La regulación de los servicios públicos y la necesidad de una reforma

Por Federico Saravia *

Un viejo problema que genera preguntas: ¿los órganos de control de servicios públicos a quienes están favoreciendo? La complejidad institucional ¿es funcional a las grandes empresas?  Los perjudicados son, sin dudas, los usuarios.

La provisión de servicios públicos urbanos juega un rol fundamental en la mejora de la calidad de vida de una “megaciudad” como Buenos Aires. Dichos servicios, en tanto públicos, buscan satisfacer una necesidad de interés general, en pos de garantizar el derecho a calles limpias, a espacios públicos bien iluminados, a un transporte rápido y seguro o a una adecuada recolección de residuos.

En la Ciudad de Buenos Aires, la provisión de los servicios públicos se expresa a través de una muy variada arquitectura institucional en la que no sólo coexisten instancias nacionales, regionales-metropolitanas, y locales; sino también entidades centralizadas y descentralizadas, y empresas privadas, estatales o, en algunos casos, mixtas. Estos múltiples formatos explican la existencia de órganos encargados del control y la fiscalización de dichos servicios, denominados “Entes Reguladores”.

A nivel nacional, Argentina adoptó el sistema de órganos reguladores “por sector”. Tal es el caso del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el Ente Nacional Regulador del GAS (Enargas), el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre los más conocidos.

Estos entes merecen una reforma profunda. Durante estos últimos años, su control fue escaso y la representatividad de los usuarios, nula. De su estructura original, queda ya muy poco. Y la sola enumeración del presupuesto de los principales entes reguladores nacionales o interjurisdiccionales –Enargas tiene un presupuesto anual de 754,3 millones de pesos, Enacom de 3483 millones de pesos y la CNRT de 614,6 millones de pesos– evidencia que el Estado gasta una gran cantidad de dinero en una estructura ineficiente y obsoleta. Mientras tanto, los problemas en la prestación de los servicios subsisten.

La dispersión de las facultades de regulación y control en una multiplicidad de órganos de naturaleza y alcance distinto no sólo dificulta una visión integral de la calidad de los servicios, sino que también obstaculiza la posibilidad de implementar acciones coordinadas. Sin ir más lejos, hoy puede verse en la mayoría de los barrios de la Ciudad cómo las diversas empresas prestatarias de servicios públicos como el gas y la luz rompen sistemáticamente las mismas veredas para hacer arreglos y mejoras sin una planificación coordinada, algo que a todas luces es un derroche de recursos que genera además perjuicios para los vecinos. Durante los primeros siete meses del año, llegaron 22.395 reclamos por problemas en las aceras a la página web oficial de la Ciudad y al servicio telefónico 147; en promedio, 106 por día. En algunos barrios, como Boedo, Almagro, Caballito y Belgrano, representa la principal demanda relacionada con el espacio público.

Mientras la Nación adoptó el modelo de regulación “por sector”, la Ciudad adoptó el modelo “plurisectorial”, plasmado en el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) con un presupuesto anual de 385.568.230 de pesos, que engloba en un solo organismo la competencia en relación a todos los servicios. La organización, funciones y atribuciones del Ente fueron reglamentadas por la Ley 210 de 1999 y regula servicios tales como el transporte público de pasajeros, las fotomultas, las tickeadoras de estacionamiento medido, el alumbrado público, el señalamiento luminoso (semáforos), la higiene urbana, entre otros.

Es innegable que la dispersión institucional existente a nivel nacional vuelve más complejo el vínculo de los usuarios con los entes reguladores, al tener que interactuar con una multiplicidad de organismos y criterios normativos diferentes según el servicio público de que se trate. Como contracara, la descentralización de funciones en un órgano mucho más cercano a los ciudadanos como es el caso del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos no sólo redundaría en un mejor control de los servicios esenciales, sino que permitiría garantizar un enfoque integral en la necesaria defensa de los derechos de consumidores y usuarios.

Desde el Consejo Económico y Social de la Ciudad (CESBA), entendemos que la concentración de las facultades regulatorias en el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, mediante la celebración de los convenios de transferencia del ejercicio de las competencias nacionales, permitiría garantizar la calidad global de las prestaciones, velando –entre otras cosas– por el cumplimiento de los planes de inversiones y obras, la vigencia de tarifas justas y razonables, la participación de los usuarios en las audiencias públicas. Todo ello, desde una lógica integral que contemple a la totalidad de los servicios que, en conjunto, hacen a la calidad de vida en la Ciudad.

* Federico Saravia – Licenciado en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales-UBA; Magíster en Administración de Negocios con Orientación en Finanzas de la Universidad de San Andrés; cursa el Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA; Docente de la materia Sistemas Administrativos de la Maestría en Gestión Pública y Desarrollo Gubernamental de la FCE-UBA; Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: www.pagina12.com.ar – 21-10-17

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