En medio de un tenso contexto para el régimen macrista en el que es criticado por propios y ajenos por sus impopulares reformas contra jubilados y trabajadores, el juez Claudio Bonadío, un alfil a las órdenes del poder ejecutivo, procesó a la ex presidenta con prisión preventiva por la firma del Memorándum con Irán bajo la insólita acusación de “traición a la Patria”, un delito solo aplicable en medio de una guerra y que no se usaba desde la persecución a Juan Domingo Perón en 1955. Por esa causa también fueron detenidos Carlos Zannini, Luis D’Elía y Jorge Khalil. Oscar Parrilli y Andrés Larroque fueron procesados, pero en su caso sólo se les impuso la prohibición de salir del país.
Además de ser un manotazo de ahogado de un Gobierno crecientemente impopular, que quiere enlodar a Cristina en el Senado obligándola a tener que defenderse ya desde su primera sesión, también es necesario destacar que detrás de Bonadío se esconden otros intereses (no confundir lo que está ocurriendo con una mera “cortina de humo”):
-los intereses de la inteligencia israelí, que viene motorizando la causa Nisman como parte de un proyecto internacional que necesita unificar el atentado a la AMIA con Irán (algo jamás probado) y una vendetta contra Cristina por parte de la derecha sionista que se sintió traicionada por la Argentina con el Memorandum con Irán. El Mossad busca llevar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un casus belli contra Irán (histórico enemigo de Israel), para esto necesita contar con casos de “terrorismo internacional” de lo que acusar al país persa y por eso viene instrumentando la causa AMIA (inventando pruebas falsas, el mismo Netanyahu utilizó este argumento en el Congreso de los EEUU), la denuncia de Nisman y su muerte (lo que según este sector podría probar la complicidad de Irán encubriendo a los supuestos autores y de paso quitar de un plumazo a un sector político como el kirchnerismo que lo enfrentó en los últimos años). La DAIA, como representante política del Estado de Israel en la Argentina, hizo innumerables esfuerzos para que la “denuncia” de Nisman fuera reactivada y sus dirigentes, como Waldo Wolff y Ariel Cohen Sabban, fueron sus principales impulsores.
-los intereses del Grupo Clarín: no es casualidad que las detenciones hayan sido ordenadas un 7 de diciembre (7D), la fecha en la que el Gobierno de Cristina Kirchner intentó aplicar la Ley de Medios. Es sabido el revanchismo de este grupo económico (con alta probabilidad hoy el más poderoso del país) cuyos dueños no solo no perdonan el intento de desmembrar a sus empresas monopólicas sino los intentos de encausar a Magnetto por Papel Prensa (declaró en su momento que debió huir a Uruguay temiendo su posible detención) y la situación vivida por los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble cuando se los obligó a dar sus muestras de ADN para cotejar con el Banco de Datos Genéticos bajo la sospecha de ser hijos de desaparecidos, algo que jamás perdonarán a la ex presidenta.
-los intereses de sectores de la inteligencia local desplazados por el anterior Gobierno: particularmente Antonio “Jaime” Stiuso, quien ingresó a la secretaría de Inteligencia en la época de Lanusse y allí se mantuvo durante más de 40 años sin que nadie pudiera animarse a tocarlo, no por casualidad la denuncia de Nisman y posterior muerte ocurren a los pocos meses de ser echado de la SIDE.
Stiuso fue acusado por ONG’s como La Alameda de Gustavo Vera por comandar desde la SIDE una parte importante del narcotráfico en la Argentina, redes de trata de personas y todo tipo de extorsiones a jueces y políticos. Stiuso además siempre fue sindicado de ser un doble o triple agente de la CIA y el Mossad.
Haber quitado a este sector de la inteligencia de esa posición de enorme poder tenía sus consecuencias (lo que explica que el gobierno kirchnerista no tomar antes esta medida).
Para Bonadio su accionar no tiene grandes costos políticos, ya que ha comenzado los trámites de su jubilación y realiza el pedido de detención cuando Cristina ya tiene fueros, garantizando un enorme circo político para varios meses en el Congreso y en los medios de comunicación, operativo de distracción muy útil justo cuando se empezaban a discutir en serio las reformas contra jubilados y trabajadores. Constituye así el primer hito para proscribir electoralmente a la ex presidenta mientras cumple con los deseos de poderes nacionales y transnacionales.
Lo cierto es que esta insólita cacería de opositores da por terminado todo Estado de Derecho, estamos claramente dentro de un régimen autoritario de características dictatoriales dispuesto a cualquier desmesura con tal de aplicar su programa económico de saqueo.