser enorme y detrás de ese razonamiento aparece inevitablemente el factor nuclear.

Una confrontación convencional prolongada entre Rusia y un sistema europeo respaldado por Estados Unidos puede transformarse en una competencia industrial, tecnológica, financiera y demográfica gigantesca. El arsenal nuclear ruso existe precisamente como garantía última frente a una situación en la que una derrota convencional pueda amenazar la supervivencia del Estado.

Por eso la dimensión nuclear permanece siempre detrás de cualquier cálculo estratégico ruso sobre una confrontación de gran escala con la OTAN. No necesariamente como primer instrumento pero sí como límite.

El cálculo ruso tampoco ocurre en el vacío porque Europa está cambiando. Alemania aumenta radicalmente sus recursos destinados a defensa. Polonia construye uno de los mayores ejércitos terrestres del continente. Francia debate nuevamente el alcance europeo de su disuasión nuclear. Los países bálticos fortifican fronteras. Se amplía la producción de municiones, se reabren líneas industriales y se firman contratos militares de largo plazo. La propia OTAN trabaja abiertamente con escenarios de eventual confrontación futura con Rusia.

Desde Moscú, por lo tanto, Ucrania puede empezar a ser vista menos como una guerra aislada y cada vez más como el primer episodio de una confrontación europea de larga duración. Es dentro de ese horizonte donde los nuevos nombramientos adquieren verdadero sentido.

Rusia necesita drones, robots terrestres, logística modernizada, producción militar, digitalización, capacidad de reemplazo y comandantes que conozcan la guerra real y no solamente los manuales. Los generales elegidos provienen precisamente de los sectores donde el combate ha sido más intenso. Han observado personalmente qué funciona, qué fracasa y qué debe cambiar, no fueron llamados para administrar un ejército en tiempos de paz. sino llamados para reorganizar un ejército que lleva años combatiendo y que comienza a preguntarse cuánto tiempo más tendrá que hacerlo.

Hasta ahora gran parte del análisis sobre esta guerra giró alrededor del desgaste ucraniano, pero la lógica empieza a desplazarse. Si la capacidad militar de Kiev depende estructuralmente de Europa, el problema ruso ya no consiste únicamente en determinar cuándo puede agotarse Ucrania.

Depende de población, industria, energía, finanzas, tecnología, producción militar, estabilidad política, cohesión social y capacidad de las sociedades para aceptar costos durante largos períodos.

Las guerras prolongadas se combaten en las trincheras, pero también en los presupuestos, tanto en las fábricas, como en los mercados financieros y en la paciencia política de las sociedades.

Durante buena parte del conflicto, la narrativa rusa mantuvo la expectativa de combinar operaciones militares con algún desenlace negociado. Ahora empieza a aparecer otra formulación: hay que estar preparados independientemente de cuánto dure, una frase aparentemente simple pero detrás de ella existe una transformación completa de la planificación estatal.

Rusia puede disponer de recursos naturales, territorio, energía, industria militar y voluntad política. Pero ¿puede sostener durante muchos años una confrontación contra una coalición cuya capacidad económica agregada es muy superior? Para responder hay que salir del mapa de Ucrania y mirar hacia Beijing, porque ninguna guerra de desgaste moderna depende exclusivamente de aquello que ocurre en el frente. Detrás de cada ejército existe una retaguardia económica, tecnológica y diplomática.

La profundidad estratégica rusa no termina en los Urales, se extiende hacia Eurasia y en el centro de esa profundidad aparece China. Beijing compra energía rusa, suministra maquinaria, electrónica y componentes industriales, mantiene abiertos canales comerciales y facilita una creciente utilización de monedas nacionales en el intercambio bilateral. También proporciona algo quizás todavía más importante: impide que el aislamiento occidental de Rusia se transforme verdaderamente en aislamiento mundial.

Ese fue uno de los grandes objetivos de las sanciones iniciadas después de 2022, Rusia debía quedar aislada y sus exportaciones debían derrumbarse junto con su acceso a tecnología debía desaparecer y un sistema financiero que debía quedar estrangulado. Sin embargo, ocurrió algo diferente.

Rusia perdió buena parte de su antigua integración económica con Europa, pero desplazó una porción importante de sus vínculos hacia Asia. El petróleo encontró nuevos compradores, el gas comenzó a buscar otras rutas, las importaciones industriales fueron redireccionadas y los mecanismos de pago cambiaron de la mano de nuevas monedas que reemplazan al dólar. China se convirtió en el socio externo más importante de esa transformación.

Eso no significa que Beijing financie directamente la guerra rusa ni que apruebe cada una de las decisiones militares de Moscú porque la política china es más cuidadosa. China tiene formalmente una posición favorable a la negociación y procura evitar convertirse jurídicamente en parte beligerante. No obstante, al mismo tiempo mantiene una relación económica y estratégica con Rusia suficientemente profunda como para impedir que Occidente consiga asfixiarla. Es un equilibrio extraordinariamente importante, China puede contribuir a la capacidad de resistencia rusa sin asumir directamente los costos de convertirse en participante militar de la guerra.

Esto modifica también la manera en que debemos comparar fuerzas. Si la confrontación se transforma efectivamente en una guerra de desgaste entre Rusia y Europa, comparar simplemente el PIB ruso con el europeo conduce a una conclusión incompleta. Hay que observar los sistemas que existen detrás.

De un lado se encuentran Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, la OTAN y Ucrania. Del otro existe una estructura mucho menos institucionalizada, más flexible y desigual, pero cada vez más relevante: Rusia, China, Corea del Norte, Irán y una constelación de países que, sin convertirse necesariamente en aliados militares de Moscú, continúan comerciando con Rusia y no participan plenamente del sistema occidental de sanciones.

Cada uno cumple una función diferente. Corea del Norte ha proporcionado una cooperación militar mucho más directa mientras Irán tuvo un papel fundamental en la transferencia inicial de una tecnología de drones que Rusia posteriormente absorbió y desarrolló. No podemos dejar de lado a India, que desempeñó durante años un papel esencial como comprador de hidrocarburos rusos, pero China pertenece a otra categoría.

Beijing ofrece escala industrial, tecnología, mercado, capital, capacidad logística, instrumentos financieros y peso diplomático global, además de ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por eso China no es simplemente otro socio de Rusia y es la principal profundidad estratégica externa de Moscú.

Putin necesitaba tiempo para conocer hasta dónde Rusia podía soportar una ruptura prolongada con Occidente. Precisaba reconstruir mercados, reorientar exportaciones, asegurar cadenas de suministro, sustituir componentes, expandir la industria militar y desarrollar mecanismos financieros que redujeran la vulnerabilidad frente al sistema occidental y, fundamentalmente, consolidar una relación suficientemente profunda con China.

No hay evidencia pública para afirmar que Xi Jinping haya dado a Putin una autorización para escalar la guerra. Plantearlo de esa manera sería reducir una relación entre dos grandes potencias a una caricatura pero lo que sí puede observarse es un proceso.

A medida que avanzó el conflicto, la interdependencia estratégica entre Moscú y Beijing aumentó, y la relación de 2026 ofrece a Rusia un margen de maniobra mucho mayor que el existente en febrero de 2022, seguramente un consenso estratégico tácito. China no necesita compartir todos los objetivos militares rusos y le era suficiente con comprender que una derrota estratégica de Rusia modificaría profundamente la correlación de fuerzas en Eurasia.

Una Rusia quebrada, derrotada o subordinada significaría que Estados Unidos podría concentrar una proporción mucho mayor de su atención y sus recursos sobre China. La presión occidental dejaría de distribuirse entre dos grandes adversarios estratégicos permitiendo que Asia Central cambiaría de equilibrio y el proyecto de construcción de un sistema internacional multipolar sufriría un golpe severo.

China, por lo tanto, tiene intereses propios en impedir una derrota estratégica rusa. No es solidaridad sino equilibrio de poder.

Para Rusia, romper completamente con Occidente en 2022, asumir desde el primer momento una economía de guerra total y escalar unilateralmente sin haber construido una retaguardia internacional capaz de absorber semejante ruptura habría significado asumir un riesgo gigantesco y para ello necesitaba tiempo, por eso la gradualidad rusa también puede ser interpretada desde esta perspectiva, Putin no estaba administrando solamente una guerra porque en realidad estaba administrando la transición histórica de Rusia desde una economía profundamente vinculada con Europa hacia otra cada vez más integrada con Eurasia. Para realizar esa transición había una condición indispensable: que China estuviera allí.

Hoy el escenario es diferente. Rusia posee recursos energéticos y minerales, una industria militar movilizada, años de experiencia acumulada en combate, canales comerciales alternativos y una sociedad que ha atravesado un largo proceso de adaptación a la confrontación. Tiene además cooperación militar directa con Corea del Norte.

Pero, fundamentalmente, tiene una relación estratégica con la mayor potencia industrial del planeta. Nada de esto garantiza una victoria rusa pero cambia radicalmente el cálculo de una guerra de desgaste. Mientras Europa calcula cuánto tiempo puede resistir Rusia, Moscú hace exactamente el cálculo inverso, piensa cuánto tiempo puede resistir Europa y cuánto tiempo puede financiar a Ucrania.

Europa necesita expandir su industria militar, sus sociedades aceptar mayores presupuestos de defensa y mantener la cohesión política occidental. Cuando Moscú hace esa cuenta, detrás de Rusia aparece China, por eso esta guerra ya no puede comprenderse mirando solamente las líneas de colores sobre el mapa del Donbass. y el verdadero tablero se extiende desde Washington y Bruselas hasta Moscú y Beijing.

Los nuevos generales nos muestran cómo piensa combatir Rusia, la transformación industrial y logística muestra con qué medios pretende hacerlo y las declaraciones sobre una confrontación prolongada revelan cuánto tiempo comienza a considerar necesario resistir.

China ayuda a explicar por qué Moscú cree que puede permitirse pensar en ese tiempo largo. Quizás eso sea lo verdaderamente importante detrás de estos movimientos, Rusia no está simplemente reemplazando generales ni corrigiendo errores de una campaña, está adaptando su estructura militar, económica y estratégica a una conclusión mucho más inquietante: que la guerra iniciada en Ucrania puede haber dejado de ser una guerra con un final cercano y reconocible.

Y que el enfrentamiento que comenzó en las llanuras ucranianas puede estar convirtiéndose, lentamente, en una larga disputa por el equilibrio de poder en Europa y Eurasia. En ese escenario, la cuestión decisiva ya no será quién consiga avanzar algunos kilómetros más sobre el mapa. Será quién disponga de los recursos, los aliados, la industria, la estabilidad y, sobre todo, la voluntad necesaria para permanecer en pie cuando el otro comience a agotarse.

Marcelo Ramírez
Analista geopolítico | AsiaTV – Humo y Espejos
Analista geopolítico, escritor y conferencista argentino especializado en análisis geopolítico y militar, conflictos contemporáneos y dinámica del mundo multipolar. Fundador y director de AsiaTV y creador de la plataforma de análisis estratégico Humo y Espejos. Autor del libro La OTAN contra Rusia. Propaganda y guerra híbrida (Editorial Letras Inquietas, 2022). Cofundador de la Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Iberoamericana (ADACRI), iniciativa orientada a fortalecer el diálogo estratégico entre el mundo ruso y la comunidad iberófona.

Por Marcelo Ramírez

La victoria sobre Inglaterra convirtió a la Selección en una fuerza de proyección internacional, instaló el nombre Malvinas en la conversación mundial y reveló una capacidad de influencia que el Estado argentino no sabe administrar. El Gobierno intentó contener ese impulso, descalificó su utilización política y solamente modificó su discurso cuando la Casa Blanca defendió a los jugadores.

Hay momentos en que un país se vuelve visible ante el mundo con una claridad que ninguna oficina pública podría planificar. Durante unos días, su historia, sus símbolos y hasta sus contradicciones dejan de pertenecerle exclusivamente y comienzan a circular entre millones de personas que jamás habían prestado atención a sus reclamos. En esos momentos excepcionales, una canción de cancha puede tener más fuerza que un discurso, así como una imagen puede atravesar fronteras que permanecían cerradas para la diplomacia mientras que una bandera puede conseguir en pocas horas lo que durante años no alcanzaron comunicados, ceremonias ni campañas institucionales.

Eso fue lo que ocurrió cuando los jugadores argentinos derrotaron a Inglaterra y desplegaron una bandera con una frase conocida por cualquier habitante del país: “Las Malvinas son argentinas”.

El gesto no había sido preparado por la Cancillería, no formaba parte de una estrategia comunicacional ni había pasado por la supervisión de funcionarios especializados. La bandera cayó desde una tribuna, llegó a manos de los jugadores y fue levantada en medio de una celebración que el mundo entero estaba observando. Su espontaneidad le otorgó precisamente la fuerza que ninguna campaña oficial habría podido fabricar.

La imagen condensaba una victoria deportiva, una causa nacional y una memoria histórica. Los futbolistas no estaban pronunciando un discurso diplomático, pero producían un hecho político de alcance mundial. La Argentina acababa de ofrecer una demostración extraordinaria de poder blando sin que el Estado hubiese intervenido para generarla.

El poder blando suele definirse como la capacidad de un país para influir a través de su cultura, sus valores, su prestigio y el atractivo de su identidad. A diferencia del poder militar o económico, no obliga ni amenaza, se enfoca en seducir, despertar curiosidad para construir simpatías y conseguir que otros pueblos estén dispuestos a escuchar. La Argentina posee una reserva inmensa de ese poder pero su dirigencia rara vez parece advertirlo.

La Selección proyecta una imagen nacional reconocible en prácticamente cualquier lugar del mundo. Messi, los jugadores, las camisetas, los cantos, el modo de festejar y la intensidad con la que se vive cada partido transmiten una idea de la Argentina que resulta difícil de separar de su pueblo: talento, irreverencia, capacidad de resistencia, afecto, orgullo y una obstinación casi inexplicable frente a la adversidad.

En una época marcada por sociedades fragmentadas, identidades debilitadas y ciudadanos cada vez más separados entre sí, la Argentina aparece ante millones de personas como una comunidad que todavía puede reunirse alrededor de una bandera. Esa imagen despierta simpatía incluso entre quienes desconocen su historia, su economía o sus posiciones internacionales. Muchos quieren que gane porque sienten que en ese equipo hay algo vital, desordenado pero profundamente humano que sus propias sociedades han comenzado a perder. La Argentina dispone así de un recurso que otros Estados intentan construir mediante inversiones millonarias: afecto internacional.

Pero el afecto solamente se transforma en influencia cuando existe una política capaz de interpretarlo, organizarlo y dirigirlo hacia objetivos nacionales. El Gobierno argentino no carece de actos oficiales, campañas turísticas o conmemoraciones sobre Malvinas. El problema es que no existe una estrategia visible para aprovechar el extraordinario interés mundial generado por la Selección y convertirlo en una oportunidad para explicar la posición argentina.

La bandera hizo en unas horas lo que ninguna iniciativa estatal reciente había conseguido con una intensidad comparable: logró que personas de los países más diversos buscaran la palabra Malvinas.

Según los datos publicados a partir de Google Trends, el interés mundial por las Islas Malvinas aumentó alrededor de un 2.400 por ciento durante la semana posterior al partido. En Inglaterra, el crecimiento alcanzó aproximadamente el 1.700 por ciento respecto de la semana anterior y registró un salto puntual superior al 5.000 por ciento frente al mismo período del año previo. La serie habría alcanzado su mayor nivel desde el comienzo de los registros disponibles, en 2004.

Además, la conversación digital sobre Malvinas superó los dos millones de menciones entre los días previos y posteriores al encuentro. Solamente durante la jornada del partido se registraron aproximadamente 660.000 menciones, casi el doble de las 373.000 contabilizadas el último 2 de abril. Cuando las publicaciones relacionaron a Javier Milei con Malvinas, el 66,7 por ciento tuvo una valoración negativa, un dato importante por sí mismo. La dimensión cuantitativa resulta impresionante, pero el verdadero acontecimiento estuvo en las palabras utilizadas.

Entre las consultas que crecieron aparecieron “Malvinas”, “Las Malvinas”, “Argentina Malvinas”, “pancarta Malvinas”, “qué son las Malvinas para los argentinos” y “what does Las Malvinas son argentinas mean”. La expresión “Las Malvinas son” aumentó cerca de un 250 por ciento y varias búsquedas directamente vinculadas con la bandera registraron incrementos superiores al 500 por ciento. Mientras eso ocurría, términos centrales de la narrativa británica, como “Falkland Islands” y “Falklands War”, mostraban ligeros retrocesos. El dato revela una verdadera victoria semántica de la posición argentina.

El Reino Unido conserva el control material de las islas, pero durante esos días perdió parcialmente el control del lenguaje utilizado para hablar de ellas. Personas que nunca habían escuchado la posición argentina ingresaron al conflicto a través de la palabra Malvinas. Aunque luego pudieran aceptar, discutir o rechazar el reclamo, debieron preguntarse por qué existía otro nombre, por qué los argentinos insistían en utilizarlo y por qué la disputa seguía abierta más de cuarenta años después de la guerra.

El nombre también obliga a reconocer que hay una controversia. La denominación británica presenta las islas como una posesión natural y terminad mientras la palabra Malvinas abre una grieta en esa aparente normalidad y recuerda que su soberanía continúa siendo discutida por un país entero. Los jugadores consiguieron que esa grieta se volviera visible.

La reacción del Reino Unido confirmó inmediatamente la eficacia del gesto y terminó con el debate sobre si estaba bien o no el despliegue de la bandera. Funcionarios británicos reclamaron que la FIFA investigara a la Selección, respaldaron la posibilidad de aplicar sanciones y denunciaron la utilización política del acontecimiento deportivo. Londres comprendió rápidamente y a diferencia del gobierno de Milei, que la causa había salido de los espacios diplomáticos habituales y entrado en la cultura popular mundial.

Un comunicado de Cancillería puede quedar encerrado entre funcionarios y especialistas, así como una intervención ante Naciones Unidas rara vez alcanza al público general, pero una fotografía de futbolistas conocidos en todo el planeta levantando una bandera llega a personas que jamás leerían una resolución internacional y el Reino Unido reaccionó porque entendió perfectamente la diferencia.

La bandera no modificó la correlación militar ni obligó a Londres a negociar, pero si produjo algo previo y necesario, hizo que el problema volviera a existir para millones de personas. instalando una pregunta allí donde Gran Bretaña había conseguido imponer la idea de un asunto concluido.

Ese es el terreno propio del poder blando, no reemplaza a la diplomacia pero crea el clima en el que la diplomacia puede comenzar a moverse. No recupera territorios por sí mismo, pero debilita silencios, altera percepciones y permite que una causa distante sea comprendida por sociedades que hasta entonces la ignoraban.

La reacción inicial del Gobierno argentino reveló una incomodidad que excedía cualquier preocupación reglamentaria. Antes del partido, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había explicado que las autoridades argentinas acordaron con representantes de la FIFA y organismos de seguridad extranjeros impedir el ingreso de banderas o prendas relacionadas con Malvinas porque constituían “contenido político” y podían ser consideradas provocativas.

Después del encuentro, Milei reconoció formalmente que las islas son argentinas y que la expresión de los jugadores era legítima. Sin embargo, intentó desactivar de inmediato su significado político afirmando que convertir lo sucedido en una política de Estado sería un “error garrafal”, cuestionando los “slogans populistas y berretas” y habló de “patrioterismo barato”. La contradicción resultaba demasiado evidente.

La bandera había provocado una reacción del Gobierno británico, una evaluación disciplinaria de la FIFA, un crecimiento histórico de las búsquedas internacionales y millones de interacciones en redes sociales. Ya era un acontecimiento político mundial, los jugadores no han pretendido convertirse en diplomáticos, pero aún así su acción había producido consecuencias diplomáticas objetivas. Milei pretendía separar el fútbol de la política exterior cuando el mundo entero acababa de unirlos.

Su respuesta revelaba una concepción estrecha del poder. Según esa mirada, la política internacional pertenece exclusivamente a presidentes, cancilleres, negociadores y funcionarios. El pueblo puede emocionarse, cantar y festejar, pero cualquier intervención suya en una causa nacional se vuelve peligrosa, vulgar o inconveniente.

El poder blando nace exactamente en el lugar que esa concepción desprecia surgiendo de la sociedad, de su cultura, de sus deportistas, de sus artistas, de sus símbolos y de la capacidad colectiva para despertar identificación. El Estado no puede producirlo enteramente, porque su autenticidad depende de que no parezca una orden gubernamental, simplemente su tarea consiste en reconocerlo, acompañarlo y convertirlo en una política duradera.

El Gobierno de Javier Milei hizo lo contrario. Primero buscó contenerlo, luego trató de despolitizarlo y finalmente debió adaptarse cuando descubrió que la reacción popular era demasiado poderosa para ser ignorada. La situación adquirió un carácter casi absurdo cuando el mismo Gobierno de Estados Unidos terminó defendiendo a los jugadores con mayor claridad que el presidente argentino.

La posición no fue expresada personalmente por Donald Trump, como sugirieron algunos titulares, sino por Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial. Consultado sobre los pedidos británicos de sancionar a los argentinos, Giuliani sostuvo que Estados Unidos defendía los derechos reconocidos por la Primera Enmienda y afirmó que los jugadores podían realizar esa clase de declaraciones en territorio estadounidense.

El gobierno de Trump, principal referencia internacional e ideológica de Milei junto con Israel, defendía el derecho de la Selección a desplegar la bandera que el Gobierno argentino había considerado provocativa, imprudente y políticamente inconveniente.

Después de esa intervención, la comunicación oficial cambió de tono. El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que el gesto había servido para otorgar una “enorme visibilidad internacional” a la reivindicación argentina y describió a los jugadores como héroes de la Selección. La secuencia fue reveladora porque la voluntad popular del propio país no pareció suficiente para que el Gobierno comprendiera la importancia del acontecimiento, como tampoco lo fue la magnitud de las búsquedas tampoco. La reacción británica, las menciones digitales y la defensa espontánea de Malvinas dentro de la Argentina no modificaron inmediatamente su postura, el cambio solo llegó después de que Washington habilitara públicamente la expresión de los jugadores.

El episodio mostró hasta qué punto el alineamiento ideológico condiciona la capacidad del Gobierno para reconocer los intereses nacionales. Milei necesita sostener que las Malvinas son argentinas porque la Constitución lo obliga y porque cualquier renuncia explícita tendría un costo político inmenso pero al mismo tiempo, admira a Margaret Thatcher, busca evitar conflictos con Londres y ha incorporado formulaciones que acercan el reclamo a la lógica británica de la autodeterminación de los habitantes implantados en las islas.

En su discurso del 2 de abril de 2025, sostuvo que la Argentina debía conseguir que los isleños “prefirieran” ser argentinos. Esa formulación desplazó el eje desde la integridad territorial hacia la voluntad de una población establecida y administrada por la potencia ocupante, una perspectiva que históricamente ha servido al Reino Unido para bloquear las negociaciones sobre soberanía.
El Gobierno mantiene así dos discursos que difícilmente pueden convivir. Uno afirma formalmente la soberanía argentina. El otro procura evitar cualquier acción que incomode seriamente a Londres.

La bandera de los jugadores hizo visible esa contradicción porque obligó a elegir entre acompañar una expresión nacional espontánea o proteger una relación internacional construida alrededor de la afinidad ideológica. La primera reacción de Milei mostró con claridad dónde se encuentran sus prioridades.

Malvinas continúa siendo una de las pocas causas capaces de atravesar diferencias políticas, sociales, regionales y generacionales. La Argentina discute su economía, su historia, sus gobiernos y hasta el sentido de su identidad y la soberanía sobre las islas permanece como una convicción compartida por sectores que no coinciden prácticamente en ningún otro tema. Esa continuidad explica la potencia de la bandera.

Los jugadores no inventaron un sentimiento, le dieron una forma visible a algo que permanecía vivo dentro de la sociedad. Por eso el gesto no pudo ser reducido a una provocación deportiva y por eso la crítica presidencial generó un rechazo tan amplio. Cuando Milei habló de “patrioterismo barato”, una parte importante de la sociedad sintió que no estaba cuestionando solamente a unos futbolistas, sino desacreditando una memoria que pertenece a generaciones enteras.

Malvinas recuerda que la Argentina tiene intereses propios y que esos intereses pueden entrar en contradicción con los de Londres, Washington o cualquier otra potencia. Obliga a pensar el país desde su soberanía y desde su territorio, una perspectiva incómoda para los sectores anglófilos que imaginan la política exterior como una búsqueda permanente de aprobación occidental.

La causa también dejó en evidencia las limitaciones de la oposición, si bien varios dirigentes cuestionaron la prohibición de ingresar banderas, celebraron el gesto de los jugadores y reafirmaron la soberanía argentina. Pero la política no se mide únicamente por declaraciones y publicaciones en redes sociales. Ningún sector opositor logró convertir el acontecimiento en una propuesta internacional articulada, presentar un plan de acción o construir una respuesta capaz de disputar la iniciativa al Gobierno. Hubo pronunciamientos, homenajes y consignas pero faltó una estrategia.

Cuando un acontecimiento de semejante magnitud encuentra a un Gobierno intentando frenarlo y a una oposición apenas comentándolo, queda en evidencia que la vitalidad política del país se encuentra fuera de sus estructuras institucionales. El pueblo produjo el hecho, los jugadores lo hicieron visible, los dirigentes llegaron tarde o no llegaron.

La Selección consiguió proyectar una imagen positiva de la Argentina, instalar internacionalmente la palabra Malvinas y demostrar que la soberanía continúa siendo una causa viva. Ninguno de esos resultados fue planificado por el Estado.

Una política exterior consciente de su oportunidad habría reaccionado de inmediato. Podría haber producido contenidos en inglés, portugués, árabe, chino, francés o hindi para responder a quienes buscaban por primera vez información sobre las islas. Podría haber difundido mapas, documentos históricos, resoluciones de Naciones Unidas y explicaciones breves sobre el origen de la controversia.

Las embajadas, las universidades, los medios públicos, los centros culturales y las organizaciones de veteranos podrían haber trabajado de manera coordinada. La Argentina podría haber vinculado la atención sobre Malvinas con su turismo, su cultura, su industria, su ciencia y su presencia en el Atlántico Sur. Millones de personas estaban mirando y muchas de ellas sentían simpatía por el país. El Gobierno eligió discutir si los jugadores habían sido prudentes y allí reside el fracaso.

La Argentina no carece de poder blando porque lo produce de manera constante, muchas veces a pesar de sus gobiernos. Lo generan sus deportistas, sus artistas, su cultura popular y una sociedad que conserva una forma particular de vincularse con sus símbolos, pero el problema aparece cuando quienes gobiernan solamente reconocen el poder que proviene de las grandes potencias y desconfían del que nace dentro de su propio pueblo.

Los jugadores levantaron una bandera y el Reino Unido reaccionó, la Casa Blanca defendió su derecho a mostrarla y las búsquedas se multiplicaron. La palabra Malvinas atravesó idiomas y fronteras durante algunos días y la Argentina consiguió romper el cerco narrativo británico y colocar su propia denominación en el centro de la conversación mundial.

La final puede perderse en una jugada, eso forma parte del fútbol, sin embargo la batalla por el nombre produjo una huella más profunda recordando que un país puede conservar recursos de poder incluso cuando sus dirigentes no saben reconocerlos, y que algunas causas sobreviven porque permanecen resguardadas en un lugar al que los gobiernos todavía no han conseguido llegar: la memoria de su pueblo.

Marcelo Ramírez
Analista geopolítico | AsiaTV – Humo y Espejos
Analista geopolítico, escritor y conferencista argentino especializado en análisis geopolítico y militar, conflictos contemporáneos y dinámica del mundo multipolar. Fundador y director de AsiaTV y creador de la plataforma de análisis estratégico Humo y Espejos. Autor del libro La OTAN contra Rusia. Propaganda y guerra híbrida (Editorial Letras Inquietas, 2022). Cofundador de la Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Iberoamericana (ADACRI), iniciativa orientada a fortalecer el diálogo estratégico entre el mundo ruso y la comunidad iberófona.

Por Marcelo Ramírez

La acumulación contemporánea no busca solamente riqueza, comodidad o consumo, sino obtener la capacidad de ordenar la sociedad y administrar la escasez para decidir sobre la vida de los demás. El problema más profundo de nuestra época no es que existan hombres inmensamente ricos, sino que esa concentración de poder haya dejado de percibirse como una anomalía moral y se haya convertido en sinónimo de inteligencia, mérito y éxito.

Cada vez que se publican las cifras de las mayores fortunas del planeta vuelve a formularse una pregunta que parece cargada de sentido común: ¿para qué necesita una persona acumular semejante cantidad de dinero si, aun viviendo varias vidas, jamás podría gastarlo? La pregunta resulta comprensible porque nace de la experiencia de quienes asocian el dinero con la satisfacción de necesidades concretas. Naturalmente, quien no posee una vivienda imagina que la riqueza consiste en comprar una casa o quien vive bajo el peso de las deudas sueña con la tranquilidad de no deber nada. La lista se extiende a muchas otras razones como poder viajar, estudiar o atender su salud, llevando entonces a tomar naturalmente al dinero como la llave que permite abrir aquellas puertas que la escasez mantiene cerradas.

Sin embargo, esa manera de comprender la riqueza deja de ser útil cuando se intenta analizar las grandes acumulaciones contemporáneas, porque después de cierto punto el dinero ya no cumple la función de permitir un mayor consumo, sino que se transforma en una herramienta de poder. Un multimillonario no necesita otra casa, ni otro automóvil, todo lo que quiere ya lo puede comprar, simplemente acumula porque cada nueva fracción de riqueza amplía su capacidad para influir, condicionar y decidir sobre ámbitos que exceden por completo su vida privada. El dinero comienza entonces a comprar empresas, bancos, tierras, medios de comunicación, plataformas digitales, laboratorios, universidades, sistemas de inteligencia artificial, recursos naturales y acceso privilegiado a los gobiernos.

En ese nivel, la fortuna deja de representar solamente una cantidad de bienes y pasa a constituir una estructura privada de decisión sobre la vida colectiva. Cuando se controla una red social utilizada por cientos de millones de personas, no se posee simplemente una compañía rentable sino una capacidad formidable para determinar qué discursos circulan, cuáles son invisibilizados, qué temas ocupan el centro del interés público y qué acontecimientos quedan relegados a los márgenes. Lo mismo se repite con la infraestructura tecnológica, las bases de datos, los sistemas de pago o los algoritmos de inteligencia artificial: posee herramientas capaces de condicionar la economía, la política, la cultura y hasta la percepción cotidiana de la realidad.

Por eso la pregunta verdaderamente importante no es cuánto dinero puede gastar un hombre en su corta vida natural, sino cuánta voluntad puede imponer mediante ese dinero. El consumo encuentra límites físicos relativamente evidentes porque una persona puede habitar un número reducido de casas, comer una cantidad limitada de alimentos y utilizar apenas una fracción de los objetos que posee, pero su consumo no es infinito ni remotamente cercano a lo que su dinero representa como poder de compra. El poder, en cambio, no reconoce un punto natural de satisfacción, porque siempre existe una decisión más que puede ser controlada, una institución más que puede ser influida, una resistencia más que puede ser neutralizada y un territorio adicional sobre el cual extender la propia voluntad.

La acumulación extrema, por lo tanto, no debería analizarse como una extravagancia psicológica de individuos incapaces de disfrutar de lo que tienen, sino como una forma de construcción política. El dinero permite transformar una preferencia personal en una decisión social, convertir una ambición particular en política pública y presentar los intereses de una minoría como si fueran necesidades universales. Lo que se acumula no es solamente capital monetario, acumula más y más capacidad de mando.

El poder, sin embargo, no existe en el vacío, sino que siempre se manifiesta como una relación entre quien puede decidir y quien debe aceptar la decisión, entre quien controla los recursos y quien depende de ellos para sobrevivir. Por eso no alcanza con que unos pocos posean mucho, es necesario, para que esa riqueza se convierta en dominio que muchos posean poco. La desigualdad no es simplemente una distancia numérica entre patrimonios, sino una arquitectura de dependencia clave que obliga a una parte de la sociedad a someterse a las condiciones establecidas por otra.

Una persona que tiene garantizados al alimento, a la vivienda, a la salud, a la educación y ahora debemos ya sumar a la energía y hasta el propio acceso al conocimiento, dispone de un margen de libertad que resulta peligroso para cualquier estructura de dominación. Puede negarse a aceptar un trabajo degradante, rechazar una orden injusta, abandonar una relación abusiva o cuestionar a quien pretende imponerle condiciones. Pero el que vive al borde del hambre, de la deuda o del desalojo, por el contrario, debe calcular cada gesto, porque cualquier resistencia puede tener consecuencias inmediatas sobre su propia supervivencia.

La precariedad disciplina de una manera que ninguna orden explícita podría conseguir. El trabajador endeudado acepta horarios, salarios y condiciones que rechazaría si su existencia no dependiera de ellos, quien teme perder la cobertura médica se vuelve prudente frente al empleador así como el que no sabe cómo pagará el alquiler del mes siguiente posee una libertad apenas formal, pero carece de autonomía material. Puede elegir en teoría, aunque en la práctica solo deba aceptar aquello que le ofrecen.

Por eso la desigualdad no siempre constituye un efecto indeseado de la organización económica, sino que puede convertirse en una condición funcional del poder. No es necesario imaginar que las élites desean el sufrimiento ajeno por una forma elemental de sadismo, aunque muchas veces exista esa crueldad. En una primera instancia alcanza con comprender que la dependencia les resulta útil porque una población segura de sus derechos, con sus necesidades fundamentales satisfechas y con capacidad real de rechazar aquello que considera injusto y es mucho más difícil de gobernar desde arriba que una población fragmentada, endeudada y temerosa de perder lo poco que posee.

La inteligencia artificial lleva esta contradicción a una dimensión inédita, porque ofrece por primera vez la posibilidad material de producir una enorme cantidad de bienes, servicios y conocimiento utilizando cada vez menos trabajo humano. En términos tecnológicos, podría abrirse una época en la cual las tareas repetitivas disminuyeran, las jornadas laborales fueran más breves y el acceso a la educación, la salud y la información alcanzara niveles que durante siglos resultaron inimaginables. Solo con eso, la humanidad podría encontrarse frente a la posibilidad concreta de reducir radicalmente la escasez.

Pero la tecnología no posee una orientación moral propia ni determina por sí misma la manera en que serán distribuidos sus beneficios. La misma inteligencia artificial es tanto capaz de liberar tiempo y democratizar el conocimiento como ser utilizada para reemplazar trabajadores, vigilar poblaciones, clasificar individuos, predecir conductas, controlar movimientos y concentrar todavía más la propiedad. El problema central no reside en consecuencia, en la máquina sino en la estructura de poder que la administra.

Si los sistemas de inteligencia artificial, los centros de datos, la capacidad de procesamiento y las fuentes de energía quedan en manos de una minoría, la abundancia técnica no producirá necesariamente abundancia social. Podrá ocurrir algo mucho más paradójico que es que una civilización posea los medios para garantizar una vida digna a todos sus integrantes y, sin embargo, mantenga artificialmente la escasez porque la inseguridad y la dependencia continúan siendo instrumentos de control.

En ese escenario, el problema no será que la tecnología haya fracasado, sino que habrá triunfado dentro de un orden cuya finalidad no consiste en satisfacer las necesidades humanas, sino en preservar las jerarquías existentes. La productividad podrá multiplicarse lo que se desee, pero sus frutos serán retenidos. El trabajo humano podrá volverse menos necesario, pero simultánemante millones de personas serán declaradas prescindibles, el conocimiento podrá encontrarse disponible en cantidades extraordinarias, pero su acceso quedará condicionado por plataformas privadas que decidirán quién puede utilizarlo y bajo qué condiciones.

Esta posibilidad debería conducirnos a una pregunta todavía más profunda: ¿por qué algunos seres humanos buscan acumular un poder que excede toda necesidad razonable? La respuesta no puede reducirse a la codicia entendida como simple amor al dinero, porque el dinero, en esas dimensiones, es apenas el lenguaje mediante el cual se expresa una voluntad más antigua como la voluntad de dominio, la necesidad de imponer la propia decisión sobre los demás y la pretensión de no reconocer ninguna instancia superior capaz de establecer límites.

La tradición cristiana identificó desde muy temprano esta inclinación. San Agustín habló de la libido dominandi, la pasión por dominar, que no se satisface solamente con poseer bienes, sino que busca transformar la libertad ajena en una extensión de la voluntad propia. El poderoso no quiere solamente que los otros hagan aquello que él considera conveniente, al contrario, necesita que reconozcan su autoridad, que dependan de sus decisiones y que acepten como natural una jerarquía en la cual su posición aparece por encima de las demás.

La concepción cristiana introducía frente a esa ambición un límite radical, porque afirmaba que todo poder humano era relativo, transitorio y sometido a juicio. El rey podía ordenar sobre la tierra, pero no podía comprar su absolución. Así, el rico podía rodearse de aduladores, pero no podía modificar la verdad ni el vencedor podía escribir la historia, aunque su victoria no transformara el crimen en justicia. Ante Dios, el emperador y el mendigo volvían a encontrarse en una igualdad que ninguna fortuna podía abolir.

La idea de trascendencia tenía, por lo tanto, una consecuencia política y moral decisiva porque recordaba al poderoso que existía una autoridad que no podía controlar. La muerte no era simplemente el final biológico de la existencia, sino el momento en que cada acción sería examinada desde una medida distinta del éxito, la riqueza o la victoria. Quien hubiera construido su poder sobre el sufrimiento de los demás no podría ocultarse detrás de balances, leyes favorables o discursos cuidadosamente redactados.

El abandono de esa concepción no produce automáticamente crueldad porque existen personas no creyentes capaces de una profunda conducta moral y creyentes capaces de cometer atrocidades. Sin embargo, una sociedad que elimina toda referencia trascendente pierde uno de los límites más poderosos frente a la ambición. Si no existe ninguna instancia superior al éxito, si la historia es el único tribunal y si la muerte pone fin a toda responsabilidad, el poderoso puede llegar a creer que el único fracaso verdadero consiste en no haber acumulado suficiente influencia antes de desaparecer.

La riqueza, las empresas, las fundaciones, las instituciones y hasta la descendencia se convierten entonces en formas de prolongación simbólica. El hombre busca sobrevivir a través de aquello que controla, inscribir su nombre en la historia y modelar el futuro de generaciones que nunca conocerá. La acumulación deja de ser un medio para vivir mejor y se transforma en un intento de derrotar a la muerte mediante la permanencia del propio poder.

La situación se vuelve todavía más grave cuando la cultura deja de considerar esa ambición como un vicio y comienza a presentarla como una virtud. Durante siglos, aun en las sociedades profundamente más desiguales, la avaricia necesitó ocultarse o justificarse. El rico debía demostrar generosidad, fundar hospitales, sostener obras religiosas o presentarse como protector de la comunidad, porque la acumulación sin límite conservaba una sospecha moral.

La sociedad contemporánea ha producido una inversión más profunda puesto que ya no exige que el rico se justifique por poseer demasiado, sino que lo admira precisamente por haberlo conseguido. La fortuna se convierte en evidencia de inteligencia, disciplina y superioridad. El éxito económico comienza a funcionar como certificado de virtud, mientras que la pobreza se interpreta como resultado de una incapacidad individual.

Aquello que anteriormente podía llamarse avaricia pasa a denominarse ambición mientras la explotación se presenta como eficiencia, la indiferencia frente al sufrimiento ajeno se disfraza de responsabilidad personal o la concentración del poder se celebra como liderazgo, lo que lleva a la destrucción de comunidades enteras puede ser defendida en nombre de la libertad económica.
Ciertas formas de libertarismo ofrecen la justificación ideológica más completa de esta transformación, porque parten de una concepción del individuo como propietario absoluto de sí mismo, de sus capacidades y de todo cuanto consigue adquirir mediante intercambios formalmente voluntarios. Desde esta perspectiva, la sociedad deja de ser una comunidad de obligaciones recíprocas y se reduce a una suma de contratos entre individuos que, en teoría, se encuentran en igualdad de condiciones.

El problema aparece cuando esa igualdad jurídica oculta desigualdades materiales tan profundas que la libertad de una de las partes se vuelve prácticamente ficticia. Quien debe aceptar un empleo para alimentar a sus hijos no negocia desde la misma posición que quien puede esperar durante años, si necesita vender su fuerza de trabajo para sobrevivir tampoco posee el mismo poder que quien controla el capital, la tecnología y el acceso al mercado. El contrato puede ser voluntario en los papeles y profundamente coercitivo en la realidad.

El libertarismo radical, sin embargo, tiende a ignorar esa dimensión y convierte todo resultado del mercado en una consecuencia legítima de decisiones individuales. Si alguien acumuló una fortuna dentro de las reglas formales, se considera que tiene derecho absoluto a conservarla aunque esa acumulación le permita condicionar gobiernos y monopolizar recursos o someter a millones de personas a relaciones de dependencia. El rico merece su riqueza porque triunfó mientras que el pobre merece su pobreza porque no supo competir.

Así desaparecen del análisis la herencia, la concentración previa de la propiedad, la desigualdad educativa, los monopolios, el poder financiero, la apropiación de recursos naturales y la capacidad de los grandes actores económicos para modificar las propias reglas bajo las cuales dicen competir. La estructura se vuelve invisible y toda derrota social es atribuida a una falla moral del individuo, no a las condiciones en que desarrolla su vida.

No todo defensor de la libertad económica sostiene esta visión, ni toda crítica al Estado conduce necesariamente a la insolidaridad, pero existe un núcleo libertario que resulta especialmente funcional al poder concentrado que es la idea de que nadie debe nada a nadie fuera de aquello que haya aceptado mediante un contrato. Esa afirmación disuelve la noción misma de comunidad, de empatúia por el prójimo, de solidaridad, mientras desconoce que una sociedad no puede construirse únicamente sobre vínculos comerciales entre individuos aislados.

La vida humana comienza en la dependencia, se desarrolla dentro de instituciones que nadie creó por sí solo y necesita de bienes comunes que ninguna voluntad individual podría producir. El lenguaje, la cultura, la infraestructura, la educación, la seguridad y el conocimiento acumulado por generaciones constituyen una herencia colectiva que desconocen. Incluso la mayor fortuna privada se apoya siempre sobre condiciones sociales que su propietario no creó y de las cuales se beneficia constantemente.

La tradición cristiana comprendía esta realidad al afirmar que la propiedad privada podía ser legítima, pero nunca absoluta, porque los bienes poseen un destino universal y deben servir también al bien común. La riqueza no eximía de responsabilidad, sino que la aumentaba y entonces el que había recibido más no podía considerarse dueño exclusivo de aquello que poseía, sino administrador de bienes que debían cumplir una función social.

La pregunta cristiana no era solamente si algo había sido adquirido legalmente, sino qué obligación nacía de esa posesión frente a quienes carecían de lo indispensable. La legalidad no agotaba la moral porque una fortuna podía ajustarse a las normas y, sin embargo, resultar injusta si se había construido sobre el hambre, la explotación o la privación de los demás.

Cuando esta concepción desaparece, el dinero queda liberado de toda exigencia superior y el éxito sustituye a la virtud. Ya no importa para qué se utiliza el poder, qué consecuencias genera o cuántas vidas quedan destruidas en el camino, alcanza con que haya producido resultados cuantificables. En consecuencia, el balance reemplaza a la conciencia y la rentabilidad se convierte en el argumento definitivo.

También determinadas deformaciones religiosas contribuyeron a legitimar este proceso. Si bien no sería justo generalizar responsabilizando al conjunto del protestantismo por la actual situación, que muchas veces contiene tradiciones de fuerte compromiso social y sostiene que una fe verdadera debe manifestarse necesariamente en obras. Sin embargo, las interpretaciones individualistas de la salvación permitieron separar la vida espiritual de las consecuencias concretas de la conducta económica, como si la fe pudiera permanecer intacta mientras el creyente construía su prosperidad sobre la desgracia ajena.

La teología de la prosperidad llevó esa deformación todavía más lejos al presentar la riqueza como señal de bendición divina. El rico ya no necesitaba pedir perdón ni justificar su fortuna, porque esa misma fortuna aparecía como evidencia de que Dios lo había elegido. El pobre, por el contrario, quedaba bajo sospecha, dado que su situación podía interpretarse como falta de fe, disciplina o mérito y en definitiva que Dios mismo le daba la espalda.

Así, la desigualdad económica adquiría una legitimidad espiritual y la dominación se transformaba en signo de superioridad moral. La riqueza ya no era una prueba que exigía responsabilidad, sino una recompensa que autorizaba al poderoso a contemplar su posición como resultado natural de sus virtudes.

El ateísmo, por su parte, tampoco conduce necesariamente al egoísmo ni a la crueldad, pero cuando se combina con una concepción puramente material del éxito puede eliminar toda idea de responsabilidad más allá de la ley, la reputación o la conveniencia. Si las normas son consideradas simples convenciones humanas y el poderoso posee la capacidad de modificarlas, el límite moral puede reducirse a aquello que resulte útil para conservar su posición.

En ese contexto, la cuestión no es simplemente si el individuo cree o no cree en Dios, sino si reconoce alguna verdad, algún deber o alguna dignidad humana que no pueda ser sacrificada en nombre del éxito. Una sociedad puede declararse religiosa y actuar como si nada existiera por encima del dinero, del mismo modo que una persona atea puede sostener principios éticos profundos.

El problema comienza cuando la cultura entera deja de reconocer límites superiores a la voluntad de quienes vencen.

A esta pérdida moral se suma una dinámica propia de las estructuras de poder, que tienden a seleccionar y premiar a quienes poseen menos escrúpulos. No se trata de una selección natural en sentido biológico, sino de una selección institucional porque en los sistemas organizados alrededor de la competencia permanente, la maximización del beneficio y la eliminación de obstáculos, quienes sienten compasión dudan o reconocen ciertos límites pueden quedar en desventaja frente a quienes están dispuestos a mentir, manipular o sacrificar a otros para avanzar.

La persona escrupulosa se detiene donde otra continúa, rechaza una orden que podría favorecer su carrera, se niega a ejecutar una medida injusta o abandona una posición cuando comprende el daño que está causando. El individuo sin esos frenos, en cambio, puede avanzar con mayor rapidez dentro de estructuras que solo evalúan resultados y consideran toda objeción moral como debilidad.

A medida que asciende, además, el poderoso se rodea de personas semejantes. Quienes contradicen son desplazados, considerados poco confiable, por mostrar compasión son acusados de no comprender las exigencias de la realidad. De ese modo se crea un ecosistema moral en el cual la falta de escrúpulos deja de ser una anomalía y se convierte en una condición para permanecer dentro del círculo de decisión. Así se construye una pirámide que selecciona en función del individualismo, el egoísmo y la falta de solidaridad y empatía.

No es necesario que todos sean monstruos conscientes de aquello que hacen, alcanza con que cada uno ejecute una pequeña parte del daño y traslade la responsabilidad hacia la estructura. El funcionario afirma que cumple órdenes, el empresario explica que responde a los accionistas, el técnico sostiene que solo diseñó el sistema y el político asegura que no existía otra alternativa. La responsabilidad se fragmenta hasta desaparecer, aunque el resultado final sea devastador, son personajes anónimos que se consideran no responsables del conjunto.

Las élites también reproducen esa mentalidad mediante la educación de sus propios descendientes, formándolos no para compartir el mundo con los demás, sino para administrarlo. Desde temprano aprenden a contemplar la competencia como una ley natural, la vulnerabilidad como un defecto y la compasión como una debilidad que otros aprovecharán. El sufrimiento humano deja de percibirse como una realidad moral y se convierte en costo, externalidad, riesgo o variable estadística.

El otro ya no aparece como un semejante, sino como un empleado, consumidor, votante, recurso humano, dato o amenaza. Cuando esta deshumanización se combina con una enorme capacidad tecnológica, el poder puede tomar decisiones que afectan a millones de personas sin experimentar la dimensión concreta de sus consecuencias.

El problema fundamental de nuestra época, por lo tanto, no es solamente económico, sino moral y espiritual. No consiste únicamente en que algunos posean demasiado mientras otros carecen de lo necesario, sino en que la sociedad haya comenzado a admirar la acumulación ilimitada y a considerar que quien consigue concentrar más riqueza merece también una autoridad superior sobre el destino colectivo.

El multimillonario se transforma entonces en referente intelectual, consejero político, innovador moral y diseñador del futuro, como si la habilidad para acumular dinero demostrara automáticamente sabiduría sobre educación, ciencia, guerra, cultura o justicia. Su riqueza no es vista como una concentración que debe ser limitada, sino como una credencial que lo habilita a decidir por los demás.

Allí se encuentra el núcleo más peligroso de esta transformación porque el mal ya no necesita ocultarse ni justificarse y ha conseguido modificar el lenguaje con el cual la sociedad lo reconoce. La avaricia se llama éxito, el egoísmo se llama libertad, la desigualdad se llama mérito, la dominación se llama liderazgo y la subordinación se presenta como resultado natural de la competencia.

El dinero nunca fue el verdadero objetivo de las grandes acumulaciones, ese el el gran error de apreciación de quienes intentan oponerse y no entienden la naturaleza final del problema. Solo el dinero fue un instrumento mediante el cual una voluntad individual pudo adquirir empresas, instituciones, gobiernos, tecnologías y conciencias. El objetivo final fue siempre el poder:, que es la capacidad de decidir sobre la vida de los demás sin tener que responder ante ellos.

Una sociedad que abandona la idea de trascendencia, debilita la solidaridad y convierte la riqueza en medida de la dignidad humana queda moralmente indefensa frente a esa ambición, porque deja de reconocer al poderoso como alguien cuya voluntad debe ser limitada y comienza a contemplarlo como un vencedor cuya conducta merece ser imitada.Y cuando la dominación deja de producir rechazo para transformarse en modelo de éxito, el poder ya no necesita imponerse únicamente desde arriba porque ha conseguido algo mucho más eficaz: que quienes se encuentran debajo aspiren a reproducirlo.

Marcelo Ramírez
Analista geopolítico | AsiaTV – Humo y Espejos

Analista geopolítico, escritor y conferencista argentino especializado en análisis geopolítico y militar, conflictos contemporáneos y dinámica del mundo multipolar. Fundador y director de AsiaTV y creador de la plataforma de análisis estratégico Humo y Espejos. Autor del libro La OTAN contra Rusia. Propaganda y guerra híbrida (Editorial Letras Inquietas, 2022). Cofundador de la Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Iberoamericana (ADACRI), iniciativa orientada a fortalecer el diálogo estratégico entre el mundo ruso y la comunidad iberófona.

Por Marcelo Ramírez

La próxima elección parlamentaria rusa no puede leerse como una competencia normal entre partidos ni puede ser reducida a la fórmula occidental de “régimen sin democracia” ni a la versión oficialista de una sociedad completamente unificada detrás del poder. Rusia atraviesa una situación muy compleja porque tiene partidos, corrientes sociales, voto de protesta, combinado con el temor económico, un nacionalismo movilizado y una prioritaria demanda de estabilidad. Todo eso explica un sistema que sigue orbitando alrededor de una figura excluyente que organiza el sistema completo ruso que es su líder, Vladímir Putin.

La elección se celebrará en septiembre de este año y renovará los 450 diputados de la Duma Estatal, 225 por listas partidarias y 225 por distritos uninominales. Esa ingeniería electoral es decisiva porque permite transformar un apoyo partidario relativo en una mayoría parlamentaria muy amplia. En 2021, Rusia Unida, el partido que lidera el país y que se asocia a Putin, obtuvo oficialmente 49,82% de los votos por lista pero terminó con 324 bancas, el Partido Comunista obtuvo 18,93% y 57 bancas, el LDPR, 7,55%, Rusia Justa, 7,46%; y Nuevas Personas ingresó por primera vez con 5,32%. La participación electoral fue de 51,7% y ese dato muestra que el oficialismo no necesita monopolizar todos los votos porque le alcanza con controlar el centro del sistema, los distritos, la maquinaria territorial y la conversión institucional del voto en poder.

La fotografía actual confirma esa estructura, aunque con tensiones nuevas. Según VTsIOM (Centro Ruso del Estudio de la Opinión Pública), al 26 de junio de 2026 Rusia Unida tenía 33,8% de apoyo, Nuevas Personas 12%, el Partido Comunista 10,7%, el LDPR 9,4% y Rusia Justa 5,7%. Lo llamativo y que explica mucho de la realidad rusa, es que en la misma medición, Putin tenía 76,7% de confianza y 70,4% de aprobación presidencial. La diferencia entre Putin y Rusia Unida es entonces un dato central dado que el presidente conserva una legitimidad muy superior a la del partido que administra su mayoría legislativa.

Ahí se entiende la verdadera función de Rusia Unida que no es la de canalizar el apoyo popular al presidente, sino un partido de organizar políticamente esa voluntad. Reúne gobernadores, alcaldes, burocracia, empresas estatales, redes regionales, funcionarios, cuadros legislativos y operadores territoriales. Su fuerza, entonces, no está en una doctrina ideológica diferenciada, sino en su condición de partido del Estado y del Presidente. Riddle lo define como una estructura que funciona en el plano federal, como una suerte de departamento político-jurídico de la burocracia, con representantes de las corporaciones estatales, intereses regionales, grupos empresariales dependientes del Estado y sectores vinculados a los servicios de seguridad.

De alguna manera, y tomándonos alguna licencia, tiene algún parecido a la organización del peronismo como movimiento alrededor de un líder político, Juan Domingo Perón, y una estructura que canalizaba ese apoyo como maquinaria electoral y estructural del poder burocrático consecuente que era el Partido Justicialista. La estructura rusa parece tener semejanzas con este esquema organizativo mas familiar para los argentinos.

La composición social de su voto también es clara. Levada detecta que Rusia Unida tiene mayor apoyo entre mujeres, personas mayores, habitantes de ciudades pequeñas y zonas rurales, quienes creen que el país va en la dirección correcta y quienes aprueban a Putin. Es decir, su base natural es el electorado de estabilidad. No necesariamente vota por amor al signo partidario, sino por asociación con la imagen de Putin y en continuación con el gobierno, con la mayoría parlamentaria y con la idea de orden. Los propios encuestados justifican el voto diciendo que es “el partido de Putin”, “el partido del poder”, “la mayoría”, “el que determina el rumbo” o “la estabilidad”.

Ese es el primer gran bloque político-social ruso y el más importante, el que ha regido la vida política en los últimos años. El bloque conservador-estatal no debe confundirse mecánicamente con Rusia Unida porque como partido, Rusia Unida oscila hoy entre 30% y 35% en las encuestas una aprobación bastante menos a la que consigue el Presidente. Funciona como un sistema de estabilidad alrededor de Putin siendo el bloque más amplio y que puede acercarse al 60/70% cuando se mide confianza presidencial, aprobación del rumbo o rechazo a una ruptura brusca. El voto a Rusia Unida es la parte organizada de ese bloque aunque no su totalidad.

El segundo bloque en importancia al día de hoy es la “izquierda social-soviética”, representada de manera imperfecta por el Partido Comunista de la Federación Rusa. El PCFR conserva una base real en la nostalgia de las épocas soviéticas, en la demanda de justicia social, el rechazo a los oligarcas, la defensa de pensiones, salud, educación y Estado como gran protector social. El mismo Levada muestra que quienes votan al PCFR suelen justificarlo por nostalgia de la URSS, por la idea de que “con los comunistas se vivía mejor” o porque el partido aparece como alternativa a una Rusia Unida desgastada. Extraño contraste con la idea general de Occidente que dice que con el comunismo se vivía peor, sin haber conocido la realidad soviética y desconociendo lo que los propios rusos soviéticos dicen de su experiencia histórica.

El mayor temor, que define gran parte de la política actual, es el miedo a regresar a los años del esplendor neoliberal de Yeltsin, periodo en el que se desmanteló el Estado protector y se erosionó la independencia y la soberanía rusas. La misma encuestadora también registra que el apoyo al oficialismo es menor entre quienes desaprueban a Putin, consumen YouTube como fuente informativa o creen que el país va por mal camino, en comparación con el respaldo obtenido entre hombres, personas mayores y habitantes de ciudades medianas

Pero el PCFR tiene un límite estructural expresando el malestar social y no necesariamente una voluntad de poder. Parte de la opinión pública interesada en la política no defienden al Partido Comunista como una alternativa histórica sólida, sino como instrumento de castigo contra Rusia Unida. Se escuchan frases como que se debe votar al PCFR “por principios”, “por cualquier candidato comunista” o bajo la lógica de “por el diablo antes de que por Rusia Unida”. También aparece la acusación inversa que dice que el PCFR ya no sería comunista, sino una estructura socialdemócrata aburguesada y simplemente decorativa.

Esto permite formular una tesis sin mucho riesgo a equivocarnos, Rusia es más izquierdista en demanda social que comunista en representación partidaria. Hay un país que quiere más Estado social, más control sobre bancos y oligarcas, más protección económica y más justicia distributiva. No obstante, ese país no necesariamente ve en Ziugánov y en el PCFR una conducción apta para gobernar una Rusia en guerra, sancionada y sometida a presión geopolítica. No es el momento de hacer experimentos, piensan.

El tercer bloque es el nacionalismo patriótico que no se reduce al LDPR, el Partido Liberal Democrático de Rusia, que pese a su nombre, no es liberal en sentido occidental sino una fuerza nacionalista, estatista, populista y patriótica. Liberal no proviene del mismo concepto de liberalismo occidental sino de libre, y democrático nos recuerda que las naciones socialistas en la época soviética solían utilizar el termino de democrático en su nombre, como el caso de Alemania.

Su base se apoya en el legado de Zhirinovsky y en un voto de protesta dura, emocional, de orden y orgullo nacional. Levada muestra que el LDPR tiene más apoyo entre jóvenes menores de 25 años, votantes que aprueban a Putin y usuarios de Telegram. Eso es importante, no todo nacionalismo es crítico de Putin. Por considerarlo blando, parte del nacionalismo ruso funciona como presión interna para endurecer el rumbo, no para occidentalizar el país.

Más allá del LDPR, existe un nacionalismo marcado por la guerra más amplio conformado por blogueros militares, veteranos, sectores del Donbass, comentaristas patrióticos, círculos vinculados al aparato de seguridad y parte del electorado que considera que el problema del Kremlin no es haber ido demasiado lejos, sino no haber ido lo suficientemente lejos. Este sector reclama más dureza contra Ucrania, más disciplina interna, menos concesiones, más movilización industrial y castigo a la corrupción o incompetencia en la retaguardia. No tiene partido único que lo nuclee, pero sí capacidad de presión sobre el propio gobierno. De hecho, los análisis sobre la campaña de 2026 señalan que el Kremlin intenta incorporar veteranos y figuras de la guerra dentro de Rusia Unida para domesticar esa energía patriótica y evitar que se convierta en una crítica autónoma desde la derecha nacionalista.

El cuarto bloque es “Nuevas Personas”, el dato más interesante de la campaña electoral. Según VTsIOM, aparece en segundo lugar con 12%, aunque Riddle advierte que hay una discrepancia fuerte con FOM, que lo mide más cerca del 6%. Esa diferencia probablemente sea metodológica porque VTsIOM usa encuestas telefónicas, más sensibles a cambios rápidos de humor, mientras FOM trabaja con entrevistas presenciales. Pero más allá del número exacto, Nuevas Personas parece captar una sensibilidad real de jóvenes urbanos, sectores profesionales, emprendedores, votantes cansados de la burocracia, del exceso regulatorio, de los bloqueos de internet y de la falta de renovación política.

Levada confirma el perfil. Nuevas Personas tiene mayor apoyo entre jóvenes menores de 25 años, quienes creen que el país va por mal camino, quienes no aprueban a Putin y quienes usan YouTube. Sus votantes lo justifican como una fuerza “nueva”, “joven”, con “nuevas ideas” y “nuevo pensamiento”. No es una oposición liberal prooccidental clásica, aunque se le parece en los eslóganes que emplea. Es más bien una válvula tecnocrática y generacional que permite expresar fastidio con la rigidez del sistema sin romper frontalmente con la arquitectura de poder.

El quinto bloque es el liberal prooccidental o anti-guerra, electoralmente muy débil y políticamente comprimido. Su referencia legal más conocida sigue siendo Yabloko, pero su peso nacional es bajo, tanto que NEST señalaba que Yabloko obtuvo 1,21% en 2021 y que enfrenta creciente presión administrativa y política. Ese espacio puede representar a sectores urbanos, profesionales, jóvenes, pacifistas, consumidores de medios no estatales y parte del exilio, pero no tiene hoy estructura territorial ni margen institucional para convertirse en alternativa nacional.

El deseo de normalización con Occidente puede ser mucho mayor que el voto prooccidental Muchos rusos pueden querer menos sanciones, menos bloqueo tecnológico, más viajes, más comercio, más internet y menos aislamiento, sin querer una Rusia subordinada a Bruselas o Washington. Ese sector no se traduce automáticamente en voto liberal, muchas veces puede terminar en abstención, voto a Nuevas Personas o en una simple despolitización.

A todo esto se suma un sexto bloque que es la abstención, el cinismo y el voto sin fe. Levada registró que solo 49% decía estar dispuesto a votar, 28% no pensaba participar y 20% no había decidido. Entre quienes no querían votar, 41% decía que su participación “no cambiaría nada”, 24% no creía en la honestidad electoral, 15% simplemente no quería, 11% no se interesaba por la política y 10% decía que no había candidatos dignos. Ese dato completa el cuadro, Rusia no está dividida solo entre oficialismo y oposición, sino también entre participación disciplinada y desconfianza pasiva.

Esta división muestra la paradoja central. Rusia es políticamente conservadora en demanda de orden, socialmente estatista en demanda económica, patriótica en política exterior y poco liberal en términos electorales. Por eso una oposición prooccidental no despega, el PCFR conserva un piso, pero no hegemoniza el malestar, el LDPR puede captar juventud nacionalista sin romper con Putin y Nuevas Personas crece como válvula urbana. Rusia Unida, mientras tanto depende de la autoridad presidencial para no quedar reducida a una burocracia sin carisma.

El punto decisivo es Putin, todo gira en torno a su persona. En 2024 obtuvo oficialmente 87,28% de los votos con una participación de 77,49%, en una elección cuestionada por Occidente y por sectores opositores, pero usada por el Kremlin como demostración de consolidación nacional. Ese número no debe leerse solo como dato electoral, sino como mensaje político claro: Putin está por encima de los partidos, incluso por encima del partido del poder.

Sin Putin, la pregunta dejaría de ser partidaria y pasaría a ser estatal. No se impondría automáticamente el partido más votado ni el sector más ruidoso, sino el bloque capaz de garantizar continuidad, seguridad, presupuesto, territorio y control institucional. Ese bloque sería una coalición entre siloviki, tecnócratas, administración presidencial, gobernadores, Rusia Unida y grandes estructuras económicas del Estado. Los comunistas podrían captar protesta social, los nacionalistas podrían presionar por una línea más dura, los liberales podrían representar el deseo de apertura y Nuevas Personas podría absorber el malestar urbano. Pero ninguno de esos sectores parece capaz, por sí solo, de ordenar la sucesión.

La paradoja rusa de 2026 es que el sistema es fuerte porque no tiene alternativa organizada, pero esa misma ausencia de alternativa revela una tensión latente. Rusia Unida depende de Putin para transformar administración en legitimidad. El Partido Comunista recoge protesta, pero evita asumir responsabilidad histórica, el LDPR expresa nacionalismo permitido, mientras que Nuevas Personas canaliza modernización sin ruptura. Los liberales sobreviven bajo presión y los nacionalistas empujan desde el clima patriótico, pero no gobiernan solos. La elección no decidirá realmente quién manda en Rusia sino decidirá qué malestares serán absorbidos, cuáles serán neutralizados y cuáles quedarán afuera. El verdadero interrogante no es si Rusia Unida conservará la Duma, sino qué forma adoptará el poder ruso cuando la autoridad personal de Putin deje de ordenar todas las contradicciones internas.

Una reflexión final que nos deja esta radiografía de la política rusa es que no debemos guiarnos por la narrativa occidental que describe a un mandatario impuesto por la fuerza, el miedo y la represión. Putin opera como el punto de convergencia y el balance que articula a los distintos sectores de la sociedad rusa, una realidad que dista de los estereotipos externos.

Por Marcelo Ramírez

La tensión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu expone una fragilidad central del gobierno argentino que es que Javier Milei subordinó la política exterior del país a dos centros de poder externos, Estados Unidos e Israel, sin construir una doctrina nacional capaz de ordenar prioridades cuando esos intereses dejan de coincidir.

Mientras Washington y Tel Aviv actuaban en bloque, ese alineamiento podía presentarse como una posición coherente, sin embargo, el problema aparece cuando ambos polos muestran diferencias estratégicas. Estados Unidos puede intentar contener una escalada, negociar con Irán o preservar sus propios equilibrios regionales, mientras que Israel, en cambio, puede sostener una lógica de acción militar más amplia frente a Irán, Hezbollah, Gaza, Siria o Líbano. En ese punto, la Argentina queda atrapada porque renunció a tener criterio propio y sucedió algo inesperado.

Milei no se limitó a profundizar una relación bilateral, sino que convirtió el alineamiento externo en identidad de gobierno. Su vínculo con Estados Unidos responde a una dependencia política, financiera y geopolítica evidente, mientras que con Israel tiene además una dimensión ideológica, religiosa y emocional mucho más profunda resultado de sus convicciones personales. Israel funciona en su discurso como referencia espiritual, como eje simbólico de su política internacional y como pieza central de una narrativa civilizatoria frente al terrorismo, el islamismo y el eje iraní.

Esa definición reduce peligrosamente el margen de maniobra del Estado argentino porque un gobierno soberano puede condenar el terrorismo, reclamar justicia por los atentados cometidos en territorio nacional, sostener relaciones estratégicas con Israel y al mismo tiempo preservar canales diplomáticos, prudencia institucional y autonomía de decisión. Milei hizo lo contrario a lo aconsejable, transformó la adhesión externa en doctrina oficial y lo realizó con el silencio de una oposición mas preocupada en mantener sus privilegios por su cercanía con EEUU, que por defender los intereses argentinos.

El problema no es Israel como país entonces, ni la identidad religiosa de sus ciudadanos como tampoco la existencia de cooperación internacional en materia de seguridad. El problema es la extranjerización de decisiones estratégicas que deberían estar bajo control argentino. No importa quienes sean los extranjeros que toman decisiones, sino que lo hacen en función de sus beneficios y no los de la Argentina. Si además, como sostienen fuentes del ámbito de inteligencia, esa dependencia no se limita al plano diplomático y alcanza áreas operativas del sistema de seguridad e inteligencia, la cuestión deja de ser ideológica y pasa a ser institucional y mucho mas preocupante aún.

Ningún país serio delega su inteligencia, su seguridad interior o su evaluación de amenazas en actores externos, aunque se presenten como aliados. La cooperación puede ser legítima pero la subordinación operativa no lo es. La diferencia está en quién decide, bajo qué control legal, con qué supervisión institucional y al servicio de qué interés nacional.

La palabra infiltración es la que nos viene a la mente, pero si somos serios debemos usarla con precisión. La infiltración no alude a una comunidad, a una religión ni a una identidad étnica, lo hace señalando un fenómeno político que es la ocupación formal o informal de espacios de decisión por intereses externos que condicionan la acción del Estado argentino. Puede tratarse de influencia estadounidense, israelí, británica, china, rusa o de cualquier otro poder, el criterio soberano debe ser siempre el mismo. El problema entonces no es de dónde proviene el actor externo, sino si opera bajo control argentino, porque es muy grave o que condicione las decisiones argentinas desde una agenda ajena.

En este marco, la cuestión AMIA y Embajada de Israel ocupa un lugar decisivo. Los atentados de 1992 y 1994 fueron tragedias nacionales y la Argentina tiene la obligación de buscar justicia, eso es natural. Pero precisamente por la gravedad de los hechos, el Estado debería haber preservado investigaciones soberanas, jurídicamente sólidas y políticamente independientes. Lamentablemente ocurrió lo contrario cuando las causas quedaron atravesadas por servicios de inteligencia, operaciones políticas, presiones diplomáticas, condicionamientos mediáticos y alineamientos internacionales.

La atribución de responsabilidad por los atentados a Irán y Hezbollah fue sostenida durante décadas sobre una arquitectura probatoria con fuerte peso de informes de inteligencia, documentos reservados y aportes de servicios extranjeros. Eso vuelve endeble la hipótesis acusatoria y debe obligar a discutir la calidad de las pruebas, la independencia de las fuentes y la solidez judicial del caso. Exigir pruebas judiciales serias no es negar los atentados. Podemos preguntar por el rol de la CIA, el Mossad o la ex SIDE sin necesidad de defender a Irán y precisamos separar la justicia de una operación de inteligencia, algo que de por sí nada tiene que ver con el antisemitismo. Es una exigencia mínima de soberanía estatal.

Las razones geopolíticas de los estados como Irán e Israel deben ser consideradas, el país persa no tenía nada para ganar con un atentado en Argentina, mientras a contramano de ello, Netanyahu estaba en plena campaña para demostrar el peligro que significaba Irán para el mundo. Los atentados fueron una oportunidad que no desaprovechó Israel naturalmente.

Asimismo, Hezbollah era entonces un partido político de resistencia libanesa que no actuaba fuera de la región, y que se haya podido corroborar, tampoco lo hizo posteriormente. La acusación de participar en dos atentados en Bs As, a miles de km de su zona de interés y sin razones entendibles y claras, resulta ante un análisis geopolítico mínimo, llamativamente extraña.

En ese contexto internacional, la condena de la Corte Interamericana al Estado argentino por su actuación en el caso AMIA refuerza el punto. El problema no se limita a determinar si Irán participó o no, porque además de las consideraciones políticas sobre el interés en participar en un atentado, también importa cómo se construyó institucionalmente la verdad oficial, quiénes intervinieron, qué pruebas fueron privilegiadas y qué intereses externos condicionaron el expediente. Un Estado soberano no puede transformar una causa judicial en fundamento automático de una política exterior subordinada.

Durante décadas, AMIA y Embajada funcionaron también como núcleos de presión sobre la política argentina. Como era esperable, el uso de la memoria de las víctimas muchas veces fue empleada para blindar narrativas estatales, cerrar discusiones probatorias y ordenar alineamientos internacionales. Esa estructura atravesó gobiernos, partidos, medios, tribunales y servicios de inteligencia. Algunos actores participaron por convicción, otros por conveniencia y no pocos por temor. El resultado fue el mismo sea cual sea el caso, la política exterior argentina quedó cada vez más atada a una agenda externa, el esperable resultado de lo que tiene todos los ingredientes como para ser considerado una operación política que nadie quiere ver. Sumergirse en interminables debates políticos y extensos expedientes judiciales ha sido el medio para que la verdad no avance y todo quede dentro de una enorme confusión conveniente para algunos intereses.

Milei no creó esa estructura pero con su fanatismo la llevó a su máxima explicitación. Otros gobiernos intentaron equilibrar, simular autonomía o negociar márgenes mientras que Milei eliminó la ambigüedad y convirtió la subordinación en doctrina pública. Declaró su alineamiento con Estados Unidos e Israel con orgullo, asumió a Irán como enemigo y transformó la política exterior argentina en una extensión de una disputa estratégica ajena. La novedad no es la influencia externa sino que esa influencia ya no necesita disimularse.

La tensión Trump-Netanyahu vuelve visible la falla estructural en forma poco esperada. Mientras Estados Unidos e Israel coinciden, la subordinación argentina parece funcional pero cuando sus intereses divergen, el país queda sin brújula. Washington necesita negociar, contener o reordenar su estrategia e Israel busca escalar, presionar o preservar libertad militar. Un país con doctrina propia evaluaría qué conviene a su seguridad nacional pero un país subordinado queda obligado a elegir entre tutores.

El resto de la clase política tampoco está en condiciones de presentarse como alternativa clara. Aunque Milei sea el caso más extremo, gran parte del sistema argentino comparte la misma dependencia estructural. Muchos dirigentes necesitan la legitimación de Washington para llegar, mantenerse o ser aceptados internacionalmente y al mismo tiempo, casi nadie se atreve a cuestionar decisiones del Estado de Israel sin tomar recaudos excesivos, porque el costo político y mediático puede ser inmediato. Esa doble dependencia clausura el debate soberano.

La consecuencia excede el vínculo con Estados Unidos e Israel. Argentina ha deteriorado su relación con buena parte del Sur Global, ha perdido peso regional, ha debilitado puentes con países africanos, con el mundo islámico y con los aliados de Rusia y China. En un mundo que avanza hacia una multipolaridad cada vez más evidente, el gobierno argentino eligió encerrarse en una lógica de obediencia atlántica, ideológica y cada vez mas militarizada.

Ese aislamiento tiene costos concretos puesto que reduce mercados, bloquea alianzas, debilita la posición argentina en organismos internacionales y convierte al país en un actor previsible, subordinado y descartable. Una nación periférica necesita inteligencia diplomática, flexibilidad, prudencia y capacidad de diálogo con todos los polos de poder. Milei eligió una política exterior de adhesión emocional, confrontación selectiva y dependencia explícita.

La cuestión de fondo no es si tomar partido por Irán, por Israel o por Estados Unidos. La cuestión de fondo es si la Argentina conserva capacidad soberana para definir sus amenazas, sus alianzas, sus pruebas judiciales, su política exterior y su aparato de inteligencia. Un país puede tener aliados pero lo que no puede tener si quiere ser libre y soberanos, son tutores.

Argentina no solo está perdiendo autonomía frente a Washington y Tel Aviv. La capacidad de hablar con el resto del mundo desde su propio interés también se encuentra en un pronunciado declive porque cuando una nación deja de pensar su política exterior desde sí misma, deja de actuar como sujeto soberano y se convierte en una pieza menor dentro de estrategias ajenas. Ese es el daño más profundo del alineamiento actual: no solo la subordinación del presente, sino la destrucción de las condiciones futuras para reconstruir una política exterior independiente cuando la imagen del país ha sido tan dañada y las instituciones que deben trabajar en ella están sumergidas en la más profunda oscuridad.

Marcelo Ramírez
Analista geopolítico | AsiaTV – Humo y Espejos

Analista geopolítico, escritor y conferencista argentino especializado en análisis geopolítico y militar, conflictos contemporáneos y dinámica del mundo multipolar. Fundador y director de AsiaTV y creador de la plataforma de análisis estratégico Humo y Espejos. Autor del libro La OTAN contra Rusia. Propaganda y guerra híbrida (Editorial Letras Inquietas, 2022). Cofundador de la Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Iberoamericana (ADACRI), iniciativa orientada a fortalecer el diálogo estratégico entre el mundo ruso y la comunidad iberófona.

Por Marcelo Ramírez

Israel suele ser analizado desde las categorías habituales de la geopolítica moderna como la seguridad nacional, alianza con Estados Unidos, presión del lobby en Washington, conflicto con Irán, control de Gaza, expansión en Cisjordania, inteligencia militar, tecnología, energía, rutas regionales y rivalidad con el mundo islámico. Todas esas dimensiones existen y son decisivas, pero no alcanzan para comprender la conducta del Israel actual, especialmente desde el ascenso de las corrientes religiosas, nacionalistas y mesiánicas que hoy tienen peso real dentro de su estructura de poder.

Hay una capa más profunda que Occidente tiende a dejar fuera de sus análisis por su propia matriz laica cargada de prejuicios en la academia, que es la dimensión político-teológica. Una parte del bloque gobernante israelí no interpreta el territorio, ni la guerra, Jerusalén, Gaza, Cisjordania, el Monte del Templo, el enemigo islámico y la soberanía nacional, únicamente desde las categorías del Estado moderno. Lo hace desde una lectura bíblica de la historia judía, de la tierra prometida, de la elección divina, del destino nacional y de la restauración de una soberanía que considera anterior y superior al derecho internacional contemporáneo.

Sin esa capa, muchas decisiones israelíes parecen desmesuradas, imprudentes o directamente incomprensibles, pero si sumamos al análisis esa capa, no necesariamente se vuelven justificables, pero sí se vuelven más inteligibles para el occidental promedio. La política israelí actual no puede ser leída, en consecuencia, solo como cálculo militar o administración del conflicto. En determinados sectores de su dirigencia, aparece una convicción de destino que convierte la seguridad en misión, el territorio en promesa, la expansión en restauración y la guerra en una prueba histórica.

El judaísmo no es una identidad simple ni puede reducirse a una etnia sino algo muy complejo de definir y no exento de polémicas. Es religión, ley, memoria, pueblo, diáspora, tradición familiar, cultura histórica, lengua litúrgica y pertenencia civilizatoria. Asimismo dentro del judaísmo conviven corrientes seculares, religiosas, ortodoxas, ultraortodoxas, liberales, conservadoras, antisionistas, nacionalistas y mesiánicas, muchas veces profundamente enfrentadas entre sí o con asociaciones cambiantes. Por eso el punto no es hablar del judaísmo como totalidad, ni atribuir a todos los judíos una misma mirada sobre Israel, la guerra o el territorio. El objeto de análisis es más preciso y se centra en la corriente sionista religiosa, nacionalista y mesiánica que en los últimos años ganó una influencia extraordinaria sobre el rumbo del Estado israelí.

Esa corriente no representa a todo el judaísmo, pero sí representa una porción cada vez más influyente del poder israelí. Su importancia no está solo en su número absoluto, sino en su capacidad de condicionar coaliciones, fijar agenda, presionar sobre Gaza y Cisjordania, avanzar sobre la Explanada de las Mezquitas o Monte del Templo, empujando la anexión territorial y transformando una guerra política en una cuestión de destino histórico que cambia el status del hecho.

Desde una lectura laica, Israel actúa para garantizar seguridad, disuasión, control territorial y supervivencia estatal, esa es la mirada habitual. Sin embargo, desde una lectura mesiánica que queremos incorporar, Israel no solo defiende fronteras sino que lo que realiza es el cumplimiento de una promesa. Allí es donde se produce el salto conceptual que muchas veces el análisis occidental omite. La Tierra de Israel deja de ser simplemente un territorio disputado y pasa a ser una herencia bíblica, con una Jerusalén que deja de ser únicamente una capital política y vuelve a presentarse como centro sagrado. Entonces naturalmente Cisjordania deja de ser solo una zona ocupada y es nombrada como Judea y Samaria, Gaza deja de ser únicamente un problema militar y puede convertirse, para determinados sectores, en un espacio a recuperar, vaciar, controlar o repoblar según una lógica de soberanía total. No hay nada que negociar si Dios es quien dictamina, según esgrimen estos sectores.

Desde esta perspectiva, el Monte del Templo tampoco es un sitio religioso más porque para el judaísmo tiene una centralidad espiritual absoluta, y para el islam la Explanada de las Mezquitas es uno de sus lugares sagrados más sensibles. Allí no se discute solo quién entra, quién reza o quién administra un espacio, se discute quién tiene la última palabra sobre el corazón simbólico de Jerusalén. Por eso cada visita, cada gesto de soberanía, cada alteración del statu quo y cada intervención policial tiene una carga explosiva que excede por completo la seguridad cotidiana.

El cambio de lenguaje modifica la conducta política. Cuando el territorio es negociable, la diplomacia conserva margen de acción, pero si ese territorio es parte de una mandato divino, la negociación puede ser leída como traición. Entonces, cuando el adversario es un actor político, la guerra admite límites, acuerdos y mediaciones, pero si ese mismo adversario es interpretado como una amenaza histórica o espiritual, el conflicto se endurece hasta volverse absoluto.

La idea de pueblo elegido tiene un sentido religioso complejo dentro del judaísmo. En su forma clásica implica alianza, responsabilidad, ley, obligación y juicio, aunque tal vez no significa necesariamente una licencia para actuar sin límite. El problema se nos presenta cuando esa idea es absorbida por un Estado moderno militarizado que lo transforma en un excepcionalismo político. Allí la elección deja de funcionar como responsabilidad ante Dios y pasa a operar como inmunidad histórica.

Bajo esa lógica, Israel no es un Estado más, su seguridad no sería comparable con la seguridad de otros Estados como tampoco su sufrimiento no sería equiparable al sufrimiento de otros pueblos. Una cambio que acompaña esta situación es que su derecho al territorio no dependería de tratados, resoluciones, acuerdos o consensos internacionales, sino de una legitimidad superior. También registramos que sus enemigos no serían apenas adversarios políticos, sino amenazas existenciales contra una misión histórica. Desde esa premisa, la desproporción puede bien presentarse como una necesidad, la expansión como restauración, la ocupación como soberanía legítima y la desobediencia al mundo como fidelidad a una verdad anterior y superior al mundo terrenal.

El sionismo religioso-mesiánico no debe ser tratado como una simple religiosidad privada. sino como una ideología política que une Biblia, Estado, ejército, asentamientos, demografía, soberanía y redención histórica. Su núcleo afirma que la tierra pertenece al pueblo judío por derecho histórico, religioso y bíblico; que el retorno judío no es solo un proceso nacional moderno, sino parte de una historia sagrada; que la cesión territorial mutila esa historia y que la existencia de una soberanía palestina entre el Jordán y el Mediterráneo resulta incompatible con la soberanía judía plena otorgada por Dios.

Los asentamientos, bajo esa mirada, no son únicamente colonias estratégicas sino hechos políticos con sentido redentor. La guerra no es solo defensa frente a una amenaza, sino oportunidad para consolidar soberanía mientras la legalidad internacional ocupa un lugar secundario frente al derecho bíblico-histórico. Por eso ciertos dirigentes israelíes no buscan simplemente seguridad sino que buscan una definición cerrando el conflicto mediante victoria, asentamiento, anexión, desplazamiento o reducción de la población palestina a una existencia subordinada, fragmentada y sin soberanía nacional propia.

El problema concreto no se formula necesariamente como un derecho universal a dominar el mundo. En el caso israelí actual podemos afirmar que es el derecho de soberanía judía sobre la tierra bíblica y la subordinación política de quienes no forman parte de ese pueblo dentro de ese espacio. El no judío puede ser tolerado como individuo, trabajador, residente, minoría administrada o población local, pero no como sujeto nacional con derecho equivalente a disputar la soberanía sobre la misma tierra, una distinción que es clave.

El conflicto no se reduce a una definición de racismo vulgar, aunque pueda contener formas abiertas de desprecio étnico o religioso. Hay una arquitectura teológico-política donde el pueblo judío aparece como titular último de la promesa y los actores no judíos quedan ubicados en una posición secundaria. Pueden vivir, comerciar, trabajar o incluso recibir ciertos derechos individuales, pero no disputar el sentido final de la tierra ni la soberanía sobre ella. Para esta corriente, el nacionalismo palestino no es una aspiración política legítima equivalente, sino una negación de la promesa judía sin equivalencias morales.

La guerra en Gaza y la expansión en Cisjordania deben leerse también desde esta matriz. Desde el realismo geopolítico clásico, Israel busca destruir capacidades de Hamás, asegurar fronteras, controlar corredores, evitar ataques futuros y preservar su capacidad de disuasión. Nada nuevo, pero desde el sionismo religioso-mesiánico, la guerra abre una oportunidad histórica para redefinir la relación entre el Estado judío y la totalidad del territorio. Lo que para algunos sería una administración militar provisional, para esta corriente debe convertirse en una reocupación que no duda en transformarse en expulsión, asentamiento o rediseño demográfico.

Por eso las propuestas de “migración voluntaria”, “reubicación”, “administración civil”, “zonas de seguridad” o “anexión gradual” no deben leerse solo como improvisaciones nacidas de la guerra. Pertenecen a una visión anterior de quebrar la aspiración nacional palestina y consolidar una soberanía judía irreversible. La guerra, en ese marco, no aparece únicamente como respuesta a una agresión, sino como ocasión para resolver por la fuerza una disputa histórica que la diplomacia internacional mantuvo abierta durante décadas.

El lugar donde esta capa de análisis se vuelve más evidente es Jerusalén porque para una diplomacia laica, el Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas es un problema de administración religiosa, seguridad y status quo a resolverse considerando que para el mundo islámico, es uno de sus centros sagrados. No obstante, para sectores mesiánicos judíos, es el lugar de una restauración pendiente. Allí, cualquier modificación puede convertir una disputa nacional en guerra religiosa abierta, unir actores islámicos divididos en otros planos y destruir equilibrios diplomáticos con Jordania, Egipto, Arabia Saudita y buena parte del mundo musulmán.

Lo que resulta incomprensible desde la visión laica occidental es por qué algunos dirigentes parecen dispuestos a acercarse a ese borde. La respuesta no se puede ver desde esta visión sino desde la mesiánica, que no es solo la provocación o la disputa interna por votos. Para estos sectores radicalizados judíos, tocar ese punto no es una imprudencia gratuita, sino una afirmación de soberanía sagrada y allí la prudencia diplomática es vista como debilidad despreciable y el gesto religioso es una prueba de fidelidad nacional.

Cuando dirigentes israelíes recurren a figuras bíblicas como Amalek, tampoco están usando un lenguaje neutral porque están insertando la guerra contemporánea dentro de una memoria sagrada judía. Amalek no es simplemente un enemigo antiguo puesto que en la tradición bíblica representa al enemigo que ataca al pueblo de Israel en su vulnerabilidad. En el lenguaje político moderno, invocar esa figura coloca al adversario en una categoría moral absoluta y ya no aparece solo como rival militar o político, sino como encarnación de un mal histórico a combatir.

Ese tipo de lenguaje tiene efectos concretos reforzando la percepción de guerra existencial, deshumaniza al enemigo, estrecha el margen de negociación y convierte el conflicto en continuidad de una batalla ancestral. Aun cuando se lo presente como metáfora, su potencia política es real, la guerra deja de ser un hecho contingente y pasa a formar parte de una cadena sagrada de supervivencia histórica.

Israel proyecta así dos imágenes que parecen contradictorias, pero que funcionan juntas. Hacia Occidente liberal se presenta como democracia moderna, tecnológica, plural, feminista, diversa, tolerante y compatible con las agendas culturales contemporáneas frente a un entorno islámico caracterizado como atrasado, autoritario y religioso. Hacia su base nacional-religiosa se presenta como Estado judío, heredero de la tierra bíblica, defensor de Jerusalén, continuador de una promesa histórica y barrera contra enemigos existenciales.

Una imagen habla el idioma del progresismo occidental mientras que la otra habla el idioma de la Biblia, la tierra, la guerra y la redención. Esa doble narrativa no siempre es coherente, pero resulta funcional. Frente a Europa y Estados Unidos, Israel se ofrece como enclave de modernidad en Medio Oriente; simultáneamente, de cara a su sector religioso, se presenta como la restauración del Israel bíblico. En medio de esto el islam recibe una mensaje de superioridad militar y soberanía y sus críticos, de una existencia siempre amenazada.

Esa superposición permite sostener alianzas externas liberales mientras se radicaliza la agenda territorial interna. La utilización de agendas culturales occidentales debe separarse de la religiosidad mesiánica clásica, porque muchas corrientes religiosas judías no las comparten. Sin embargo, políticamente cumplen una misma función que es la de construir la imagen de Israel como isla de tolerancia moderna frente a sus vecinos islámicos. Allí aparece luego la contradicción más profunda porque el mismo Estado que reclama legitimidad bíblica para la tierra, puede prescindir de la moral bíblica cuando necesita presentarse como vitrina liberal ante Occidente.

Desde una mirada metafísica, esa contradicción es central. Israel invoca a Dios para la tierra, pero muchas veces prescinde de Dios para el orden moral. Reivindica la promesa, pero rechaza sus límites, usando la Biblia como título de propiedad, pero no como juicio sobre su propio poder. En la lógica bíblica tradicional, cuando Israel enfrenta una amenaza existencial, la respuesta no es solo militar sino que implica un retorno a Dios, purificación, arrepentimiento, obediencia y examen interno. La lógica estatal contemporánea parece ir en otra dirección: ejército, tecnología, inteligencia, dinero, lobby, armas nucleares no declaradas, respaldo de Washington, diplomacia coercitiva, superioridad aérea y control narrativo.

La señal metafísica es fuerte porque no se pide protección por conversión, por seguir el mandato divino sino por identidad. No se vuelve a Dios con sus reglas, se presupone que Dios debe respaldar al pueblo por ser el pueblo elegido. La elección se separa de la obediencia y se convierte en garantía automática. Cuando eso ocurre, la fe deja de ordenar al poder y el poder empieza a usar la fe como instrumento. La promesa se convierte así en posesión, la alianza en blindaje, la memoria sagrada en legitimación política. En este punto debemos recordar que esa alianza entre Israel y Dios ha sido reemplazada para el cristianismo histórico por la nueva alianza que trajo Jesucristo. Este punto es algo que el cristianismo sionista interpreta de otra manera para justificar su apoyo a Israel.

Esta es una de las claves para entender la temeridad israelí. Si un sector dirigente cree que su existencia está inscrita en una promesa superior, puede leer la oposición del mundo no como advertencia, sino como confirmación de su misión. Cuanto mayor sea el rechazo externo, mayor puede ser la sensación interna de estar cumpliendo un destino. La crítica internacional, las condenas diplomáticas y la presión del mundo islámico pueden ser absorbidas como pruebas de que Israel está solo frente a una hostilidad ancestral.

La dimensión político-teológica se vuelve más decisiva cuando se la combina con la estructura jurídica y simbólica del Estado. La Ley Básica israelí de 2018, al definir a Israel como Estado-nación del pueblo judío afirma que la autodeterminación nacional dentro del Estado es exclusiva del pueblo judío, expresando una jerarquía de pertenencia que trasciende la ciudadanía formal. Esa definición refuerza el marco dentro del cual los sectores más duros pueden articular soberanía, territorio, asentamientos y subordinación de la aspiración nacional palestina.

La paradoja es que esta misma lógica está debilitando la narrativa que pretende sostener. Si Israel reclama la tierra en nombre de la Biblia, pero actúa como si no existiera ningún límite moral superior, vacía su propio fundamento. Si invoca a Dios para legitimar soberanía, pero se comporta como un Estado autosuficiente que no debe responder ante nadie, transforma la elección en idolatría política. Si reclama Jerusalén como centro sagrado, pero convierte lo sagrado en instrumento de poder, erosiona el sentido espiritual que dice defender y finalmente si se presenta como heredero de Abraham, pero usa esa herencia para negar toda dignidad nacional a otros pueblos, entra en conflicto no solo con el islam, sino también con el cristianismo y con sectores del propio judaísmo.

La narrativa bíblica puede fortalecer al Estado, pero también puede juzgarlo. Ese es el punto que la política moderna no entiende porque lo sagrado no es una herramienta neutral. Cuando se lo usa para justificar poder sin obediencia, puede volverse contra quien lo invoca y debe ser considerada porque la mayor parte del mundo no piensa en términos laicos como Occidente.

No puede comprenderse la conducta israelí actual solo desde la seguridad nacional. Hay que incorporar la dimensión metafísica dado que la forma en que una parte del poder israelí interpreta la historia, el territorio, la guerra y el enemigo es desde una lectura bíblica, nacionalista y mesiánica. Sin ese ingrediente, Israel parece actuar contra toda prudencia y lógica, apoyando lo que dice Trump sobre Netanyahu sobre la falta de criterio. Pero con ese ingrediente, aparece otra racionalidad que es la elección, promesa, restauración, excepcionalidad y guerra sagrada encubierta bajo el lenguaje moderno de la seguridad, la democracia y la lucha contra el terrorismo.

La geopolítica de Israel no es solo geopolítica tradicional. Está atravesada por teología, memoria bíblica, trauma histórico, nacionalismo religioso, poder militar y una convicción de destino que vuelve insuficientes los análisis occidentales puramente laicos. Israel actúa como Estado moderno, pero una parte decisiva de su poder piensa como sujeto bíblico. Esa superposición entre tecnología, ejército, trauma histórico, sionismo estatal y mesianismo territorial explica una conducta que la geopolítica laica interpreta como un exceso, pero que sus propios actores pueden vivir como destino manifiesto.

Marcelo Ramírez
Analista geopolítico | AsiaTV – Humo y Espejos

Analista geopolítico, escritor y conferencista argentino especializado en análisis geopolítico y militar, conflictos contemporáneos y dinámica del mundo multipolar. Fundador y director de AsiaTV y creador de la plataforma de análisis estratégico Humo y Espejos. Autor del libro La OTAN contra Rusia. Propaganda y guerra híbrida (Editorial Letras Inquietas, 2022). Cofundador de la Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Iberoamericana (ADACRI), iniciativa orientada a fortalecer el diálogo estratégico entre el mundo ruso y la comunidad iberófona.

Por Marcelo Ramírez

La guerra de Ucrania abrió una fractura que muchos todavía no quieren mirar de frente o simplemente no consiguen concebir por lo anómala que les parece. Durante décadas, el análisis cómodo fue repetir la fórmula conocida: Estados Unidos enfrenta a Rusia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte vs Rusia y anteriormente la URSS.

Ese esquema binario todavía funciona en parte, pero ya no alcanza para explicar lo que está ocurriendo hoy en día. Hay una fisura dentro del propio bloque occidental que amenaza en transformarse en una brecha con otros protagonistas. Una tensión creciente entre el sector estadounidense identificado con Make America Great Again, más nacional, transaccional, industrialista y brutalmente orientado al costo-beneficio que ha llevado a Trump al poder aunque cada vez hay más inconformidad con el mandatario anaranjado, y el globalismo occidental clásico, que conserva su centro burocrático en Bruselas, su memoria estratégica, es decir, su cerebro, en Londres, sumado al aparato cultural en las instituciones liberales europeas y su lenguaje moral en la vieja retórica del “orden internacional”.

El llamado “Occidente colectivo” empieza entonces a dejar de ser un bloque homogéneo. La expresión sigue sirviendo para describir una estructura de poder, pero ya no lo describe como una voluntad única porque Estados Unidos, bajo la lógica America First, pretende que Europa pague más, compre más armas estadounidenses, asuma más costos y se subordine de manera más explícita a las prioridades de Washington. Europa, por su parte, comienza a entender que esa subordinación ya no le garantiza protección ilimitada, y que si el paraguas norteamericano se vuelve condicional, caro o inestable, deberá avanzar hacia una arquitectura militar propia. Ahí aparece el verdadero punto delicado, Europa no estaría simplemente obedeciendo a Washington como ha sucedido durante la segunda mitad del siglo XX, sino intentando transformar la guerra de Ucrania en el fundamento político de una nueva soberanía militar europea.

Ese movimiento no nació de un discurso aislado, ya en la Declaración de Versalles de marzo de 2022, los líderes europeos hablaban de asumir mayor responsabilidad sobre su propia seguridad, reforzar sus capacidades de defensa y aumentar su capacidad de acción autónoma. En esa época, Joe Biden era el presidente, pero presentaba serios problemas de gobernabilidad interna y se podía entrever el ascenso de Trump o de algún otro representante de la cosmovisión MAGA. Más adelante, con el Libro Blanco de Defensa y los planes de rearme proyectados hacia 2030, la Unión Europea empezó a formalizar una orientación que hasta hace poco era presentada como impensable: cerrar brechas militares, financiar capacidades estratégicas, aumentar la producción industrial de defensa, sostener a Ucrania y preparar al continente para escenarios de confrontación de alta intensidad eligiendo a Rusia como enemigo.

Durante la etapa posterior a 1991, el eje parecía claro con la imposición del globalismo como ideología hegemónica. En ella, Estados Unidos dirigía el bloque atlántico, Europa ocupaba una posición subordinada pero protegida, y Rusia era tratada como el adversario estructural que justificaba la continuidad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La arquitectura tenía sus piezas: bases militares estadounidenses, dólar, sanciones, integración financiera occidental, medios globales, organismos multilaterales, doctrina liberal, expansión hacia el Este y una narrativa moral que convertía los intereses geopolíticos en supuestas cruzadas civilizatorias. El mundo se arrastraba hacia una gran confrontación entre Occidente y Rusia, en primer lugar, y luego contra China. En ese marco la aparición de Trump y del fenómeno MAGA introduce una contradicción interna en ese edificio. Para el globalismo clásico, Estados Unidos debía seguir pagando el costo militar, financiero y diplomático del liderazgo occidental y la confrontación con Rusia era inevitable. El globalismo buscaba un gobierno mundial en manos de corporaciones y un plan radical de reorganización social que adecuara el mundo a las nuevas tecnologías que se podían ver en el horizonte. Si era necesario para ello una gran guerra nuclear entre potencias, eso sería el destino porque quebraría los grandes Estados y se abriría el paso hacia un gobierno mundial con las características mencionadas.

Para MAGA, ese esquema se volvió una carga. Europa paga poco, recibe protección, compite industrialmente, predica moral liberal, compra energía cuando le conviene, sanciona cuando la obligan y después pretende que Washington siga cubriendo la factura. El esquema de guerras interminable y reconstrucciones posteriores costeadas por el erario público estadounidense alimentaba un déficit que minaba la economía del gigante americano.

Por eso Trump no representa solamente un cambio de estilo, es una ruptura doctrinaria parcial. No abandona la lógica imperial norteamericana, pero sí rechaza la forma liberal-universalista que tomó el imperio después de la caída soviética. Para el nuevo esquema la hegemonía necesitaba ser rentable. Para ello hay que salir de los conflictos mundiales, hacer que los aliados paguen los costos militares con una industria militar estadounidense que facture. La política exterior debe servir a intereses norteamericanos directos y no a abstracciones como “valores democráticos”, “orden liberal internacional” o “gobernanza global”. El imperio no desaparece; se vuelve contable, se reafirma. La cruzada moral se desplaza por contratos reales y la alianza se convierte en facturación para que el modelo trumpista sea sustentable.

El compromiso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de elevar el gasto militar hacia niveles inéditos confirma que la presión norteamericana sobre Europa no es una simple bravuconada electoral. Se traduce en una nueva pauta estructural de militarización, pero el resultado puede volverse ambiguo para Washington. Si Europa aumenta su gasto, reconstruye su industria militar, fortalece sus cadenas regionales de producción, financia infraestructura estratégica, desarrolla movilidad militar, defensa aérea, drones, ciberseguridad y capacidades espaciales, deja de ser solamente un cliente subordinado y empieza a convertirse en un actor político y militar con ambición propia. Y cuando un subordinado comienza a armarse, la relación con el jefe deja de ser puramente vertical. El globalismo corrido de EEUU por Trump encuentra las condiciones propicias para conformar un nuevo polo de poder territorial en Europa.

Si Estados Unidos versión MAGA abandona parcialmente el globalismo liberal, ese globalismo no desaparece y se reubica en su espacio natural que es Europa. No necesariamente por la aprobación de los pueblos europeos, que padecen inflación, crisis energética, deterioro industrial, presión fiscal, migración desordenada, inseguridad, pérdida de cohesión social y descrédito creciente de sus élites. El núcleo real está en las burocracias de Bruselas, en las redes financieras, en las viejas capitales imperiales, en los servicios de inteligencia, en los grandes medios, en las fundaciones, en los organismos transnacionales y en toda esa clase dirigente que durante décadas vivió de presentar a Occidente como una misión moral universal.

La rusofobia aparece entonces como el cemento político. Europa necesita un enemigo externo para justificar tres procesos simultáneos. El primero es el disciplinamiento interno, porque cuando las sociedades empiezan a desconfiar de sus dirigentes, el poder necesita trasladar la causa del mal hacia afuera. La crisis energética deja de ser el resultado de decisiones suicidas y se transforma en sacrificio por la libertad. así como la desindustrialización deja de ser una consecuencia de políticas absurdas y pasa a ser costo inevitable de la defensa de Ucrania. La pérdida de soberanía deja de ser sometimiento burocrático y se presenta como una unidad continental frente a Moscú.

Segundo, el rearme. Ningún pueblo europeo aceptaría fácilmente una transferencia gigantesca de recursos que hace a su alto nivel de vida hacia su defensa, vigilancia, industria militar, infraestructura estratégica y producción de armamento, si no se lo convenciera antes de que vive al borde de una invasión rusa. La amenaza externa funciona como llave presupuestaria que abre cajas, destraba fondos, legitima deuda, permite recortes sociales y convierte a la industria militar en motor de integración política.

Tercero, la subordinación de los disidentes internos. Todo dirigente, partido, periodista, académico o ciudadano que cuestione la guerra, las sanciones, la expansión militar o la obediencia a Bruselas puede ser señalado como funcional a Moscú. La etiqueta de “prorruso” ya no describe necesariamente una posición geopolítica y funciona como mecanismo de clausura del debate. Es una forma de censura moral que no refuta, solo marca sin discutir y así deslegitimar al enemigo.

En ese marco, Ucrania deja de ser solamente un país en guerra y se convierte en un dispositivo jurídico, militar, logístico y narrativo que permite a Occidente hacer cosas que antes no podía hacer de manera directa. Ucrania sirve para ensayar armas, desplegar sistemas, probar doctrinas, revender material, entrenar cuadros, experimentar escaladas y atribuir operaciones a un tercero formalmente soberano. Esa es la lógica de la guerra indirecta moderna donde Las grandes potencias nucleares evitan el choque frontal porque conocen el riesgo de una escalada estratégica, pero desplazan la confrontación hacia territorios interpuestos, contratistas, servicios de inteligencia, sabotajes, drones, operaciones cibernéticas, sanciones, guerra informativa y armamento suministrado a terceros.

La novedad es que Ucrania permite desdibujar la autoría puesto que un ataque puede ejecutarse con inteligencia occidental, satélites occidentales, financiamiento europeo, componentes fabricados fuera de Ucrania mas una planificación técnica extranjera y narrativa pública ucraniana. Formalmente, queda bajo bandera de Kiev pero estratégicamente, puede responder a intereses de Londres, Bruselas, Varsovia, Washington o una combinación de todos ellos. Ese mecanismo altera la vieja lógica de disuasión de la Guerra Fría, que definía que si un misil salía de una base estadounidense, Moscú sabía a quién atribuirlo. Por el contrario, si salía de una base soviética, Washington sabía a quién responder. Hoy la cadena puede quedar oscurecida: drones de origen mixto, misiles modificados, inteligencia compartida, empresas privadas, operadores extranjeros, piezas tercerizadas, mando encubierto y responsabilidad política depositada sobre Ucrania.

Por eso la idea de Ucrania como “arma milagrosa” puede sonar exagerada, pero el concepto de fondo es útil porque Ucrania se convirtió en una herramienta de elasticidad estratégica que permite aumentar el nivel de agresión sin asumir de inmediato el costo de una guerra directa entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ese es el fusible del sistema que absorbe la explosión inicial, permite medir la reacción rusa y conserva para las potencias occidentales un margen de negación.

El problema es que esa elasticidad tiene límites. Una cosa es usar Ucrania para desgastar a Rusia, y otra muy distinta es empujar la guerra hacia una zona donde Moscú considere que ya no enfrenta a Kiev, sino a una red occidental distribuida que utiliza a Kiev como máscara operativa. Cuando la autoría se vuelve ambigua, la disuasión se deteriora y si ellos sucede la disuasión se deteriora entre potencias nucleares, la estabilidad estratégica deja de depender de tratados y empieza a depender de percepciones, nervios, cálculos incompletos y decisiones tomadas bajo presión.

Aquí aparece entonces una paradoja incómoda que es que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pese a su hostilidad estructural hacia Rusia, podría ser vista desde Moscú como un mal menor frente a una Europa militarizada sin control pleno de Washington. La OTAN clásica, bajo mando estadounidense, era agresiva, expansiva y antirrusa, pero su conducción central estaba en Washington, y Washington conocía el costo de una guerra nuclear directa. Estados Unidos podía utilizar Ucrania para desgastar a Rusia, pero no necesariamente para provocar un choque frontal que derivara en destrucción mutua. Una Europa autonomizada, alimentada por burocracias ideologizadas, élites desprestigiadas y complejos industriales necesitados de presupuesto, podría convencerse de que una escalada limitada, tecnificada, tercerizada y políticamente encubierta permitiría forzar a Rusia sin activar una respuesta nuclear total.

Ese cálculo es altamente peligroso dado que la disuasión busca impedir el choque directo y la guerra administrada pretende empujar ese límite sin cruzarlo del todo, sin que nadie controla perfectamente el límite. Una operación de falsa bandera, un ataque contra infraestructura crítica rusa, una acción sobre Crimea, una provocación en Kaliningrado, un sabotaje nuclear, un misil de atribución ambigua o una operación encubierta demasiado audaz, pueden generar una respuesta rusa que Europa no esté preparada para absorber. La historia está llena de élites convencidas de que podían controlar incendios que después terminaron quemando la casa propia entera.

En este panorama surgen sospechas rusas sobre eventuales preparativos nucleares europeos deben leerse dentro de ese clima de desconfianza estratégica. Moscú observa laboratorios, cadenas industriales, capacidades técnicas, plantas de enriquecimiento, cooperación logística entre empresas europeas y discusiones políticas sobre disuasión nuclear continental. Algunas afirmaciones procedentes de servicios rusos deben ser tratadas como advertencias estratégicas, no como hechos plenamente comprobados por fuentes independientes. Lo verificable en términos políticos en que Europa ya tiene dos potencias nucleares, Francia y Reino Unido, y la discusión sobre una disuasión nuclear europea ganó fuerza ante la posibilidad de una menor protección estadounidense. El vector existe. La pregunta es hasta dónde llegará.

El mundo que se insinúa ya no puede reducirse a dos bloques y aparecen en consecuencia al menos cuatro grandes polos en tensión. Primero, Estados Unidos bajo lógica MAGA: nacionalista, transaccional, imperial, pero no globalista en el sentido liberal clásico. Quiere controlar rutas, recursos, energía, tecnología, inteligencia artificial, defensa, moneda y cadenas estratégicas, pero con menor disposición a subsidiar aliados que considera ingratos o parasitarios. Segundo, Europa globalista: burocrática, liberal, tecnocrática, rusófoba, necesitada de una narrativa moral para justificar su poder y cada vez más inclinada a convertir la guerra en motor de integración política.

Tercero, Rusia: potencia continental, militar, energética y nuclear, convencida de que la expansión occidental constituye una amenaza existencial y de que los acuerdos con Occidente carecen de valor si no están respaldados por fuerza material.

Cuarto y último, China y el bloque multipolar ampliado que no son aliados absolutos de Rusia en todos los planos, pero sí beneficiarios estratégicos de la fractura occidental, porque cada contradicción entre Washington y Bruselas, cada error europeo y cada desgaste militar de la OTAN acelera la transición hacia un orden menos occidental.

La ruptura entre MAGA y el globalismo no pacifica automáticamente el mundo y puede volverlo más inestable porque antes había una cadena de mando occidental más clara pero ahora pueden coexistir varias fracciones disputando la orientación de la guerra: Washington, Londres, Bruselas, Varsovia, París, Berlín, Kiev, los servicios de inteligencia, las empresas militares, los complejos industriales y las redes financieras. Eso dificulta cualquier negociación seria, porque ya no alcanza con saber qué quiere Estados Unidos. También hay que saber qué quiere Europa, qué quiere Londres, qué busca Kiev, qué calculan los halcones de Varsovia, qué tolera Berlín, qué pretende París y qué operaciones se realizan por debajo del nivel visible de la política formal.

La clave de esta nueva etapa es comprender que el conflicto ya no debe leerse como simple continuidad de la Guerra Fría. En esa Guerra Fría había dos bloques, dos centros de mando, dos doctrinas nucleares y una racionalidad compartida de supervivencia, sin embargo hoy el viejo Occidente se está partiendo por dentro. Una parte de Estados Unidos quiere retirarse del costo del globalismo, pero no del poder imperial y una parte de Europa quiere emanciparse de Washington, pero no para construir la paz, sino para conservar el proyecto globalista bajo conducción europea. Allí Ucrania aparece como el territorio donde esa contradicción se prueba, se financia y se radicaliza.

La questión de fondo ya no es solamente si Rusia puede enfrentar a la OTAN sino es si Rusia está entrando en una guerra contra una estructura occidental que ya no tiene mando único y que, precisamente por eso, puede volverse más peligrosa. Cuando el poder se fragmenta, la responsabilidad también se fragmenta y cuando nadie quiere aparecer como autor directo de la escalada, todos creen que pueden empujar un poco más sin pagar el precio completo.

Ese es el riesgo real: una Europa debilitada socialmente, gobernada por élites sin legitimidad popular profunda, necesitada de un enemigo externo y empujada por su propio complejo militar-industrial, podría intentar convertir la guerra contra Rusia en el acto fundacional de una nueva soberanía europea. Pero no sería la soberanía de los pueblos. Sería la soberanía de las burocracias, los bancos, los laboratorios estratégicos, los servicios de inteligencia, las plataformas de propaganda y las industrias de defensa.

La ruptura entre MAGA y el globalismo occidental no elimina el peligro de guerra. Lo redistribuye. Estados Unidos puede querer cobrar por proteger. Europa puede querer armarse para no obedecer. Ucrania puede seguir funcionando como máscara operativa mientras que Rusia, enfrentada a un enemigo menos centralizado, más ideologizado y más difícil de atribuir, puede llegar a considerar que la ambigüedad occidental ya no es una cobertura tolerable, sino una amenaza directa.

La vieja fórmula era sencilla de comprender, Estados Unidos contra Rusia. La nueva fórmula puede ser más peligrosa y requiere un mayor esfuerzo, una facción estadounidense que quiere retirarse del costo del imperio liberal sin abandonar el poder imperial, simultáneamente una Europa globalista que pretende heredar la maquinaria occidental bajo su propio mando. Ucrania, o lo que queda de ese país, fue convertida en un fusible de operaciones ajenas con una Rusia obligada a decidir si todavía enfrenta una alianza militar convencional o una red de guerra distribuida que avanza por capas, por proxies, por servicios, por empresas, por laboratorios, por satélites, por bancos y por propaganda. Esa guerra, precisamente porque no tiene un rostro único, puede ser más difícil de detener.

Marcelo Ramírez
Analista geopolítico | AsiaTV – Humo y Espejos

Analista geopolítico, escritor y conferencista argentino especializado en análisis geopolítico y militar, conflictos contemporáneos y dinámica del mundo multipolar. Fundador y director de AsiaTV y creador de la plataforma de análisis estratégico Humo y Espejos. Autor del libro La OTAN contra Rusia. Propaganda y guerra híbrida (Editorial Letras Inquietas, 2022). Cofundador de la Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Iberoamericana (ADACRI), iniciativa orientada a fortalecer el diálogo estratégico entre el mundo ruso y la comunidad iberófona.

Por Marcelo Ramírez

La inteligencia artificial no viene solamente a cambiar el modo de producir, viene a tocar el corazón del orden moderno que es el trabajo, el salario, la familia, el Estado y la idea misma de pueblo. La pregunta decisiva no es qué hará la máquina, sino quién la controlará cuando millones de seres humanos empiecen a sobrar dentro del sistema que antes los necesitaba. Esto no es una fantasía, esta es una realidad de la que el poder prefiere no hablar, por ahora.

Durante más de dos siglos, el mundo moderno se sostuvo sobre una premisa que parecía inamovible, la mayoría de los hombres debía trabajar para sobrevivir. Esa obligación podía ser dura, injusta, agotadora, incluso humillante, pero importante porque organizaba el conjunto de la vida social. El salario permitía comprar alimentos, pagar una vivienda, sostener una familia, educar a los hijos, proyectar una vejez, hasta consumir lo necesario y también lo superfluo. Alrededor de ese salario entonces se levantó una arquitectura social compleja con un Estado que recaudaba, empresas que vendían y bancos que prestaban permitiendo a las familias planificar. Los sindicatos negociaban, los partidos prometían, las escuelas preparaban y la política, con mayor o menor honestidad, pretendía representar a quienes vivían de su trabajo.

Ese mundo no era necesariamente justo, pero tenía una lógica. Incluso la explotación social reconocía una verdad elemental que era que el trabajador era necesario. Podía ser mal pago, disciplinado violentamente, reemplazado por otro sin más o encerrado en la rutina gris de una vida sin épica, con escaso futuro, pero seguía ocupando un lugar dentro del sistema. El capital, el Estado y el mercado lo necesitaban, la sociedad moderna, con todas sus hipocresías, todavía no podía declarar superflua a la mayoría de los seres humanos porque nos necesitaba.

La inteligencia artificial y la robotización abren hoy una etapa distinta. No son una simple evolución de la modernización técnica, ni una herramienta más para hacer las cosas un poco más rápido, mejor o más baratas. Lo que aparece ante nosotros en el horizonte es una mutación del orden económico, social y político con la posibilidad concreta de producir cada vez más con cada vez menos trabajo humano. Cuando un sistema descubre que puede sostener buena parte de su producción sin necesitar a las mayorías como fuerza laboral, la situación deja de pertenecer al mundo de la economía y entra de lleno en el terreno más oscuro de la política.

La discusión habitual es pobre, casi infantil porque se pregunta apenas si la inteligencia artificial va a destruir empleos o si va a crear otros nuevos. Como soluciones se habla de capacitación, reconversión, adaptación, perfiles híbridos y todas esas frases que sirven para tranquilizar al gran público mientras el suelo se mueve bajo sus pies. El problema real, sin embargo, es mucho más profundo y bastante más incómodo porque nos lleva a pensar qué sistema reemplazará al capitalismo salarial cuando el trabajo humano deje de ser el eje de la economía. Es simple pero a muchos les cuesta aceptarlo, si el salario se debilita como columna vertebral de la vida colectiva porque se reduce el trabajo, también se debilitan el consumo, la recaudación, la movilidad social y con ello la estabilidad familiar, la legitimidad política y la propia idea de ciudadanía económica.

La primera fase de esta transformación ya comenzó aunque no necesita mostrarse como catastrófica para serlo, nadie quiere turbulencias sociales antes de tiempo. La inteligencia artificial no lleva a reemplazar a todos los empleos humanos de un solo golpe, le basta con reemplazar tareas, vaciar funciones, achicar equipos, fusionar responsabilidades y así eliminar puestos iniciales, congelar contrataciones, presionar salarios y convencer a cada trabajador de que ahora debe hacer más, en menos tiempo, con menos ayuda y con la obligación adicional de manejar las herramientas que, en algún momento, pueden sustituirlo. Quienes no lo hagan serán los primeros en bajarse del barco, y así se genera la ilusión de poder escapar al destino.

El golpe inicial de la IA cae sobre el trabajo cognitivo rutinario. Una larguísima lista de tareas como redacción, traducción, programación básica, análisis documental, atención al cliente, informes nos viene a la mente. Diseño, marketing, administración, soporte técnico, contabilidad, recursos humanos, tareas legales repetitivas, producción audiovisual elemental, investigación preliminar. La lista crece todos los días y parece ya infinita, pero no siempre aparece bajo la forma brutal del despido masivo, es más: rara vez suena una alarma, excepto cuando una gran empresa elimina algunos miles de trabajadores de un plumazo. Pero hay otra forma más silenciosa y funciona como un goteo constante, una vacante que no se cubre, un junior que no se incorpora, un equipo que queda reducido, una función que se absorbe, una tarea que pasa a ser ejecutada por una herramienta, una persona que empieza a hacer el trabajo de varias mientras se le dice que debe sentirse afortunada por seguir dentro. Sutil y efectivo, el agua se calienta pero la rana se siente confortable y no salta como haría si fuera arrojada en agua hirviendo directamente.

El daño más serio se produce en la base de la pirámide laboral. Si desaparecen los puestos de entrada también desaparece el camino por el cual una persona aprende un oficio, se equivoca, corrige, madura y asciende. Nadie nace senior y el conocimiento profesional no baja del cielo ni se descarga como una aplicación. Se transmite, se observa, se practica y se hereda dentro de una cadena de experiencias. Cuando se destruyen los puestos iniciales, se rompe esa cadena y eso es lo que produce el sistema en su ansiedad por reemplazar al trabajador novato, termina serruchando la rama donde se formaba el trabajador experto del futuro. Igual, en el fondo, confía que la propia IA también reemplazará al experimentado a su tiempo, cuando sea el momento adecuado.

La IA no es la escala final, después vendrá la segunda fase del proceso con la robotización. La inteligencia artificial, aislada, opera sobre todo en el mundo digital, pero cuando se une a sensores, visión artificial, drones, brazos industriales, genera cosas como vehículos autónomos, sistemas logísticos, maquinaria agrícola, robots de asistencia, vigilancia automatizada y dispositivos militares. Así deja de limitarse a una pantalla y empieza a actuar sobre el mundo físico. La sustitución ya no afectará por ello solamente a empleados de oficina, administrativos, programadores básicos o productores de contenido, alcanzará al transporte, la logística, el almacenamiento, la agricultura, la manufactura, la construcción, la seguridad, la limpieza, el reparto, el mantenimiento, la asistencia sanitaria elemental y la guerra.

Primero caerá lo repetitivo de la mente y posteriormente lo repetitivo del cuerpo. Luego quedará una zona cada vez más estrecha de trabajos humanos vinculados al juicio, al liderazgo, al cuidado profundo, al vínculo personal, a la creatividad verdadera, es decir, a todos aquellos espacios donde la presencia humana todavía conserve un valor que la máquina no pueda imitar sin empobrecer el sentido de la acción.

Conviene despejar una confusión habitual que lleva a conclusiones erróneas: el problema no es la tecnología. La tecnología, en sí misma, no trae escrito su destino moral. La inteligencia artificial podría servir para liberar al hombre de trabajos degradantes, reducir jornadas, mejorar diagnósticos médicos, ordenar sistemas educativos, aumentar la producción de alimentos, y una infinidad de tareas habituales y necesarias. Podría ser una herramienta extraordinaria de emancipación material pero eso exigiría una condición previa ausente que es que la técnica estuviera subordinada a una decisión política superior orientada al bien común y no al apetito inmediato de quienes ya concentran poder.

Tristemente hoy ocurre exactamente lo contrario. La inteligencia artificial se incorpora bajo la lógica del mercado concentrado de reducir costos, aumentar productividad, reemplazar trabajadores, debilitar la dependencia respecto del trabajo humano y concentrar el excedente en pocas manos. No se discute seriamente cómo distribuir la productividad generada por la automatización solo cómo ser “más competitivos”. Con esas palabras, tan repetidas y festejadas en congresos empresarios y documentos oficiales, ya revela la orientación del proceso. Cuando el objetivo es competir, el ser humano aparece como costo y cuando el objetivo es elevar la vida de una comunidad, la productividad se convierte en riqueza social.

Si realmente se pensara en la población, la agenda sería otra hablándose de reducción de jornada, participación social en la productividad automatizada, soberanía tecnológica, propiedad pública de infraestructuras críticas, de manera de distribuir la renta extraordinaria que genera la tecnología. No obstante, el discurso dominante no habla de eso, solo se enfoca en la adaptación individual porque hábilmente cuando el sistema cambia, la culpa de no sobrevivir recae sobre el individuo.

La política, mientras tanto, llega tarde, si es que algún día llega. La derecha liberal mira la transformación como una evolución espontánea del mercado. Si algunos empleos desaparecen, otros aparecerán, si alguien queda afuera, deberá capacitarse, quienes se hundan es porque no supieron adaptarse. Es la vieja superstición en el mercado como providencia secular. Mientras tanto la socialdemocracia responde con subsidios, regulaciones blandas y programas de formación que suelen llegar cuando el daño ya fue hecho y que no aportan soluciones de fondo, solo suavizar el golpe para evitar la reacción popular. Qué decir de la izquierda tradicional que continúa atrapada en categorías industriales del siglo XX: capital y trabajo, fábrica y obrero, sindicato y salario. No termina de comprender la magnitud del cambio cuando el capital ya no necesita trabajo humano masivo para producir, simplemente está fuera de época y propone soluciones para un mundo que ya no existe mientras ignora la realidad.

Los nacionalismos y movimientos populares tampoco han elaborado todavía una doctrina completa de soberanía tecnológica. Hablan de territorio, industria, energía, alimentos, defensa, moneda y recursos naturales, pero muchas veces siguen tratando la inteligencia artificial como un asunto técnico, secundario o reservado a especialistas, muchas veces con la idea de que el cambio no sucederá así, que es una exageración alarmista que no atiende los problemas inmediatos y reales. Ese error puede ser fatal porque en el mundo que se viene, un país que no controle su infraestructura de inteligencia artificial no controlará plenamente su economía, su educación, su defensa, su administración pública ni su sistema de comunicación. La dependencia industrial del siglo XX puede convertirse, en el siglo XXI, en dependencia cognitiva, pero esto es algo que no comprenden y siguen nadando en aguas con categorías pasadas.

Los medios cumplen su papel habitual fragmentando el problema para impedir que se vea el cuadro completo y así mantener la masa calma y distraída, hasta esperanzada. Un día hablan de una aplicación curiosa, otro de un estudiante que copió con IA, después de un robot simpático, como mucho de un despido en una empresa tecnológica, pero rápidamente la alarma baja cuando se destaca una imagen falsa, de una voz clonada o de una herramienta que promete ahorrar tiempo. Todo aparece como una secuencia de noticias sueltas, desconectadas, casi anecdóticas que no unen los puntos. Inteligencia artificial, desempleo, robotización, caída salarial, concentración empresarial, crisis fiscal, dependencia estatal, control digital, destrucción de la clase media, debilitamiento familiar, crisis demográfica y administración de poblaciones sobrantes, todo es un solo gran hecho que ya está mostrándose con claridad si se quiere ver.

La academia, por su parte, mide, clasifica, calcula y nombra. Poco proclives a salirse del marco de los colegas, solo habla elípticamente de exposición laboral, automatización parcial, complementariedad, productividad, transición de habilidades, impacto sectorial y cambios en la estructura ocupacional. Todo eso puede ser útil, pero muchas veces falta la conclusión política porque se describe el incendio con precisión técnica, pero se evita decir que la casa se está quemando. Sobre todo no quieren llegar a la conclusión incómoda que es que si la productividad generada por la inteligencia artificial queda concentrada en pocas empresas, estaremos ante una transferencia histórica de poder desde trabajadores, pequeñas empresas y Estados hacia conglomerados tecnológicos que no responden ante ninguna comunidad política concreta.

El capitalismo salarial entra, entonces, en una contradicción profunda. Una empresa puede beneficiarse individualmente automatizando y despidiendo, pero si todas hacen lo mismo, el sistema destruye su propia base social. Menos empleo significa menos salarios, menos salarios significan menos consumo y eso se traduce en mayores crisis. Menor recaudación es el resultado agravando la situación de los Estados más débiles o más endeudado, que con más y más población desplazada significa que deberá más subsidios para frenar más conflictividad, necesitando más vigilancia y contra para mantener raya la degradación social. El sistema puede ganar eficiencia por arriba mientras pierde estabilidad por abajo, y así volverse técnicamente brillante y socialmente invivible.

Las categorías clásicas ya empiezan a quedar cortas. Trabajador, empresario, consumidor, salario, mercado laboral, movilidad social: todas estas pertenecen a un mundo donde el trabajo humano era indispensable, incluso las categorías marxistas tradicionales necesitan ser repensadas. El conflicto entre capital y trabajo partía de una premisa cierta, el capital necesitaba al trabajador para producir valor, pero si la producción automatizada reduce al mínimo la necesidad de trabajo humano, la contradicción cambia de naturaleza. Ya no se trata solamente de capital contra trabajo, se trata de propiedad de la infraestructura automatizada contra derecho de acceso a la vida material.

El viejo poder controlaba fábricas, bancos, tierras, puertos, rutas comerciales y crédito. El nuevo poder controlará modelos de inteligencia artificial, datos, chips, energía, centros de datos, robots, plataformas, sistemas de pago, identidad digital y logística. La pregunta decisiva y que el sistema evita que se haga, será quién es dueño de la inteligencia productiva. No quién tiene una fábrica, sino quién controla la arquitectura invisible sin la cual las fábricas, los hospitales, las escuelas, los comercios, los Estados y los ciudadanos no podrán funcionar.

La clase dominante del sistema que viene no será simplemente una burguesía industrial o financiera. Será naturalmente una oligarquía tecno-infraestructural. Su poder no vendrá solo del dinero acumulado, sino de controlar los sistemas que ordenan la vida cotidiana porque quien controle la IA, los datos, la nube, la energía, los pagos, la identidad, las plataformas y los robots podrá decidir quién accede a trabajo, salud, crédito, educación, circulación, información, visibilidad, consumo y reconocimiento social. El viejo capitalista necesitaba obreros, mientras que el nuevo necesita infraestructura automatizada y una población administrable.

Ese pasaje es decisivo. Una clase obrera explotada podía organizarse porque era necesaria y así parar una fábrica, bloquear un puerto, interrumpir una línea de producción, negociar colectivamente, constituirse en sujeto político. Una población considerada sobrante enfrenta un problema más grave porque puede ser vista como carga, riesgo, gasto fiscal, exceso biológico, masa improductiva o amenaza potencial. La explotación antes era dura, pero reconocía una utilidad, la prescindibilidad abre una zona moral mucho más peligrosa y sutil.

Durante siglos, las masas fueron explotadas porque eran necesarias. En una economía automatizada, una parte creciente de la población puede dejar de ser necesaria para producir. Allí aparece la mutación más inquietante: el poder puede dejar de mirar al pueblo como fuerza de trabajo y empezar a mirarlo como excedente. Y cuando una sociedad acepta esa mirada, aunque no lo diga abiertamente, empieza a cambiar el sentido de sus políticas porque ya no se pregunta cómo integrar, formar, elevar o proteger, solo se interesa en cómo administrar.

La administración de poblaciones sobrantes puede adoptar formas diversas. Subsidios mínimos, control digital, endeudamiento permanente, entretenimiento embrutecedor, precarización crónica, abandono sanitario, zonas degradadas, drogas, migraciones caóticas, guerras periféricas, reducción de natalidad, eutanasia normalizada, aborto facilitado, hambre administrada o represión selectiva. No siempre hace falta una eliminación directa, a veces alcanza con dejar que la vida se vuelva inviable, administrando la decadencia.

La cuestión demográfica encaja en este proceso, aunque no pueda reducirse a una sola causa. Una sociedad que ya no necesita tantos trabajadores empieza a mirar la natalidad de otro modo. Lo que antes era continuidad familiar, fuerza comunitaria, futuro nacional y renovación histórica pasa a ser presentado como carga económica, amenaza ambiental, obstáculo personal o decisión postergable hasta que la propia vida ya no permite decidir. La vivienda inaccesible, la precariedad juvenil, los salarios insuficientes con el combustible necesario para el proceso. El individualismo hace el resto, impulsando el retraso de la maternidad, la banalización del aborto, la relativización de la vida vulnerable, la normalización de la eutanasia, el desprestigio de la familia y la cultura de la vida sin hijos, todo forma parte de una misma matriz de desarraigo.

La familia es una estructura de resistencia, por eso molesta. Transmite memoria, valores, religión, identidad, hábitos, cuidado, propiedad, disciplina y solidaridad, entonces una familia fuerte reduce la dependencia del individuo frente al Estado, el mercado y las plataformas. Es decir, frente al Poder. En cambio, el individuo aislado consume más, depende más, se defiende menos, se organiza menos y acepta con mayor facilidad que toda su vida sea mediada por sistemas externos. La destrucción de la familia no es solamente un fenómeno moral sino también es un hecho político. Una sociedad sin familias fuertes se vuelve más fácil de administrar.

En este panorama, el escenario más probable, si no existe una reacción política seria, es una forma de tecnofeudalismo corporativo. Las grandes tecnológicas controlan la inteligencia artificial, los datos, la nube, los pagos, la energía, las plataformas, la identidad digital y, progresivamente, la robotización mientras los Estados dependen de ellas para funcionar. La población accede a servicios básicos bajo condiciones cada vez más opacas. Las elecciones pueden seguir existiendo, los parlamentos pueden seguir sesionando, los ministros pueden seguir declarando, los jueces pueden seguir firmando sentencias, pero el poder real se desplaza hacia quienes controlan la infraestructura.

No sería entonces un capitalismo clásico. Sería una economía de rentas, permisos y accesos, una sociedad organizada por niveles de élites con servicios humanos, privacidad, medicina avanzada, educación personalizada y seguridad. Seguramente acompañada de capas técnicas necesarias para sostener el sistema y una población subsidiada, vigilada y entretenida, tal vez sectores directamente abandonados. No haría falta abolir formalmente la libertad, bastaría con condicionar el acceso a la vida material.

Otro escenario más benévolo posible es el capitalismo automatizado con renta mínima. Las empresas automatizan, el empleo se reduce y el Estado intenta sostener el consumo mediante transferencias. A primera vista, algunos podrían ver allí una solución pero la diferencia política es enorme. Una renta social soberana, financiada por la productividad automatizada y vinculada a derechos reales, podría liberar tiempo humano y elevar la vida. Una renta mínima condicionada, administrada digitalmente y sujeta a obediencia, puede convertirse en una correa de control. Una cosa es ciudadanía económica, otra muy distinta, es pacificación de población sobrante.

También puede emerger una tecnocracia estatal autoritaria. El Estado recupera control sobre IA, datos, energía y automatización, pero lo hace desde una lógica vertical, centralizada, vigilante. Puede prometer orden, seguridad, eficiencia, planificación y servicios públicos, especialmente en sociedades cansadas del caos. Pero el riesgo es evidente: reemplazar la oligarquía tecnológica privada por una burocracia tecnológica estatal sin control comunitario real. Cambia el dueño del sistema, pero no necesariamente cambia la condición del hombre frente al sistema.

El mundo, además, puede fragmentarse en bloques civilizatorios tecnológicos. Estados Unidos, China, Rusia, India, Europa y otros polos buscarán controlar sus propias cadenas de IA, chips, energía, telecomunicaciones, defensa, datos y robótica. La globalización abierta será sustituida por soberanías tecnológicas en competencia y los países sin capacidad propia quedarán como periferias dependientes: proveedores de recursos, consumidores de tecnología importada o territorios subordinados a infraestructuras ajenas. Ya no bastará con tener alimentos, litio, petróleo, gas o territorio. La soberanía pasará también por controlar la inteligencia que organiza esos recursos.

Existe, por supuesto, un escenario deseable: un postcapitalismo soberano y comunitario. Pero para eso haría falta una fuerza política que hoy apenas existe. En ese modelo, la inteligencia artificial y la robotización serían tratadas como infraestructura estratégica al servicio de la comunidad. Habría soberanía tecnológica, control público de datos críticos, infraestructura nacional de IA, participación social en la productividad automatizada, reducción de jornada, fortalecimiento de servicios públicos, defensa de la familia, protección de la natalidad y distribución del excedente. La máquina no vendría a declarar inútil al hombre, sino a liberarlo de trabajos degradantes para devolverle tiempo, cultura, arraigo, formación y vida familiar.

Pero nada de eso ocurrirá por inercia. La tecnología no se ordena sola hacia el bien común. La máquina no tiene patria, no tiene familia, no tiene memoria, no tiene piedad y no tiene sentido de justicia, solo obedece a quien la diseña, la financia, la posee y la gobierna. Por eso la pregunta decisiva no es si la inteligencia artificial será buena o mala, sino algo mas compleja. Quién la controla, con qué finalidad, bajo qué autoridad, con qué límites y en beneficio de qué comunidad será la clave.

La imagen de fondo es inquietante. El barco navega, podemos pensar que sin capitán. pero no está exactamente sin capitán. El problema es bastante peor, el capitán político abandonó el timón y permitió que lo tomaran los dueños de la maquinaria. Los Estados reaccionan tarde y los partidos repiten consignas viejas mientras los medios distraen y la academia describe sin alarmar. Los sindicatos defienden estructuras que ya están siendo desfondadas junto a los ciudadanos que miran la pantalla del celular. Todavía nadie advierte que detrás de esa comodidad empieza a reorganizarse el poder mundial.

El peligro mayor no es económico. Es antropológico. Una civilización puede usar la inteligencia artificial para elevar la vida humana pero también puede usarla para declarar innecesario al hombre común. Si el ser humano deja de ser visto como miembro de una familia, de una comunidad, de una nación y de una historia, pasa a ser tratado como dato, costo, consumidor, riesgo, carga o excedente. Ese es el núcleo oscuro del problema, una sociedad automatizada sin límite moral puede dejar de preguntarse cómo mejorar la vida de los hombres y empezar a preguntarse cuántos hombres necesita conservar.

La inteligencia artificial y la robotización no son solamente una revolución productiva, son una revolución del mando. Durante dos siglos, el trabajo organizó la vida social, el salario ordenó el consumo, la familia, el Estado y la política. Pero si la producción puede funcionar con una fracción mínima de trabajo humano, ese edificio empieza a resquebrajarse. Y cuando un edificio se resquebraja, no alcanza con pintarle las paredes.

El problema no es que la IA sea inteligente o mala. El problema es que está siendo apropiada por estructuras de poder que no tienen obligación moral, nacional ni comunitaria con la mayoría de la población. Si esa tecnología queda en manos de una oligarquía tecnológica, el futuro será una forma sofisticada de servidumbre con acceso condicionado, vigilancia permanente, renta mínima, población sobrante y concentración extrema del poder. Si la política recupera el mando, la misma tecnología podría servir para reducir el trabajo degradante, elevar la vida material, fortalecer la salud, la educación, la producción, la familia y la comunidad.

La diferencia entre liberación y servidumbre no está en la máquina. Está en quién la controla y para qué. La discusión de fondo no es tecnológica sino política, moral y civilizatoria. O la humanidad gobierna la inteligencia artificial, o una minoría usará la inteligencia artificial para gobernar a la humanidad.

Marcelo Ramírez
Analista geopolítico | AsiaTV – Humo y Espejos

Analista geopolítico, escritor y conferencista argentino especializado en análisis geopolítico y militar, conflictos contemporáneos y dinámica del mundo multipolar. Fundador y director de AsiaTV y creador de la plataforma de análisis estratégico Humo y Espejos. Autor del libro La OTAN contra Rusia. Propaganda y guerra híbrida (Editorial Letras Inquietas, 2022). Cofundador de la Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Iberoamericana (ADACRI), iniciativa orientada a fortalecer el diálogo estratégico entre el mundo ruso y la comunidad iberófona.

Por Marcelo Ramírez

Hubo un dato que pasó relativamente rápido por los titulares pero que en realidad es mucho más grave de lo que parece. Ucrania, con drones aparentemente apoyados por Alemania, volvió a golpear infraestructura rusa y esta vez el blanco fue Tuapse, una de las refinerías más importantes de Rusia, con un impacto no solo sobre las exportaciones rusas sino potencialmente sobre el suministro mundial de petróleo. Un detalle no menor porque una cosa es hostigar posiciones militares, depósitos tácticos o nodos de campaña y otra muy distinta es empezar a tocar infraestructura energética estratégica rusa. Ahí ya no se está jugando solo a prolongar el desgaste y se empieza a cruzar una línea roja real.

En ese contexto aparece otra cuestión todavía más inquietante y que hoy se discute abiertamente en ciertos sectores del pensamiento estratégico ruso. No en un periferia delirante y maximalista, ni tampoco en el comentarismo histérico de televisión, sino en una zona mucho más seria, más densa y más doctrinaria donde entra Sergey Karaganov. Conviene entender en primera instancia quién es, y sorpresivamente no es un funcionario de primera línea del Kremlin pero tampoco es un opinador cualquiera. Alejado de ser un nacionalista de plató que agita fantasías para vender humo patriótico, Karaganov es algo distinto, es uno de los intelectuales estratégicos más influyentes de Rusia en las últimas décadas, especialmente en todo lo que tiene que ver con seguridad, política exterior, doctrina nuclear y relación entre Rusia y Occidente. No firma decretos pero instala marcos referenciales que presionan sobre el gobierno ruso, o que permiten globos que sondean la predisposición social sobre medidas mas radicalizadas. No da órdenes, pero sí corre límites y no decide por sí solo, pero habilita que ciertas ideas dejen de parecer impensables, lo que en política real, vale mucho más que un cargo pomposo.

Karaganov representa algo que podría llamarse, simplificando, un realismo civilizacional ruso en crecimiento. Mira el mundo en términos de poder, de historia larga, de esferas de seguridad, de identidades civilizatorias y de conflicto entre bloques. No cree en la moral abstracta como principio ordenador del sistema internacional y considera que se sostiene en la fuerza, en la disuasión nuclear, en la multipolaridad y en el derecho de Rusia a impedir que estructuras hostiles se instalen sobre su periferia inmediata. Asimismo cree algo que en Occidente cuesta entender porque sigue preso de sus propios clichés: Rusia debe cortar definitivamente su dependencia psicológica de Europa, no solo la dependencia económica o diplomática. Es decir, el vínculo mental de admiración, imitación y subordinación cultural hacia Occidente que todavía persiste en sectores de la élite rusa, empresarial, cultural y política.

Ese punto es central para entender lo que está pasando porque para Karaganov el problema no es solo externo. No alcanza con que Rusia se rearme si adentro suyo sigue teniendo una élite que sueña con volver a la normalidad anterior, con sus mansiones en Europa, sus capitales refugiados en Occidente y su viejo europeísmo de salón. Por eso vuelve a aparecer en su discurso la cuestión del “blasovismo”, esa idea de traición interna asociada a quienes colaboraron con el enemigo en la Segunda Guerra Mundial. Traducido al presente, Karaganov sostiene que Rusia no puede confrontarse seriamente con Europa si dentro suyo persiste una capa dirigente que sigue pensando como europea, admirando a Europa o esperando reconciliarse con ella. En otras palabras, la doctrina externa necesita una purga interna, tanto civilizatoria, como psicológica y política.

Sin embargo, lo más delicado no está ahí, sino en la conclusión a la que llega. Karaganov ya no plantea simplemente que Rusia debe alejarse de Europa, ahora plantea algo más duro como es que Europa occidental ya desató la guerra contra Rusia y que el error no sería responder, sino esperar. Esa es la clave porque ya no habla de una guerra futura, lo hace en base a una guerra en curso que todavía no tomó la forma total de una conflagración cinética generalizada, pero que ya existe en forma material: armas, drones, inteligencia, producción industrial, logística, financiación, doctrina, rearme, propaganda y hostilidad estructural. En esa lógica, la Unión Europea deja de ser vista como un apéndice dócil de Estados Unidos y pasa a ser un actor peligroso por sí mismo. El diagnóstico ruso se endurece en cunsecuencia.

Durante años, la lectura dominante en muchos análisis era más o menos simple, Europa era un enclave subordinado, un actor decadente sin voluntad propia y apenas una extensión política de Washington. Pero esa lectura empieza a desmoronarse y lo que hoy emerge desde Moscú, y Karaganov lo expresa con brutal claridad, es otra cosa: una Unión Europea histérica, ideologizada, rusófoba, degenerada políticamente y cada vez más autónoma en su agresividad. No mejor que Estados Unidos, sino peor aún porque no hay nada salvable dentro suyo, en sus élites. Esto es lo más peligrosa porque mientras en Washington todavía puede haber sectores con los que se negocie, racionales, Europa occidental aparece como un conglomerado de élites que ya perdió toda capacidad racional y usa la histeria bélica como mecanismo de supervivencia.

Por eso Karaganov introduce una idea extremadamente inquietante pero coherente dentro de su lógica: si Europa ya está en guerra con Rusia, entonces Rusia no debe preguntarse cómo evitar la guerra, sino cómo ganarla o cómo impedir que el enemigo termine de prepararse. Esto es lo que vuelve explosiva su posición porque no habla ya de simple disuasión sino de restaurar el miedo forzando a Europa a retroceder mediante el miedo militar y, si hace falta, el miedo nuclear.

Primero golpear objetivos simbólicos o funcionales con medios convencionales y luego escalar cortando cables, atacando centros de comunicación y posteriormente realizar pruebas nucleares, advertir en serio. Si eso no alcanza, plantea la posibilidad de ataques nucleares limitados sobre objetivos europeos con la idea de quebrar la voluntad occidental antes de llegar a una guerra termonuclear total.

No es una doctrina oficial completa del Kremlin, Pero tampoco es un delirio aislado. Funciona como una especie de ventana de Overton estratégica: dice en voz alta lo que sectores cada vez más amplios del establishment ruso empiezan a considerar por debajo de la mesa. De ahí la gravedad de lo que se está gestando, porque Karaganov no habla desde Marte, lo hace desde una zona del pensamiento ruso donde se percibe cansancio, impaciencia y una convicción creciente porque Rusia no debe esperar a que Europa termine de rearmarse.

Mientras eso se discute en Moscú, Europa efectivamente se rearma, ya no como una hipótesis sino como proceso material en curso. Los números son claros, el gasto militar global siguió creciendo y alcanzó niveles que no se veían desde hace años. Pero ese aumento no se distribuye parejo porque Europa sube fuerte lo mismo que Asia. En contraste, Estados Unidos, bajó coyunturalmente por la falta de nuevos paquetes para Ucrania durante 2025. Eso confirma algo importante: ya no estamos ante una guerra localizada en Ucrania, estamos ante una militarización sistémica del orden internacional. Europa se rearma por miedo a Rusia, Asia se rearma por China, Taiwán, Corea del Norte y la presión estadounidense por distintas razones y Rusia se rearma también, porque considera que ya está en guerra con Occidente. Estados Unidos hace lo suyo obligando a sus aliados a pagar más para sostener la arquitectura estratégica que sigue controlando.

Ahí aparece otro problema porque Washington aún no se retiró del mundo. Lo que hizo fue tercerizar costos apenas, las armas ya no las paga tanto el contribuyente norteamericano sino las pagan el europeo, el japonés, el australiano, el taiwanés. Eso parece brillante en el Excel, pero tiene un defecto porque al militarizar a sus aliados, Estados Unidos también les da más margen, más autonomía y más capacidad de arrastrarlo a escenarios que no necesariamente controla del todo. Ya pasó con Ucrania, también se empieza a ver en Asia. Encierra una paradoja dado que el imperio sigue queriendo administrar el tablero, pero cada vez depende más de actores regionales que pueden convertirse en problemas por sí mismos.

Europa es hoy el frente más acelerado de ese rearme, y el caso central es Alemania. Ahí está el corazón del problema porque Alemania, en medio de una crisis industrial seria, ha sido golpeada por la ausencia del gas ruso y por la competencia china, decidió rearmarse a gran escala. No se trata solo de comprar armas, se trata de transformar su economía en función de una lógica de guerra. Infraestructura, energía, puertos, ferrocarriles, hospitales, ciberseguridad, inteligencia artificial, drones, defensa aérea, industria dual, contratos públicos. Es decir: no solo rearme presupuestario sino rearme doctrinal, industrial y civil, pero el viejo objetivo del 2% del PIB quedó viejo. Ahora se habla del 5%, contando defensa estricta más infraestructura y preparación vinculada a la seguridad. Eso ya no es un ajuste defensivo, es otra cosa, es la absorción progresiva de la economía civil por una racionalidad militar.

Por eso Rusia mira con tanta preocupación a Alemania y al eje nórdico-báltico. Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Polonia, los Bálticos, el Reino Unido, Países Bajos. Ahí ve Moscú el núcleo duro del bloque hostil. Entonces, Alemania aporta la base industrial, el Reino Unido las líneas más duras, Polonia y los bálticos la voluntad de choque, Finlandia y Suecia la geografía, las reservas, la tecnología y el frente norte y Noruega y Dinamarca el Ártico, el Atlántico Norte, la energía, los cables submarinos y el control marítimo. Bruselas complementa con la legitimación, la presión normativa, la financiación y el blindaje ideológico. Ese bloque, no Europa en abstracto, es el verdadero blanco conceptual del discurso de Karaganov.

Y ahí entra otro punto interesante que es su distinción entre el sur de Europa y el resto. España, Italia, Grecia y quizá alguna parte de Europa central aparecen en su lectura como sociedades todavía recuperables, menos disciplinadas por el atlantismo puro, con más memoria mediterránea, más tradición católica, más vínculos complejos con Rusia y menor hostilidad existencial. No importa ahora si esa lectura es del todo objetiva, lo importante es que existe y que no es meramente cultural, también es estratégica. Rusia debe dividir Europa, separar al sur del bloque nórdico-atlántico, romper la cohesión interna de la Unión Europea y de la OTAN. Aislar al núcleo más agresivo, esa es la política implícita.

La lógica preventiva entonces se completa de la siguiente manera, Europa se rearma, Alemania vuelve a transformarse en una potencia militar-industrial, el norte europeo se convierte en primera línea, Ucrania funciona como plataforma de desgaste, Estados Unidos presiona para que Europa pague más mientras mide cuánto quiere comprometerse. Rusia, frente a eso, concluye que esperar puede ser más peligroso que golpear primero, porque en tres, cinco o diez años, según esa lógica, Europa tendrá más drones, más inteligencia artificial, más industria de guerra, más propaganda y sociedades todavía más adoctrinadas. Entonces la decisión, para los sectores duros rusos, ya no es entre guerra y paz, es entre una guerra ahora, todavía contenible, o una guerra después, mucho más costosa.

El problema es que esa lógica puede volverse autocumplida. Si Rusia empieza a hablar seriamente de ataques preventivos, Europa acelera su rearme, o si Europa acelera el rearme, Moscú confirma su lectura de amenaza y si Moscú confirma su lectura, crece la presión por golpear antes. Así el espiral se alimenta solo, ese es el punto verdaderamente explosivo. No hace falta que nadie quiera conscientemente una guerra nuclear para terminar construyendo las condiciones materiales que la vuelvan posible, basta con que todos se armen, todos lean al otro como amenaza existencial y todos empiecen a discutir seriamente el uso preventivo de la fuerza. Todo eso ya está ocurriendo.

Sobre esto aparece la cuestión nuclear europea. El paraguas francés, la posibilidad de despliegues temporales de bombarderos con capacidad nuclear, la discusión sobre autonomía estratégica y la eventual incorporación indirecta de países no nucleares a una arquitectura nuclear continental. Para Rusia eso agrava todo porque una Europa que ya se rearma convencionalmente es una amenaza. Una Europa que además empieza a discutir capacidades nucleares compartidas o semi-compartidas ya se vuelve algo todavía más grave con una amenaza existencial. Ahí la doctrina rusa endurecida desde 2024 y 2025 encuentra su punto de aplicación. Si Ucrania golpea territorio ruso con medios suministrados, guiados o facilitados por potencias nucleares de la OTAN, Moscú puede sostener que ya no enfrenta solo a Kiev, sino a una coalición nuclear respaldando agresiones convencionales. Eso, dentro de la nueva doctrina, habilita respuestas mucho más severas.

Mientras tanto, la guerra de Ucrania se convirtió en un laboratorio de drones, desgaste, guerra industrial e inteligencia artificial, y eso no es un detalle técnico. Para Karaganov, precisamente, el desarrollo de drones, enjambres, saturación, producción rápida y defensa aérea distribuida es una de las razones para actuar antes. Cada año que pasa habrá más enjambres, más autonomía, más inteligencia artificial, más capacidad de atacar ciudades, refinerías, depósitos, aeródromos, puertos, centrales y nodos logísticos. La refinería atacada en Tuapse es una muestra de eso.

Entonces, ¿estamos ante una guerra inevitable? Todavía no. Pero la posibilidad sube hora tras hora. En el fondo, eso es lo que hoy se discute en Rusia y eso es lo que en Occidente muchos no quieren ver o no saben cómo abordar.

La paciencia rusa se agota. Karaganov lo sistematiza, RT lo publica y la discusión está sobre la mesa. No es inmediata la guerra total, pero ya se construyeron casi todos los materiales para que, llegado el momento, la locura tenga con qué operar. Cuando una civilización empieza a organizar su economía, su industria, su infraestructura, su doctrina y su psicología en función de la guerra, conviene dejar de repetir eslogans y empezar a mirar de frente el abismo.

Si el río suena, agua trae. Y en este caso, lo que trae no es precisamente tranquilidad.

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Marcelo Ramírez
Analista geopolítico | AsiaTV – Humo y Espejos

Analista geopolítico, escritor y conferencista argentino especializado en análisis geopolítico y militar, conflictos contemporáneos y dinámica del mundo multipolar. Fundador y director de AsiaTV y creador de la plataforma de análisis estratégico Humo y Espejos. Autor del libro La OTAN contra Rusia. Propaganda y guerra híbrida (Editorial Letras Inquietas, 2022). Cofundador de la Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Iberoamericana (ADACRI), iniciativa orientada a fortalecer el diálogo estratégico entre el mundo ruso y la comunidad iberófona.

Por Marcelo Ramírez

Peter Thiel no vino a Buenos Aires a hacerse el simpático ni a dar conferencias sobre el futuro de la humanidad. Vino a oler negocio y a cerrar agenda. Se reunió con Milei, con Santiago Caputo, con Federico Sturzenegger, y ya había tenido contactos previos. El País lo contó con claridad: agenda reservada, Casa Rosada de por medio. No es casualidad. Palantir no es una empresa más de software. Es la máquina que integra, cruza y convierte en decisiones en tiempo real todas las bases de datos que un Estado tiene. Desde fábricas hasta frentes de batalla, como ellos mismos se jactan en su propaganda. Y el negocio no es venderte un programita. El negocio es volverse el sistema operativo del poder: defensa, inteligencia, seguridad, migraciones, salud, lo que se te ocurra. Donde hay datos sensibles, ahí está Palantir cobrando.

Mirá los contratos para que no te quede duda. En 2025 el Ejército de Estados Unidos le firmó un acuerdo marco de hasta 10.000 millones de dólares en diez años para productos de datos, inteligencia artificial y software operacional. Con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) armaron ImmigrationOS por 30 millones de dólares: seguimiento migratorio, autodeportaciones, vencimientos de visa, todo automático. En Reino Unido le dieron 330 millones de libras al Servicio Nacional de Salud para una plataforma federada de datos sanitarios, y se armó el escándalo lógico por privacidad y dependencia. En Israel, en enero de 2024, firmaron asociación estratégica con el Ministerio de Defensa para el esfuerzo de guerra. En Alemania, Baviera, Hesse y Renania del Norte-Westfalia ya usan Gotham a full, y Baden-Württemberg lo aprobó para la policía desde 2026. Esto no es fantasía. Es el currículum público de la empresa. Palantir es el socio estructural del Estado profundo yanqui e israelí. Punto.

Y acá en Argentina el problema no es que Thiel haya venido. El problema es que el Decreto 941/2025 le armó la autopista de cuatro carriles. Ese decreto crea la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional, las dos bajo la dirección directa de la Secretaría de Inteligencia de Estado, la SIDE. Integra organismos de inteligencia, áreas de inteligencia de fuerzas federales y Fuerzas Armadas, y todo organismo del sector público que tenga “competencias afines”. Ahí meten al Ministerio de Seguridad, al RENAPER, a Migraciones, al Centro Nacional de Ciberseguridad, a CONAE, a la Autoridad Regulatoria Nuclear, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, al RENAR, a Aduana y a todos los que el Poder Ejecutivo quiera sumar por decreto o por convenio con provincias y Ciudad de Buenos Aires. La SIDE queda habilitada para requerir información a cualquier órgano del Sector Público Nacional, para exigir cooperación provincial y para celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. No dice “Palantir” en ninguna parte. No hace falta. Crea el molde exacto donde una empresa como esa encaja perfecto: centralización de datos sensibles y habilitación legal para que un privado extranjero opere en el corazón del Estado.

Garbarz salió con el verso de que ellos habían desarrollado un software que bloqueaba Pegasus pero que Palantir hizo “un upgrade que no podemos detectar”. Suena a película de espionaje de bajo presupuesto. Pegasus es spyware que te infecta el teléfono, te prende el micrófono, la cámara, te roba mensajes, contactos, ubicación. Es intrusión directa sobre el dispositivo del ciudadano común. Palantir no necesita infectarte nada. No precisa virus. Su lógica es otra: tomar las bases de datos que el Estado ya tiene —RENAPER, Migraciones, Aduana, registros de armas, datos judiciales, sanitarios, financieros, territoriales, comunicaciones administrativas, movilidad— y las cruza, modela y las convierte en un sistema de decisión en tiempo real. No hay “upgrade indetectable” en tu celular porque la amenaza no está en tu celular. Está en los servidores oficiales. El anti-Pegasus de Garbarz no sirve contra una plataforma que opera desde adentro del Estado. Garbarz toma una preocupación real y la vende como guión de Hollywood. Y como es operador político ligado a CFK, su denuncia ya viene con el descuento de credibilidad puesto. Lástima, porque el fondo es serio. Pero cuando el mensajero es parte del quilombo anterior, la gente desconfía. Y con razón.

Palantir no “controla automáticamente a la ciudadanía”. Eso es exageración. Da capacidad de integración, análisis, perfilado, búsqueda, visualización y toma de decisiones. El control político depende de quién apriete los botones, con qué intenciones y bajo qué controles. Pero cuando una empresa extranjera, atada hasta las últimas consecuencias al complejo militar-inteligencia de Estados Unidos e Israel, se mete en la infraestructura informativa del Estado argentino, los riesgos son concretos y brutales. Primero, pérdida de soberanía informativa: podés seguir siendo titular formal de los datos, pero perdés el control operativo, técnico y doctrinal sobre cómo se procesan. Segundo, dependencia tecnológica: una vez que armás todo tu Estado sobre esa plataforma, salir es caro, traumático y políticamente suicida. Se llama vendor lock-in y es la trampa clásica. Tercero, opacidad algorítmica: si el sistema te recomienda alertas, perfiles, vínculos o prioridades, y vos no tenés auditoría local, ni código verificable, ni control real, terminás obedeciendo a una caja negra extranjera. Cuarto, uso político interno: cruzar datos estatales con segmentación electoral, inteligencia social, campañas psicológicas o persecución selectiva es una tentación demasiado grande. El límite entre defensa del Estado y vigilancia política se vuelve humo.

Y Thiel no es un empresario neutral. Es un ideólogo. El tipo tiene una visión elitista, tecnocrática, antiigualitaria y abiertamente crítica de la democracia liberal. Cree que el poder tecnológico y financiero debe pesar más que la representación política clásica. Desprecia el consenso, ama las élites disruptivas y ve al Estado democrático como un estorbo. La afinidad con Milei es obvia: los dos odian el orden liberal-progresista, los dos desconfían del ciudadano que cree que votó y ya está, los dos se presentan como enemigos del sistema. Pero la paradoja es para reírse. Thiel se vende como libertario máximo mientras Palantir crece mamando teta de los contratos del Estado profundo norteamericano: defensa, inteligencia, migración, seguridad. Libertarismo para los demás, estatismo estratégico para él y sus amigos. Milei y él se miran al espejo y se reconocen.

Pero el verdadero chiste negro no es solo Milei. Es toda la clase política argentina —kirchnerista, macrista, massista, wadista— abriendo la puerta a la misma arquitectura de inteligencia basada en datos cruzados, operada o asistida por proveedores del eje Washington-Tel Aviv-Londres. Después salen a llorar soberanía en los medios. La nota de LPO quiso pintar a Milei como el que entrega las bases de datos para gobernar por vigilancia. Y tiene razón en el riesgo, aunque las explicaciones a veces suenen forzadas. El riesgo existe por razones más sólidas: el Decreto 941 habilita exactamente eso. Y la oposición que hoy grita “fascismo” votó o calló cuando tocaba frenar.

Milei gobierna como si fuera fuerte cuando en realidad es débil estructuralmente. Sacó 29,99% en primera vuelta, unos 8 millones de votos, que sobre el padrón total es más o menos 22%. Ganó el balotaje con 55,65%, legitimidad electoral tiene, nadie lo niega. Pero usa esa legitimidad como si fuera un cheque en blanco constituyente permanente. Gobierna por excepción permanente: la crisis lo habilita, la urgencia lo habilita, el Congreso estorba, la oposición es casta, la Justicia no interviene, la calle está agotada. El DNU dejó de ser recurso excepcional y se convirtió en método ordinario de gobierno. La Ley 26.122, que toda la clase política apoyó en su momento, permite que un decreto siga vigente mientras no sea rechazado por ambas cámaras. Basta con que la oposición no se coordine, que los gobernadores negocien caja, que la Justicia haga tiempo. El DNU 941/2025 reorganiza inteligencia, habilita aprehensiones “en el marco de actividades de inteligencia” y crea la gran base de datos. El DNU 264/2026 autoriza ingreso de tropas extranjeras y ejercicios militares combinados por decreto. Materias que históricamente debían pasar por el Congreso. Todo por urgencia.

No es popularidad. Es poder por vacío. TN ya informó que en abril de 2026 el gobierno estaba en su peor momento de aprobación, con caída acelerada desde enero. Milei puede seguir cayendo en las encuestas y seguir mandando. Porque la gente está enojada, sí, pero quebrada, sobreviviendo al mes, contando plata, refinanciando deuda, postergando tratamientos, bajando consumo. La bronca queda privada. No se transforma en conducción, en bloque parlamentario, en acción judicial organizada, en calle con narrativa. La oposición es un archipiélago de intereses: gobernadores, intendentes, bloques licuados, peronismo partido, radicalismo diluido, PRO en retirada. Cada uno calcula su costo y negocia. La Justicia tarda, deriva, evita cautelares fuertes. La sociedad anestesiada por la degradación material no reacciona ante abstracciones como soberanía o arquitectura de datos.

La bandera israelí en el Monumento a la Bandera no es un detalle jurídico. Es simbólica y pesada. Ese monumento no es un salón para fotos. Es el santuario civil de la simbología nacional. Izar ahí una bandera extranjera en un acto comunitario se lee como subordinación, aunque lo vendan como gesto cultural. Con Estados Unidos pasa lo mismo pero más concreto: tropas por DNU, interoperabilidad, integración doctrinal, estándares comunes, posible participación en operaciones multinacionales. No son ejercicios puntuales. Es reordenar la doctrina militar argentina bajo parámetros de una potencia extranjera en un mundo en tensión. Argentina deja de negociar su lugar y pasa a ser pieza de un eje: Estados Unidos-Israel, con litio, energía, Atlántico Sur y contención regional de por medio.

El modelo que se viene no es una dictadura clásica con tanques en la calle. Es más moderno y más sofisticado: una democracia delegativa securitaria con rasgos de protectorado geopolítico y gestión tecnocrática de datos. Presidente que se presenta como intérprete único del mandato popular. Congreso tratado como estorbo. Crítica como sabotaje. Balotaje convertido en autorización total. Gobierno por excepción: todo es urgente, todo justifica DNU, todo evita debate. Estado mínimo para educación, salud, obra pública, ciencia y asistencia social. Estado máximo para seguridad, inteligencia, vigilancia, datos, represión administrativa y cooperación militar. No es menos Estado. Es otro Estado: de perfilado, no de persecución masiva. Alcanza con identificar, clasificar, anticipar, condicionar y neutralizar a los que molestan.

Milei no creó este poder. Lo expresa y lo administra con una sinceridad brutal que los anteriores no tenían. Donde otros gobiernos negociaban subordinación con lenguaje diplomático y cara de póker, él la convierte en épica libertaria. Donde otros ampliaban inteligencia con discreción, él lo hace por decreto y en la cara. Donde otros buscaban apoyo de Washington sin exhibicionismo, él lo hace su identidad política y se autoproclama el presidente más sionista del mundo. La Argentina ya venía con instituciones débiles, Congreso desprestigiado, Justicia lenta, partidos vaciados, Fuerzas Armadas sin proyecto, empresariado rentista, medios dependientes y ciudadanía agotada. Milei apareció como catalizador de una demolición que se venía cocinando hace décadas. Su novedad es que no disimula. La ofrece como virtud.

El riesgo no es que Milei tenga poder absoluto. No lo tiene. No controla el Congreso, no tiene gobernadores propios suficientes, no tiene partido histórico, su imagen cae. El riesgo es peor: que pueda tomar decisiones irreversibles antes de que el sistema reaccione. Un contrato tecnológico estratégico condiciona al Estado por décadas. Una doctrina militar reorienta generaciones de oficiales. Una alianza exterior puede arrastrar al país a conflictos ajenos. Una base de datos integrada queda como infraestructura de control. Una reforma por DNU se consolida por inacción parlamentaria.

Eso es lo que se viene: un país formalmente democrático pero materialmente subordinado. Con elecciones, pero con decisiones estratégicas tomadas por decreto. Con Congreso, pero neutralizado. Con Justicia, pero tardía. Con oposición, pero fragmentada. Con ciudadanía, pero anestesiada. Con Estado reducido para proteger al ciudadano común y fortalecido para vigilarlo. Milei no es la causa. Es el síntoma más descarnado y sincero de una decadencia que viene de lejos. Y la clase política, en pleno, sigue abriendo la puerta. Porque al final, todos están más cómodos con un Estado que vigila que con un pueblo que piensa.