¿Qué fue en realidad el Grupo Veintitrés? La SIDE detrás de negocios y extorsiones

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Gracias a las denuncias de Gustavo Vera y la decisión del Papa Francisco de combatir a las mafias organizadas y enquistadas en los aparatos de inteligencia, se puede conocer mejor quiénes estaban en las sombras operando y haciendo negocios detrás del Grupo Veintitrés, sus objetivos ocultos y por qué son protegidos bajo la nueva administración macrista.

Meses atrás, en julio de 2016, una patota destrozó impunemente las instalaciones de Tiempo Argentino. Un periódico autogestionado por sus trabajadores como lo es Tiempo Argentino evidentemente molesta, ya que además de ser crítico del gobierno de Mauricio Macri, y desafiar al modo capitalista de organizar la producción, viene informando de los manejos oscuros que hubo detrás del grupo empresario al que perteneció. Que sea un medio autónomo e inmanejable, surgido luego del vaciamiento del Grupo Veintitrés, un engendro de la exSIDE (la misma que hoy vuelve a tener poder), lo vuelve aún más peligroso, ya que la cooperativa “Por Más Tiempo” viene visibilizando el permanente accionar desde las sombras de este sector de la inteligencia. Por eso la patota de los empresarios vaciadores, Szpolski, Garfunkel y Martínez Rojas, contó con la clara complicidad de la policía dirigida por Patricia Bullrich que increíblemente escoltó y protegió a los agresores.

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¿Cómo puede ser que se ingrese a un medio de comunicación, se lo destroce y se salga del mismo protegido por la policía que debería impedir el hecho? ¿No fue Patricia Bullrich, responsable del Ministerio de Seguridad, la que ante un incendio en Canal 13 se presentó personalmente de forma inmediata, sobreactuando váyase a saber qué lealtad con ese grupo empresario? ¿Cómo reaccionaría la policía si un grupo organizado ingresara a los estudios de Canal 13/TN y destruyera todas las instalaciones?

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Martínez Rojas, autodenominado “dueño” de Tiempo Argentino

¿Qué fue en realidad el Grupo Veintitrés?

La complicidad del actual gobierno con Szpolski/Garfunkel se explica porque sus socios en el Grupo Veintitrés eran parte de la SIDE que se fue con Stiuso a fines de 2014 y que hoy en muchos casos han regresado. Veamos quiénes eran estos socios:

Darío Richarte, ex número 2 de la SIDE con De la Rúa (el “Señor 8”), uno de los fundadores del PRO y cercano al operador macrista Angelici (hoy es vicepresidente de Boca y fue denunciado por “tráfico de influencias” por Elisa Carrió, socia política de Macri), habría sido un “socio oculto”, según Garfunkel, y era quien representaba legalmente a empresas de ese grupo;

-Juan José Gallea, ex director del Grupo 23, habría sido quien manejaba los fondos del grupo y es el actual director financiero de la Agencia Federal de Inteligencia (cercano al “Coti” Nosiglia, cumplió el mismo rol durante el gobierno de De la Rúa, época de los sobornos en el Senado) designado a instancias del presidente de Boca y operador macrista, Daniel Angelici. Sobre Gallea los mismos trabajadores de Tiempo Argentino dicen en su sitio web: “Fuentes consultadas por Por Más Tiempo coincidieron en señalar que Szpolski se refería a Juan José Gallea como su ‘jefe'”. Sobre la relación con Nosiglia: “Enrique ‘Coti’ Nosiglia es otro de los nombres que rodea al empresario que fundió el Banco Patricios y estafó a más de 800 trabajadores de prensa. El misionero es el operador político de excelencia en el ámbito nacional, actualmente desembarcó en la DAS, la obra social del Congreso de la Nación, junto al empresario Luis Barrionuevo, y fue quien acercó a Matías Garfunkel a la sociedad del Grupo 23”; y

Francisco Javier Fernández, histórico operador en Tribunales de distintos gobiernos, siempre ligado a la exSIDE y auditor general en la Auditoría General de la Nación (AGN) desde el año 2001, muy cercano a gran parte de los jueces de Comodoro PY y entre ellos a los camaristas Farah e Irurzun (los que hoy presionan a Casanello para que investigue a Cristina Kirchner).

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Szpolski y Garfunkel

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En la imagen: Stiuso, Garfunkel, Szpolski, Darío Richarte y Juan José Gallea.

Todos estos personajes tienen una estrecha relación a su vez con el ex director de contrainteligencia de la SIDE (y que siempre respondió a la inteligencia norteamericana e israelí), Antonio “Jaime” Stiuso. Todos ellos han sido denunciados por enriquecimiento ilícito por el diputado porteño Gustavo Vera, referente de la Fundación La Alameda y amigo personal del Papa Francisco, quien ha venido librando una incansable lucha, antes desde el arzobispado y ahora desde su papado, contra las mafias organizadas que se sustentan en la trata de personas, el narcotráfico y el trabajo esclavo con la complicidad de sectores de inteligencia y de la aduana.

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Las denuncias de Vera son por la constitución de innumerable cantidad de empresas truchas en las que se derivaría parte del dinero en negro que siempre manejó la Secretaría de Inteligencia en la Argentina, verdadero poder autónomo que trasciende a los distintos gobiernos y sobrevive gracias al enorme control que tiene sobre los jueces y su capacidad de apriete y extorsión a periodistas, políticos y magistrados.

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De acuerdo a los testimonios de Vera y de Lorena Martins, de Stiuso también habría dependido parte del negocio del narcotráfico en la Argentina (facilitado por su control sobre las aduanas) y la red de prostitución y trata de personas que regentea el proxeneta, y también ex agente de la SIDE, Raúl Martins en complicidad con sectores del macrismo. De esta extensa red de prostíbulos surgían los videos que eran luego utilizados para las distintas extorsiones. “Famosa es la foto del hoy presidente de los argentinos junto a su esposa Juliana Awada en el prostíbulo “Mix” de Cancún, propiedad de Martins y sede de operaciones de Los Zetas. En la imagen, también aparecía Gabriel Conde, dueño del prostíbulo argentino Shampoo e hijo de Luis Conde, ex vicepresidente de Boca”, afirman los trabajadores de Tiempo Argentino en su nota sobre los vínculos entre Szpolski y Nosiglia.

Que este sector de la inteligencia que extorsionó a todos los gobiernos haya estado detrás del Grupo Veintitrés explica la desproporción de recursos asignados al mismo entre 2009 y 2015 ya que no solo extorsionaban, sino que también negociaban sus servicios, en este caso políticamente importantes. El gobierno necesitaba (casi como una cuestión de vida o muerte tras el fracaso de la Resolución 125 en el Congreso) enfrentar con medios afines al todopoderoso Grupo Clarín, ferozmente opositor a partir del año 2008 (a partir del “conflicto con el campo” y la negativa de Néstor Kirchner de concederle a Héctor Magnetto el acceso a Telecom). Ningún gobierno sobrevive con una batalla comunicacional perdida. Así surgieron en 2008 los periódicos El Argentino y Miradas al Sur, en 2009 el grupo compró Radio América, en 2010 surgió el diario Tiempo Argentino y el canal de noticias CN23 y en 2011 el portal de noticias INFOnews.

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¿Sirvió ese grupo de medios para contrapesar el poder de fuego del Grupo Clarín? Solo en parte, pero a un costo enorme de recursos y dentro de un sistema poco sustentable. ¿Fueron esos $814 millones invertidos por el Grupo Veintitrés en sus medios o fueron, como muchos sospechan, derivados hacia otras empresas propiedad de este sector de inteligencia que lo manejó tras las sombras? La desproporción de recursos evidenciaría más bien lo segundo y demostraría que el Grupo 23 fue una fachada, un “fronting”, del precio a pagar por el gobierno por los servicios prestados y frente a las distintas extorsiones.

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Que Cristina Kirchner se haya animado a remover de la SIDE a Antonio Stiuso a fines de 2014 (después de más de 40 años de crímenes y extorsiones, desde el Batallón 601 de la dictadura militar hasta el presente), y denunciarlo en varias causas a través de Oscar Parrilli, explica muchas de las operaciones en contra de su gobierno en 2015 (incluida la inverosímil denuncia de Alberto Nisman, que estaba preparada para ser presentada meses después en medio de la campaña electoral, y su posterior inducción al suicidio -si tomamos como hipótesis más probable de su muerte la sugerida por la fiscal Fein-).

El estudio de Dario Richarte se encargaba de la defensa judicial de Amado Boudou y de otros funcionarios kirchneristas acusados de corrupción hasta la remoción de Stiuso en 2014. Esto muestra el doble juego de los servicios de inteligencia: mientras un sector promovía las denuncias acercando material al Grupo Clarín y a políticos opositores, otro se encargaba de ejercer la defensa a través de jueces y fiscales puestos y controlados por ellos mismos. El doble poder de la extorsión y la defensa les permitió sobrevivir bajo los distintos gobiernos. Haber removido de la SIDE a Stiuso en diciembre de 2014, junto a muchos personajes de este histórico sector, explica también el actual acoso judicial al que Cristina se ve sometida por parte de distintos jueces y fiscales cercanos a ese poder tras las sombras, en consonancia con los deseos de venganza del Grupo Clarín y el rol aleccionador para toda la clase política que pretende generar con su prisión o proscripción la Embajada de los EEUU.

Si este oscuro sector de inteligencia que montó, hizo enormes negocios y finalmente vació al Grupo 23, ha retornado a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la mano de Macri y Silvia Majdalani, se comprende mejor la inacción del actual gobierno frente a hechos repudiables como el ataque sufrido por la cooperativa de trabajadores de Tiempo Argentino o el ocurrido hace poco tiempo atrás con la toma violenta de la planta transmisora de Radio América.

El uso de patotas y barrabravas no sorprende, dados los “contactos futbolísticos” arriba explicitados. El objetivo es muy claro: terminar de destruir toda posibilidad de que exista, salido de sus entrañas, un medio autónomo autogestionado por sus trabajadores que denuncie no solo al gobierno actual sino al propio accionar mafioso de este sector de la inteligencia argentina que trasciende a los distintos gobiernos.


La siguiente nota publicada el 6 de noviembre de 2016 por Tiempo Argentino, confirma lo explicado más arriba:

Una red de negocios pone a Spolsky y Garfunkel bajo sospecha de lavado de dinero
por Claudio Mardones – Tiempo Argentino

“Que tenga amigos dentro del nuevo Gobierno no significa que me vayan a ayudar”, decía compungido el empresario Sergio Szpolski en diciembre del año pasado, pocos días después del balotaje que confirmó la victoria de Mauricio Macri sobre Daniel Scioli por escaso margen. El entonces “dueño” del Grupo 23, con rostro de víctima, se lamentaba de la derrota padecida en carne propia el 25 de octubre, cuando su candidatura a intendente de Tigre se desmoronó en las urnas del mismo distrito bonaerense donde posee su lujosa casa dentro del barrio cerrado La Escondida, en Rincón de Milberg. Detrás del novelón de mala calidad que protagonizan Szpolski y su socio, Matías Garfunkel, desde que comenzaron a pelearse en público (y también en la Justicia), se presume que funcionó un aceitado mecanismo de lavado de fondos públicos a partir de la pauta publicitaria que le facturaban al Estado y cuya recaudación era derivada al desarrollo de otros negocios en los que aparecen repetidamente sociedades comerciales, una firma radicada en Panamá y una serie de figuras clave vinculadas al espionaje vernáculo: Juan José Gallea, actual director de Finanzas de la Agencia Federal de Inteligencia, el abogado Darío Richarte, miembro de la SIDE durante el gobierno de la Alianza; Javier Fernández, el perenne miembro de la Auditoría General de la Nación, reconocido en tribunales como un añejo operador judicial de la SIDE; y el hombre más poderoso de la catacumba estatal hasta que Cristina Fernández de Kirchner decidió echarlo a fines de 2014: el espía Horacio Antonio Stiuso. Szpolski y luego a Garfunkel actuaron como los dos “fronting” del conglomerado de empresas que, en su mayoría, estaban registradas en el fisco como “pymes” para pagar la mitad del IVA.

Las amistades que Szpolski descartaba por esos días resultaron claves un año después. Gallea, su exgerente general del Grupo 23, volvió en diciembre de 2015 al cargo de director de Finanzas de la AFI, un puesto que ya había ocupado en la SIDE en 2000, durante la tragedia política de la Alianza, cuando los jefes del organismo de espionaje estatal eran el banquero Fernando De Santibañes y el abogado Richarte, dos piezas centrales en el viejo escándalo de las coimas del Senado que, luego de una década de maniobras judiciales, no prosperó en tribunales.

Richarte, socio del abogado Diego Pirotta, también forma parte del entramado de socios ocultos que operaban detrás de Szpolski como cara visible de un esquema de sociedades fantasma que eran encabezadas en los papeles por empleados suyos, como Roberto Oscar Flores, que fungió como titular de la mayoría de las empresas que conducía Szpolski y, desde febrero de 2011, también el millonario Garfunkel, que vive en Miami desde el año pasado, cuando dijo haber roto su relación societaria con “Sergio” y lo denunció penalmente por “amenazas” ante la jueza María Gabriela López Iñíguez.

Destino Panamá

En el diseño de sociedades fantasma controladas por Szpolski, dedicadas al lavado de dinero, Tiempo descubrió en Panamá la existencia de una empresa de turismo llamada Elos Internacional INC, creada por la familia Szpolski, ya tristemente célebre hace 15 años por la quiebra del Banco Patricios. Según el acta societaria registrada el 11 de marzo de 2013 en el Registro Público panameño, sus directores son Elke Szpolski (hermana de Sergio), Iona Szpolski (su sobrina) y Regina Symner, que también figura como titular de otras sociedades del empresario. La agencia de viajes sigue en funcionamiento, es propietaria de la marca “Premium Travel Panamá Diseño”, que ofrece en su web institucional la venta de un paquete para ver el partido Panamá – Argentina en la Copa América Centenario de julio pasado.

La firma panameña con el apellido Szpolski debería ser investigada, entre otros organismos por la Unidad de Información Financiera, a cargo del abogado Mariano Federici. Sin embargo, el funcionario también forma parte de las estrechas relaciones de las que se jacta “Sergio”, que habría fundado la agencia de viajes panameña cuando ya era socio de Garfunkel.

La bicicleta del amigo Brito

Las vinculaciones que Szpolski siempre negó con furia y vehemencia son investigadas en distintas causas penales que pueden confirmar un aceitado mecanismo de lavado de fondos públicos, a partir de la pauta publicitaria, cuya recaudación era derivada al desarrollo de otros negocios, incluso alimenticios, donde aparecen familiares directos de Szpolski y hasta de Stiuso. El menú de “bicicletas financieras” que diagramaba el empresario de origen judío (e íntimo amigo de la ex embajadora de Israel en Buenos Aires, Dorit Shavit) iba desde obtener beneficios fiscales para canjear los aportes previsionales por publicidad pública, hasta vender en forma anticipada las facturas publicitarias por cobrar a distintas entidades financieras, como el Banco Macro, presidido por Jorge Brito, otro vidrioso personaje de las finanzas de la city porteña, que mantiene una estrecha relación con Szpolski a través del financiamiento de las cuentas sueldo del Grupo 23, con descubiertos autorizados, compra de facturas y blanqueo bancario de dinero, cuya procedencia la Justicia aún no ha indagado.

El 5 de diciembre de 2015, Szpolski pagó el último salario a los trabajadores de este diario y desde entonces desarrolló una estrategia de vaciamiento que dos meses después derivó en la aparición del ignoto empresario correntino Mariano Martínez Rojas, supuesto comprador de Tiempo Argentino y Radio América, que dejó de imprimir el matutino dos semanas después de haber protagonizado la presunta adquisición. Parte de la operación fraudulenta, que incluyó una revisión de los números por 90 días que nunca se concretó, incluía la cobranza de la pauta que el Estado le debía a las empresas del Grupo 23. Hasta hace poco tiempo atrás, distintas fuentes oficiales confiaron a este diario que es el propio Szpolski quien buscó cobrar los pagos por todos los medios posibles, tanto para obtener dinero fresco, como para garantizar la cancelación de las facturas por publicidad que le había vendido a su amigo Brito, a Nacion Factoring, al Banco Provincia de Buenos Aires y a las entidades Mariva y Meridian. En los anticipos girados a las cuentas de Szpolski por los bancos compradores de las facturas, existe otra parte de la organización del robo de dineros públicos, ya que las publicidades eran sobrefacturadas por cifras millonarias para garantizar la obtención de dinero fresco en forma rápida y luego garantizar el pago del 25% de comisión que cobra cada banco por comprar facturas a término.

Aportes impagos y patota propia

La retención de los aportes previsionales de los empleados del G23 comenzó a ser investigada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a fines de 2015. Luego de ocho meses de investigaciones administrativas, el 12 de julio pasado, el organismo que conduce Alberto Abad decidió denunciar el caso ante el Juzgado Penal Económico N° 7, en manos de Juan Pedro Galván Greenway. La presentación detalló que las 18 empresas controladas por Szpolski habían desviado ilegalmente 85 millones de pesos, cuya ruta de dinero ahora es indagada en 18 expedientes separados. En todos están acusados Szpolski, su empleado Flores, y otras diez personas, entre ellos el director de Vorterix Mario Pergolini y el mendocino Alejandro Olmos, uno de los propietarios del Grupo Crónica que le compró la Revista 23 y estuvo a un paso de adquirir Tiempo Argentino y América, en una operación que no se concretó porque Garfunkel se negó a firmar las transferencias y luego demandó penalmente a su exsocio por haber concretado la operación con Martínez Rojas, ya por entonces procesado penalmente en Corrientes por librar cheques sin fondo para comprar autos de alta gama. El caso, luego del desastre que originó en Tiempo y en América, derivó en el pedido de prisión preventiva del entrepreneur del espectáculo, que vive en Buenos Aires. En el medio, el 4 de julio, Martínez Rojas comandó una patota con barrabravas que intentaron sacar a los trabajadores de Tiempo y América de las instalaciones que ocupaban desde febrero en defensa de sus puestos de trabajo. Entre los matones estaba Juan Carlos Blander, jefe de patovicas de Daniel Grinbank, exempleado porteño durante la gestión de Fernando de la Rúa y contratado por empresas del espectáculo como Fénix Entreteinment Group. Un dato curioso: en la denuncia que Garfunkel le inició a Szpolski por la supuesta venta sin su autorización de seis empresas del grupo, el excandidato a intendente de Tigre alegó en su defensa no haber concretado venta alguna, lo que de algún modo terminó de confirmar que la venta a Martínez Rojas nunca existió.

Balcarce: el alfajor secreto

El elenco de socios ocultos que no fueron mencionados por la AFIP aparece en otras dos demandas penales que instruye la Justicia. Una de ellas ofrece datos que se remontan al nacimiento de Tiempo Argentino, cuando llegó a los kioscos en 2010, con la posibilidad de que cada lector pudiera aprovechar un voucher canjeable por una caja de alfajores Balcarce. Según la denuncia que radicó el 29 de febrero pasado el legislador porteño Gustavo Vera, Panificadora Balcarce SA fue constituida en el año 2010 y su socio principal es Gallea, a través de Magnum Sabores Argentina SA, dueña del 51 por ciento. Vera denunció que esa firma “es continuadora de la empresa Magnum Records SA, que estaba integrada por Gallea y por Darío Richarte. En el escrito, el denunciante agregó que dos años después, la panificadora que elabora el pan de mesa Sacaan tiene como empleada a María Cecilia Rossero. De acuerdo con Vera, se trata de la segunda esposa de Stiuso que, “según se desprende de la base de datos NOSIS”, recibió el pago de las cargas sociales en tiempo y forma por parte de la panificadora.

La denuncia recayó en el Juzgado Federal 9, en manos del magistrado Luis Rodríguez, por la supuesta infracción al artículo 303 del Código Penal, que castiga con tres a diez años de prisión a quien haga circular dinero “proveniente de un ilícito” para que “adquiera la apariencia de lícito”. La instrucción del expediente está en manos del fiscal federal Federico Delgado, que ya pidió una serie de medidas de prueba, en una denuncia donde aparece una decena de empresas fantasma, y en la que se repite la presencia de Richarte, Gallea y hasta Garfunkel, que aparece como presidente de Expresso Management INC y gerente de Amores LLC y Neumáticos LLC, dos de las diez empresas denunciadas. El listado incluye dos viejas firmas: Tiumayo SA y OSGRA SA, dos empresas controladas por la SIDE a través de Daniel Salinardi, un espía cuyo rol fue revelado hace diez años por el periodista Gerardo Young, en el libro SIDE La Argentina Secreta, donde se puede apreciar que el funcionario del aparato de espionaje de la Presidencia llegó a tener todas las propiedades y tapaderas del organismo a su nombre.

 

Fuente: http://tiempoar.com.ar/articulo/view/61988/una-red-de-negocios-pone-a-szpolski-y-garfunkel-bajo-sospecha-de-lavado-de-dinero

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