No hubo Golpe de Estado en Venezuela. EEUU, la OEA y medios hegemónicos están desinformando

Nuevamente la desinformación es utilizada por el poder norteamericano y sus apéndices nacionales para desestabilizar a Venezuela. No hubo “Golpe de Estado” como están informando. El hecho concreto es que la oposición derechista hizo jurar ilegalmente como diputados de la Asamblea Nacional a un grupo de representantes elegidos a través de un fraude electoral. Mediante la falsa mayoría lograda a través de estos diputados, la Asamblea está tomando todo tipo de decisiones ilegales, entre ellas el supuesto “abandono del cargo” del presidente.  Frente a esta situación completamente anómala el Tribunal Supremo de Justicia suspendió la actividad de la Asamblea hasta tanto acepte salir del desacato al Poder Judicial y retire a los falsos diputados en los términos que el TSJ lo pidió. Sobre esta situación se montó la OEA (títere de los EEUU) denunciando un supuesto “golpe de Estado” y los países latinoamericanos, alineados con los EEUU, como Argentina, Chile, Perú y Brasil salieron a respaldar esta postura. Macri incluso recibió a la esposa del golpista venezolano, Leopoldo López. La red internacional de medios del poder anglonorteamericano y sus delegados locales (Clarín, La Nación, Infobae, América, Canal 13, TN, Radio Mitre, etc.) están intentando legitimar una futura intervención militar en Venezuela, a través del artículo 20 de la “Carta Democrática” de la OEA y el Comando Sur de los EEUU. El objetivo final es muy claro: apropiarse de una de las mayores reservas petrolíferas del mundo. Ayudemos a impedirlo dejando expuestas sus mentiras.

¿HUBO GOLPE DE ESTADO EN VENEZUELA? NO y NO
por Misión Verdad 

1. De hecho el parlamento podría volver a funciones en solo dos días, “si quisieran, al salir de su desacato” ( Retirar Diputados de Amazonas, que fueron elegidos fraudulentamente, como quedó demostrado irrefutablemente).

2. No hay golpe de Estado, pues “no hay desplazamiento del Poder legislativo ni de sus integrantes” (disolución). Técnicamente tampoco hay disolución, “pues no está disuelto un parlamento que puede volver a funciones*”

3. El TSJ va asumir de manera accidental y coyuntural funciones de la Asamblea Nacional “para cubrir el vacío” de Estado que hay con el poder legislativo a más de un año de su ausencia por auto anulación y desacato. Hay que recordar que la Asamblea Nacional no ha funcionado, no ha discutido proyectos de leyes ni cumplido con sus obligaciones institucionales. Su único objetivo es derrocar al gobierno de Maduro.

Venezuela: ¿Hubo autogolpe? ¿Se disolvió al parlamento?
MisiónVerdad/Resumen Latinoamericano, 31 de marzo 2017

Son estas preguntas claves frente a la escaramuza de poderes y conflicto político que ha recrudecido en Venezuela y que ha sido planteado a partir de un dictamen del 29 de marzo del Tribunal Supremo de Justicia, que asume de manera accidental y eventual funciones del parlamento venezolano, hoy en desacato y en situación de nulidad en sus actos administrativos.

¿Hubo autogolpe?
No. Para empezar, que el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia asume la situación actual de desacato de la Asamblea Nacional venezolana, al no resolver la situación de 3 mal llamados diputados de Amazonas, cuya juramentación fue espuria por haber sido impugnada ante el ente electoral venezolano. Aunque el TSJ declara los “constantes” actos de desacato del parlamento y su actitud contraria a la institucionalidad señalada en la Constitución por desconocimiento del Poder Judicial, no desconoce la existencia del mismo ni los cargos de quienes (sin impugnaciones) lo integran y cuentan con su nombramiento.

En esencia, el dictamen del TSJ mantiene el espíritu de dictámenes anteriores, donde se conminó repetidamente al parlamento a desistir de su posición de desacato, ya que el TSJ declara que asumirá funciones del parlamento “hasta la superación del desacato” del parlamento. Lo que constituye una situación de “golpe de Estado” es el desplazamiento de un factor político, desmembrándolo. No hay golpe de Estado cuando ese factor político puede, por vías legales e institucionales, volver a funciones, como efectivamente podría hacer la Asamblea Nacional si decide volver al ruedo institucional superando su desacato. Un golpe de Estado desconocería esa posibilidad que aún tiene el parlamento.

¿Se disolvió a la Asamblea Nacional?
Definitivamente no. De hecho, la Asamblea Nacional podría volver a funciones en sólo unos días si tan sólo Henry Ramos Allup y la directiva electa en enero de 2016 deciden desincorporar a los “diputados” de Amazonas y luego colocar a Julio Borges en la presidencia del parlamento. La directiva de Ramos Allup ha sido la única electa en situación de acato constitucional. No es el caso de la directiva de Julio Borges. Visto así, todos los actos de la directiva de Borges son nulos.

Recordemos que en el mes de enero, luego del diálogo con el chavismo, la AN aceptó retirar a los diputados de Amazonas. Aún estando en desacato, nombraron a Borges y retiraron a los diputados de Amazonas. Ese acto es nulo. El TSJ conminó al parlamento a cumplir con el mecanismo de manera jurídicamente correcta, pero se rehusaron e intempestivamente se retiraron del diálogo trancando el juego político.

Una Asamblea Nacional en condiciones y con garantías de volver a funciones, no es una Asamblea disuelta.

¿Por qué asume funciones el TSJ?
El TSJ, al igual que todos los poderes públicos, está en la obligación de resguardar el hecho constitucional, el hecho institucional y en definitiva proteger a la sociedad de todo tipo de conmociones. Es decir, se trata de la protección del “pacto social” venezolano.

Dada la situación de estancamiento del parlamento autoanulado y en desacato, se cierne sobre el hecho político la ausencia intermitente de uno de los poderes del Estado. Situación que ya lleva más de un año. Esto implica un espacio vacío del Estado, la ausencia de un poder, situación que pone en desequilibrio y vulnerabilidad institucional al Estado. En los hechos la MUD ha usado el parlamento para embestir al Estado todo, al poder Ejecutivo y a los demás poderes públicos y esta afrenta pone en peligro las instituciones todas y significa una vulneración del Estado de Derecho. Ante esto, el TSJ se ha pronunciado.

El propósito es sostener el funcionamiento del Estado, de manera accidental, eventual, mientras los factores políticos que son mayoría en el parlamento deciden superar su actual situación cuyo nombre jurídico exacto es “Omisión Inconstitucional Parlamentaria”, según la interpretación del TSJ de la Constitución.

Hay que insistir en que esta será una situación que persistirá en la medida en que los factores de la MUD en el parlamento lo decidan. El TSJ es claro y afirma en el numeral 4to de su dictamen: “Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

¿Hay un evento económico que detonó el asunto?
El chavismo ha denunciado que el parlamento en manos de la MUD ha elevado exponencialmente los enfrentamientos políticos nacionales, ahora choques de poderes. Se ha producido una escalada sin precedentes que para el chavismo y el Gobierno venezolano se traducen en “intentos de paralización del Estado y del país”. El chavismo denuncia también que el parlamento es parte de un boicot institucional para profundizar otras situaciones de boicot económico, cuestiones que han dado la única victoria parlamentaria a la derecha venezolana en 18 años. No es temeraria ni exagerada esa afirmación. Veamos.

El dictamen del TSJ es consecuencia de una consulta realizada por el Ejecutivo venezolano por medio de la empresa y corazón de la economía venezolana, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), quienes están en la obligación de someter al parlamento conformar “empresas mixtas” o consorcios, para interactuar financieramente con empresas inversionistas en los desarrollos petroleros de Venezuela. Pdvsa, ante la situación del parlamento, sometió a consideración del TSJ una vía para poder conformar nuevas empresas mixtas y atraer nuevas inversiones.

El TSJ respondió en el numeral 1ero de su dictamen lo siguiente: “Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada (del parlamento), declaró (la Sala Constitucional del TSJ) que no existe impedimento para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, debiendo informarle a la Sala Constitucional de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones. Así como también cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a la Sala”. Ese es el meollo. Esa es la única función que el TSJ asume y que aparece explícitamente señalada en su dictamen.

Esto significa que el TSJ sólo debe ser notificado de las asociaciones de Pdvsa para que el TSJ vele por el cumplimiento de la actual Ley de Hidrocarburos, y nada más. Autorizan al Presidente a continuar llevando la dirección económica en el marco del “Estado de Excepción y Emergencia Económica” vigente para continuar en la labor de tomar las acciones pertinentes para superar la situación económica actual.

¿Cuál es la apuesta de los enemigos del chavismo dentro y fuera de Venezuela?

Nadie debe poner en duda que Pdvsa y Venezuela requieren un aumento del flujo de la inversión extranjera, más todavía si tiene lugar en las áreas vitales y sensibles a la economía nacional, como es el caso de los desarrollos petroleros nacionales y el proyecto petrolero más grande del mundo: la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. ¿Cuál es la apuesta del parlamento al intentar boicotear esto? ¿Acaso apuesta al recrudecimiento de la situación económica venezolana? Debemos preguntarnos.

La reacción desproporcionada de la derecha en Venezuela y en el extranjero, al declarar un “golpe de Estado” y una “disolución del parlamento” se inscribe en la trama de caotización e injerencismo que auspicia el antichavismo dentro y fuera de Venezuela respectivamente. Ocurre justo ahora, una aceleración de los eventos y una intoxicación política desproporcionada en varios frentes en simultáneo.

Estados Unidos y otros países obedientes a su agenda exterior mueven fichas y reaccionan, desconociendo el apego a la legalidad del TSJ venezolano. Y esto es un asunto de cuidado. A sólo horas del dictamen del TSJ, el Secretario General de la OEA Luis Almagro, ha convocado a una nueva “reunión de urgencia” del Consejo Permanente de esa organización para decretar a Venezuela como Estado forajido. Se recrudece con esto el ciclo de confrontación. Tal parece que las acciones de boicot a Venezuela recrudecen de maneras cada vez más consistentes, y a la vez insólitas.


Escarrá: TSJ de Venezuela está garantizando el estado de derecho
En entrevista para teleSUR el abogado constitucionalista Hermann Escarrá analizó la actual situación en Venezuela, marcada por la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que decreta que el Máximo Tribunal del país será el encargado de ejercer las competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional con el objetivo de resguardar el Estado de Derecho, debido a que ese ente con mayoría opositora se encuentra en desacato a las leyes de la República.


¿Hay un “Golpe de Estado” en Venezuela?

Diferentes reacciones ha causado, a nivel nacional e internacional, la sentencia 156 emitida este miércoles en la noche por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que se declara que, mientras persista la situación de desacato, las competencias de la Asamblea Nacional serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país. Julio Borges, presidente del parlamento, aseguró que hay un “golpe de Estado” y llamó a desconocer al TSJ. Luis Almagro, secretario general de la OEA, también ha calificado la sentencia de un “auto-golpe de Estado” y convocó urgentemente a un nuevo Consejo Permanente de la organización. Perú retiró a su embajador en Venezuela, argumentando que la sentencia es “una ruptura del orden constitucional y democrático”. Las redes sociales posicionan la frase “Golpe de Estado” en primer lugar. Mientras tanto, el país continúa funcionando en completa calma, y en las calles no se ve ninguna alarma por lo ocurrido. ¿Qué pasa realmente?

Texto: Alba Ciudad (LBR)

Es importante destacar que en Venezuela no se ha disuelto la Asamblea Nacional. Los diputados continúan yendo a sus oficinas y al Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano. Ellos continúan realizando allí sus sesiones ―gobierno y oposición discrepan en torno a su legalidad― y ningún parlamentario ha sido detenido o arrestado.

Sin embargo, para entender si hay un golpe de Estado en Venezuela o no, es necesario recordar una serie de eventos ocurridos desde hace un poco más de un año. Como se recordará, el Poder Legislativo venezolano, de mayoría opositora al gobierno de Nicolás Maduro, se encuentra en desacato desde 2016.¿Cómo ocurrió esto?

En las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, se denunciaron hechos de fraude en el estado Amazonas, respaldados por grabaciones en las cuales la entonces secretaria de la gobernación de Amazonas, Victoria Franchi, ofrecía sumas de dinero a grupos de personas para votar por los candidatos opositores. Por ello, el TSJ suspendió las proclamaciones de los diputados de Amazonas.

Sin embargo, la Asamblea Nacional persistió en juramentar como diputados a tres candidatos de dicha entidad.

Su juramentación era importante para la oposición, pues le daba la posibilidad de tener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (dos tercera partes de los diputados), lo que les daría nuevas facultades y atribuciones, incluyendo la de derogar o reformar leyes orgánicas, como la Ley del Trabajo o la Ley de Educación.

Por realizar dicha juramentación ilegalmente, el Tribunal Supremo de Justicia declaró a la Asamblea Nacional en desacato y señaló que sus decisiones son nulas mientras continúen en esa situación. La junta directiva de la AN se ha negado a anular la juramentación de estos tres ciudadanos, lo que requiere una serie de pasos y debe ser realizado por la Junta Directiva que los proclamó.

Posteriormente, en enero de 2017, la Asamblea Nacional continuaba en desacato, pero aún así fue juramentada una nueva Junta Directiva, y el diputado Julio Borges se autojuramentó como nuevo presidente de la Asamblea, acto realizado el pasado 5 de enero.

Cuatro días después, el 9 de enero, esta Asamblea Nacional declaró el supuesto “abandono de cargo” del Presidente Nicolás Maduro, uno de los causales en la Constitución por las cuales se puede convocar a nuevas elecciones presidenciales.

Si bien esta decisión no tuvo validez legal ―obviamente el Presidente Maduro no ha abandonado el cargo― buscaba suprimir al poder Ejecutivo desde el Legislativo, lo que, de haberse materializado,hubiera constituido un golpe de Estado. Por esta razón, el Bloque de la Patria (que agrupa a los diputados que apoyan a Maduro) introdujo ante el TSJ un recurso de nulidad contra este decreto.

El máximo tribunal del país respondió en una nueva sentencia el 31 de enero, fijando los criterios en los cuales se puede declarar abandono de cargo, y declarando que los actos de la nueva Junta Directiva son nulos, pues la misma fue juramentada estando la Asamblea Nacional en desacato.

Es importante destacar que la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, dirigida por Julio Borges, anuló la juramentación de los 3 diputados de Amazonas en su sesión del 9 de enero. Lo hizo justo antes de declarar el supuesto abandono de cargo del Presidente Maduro, y lo hizo para tratar de eliminar la condición de desacato. Sin embargo, la sentencia del TSJ del 31 de enero señala que todos los actos de esta nueva Junta Directiva son nulos: es la Junta Directiva anterior, presidida por Henry Ramos Allup, la que debía anular las juramentaciones de los diputados.

Por ello, la anulación de los 3 diputados de Amazonas hecha el 9 de enero no se consideró válida.

Dos sentencias trascendentales

Este miércoles, la Sala Constitucional del TSJ emitió la sentencia 156 en la que resolvió, “ante el desacato de la Asamblea Nacional”, que “no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”.

En sus puntos, la sentencia también “declaró la Omisión Inconstitucional parlamentaria” y advirtió que, “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

Previamente, el martes fue emitida otra sentencia por la misma Sala Constitucional, la 155, que señala que la inmunidad parlamentaria de los diputados sólo los ampara durante el ejercicio de sus funciones, lo que no es el caso al estar la Asamblea Nacional en desacato. También le concede al Presidente Maduro la posibilidad de revisar la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar, para “conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos”.

Esta sentencia fue calificada como “histórica” por el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien recordó que, días atrás, la propia Asamblea Nacional había aprobado un acuerdo llamando a la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, lo que él calificó de un grave delito de traición a la Patria.

Maduro señaló el pasado martes que las instituciones públicas constituidas legal y constitucionalmente, deben dar un paso al frente en la defensa al derecho de la integridad de la nación. “Nuestros equipos jurídicos están estudiando la implicación de estas decisiones tan importantes para garantizar la paz, la legalidad, la constitucionalidad y el funcionamiento de los Poderes Públicos y los pasos futuros para restablecer el poder legislativo”.

La AN puede hacer marcha atrás

Es de notar que ambas sentencias señalan el carácter temporal de su decisión: las competencias del parlamento serán ejercidas por la Asamblea Nacional siempre que “persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”.

Si la Asamblea Nacional cumpliera todos los pasos para eliminar la condición de desacato, incluyendo la anulación de la juramentación de los diputados de Amazonas, la propia sentencia señala que la inmunidad y las competencias parlamentarias retornarán de nuevo a la Asamblea Nacional.

El pasado mes de febrero, el Presidente Nicolás Maduro dio a conocer que había sectores racionales de la oposición interesados en echar para atrás la condición de desacato y restaurar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional. Esto se estaría conversando en las mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición. Pero todo parece indicar que los sectores opositores más extremistas, que buscan una intervención internacional a través de la OEA, se han impuesto por los momentos, por encima de los sectores opositores más racionales.

Julio Borges dice que desconoce al TSJ

Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional y diputado por el partido de derecha Primero Justicia, Julio Borges, reaccionó ante las dos sentencias del Tribunal Supremo. Realizó una rueda de prensa en la que anunció que desconocía al TSJ y que “se rebela” ante la decisión de la Sala Constitucional. Igualmente, solicitan al sector militar ser fieles a la Constitución.

Rompiendo una copia del documento, Borges señaló que “esta Asamblea Nacional desconoce el Tribunal Supremo de Justicia. A esos magistrados los eligieron para violar la Constitución. Por eso, ¡los 112 diputados queremos dejar claro que este parlamento se rebela ante esta decisión! ¡Toda sentencia contraria a la constitución es nula!”, dijo el presidente de la AN.

Julio Borges. 

Asimismo, pidió el apoyo de todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se active la Carta Democrática y “que se realicen de una vez por todas las elecciones regionales. No se trata como dice el gobierno de que haya una intervención extranjera sino que todos los venezolanos se manifiesten a través del voto, eso es lo que queremos”.

Además Julio Borges hizo un llamado para que este sábado se realicen diferentes movilizaciones. “Convocamos para este sábado acción de calle y para la próxima semana una gran movilización”.

Por su parte, Henrique Capriles, excandidato opositor y gobernador del estado Miranda, aseguró en una rueda de prensa que el decreto del TSJ es un “Madurazo” y un supuesto golpe de Estado, y llamó a la Organización de Estados Americanos a convocar “de emergencia” a su Consejo Permanente. “Hay que convocar de emergencia al Consejo Permanente para que la instancia de América sea la primera en pronunciarse”, explicó el dirigente del partido Primero Justicia.

Luis Almagro califica de “auto golpe de Estado”

Por su parte, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,emitió un comunicado denunciando un supuesto “auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional, último poder del Estado legitimado por el voto popular”.

“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, sentenció el Secretario General.

En el comunicado, señala que “asumir la restauración de la democracia es tarea de todos. Hoy es hora de trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en Venezuela, con cuyo pueblo todos tenemos deudas que nos obligan a actuar sin dilaciones. Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política”.

Intentando citar al prócer independentista José Gervasio Artigas, Almagro continuó su comunicado con la frase: “La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo” y añadió: “nuestros opresores ―y son nuestros opresores porque la libertad de los pueblos es la esencia misma de nuestra libertad― sólo por serlo forman el objeto de nuestra lucha”.

El Secretario General de la OEA dijo que es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática.

Perú retira a su embajador en Venezuela

El Gobierno de Perú retiró definitivamente a su representante diplomático en Venezuela, según informó este jueves la Cancillería de esa nación en un comunicado en el que aseguran que hubo una “ruptura del orden institucional” en el país.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tomó la decisión definitiva luego de que dos semanas atrás hiciera un retiro temporal de su embajador en Caracas por los “insultos” de su homólogo venezolano Nicolás Maduro.

“El Gobierno del Perú condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de atribuirse las competencias parlamentarias que le corresponden a la Asamblea Nacional, arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela”, señala el comunicado.

También indican que “la Cancillería peruana ha iniciado consultas con países miembros de la Organización de los Estados Americanos para que, en el marco de la Carta Democrática Interamericana,se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela”.

Regresarán a la OEA

Todo parece indicar que los sectores de la derecha nacional e internacional aprovecharán la sentencia para intentar nuevamente la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, esta vez con una nueva excusa: un supuesto “golpe de Estado”, que en realidad es una respuesta dada por el TSJ para intentar resolver la grave situación que vive el país, dado que la Asamblea Nacional no está ayudando en ese sentido, sino que prácticamente se ha anulado a sí misma.

Todo señala que la oposición venezolana necesita que la OEA invoque los artículos 21 y 22 de la Carta Democrática para lograr la suspensión de Venezuela en la organización, con el fin de lograr sanciones que empeoren la situación del país y causen una crisis humanitaria. Justo la condición que el Comando Sur estadounidense necesita para justificar una intervención militar a la nación con las mayores reservas petroleras del mundo.

¿Quién está dando el golpe de Estado a quién? Usted tiene la respuesta.

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