La detención del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva despierta muchas interrogantes sobre el rol que está jugando Estados Unidos en el deterioro de la estabilidad política y social que resquebraja a la principal potencia sudamericana.
Hasta momentos antes de su detención, Lula mantuvo reuniones con dirigentes sociales y políticos al amparo de seguidores que lo acompañaron de cerca. La imagen de Lula en andas recorrió el mundo.
El juez Luis Moro lo encontró culpable sin que haya podido probarle ningún delito al ex presidente brasilero. Moro ni siquiera guardó las formas. Lula tenía tiempo hasta el 10 de abril para realizar nuevas presentaciones, pero el juez decidió no respetar los tiempos procesales y ordenó su encarcelamiento tres días antes de que se cumplieran los plazos legales.
Lula era el favorito por amplio margen para ganar las elecciones y ser electo otra vez como presidente de la República. Todas las encuestas le otorgaban entre el 45% y el 49 de intención de voto en segunda vuelta. Según los mismos sondeos de opinión, su competidor más cercano, el diputado Jair Bolsonaro, apenas cosecha entre el 16% y el 18% intención de voto, trepando a un máximo del 32% en el ballotaje.
Lula iba camino a ser el próximo presidente de Brasil. El fallo del juez Moro, sumado a la polémica decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que rechazó el habeas corpus presentado por el ex presidente, truncaron la posibilidad de que Lula alcanzará la primera magistratura y afianzaron las dudas sobre el rol “golpista” de la Justicia brasilera y sus relación carnal con Washington.
En un artículo que publicó en la revista Contexto, la periodista Stella Calloni denunció que “Moro es uno de los tantos magistrados cooptados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien “desde hace varios años mantiene una especie de Escuela de las Américas para adoctrinar policías y jueces de Latinoamérica, que funciona en El Salvador. “El esquema estadounidense de infiltrar las estructuras judiciales de América Latina surgió como metodología de trabajo en los planes contrainsurgentes y estratégicos para la región en los noventa”, recordó Calloni en un artículo intitulado “Brasil: el asesinato de la Justicia”.
Por su parte, la investigadora Marilena Chauí afirmó en junio del 2016 que Moro había sido reclutado por el FBI para resguardar los intereses de Estados Unidos en el caso Lava Jato.
La injerencia de Washington en los asuntos internos de Brasil y de América Latina obedece a múltiples razones. Estas maniobras de Estados Unidos terminaron con los procesos democráticos de Honduras (2009), Paraguay (2012) y de Brasil (2016), con el golpe de Estado legislativo que puso fin al mandato de Dilma Rouseff.
Washington también tiene intereses puntuales en Brasil. Los gobiernos de Lula y Dilma defendieron cierta autonomía brasileña en materia de Defensa y le pusieron límites a la intromisión de Estados Unidos en estos asuntos. Esta decisión política del Brasil en la gestión Lula se puso en evidencia con la construcción de un submarino nuclear, en la fabricación de aviones cazas de quinta generación y en la potenciación de la base de satélites de Alcántara, ubicada cerca de la línea ecuatorial. El submarino nuclear, que tanto preocupa a Estados Unidos, está a cargo de Odebrecht, quien curiosamente se encuentra en el ojo de la tormenta por las múltiples casos de corrupción que la Justicia investigó con una rapidez inusitada y que la corporación mediática O Globo reprodujo puntillosamente a través de su extensa red de medios de comunicación.
Tras el desplazamiento de Dilma, Temer, en cambio, se ha mostrado más propenso a alcanzar acuerdos con Washington en los segmentos científicos-tecnológicos sensibles para la Casa Blanca. Por ejemplo, firmó un convenio con los Estados Unidos para operar la base espacial de Alcántara, la única de estas características en América latina.
El proyecto Alcántara se creó en 1987 en una zona de seguridad de 236 km2 y le permitió a Brasil, el 24 de octubre del 2004, poner en órbita, con éxito, un cohete sonda VSB-30, que se utiliza para realizar observaciones astronómicas desde la atmósfera.
Por otra parte, Chauí también denunció oportunamente que Estados Unidos estableció como prioridad número uno la desestabilización de Brasil, con la intención de tomar el control de los yacimientos petroleros y otros recursos estratégicos.
De esta manera, Estados Unidos aparece como uno de los grandes beneficiarios del arresto de Lula y de todo el proceso de degradamiento institucional y socioeconómico que se precipitó sobre en el 2016 con el golpe de Estado legislativo a Dilma Rouseff.