Por Guillermo Moreno
La reducción de la interacción social, especialmente la originada en las actividades productivas, forma parte del repertorio básico de medidas que se han impuesto mundialmente contra la propagación del coronavirus Covid-19, no sin establecer una tensión ineludible entre los cuidados de la salud de las poblaciones y el abasto necesario para todos los miembros de cada comunidad.
Por lo mismo, tal contraposición conlleva la amenaza de consecuencias, de no ser bien administrada, tanto o más severas que las de la infección en sí, por lo que, hemos insistido, requiere de procesos decisionales multidisciplinarios y esencialmente del adecuado balance en la intersección entre las ciencias de la salud y las económicas.
Sólo de ese modo será posible controlar la propagación de la pandemia, atender a los afectados y garantizar el acceso de todas las personas a los consumos imprescindibles para vivir con dignidad.
También hemos apelado al relato bíblico del milagro de la multiplicación de los panes y los peces (1), para ejemplificar que el verdadero sustrato de la economía está en la existencia misma de los bienes y servicios y su posterior distribución, no en la moneda, que no puede ser más que su representación.
No queda duda de que la prolongación indefinida de la retracción inducida en la Oferta global indefectiblemente desencadenará, ex-ante, una insuficiencia respecto de la Demanda global, por lo que se impone reflexionar sobre las condiciones en las que tal desfasaje pueda ser evitado.
¿Cómo venimos?
Nuestros cálculos indican que, durante las cuatro semanas iniciales de la cuarentena obligatoria (14 de marzo a 12 de abril), la baja de la facturación en bienes y servicios finales alcanzó el 40%.
Sólo ese impacto significaría una disminución de 3 puntos porcentuales (p.p.) en el Producto Interno Bruto para 2020, sobre un nivel de actividad que ya era 2% menor respecto del año pasado, determinando una caída total del 5%.
Pero el resultado final (2), en realidad, estará correlacionado con la intensidad de las restricciones subsecuentes, ya que cada semana de extensión en iguales condiciones, se incorpora una contracción adicional cercana a 0,75 p.p.
Podría resultar demasiado abstracto tratar de comprender cabalmente las implicancias de estos números en términos de bienes y servicios necesarios para la manutención de toda la sociedad, por lo que proponemos realizar el ejercicio de pensar ¿es posible abastecernos con el trabajo de una persona de cada diez?
La población estimada para la mitad del corriente año en la Argentina es de 45.376.763 (3), mientras que los complejos dedicados a bienes y servicios esenciales hoy ocupan a una cantidad de personas que se aproxima al 10% de ese universo.
Comunidad Organizada: para la salud y la economía
Es evidente que el mercado de trabajo quedará severamente afectado mientras persista la carencia de soluciones farmacológicas a la pandemia y las medidas de profilaxis deban seguir basadas en las prácticas higiénicas y en la reducción de la interacción humana.
Pero, por ingentes que sean los esfuerzos del sistema de seguridad social, de nada servirá que todos tengamos ingresos si no podemos canjearlos en el mercado por los bienes y servicios elementales para la subsistencia.
Por ello es necesario empezar a planificar los modos en los que se atiendan adecuadamente las necesidades sanitarias y las económicas en un espacio de intersección, no de contraposición ya que, así como resulta insostenible la extensión indefinida de la parálisis inducida, sería impensable el inmediato retorno a las rutinas productivas de toda la Población Económicamente Activa (PEA).
De los 21 millones de personas que revistamos en tal universo, difícilmente pueda cambiarse la situación de las que ya estaban desempleadas. Nuestras estimaciones, basadas en la destrucción de empleo registrado en el sector privado, su correlato en los modos informales y la nula absorción del crecimiento vegetativo de la oferta laboral, ubican el universo de los desocupados, en el final del gobierno de Cambiemos, en los alrededores de los 2,9 millones de almas (4).
Asimismo, la fuerza laboral de 60 o más años de edad, y las trabajadoras que cursan embarazos, suman alrededor de dos millones de personas (5) que deberán ser especialmente cuidadas de los contagios y podrían ser eximidas de la asistencia a los lugares de trabajo, al igual que otras tantas, por sufrir de patologías que las hacen especialmente vulnerables ante el Covid-19.
Muchas actividades, por imposiciones de la prevención o por el efecto del temor en la población, no se desempeñarán como antes de la pandemia, por un período de extensión desconocida, involucrando a, por lo menos, otros dos millones de personas.
Finalmente, también podría reducirse la circulación de otro gran contingente de trabajadores que ejercen actividades tales como las de administración pública o de la enseñanza, ya sea mediante el teletrabajo o la eximición transitoria de sus quehaceres.
Es obvio que la prescindencia temporal de las labores que desarrollan estos grupos, que representan alrededor de la mitad de la PEA, impactará fuertemente sobre el entramado productivo (6).
Por ello deben arbitrarse los medios para que, a la brevedad posible, la mitad restante de los trabajadores activos podamos restituirnos a nuestras tareas, maximizando las medidas preventivas que eviten la propagación de la peste y a la vez proveyendo suficientemente el abastecimiento de las necesidades de la población.
No nos queda duda de que la Comunidad Organizada puede hacerlo si articulamos en forma eficaz y eficiente los saberes y voluntades de todos los actores económicos, así como también lo hemos propuesto respecto a la planificación de la Oferta a través de un Consejo de expertos (7) que administre prioridades y restricciones en relación con el insumo difundido y escaso que son las divisas (8).
Las cámaras empresariales y los sindicatos de cada actividad, con la asistencia y el control de los poderes públicos, pueden diseñar y establecer los protocolos bajo los que se desarrollen las labores, determinando las condiciones de ejecución de cada instancia de sus propios procesos, de modo de cuidar simultáneamente la salud de las personas y sostener la producción.
Los argentinos podemos y debemos asumir tal desafío, porque necesitamos respirar, pero también comer.
(1) “Panes y peces”. BAE, 6/8/18.
(2) Es importante señalar que las metodologías de medición están diseñadas para contextos de normalidad, por lo cual no reflejan en su totalidad las bajas realmente sucedidas en muchas operaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de la rama “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” que, por convenciones internacionales, consiste principalmente en la valuación del stock de viviendas por su precio de alquiler (independientemente de su régimen de tenencia), o la de “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria”, que se valúa por los costos de los tres niveles jurisdiccionales de gobierno, los órganos de los poderes Legislativo y Judicial (la masa salarial ocupa la centralidad) y los sistemas oficiales de previsión.
(3) Indec, proyecciones de población. https://www.indec.gob.ar/indec/web/ Nivel3-Tema-2-24
(4) Hemos presentado en anteriores entregas, evidencia de que las estadísticas oficiales de desempleo exhiben una marcada subestimación, originadas en defectos técnicos que desconocemos, ya que muestran una persistente y artificial alza en la tasa de empleo (incluyendo a las modalidades formales ), que, por una parte, se contrapone a las bajas observadas en todos los registros administrativos (públicos o privados) y que, por la otra, resulta incongruente con los demás parámetros económicos asociados a la fuerza de trabajo. (ver BAE: “¿Hay más empleos?”, 14/10/19, y “Empleo: iba a ser más y mejor… fue menos y peor”, 7/1/20.)
(5) Elaboración propia a partir de encuestas de EPH y EAHU (Indec) y Estadísticas vitales (DEIS).
(6) También sobre el sistema de seguridad social al que le impone una importante exigencia adicional.
(7) “Que planifique un consejo de expertos”. BAE, 13/4/20. Nos referimos a un ámbito para el establecimiento de los marcos normativos y decisionales que, en estas circunstancias de excepción, optimicen la integración del saber práctico del sector privado (empresarios y trabajadores) a las atribuciones y capacidades del sector público.
(8) “Planificar la oferta”. BAE, 6/4/20.
*MM y Asociados
Por Lic. Guillermo Moreno* Dr. Claudio Comari* Lic. Sergio Carbonetto*