Por Marcelo Krichesky *
La crisis de los sistemas educativos es un problema que fue reconocido a mediados del siglo pasado y abarca gran parte de los países occidentales. Exige un nivel de investigación y reflexión de alta complejidad, por la cantidad de factores que involucra: en primer lugar qué modelo humano se pretende formar y para qué. Sin embargo, todo ello no parece ser una preocupación de las autoridades actuales.
La “secundaria del futuro” apareció en estas últimas semanas de modo repentino en un laberinto de idas y vueltas de información confusa para la comunidad educativa. Aquellos que somos docentes e investigadores sabemos que estos procesos de reforma de arriba hacia abajo, sin consultas a diferentes actores del sistema (como gremios, especialistas, docentes, estudiantes, padres) nunca fueron exitosos dados los procesos de apropiación limitados o nulos que se configuran en las instituciones.
La escuela “secundaria del futuro” parte de dos equívocos iniciales: creer que se puede gestionar en pocos meses un cambio de una política educativa para la secundaria, sin utilizar el sinnúmero de diagnósticos previos con los que contamos desde la década de los noventa desde centros de investigación, universidades, gremios y los propios organismos de gobierno, y la creencia de que superponerse con otro cambio como es la Nueva Escuela Secundaria (reforma que también trajo su polémica en las instituciones y que se comenzó a implementar hace sólo cuatro años) puede ser factible sin el riesgo de cristalizar procesos de fragmentación del sistema y profundizar aún más las desigualdades educativas.
Entre los cuatro puntos más álgidos de la escuela “secundaria del futuro”, enrolada en la búsqueda de nuevos formatos escolares, se encuentran una sustitución de la concepción disciplinar del conocimiento por un enfoque centrado en habilidades y capacidades en cuatro áreas (Ciencias sociales y humanidades, Científico tecnológico, Comunicación y expresión, Orientaciones), un esquema de enseñanza centrado en dotar al estudiante de mayor autonomía en el estudio (guías de estudio, plataformas virtuales, proyectos) en detrimento de menor tiempo de enseñanza presencial del docente frente al alumno; la eliminación de las calificaciones numéricas, y las llamadas prácticas educativas para aplicar los aprendizajes en empresas y organizaciones (amparadas en el Art. 33 de la LEN/2006). En torno a estas prácticas, aún no queda claro si sustituirían el trayecto curricular del 5º año en clave de pasantías para aplicar los aprendizajes en empresas y organizaciones y desarrollar proyectos enrolados bajo el enfoque del emprendedurismo –con lo cual asistimos al acortamiento del ciclo de formación orientada con dos años de duración–; o si sólo forman parte de un cuatrimestre que complementa este último año de estudio.
Más allá de los visos de esta información que día tras día circula de modo desordenado, sería importante apelar a algunas preguntas clásicas de la investigación educativa que nos permitan alterar esta madeja de enredos, como ser: ¿cómo impactan estas iniciativas en el trabajo docente, en los aprendizajes y en las trayectorias escolares de estudiantes de diferentes grupos sociales?; ¿qué estrategias institucionales de apoyo y seguimiento resultan necesarias para que estas prácticas en el 5º año tenga un sentido educativo? Finalmente, ¿cuáles son las condiciones institucionales que debe garantizar el Estado para el desarrollo de este proyecto? Los estudiantes, docentes y directivos que se expresan críticamente en torno a la escuela secundaria del futuro no están planteando cuestiones absurdas. Entre sus principales y genuinos reclamos se ubican la necesidad de información y la prórroga en la implementación de esta reforma. El artículo 2 de la LEN promueve la idea de asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles. ¿Será el momento de profundizar y legitimar un proceso de involucramiento y apostar a una escuela secundaria más democrática?
* Marcelo Krichesky – Magíster en Ciencias Sociales especializado en Educación (FLACSO); Doctorando en Educación; Investigador en el Ministerio de Educación (GCBA); Profesor e Investigador en la Universidad Pedagógica (UNIPE) y en la Escuela de Humanidades (UNSAM); Director de la especialización en Políticas Educativas de la Universidad Pedagógica Nacional.
Fuente: www.pagina12.com.ar – 27-9-17