Denuncian penalmente a Mauricio Macri, al ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y al presidente del Banco Central, Guido Sandleris, por el acuerdo firmado con el FMI sin participación del Congreso, bajo las figuras delictivas de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, previstos y reprimidos en el artículo 248 del Código Penal y de administración fraudulenta contra administración pública”.
“Este segundo acuerdo con el FMI es inconstitucional porque debió necesariamente ser tratado por nuestro Honorable Congreso de la Nación, en tanto así lo disponen los incisos 4, 7 y 22 del Art. 75 de la Ley Fundamental, circunstancia a la cual se negó el Poder Ejecutivo”, sostiene la denuncia, que argumenta: “Se demuestra irracionalidad y el daño que el acuerdo con el FMI (violatorio de la institucionalidad de nuestro país y de los propios Estatutos del organismo) ha producido sobre la economía y la sociedad argentina dónde se desprende con claridad la Administración Fraudulenta en la que ha incurrido el Presidente Mauricio Macri y sus funcionarios. Desde el 22 de Junio del 2018 al 16 de Julio del 2019, ingresaron a la Argentina en ese período U$S 44.490 millones. Solo se utilizaron para pagos de deuda por U$S 28.594 millones. En el mismo período, salieron del país U$S 36.380 millones. Es obvio que si el FMI prestó U$S 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de U$S 36.000 millones y se pagaron solo U$S 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido”.
El FMI también es sindicado como responsable de los hechos delictivos: “cómplice y corresponsable de la orgía especulativa que caracterizó a la administración Macri”, instituyendo “un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales”.
La denuncia fue realizada por el economista Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad y quedó radicada en el juzgado a cargo del Dr. Sebastián Roberto Ramos.
Si el Poder Judicial asume la tarea histórica que le compete, Macri y sus funcionarios deberán empezar a desfilar por Comodoro Py y comenzar a rendir cuentas a la sociedad de sus hechos.