Por Carlos Raimundi *
La globalización del capital financiero nos impone pensar también en términos más abarcadores: el continentalismo. Las ideas de nuestros libertadores ya hablaban de ello.
La presente etapa está signada por la necesidad de los poderes centrales de garantizar su concentración de riqueza a través del control de los recursos estratégicos como la energía, el agua y la biodiversidad, que residen, precisamente, en los territorios emergentes de Medio Oriente, África y América Latina. Por un lado, el capital financiero globalizado, reunido en grandes conglomerados y por el otro, aún con sus imperfecciones, los gobiernos conformados a través de la voluntad de los pueblos.
La difícil situación que atraviesa América Latina debe ser contextualizada. Asistimos a una disputa global entre dos modelos de gobernanza. Por un lado, el capital financiero globalizado, reunido en grandes conglomerados y por el otro, aún con sus imperfecciones, los gobiernos conformados a través de la voluntad de los pueblos.
La presente etapa está signada por la necesidad de los poderes centrales de garantizar su concentración de riqueza a través del control de los recursos estratégicos como la energía, el agua y la biodiversidad, que residen, precisamente, en los territorios emergentes de Medio Oriente, África y América Latina.
Desde esa perspectiva, esos recursos no pueden de ninguna manera ser administrados por gobiernos populares y soberanos. Es por eso que la conjunción entre grupos financieros y mediáticos, esta vez sumada a la cooptación de sectores del sistema judicial, relanzó una colosal ofensiva contra los procesos populares que gobernaron durante el primer tramo del siglo XXI.
Con particularidades que atienden a la realidad de cada uno de nuestros países, el plan de los poderes concentrados es unívoco para toda la región: impedir el retorno de esos procesos populares a como dé lugar. Nada de lo que sucede constituye un hecho aislado ni un compartimiento estanco.
Lo acaba de confirmar en su reciente visita el secretario de estado de los EE.UU., Rex Tillerson, desempolvando la tristemente célebre ‘doctrina Monroe’ como advertencia para toda la región.
Los golpes institucionales, el avance autoritario, el incremento de los dispositivos represivos, la persecución, el escarnio y la proscripción de los líderes, son parte de un mismo todo, herramientas necesarias para llevar adelante la consumación del ajuste social y la dominación económica-financiera.
Las dictaduras clásicas lo hacían ilegalizando la actividad política. Hoy, apelan al linchamiento mediático, que encuentra caldo de cultivo para la persuasión a partir de su penetración en el campo de representación simbólica de una parte considerable de nuestras sociedades. El resultado es el mismo, mutilar la voluntad transformadora, des-democratizar la democracia.
La proscripción, como en los casos de Fernando Lugo, Lula, Cristina Fernández de Kirchner o Rafael Correa, es el eslabón final de una cadena de pasos propios del Estado policial, de María Aznar, Álvaro Uribe y Mauricio Macri, simposios, seminarios, proyectos editoriales, cursos de formación de políticos, jueces y periodistas, con ese objetivo.
A diferencia de otras etapas, hoy no podríamos decir que las organizaciones sociales pertenecen por entero al campo popular. La penetración capilar de los mencionados institutos a través de su altísimo financiamiento y preparación profesional, ha cooptado a muchas de ellas para la causa de la desestabilización de los regímenes nacionales, tanto en Medio Oriente como en América Latina.
Han sabido trabajar con inteligencia y perseverancia sobre el campo de interpretación simbólica de nuestras sociedades, sobre el modo de organizar su representación ética y lógica del mundo, sobre sus creencias, sobre la construcción del sentido común.
Y esa performación del sentido viene prevaleciendo sobre el malestar económico que efectivamente atraviesan vastas capas sociales. Han conseguido que amplios sectores demonicen a las y los líderes populares pese a haber disfrutado de los beneficios de las políticas por ellos aplicadas. Han logrado instalar la idea de la corrupción de los líderes en un primer plano, y que de ese modo se naturalice la vuelta al ‘orden’ del estado policíaco-autoritario, aunque sea al precio de acabar con la mayor parte de los derechos conquistados.
Es por todo esto que debemos actualizar nuestro pensamiento y nuestros instrumentos para dar una respuesta regional, una respuesta monolítica de la región, con la suficiente profundidad como para entender que no se trata de fenómenos aislados, locales o nacionales, sino de una estrategia muy profunda y profesionalmente pensada a nivel de los tanques de pensamiento del capital financiero globalizado.
* Carlos Raimundi (1957) – Abogado y político argentino. Profesor Adjunto ordinario de “Derecho Político” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U.N.L.P; fue Diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires en varios períodos; es presidente del Partido Solidaridad e Igualdad de la Provincia de Buenos Aires. Integrante de la Comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales del Instituto Patria.
Fuente: Instituto Patria – www.institutopatria.com.ar – 15/02/2018