El Gobierno, que había comenzado a dar de baja 170 mil pensiones por discapacidad hasta que lo frenó un fallo judicial, vuelve a intentar otro enorme recorte: un documento de la Agencia Nacional de Discapacidad ordena separar los expedientes de menores de edad que tendrían que cobrar pensiones. El criterio para frenar las pensiones a niños y niñas con discapacidad es que “no tienen incapacidad laboral”. El mismo instructivo impone mayores condiciones para niños con cáncer, síndrome de Down, HIV, Epoc y Parkinson, entre otros. También van a revisar sus bienes. Según la denuncia de los delegados de ATE, al frenar los expedientes se quedarán sin cobrar sus pensiones que ya estaban por ser otorgadas a unas 20 mil personas y en muchos casos generará demoras de hasta 3 años.

Una fuente interna señaló a los periodistas del sitio web Nuestras Voces que “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”, lo que implica que aquellos que iniciaron el trámite no recibirán en lo inmediato las pensiones. Según señaló esa fuente, es porque como son niños “no tienen incapacidad laboral”.

En el resto de los casos, se volverán a revisar los expedientes por parte del equipo médico de la Agencia ya que ordena enviar “a la oficina 32” (de la sede en Hipólito Yrigoyen 1447) un total de 20 mil expedientes, que deberán ser revisados por un plantel de cinco médicos lo que generará la demora de la entrega de las pensiones. El retraso para estas personas podría ser de tres años más.

La crueldad de la medida es enorme: las personas que padezcan enfermedades como HIV o cáncer también deben pasar por la auditoría médica con la posibilidad de dejar de ser beneficiarios a no ser que demuestren tener comprometido algún órgano blando, es decir, que estén con riesgo de muerte.

La medida es un nuevo intento por “recortar gasto público”, después de que el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley intentara dar de baja las pensiones de 170.000 personas. En esa ocasiónLa abogada de Red por los Derechos por las Personas con Discapacidad (REDI), Varina Suleiman, presentó un amparo y ganó en todas las instancias. El Gobierno, que ante la indignación que se produjo por la difusión de la medida, había dicho que daba marcha atrás con la medida, apeló en cada caso en el que se ordenaba restituir las pensiones, pero la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social obligó al régimen macrista a restablecer ese beneficio en noviembre de 2017 por considerar que su quita “vulneraba derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana”.

El secretario general de ATE Pensiones, Walter Pignataro, señaló que el Gobierno “va a dar de baja miles y miles de pensiones con guante quirúrgico, de a poquito”.