Que Jorge Julio López permanezca desaparecido hace ya 10 años nos muestra el poder que sigue teniendo la mafia policial dirigida en su momento por Etchecolatz y que los sectores militares que están siendo juzgados, mantienen una tremenda capacidad de daño y están muy lejos de ser los “viejitos” sin poder por los que claman “justicia” y quieren ver en sus casas con prisión domiciliaria, entre otros, el diario La Nación, Elisa Carrió y el gobierno neoliberal de Mauricio Macri.
Si la policía bonaerense junto a sectores de inteligencia pudieron secuestrar y hacer desaparecer a López (como todo lo indica) y luego desviar y trabar la investigación de manera sistemática (con el objetivo de frenar los juicios por delitos de lesa humanidad, en un momento como el año 2006, en el que los juicios comenzaban y no estaban aún presentes los mecanismos de protección de testigos que se aplicaron luego de este triste hecho), no podemos menos que mantener firme en la memoria y en las calles el reclamo de justicia frente a su desaparición, no solo por lo inaceptable de que una persona haya tenido que sufrir nuevamente el calvario de lo que esto significa, sino porque será la única forma de comenzar a desarticular las estructuras mafiosas y corruptas de las “fuerzas de seguridad” (habría que preguntarse con más frecuencia la seguridad de quiénes protegen).
Ante este inadmisible amedrentamiento no puede hacerse otra cosa que redoblar la apuesta por el avance de los juicios contra delitos de lesa humanidad, con la profundización de los mismos incluyendo a los responsables civiles y con cárcel efectiva para los condenados. Solo cuando esta tarea esté realizada podremos empezar a creer que ya nadie volverá a sufrir lo que sufrió López. Mientras esto no ocurra todos estamos en peligro.
Diez años sin López: “Este nuevo Gobierno hace eje en la deslegitimación de los DD.HH.”
Fuente: El Destape
Guadalupe Godoy, abogada querellante en delitos de lesa humanidad, repasa las fallas del Estado en el caso López y las expectativas en el nuevo contexto político.
ED: A diez años de la desaparición de Jorge Julio López ¿qué análisis haces del caso?
GG: La causa pasó por varias etapas. Durante los primeros tres meses hubo una investigación en lo que era la justicia provincial, signada fundamentalmente por el manejo absoluto de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Tardamos tres meses para que la Corte reconociera que la desaparición tenía que vincularse con lo sucedido en los juicios de lesa humanidad y pasara a la instancia federal. En ese tiempo hubo seguimiento de líneas profundamente erróneas, que tenían que ver con la idea de un López perdido o escondido en algún lado, con una gran resistencia a investigar una desaparición. Ya en la justicia federal empezaron a llegar propuestas para indagar a los sectores relacionados con los militares y la policía – algunos en actividad- interesados en detener el avance del juicio. Es importante entender el contexto: el juicio contra Etchecolatz era el primero y claramente había sectores que querían dar un mensaje político. Además, había un conflicto muy fuerte de la policía de la Provincia de Buenos Aires con el intento de reforma de Solá y Arslanián, quienes incluso reconocieron que sectores de la policía seguramente habían participado. Durante todo ese tiempo intentamos que se apartara a la policía de la búsqueda porque la voluntad investigativa era nula. En casi dos años cada una de esas líneas se fue truncando por la desidia judicial y por la negativa de las fuerzas que tenían a su cargo la investigación.
ED: ¿En qué falló el Estado?
GG: Cuando se inició el juicio nada de lo que ahora conocemos en cuanto a soporte estatal existía. No había programas de contención, no había cuidado sobre las notificaciones. No fue algo previsto, todo surgió con posterioridad a la desaparición de López. Lo más reprochable fue la resistencia a reconocer lo que había sucedido. Tiempo después, a partir del secuestro de Luis Gerez, Néstor Kirchner sale a plantear que no van a doblegar al gobierno, que los juicios van a continuar; fueron gestos políticos fuertes. Si hubiera pasado tres meses antes probablemente la investigación hubiera tenido otro rumbo. Hubo dificultad de asumir lo que estaba ocurriendo. Desde Aníbal Fernández diciendo que no tenía elementos para vincular lo que había pasado con los juicios hasta cada una de las cuestiones que plantaba la policía que tenía que ver con un López escondido. El cuestionamiento a quien era López causa dolor. Fue una imprevisión, una incapacidad de afrontar lo que estaba sucediendo. Una vez alguien nos dijo “el que se mete con la policía pierde”. Probablemente eso también haya pesado en algún sentido.
ED: ¿Qué te pasa cuando ves que le otorgan la domiciliaria a Etchecolatz?
GG: Si el movimiento de derechos humanos no lo denunciaba, hubiera pasado desapercibido. Arrancamos el año con un profundo cambio político donde el nuevo gobierno hace un eje en la deslegitimación del movimiento de derechos humanos, cosa que vemos con el intento de detención Hebe de Bonafini, el desmantelamiento de programas y estructuras, el discurso negacioncita de reinstalación de la teoría de los dos demonios. En ese contexto, los mismos apellidos que estábamos empezando a llevar a juicios están en el poder, como Massot, Blaquier. Lo que está sucediendo ahora era previsible. No tiene que ver con las domiciliarias que se otorgaron en años previos, que fueron muchísimas y hemos consentido. Cuando las domiciliarias se otorgan por cuestiones de salud no las hemos objetado, pero acá estamos en otra situación. Cuando le dan la primera domiciliaria a Etchecolatz lo hacen con un informe del cuerpo médico forense que dice que está en condiciones de estar detenido. No se trata de las tradicionales domiciliarias sino de hacer lugar a la estrategia de los genocidas en esta nueva etapa política. El fin es que no haya juicios y, si los hay, que sea con ellos en su casa. Queda clara la estrategia y la presión del ejecutivo al Poder Judicial.
ED: ¿Qué expectativa se puede tener sobre el avance de la causa?
GG: La investigación de la desaparición de López estuvo pareja en todas las etapas. Es una causa que sin la enorme entidad y el reclamo popular que hay detrás, seguro estaría archivada si fuera por voluntad de los investigadores judiciales. No soy optimista en este momento, pero es cierto que si hay una tradición del movimiento de derechos humanos es la capacidad de resistencia. Si cuarenta años después seguimos descubriendo nuevos imputados, hechos y verdades, no me puedo permitir pensar que no vamos a a saber qué paso y quiénes son los responsables. La insistencia siempre está y seguramente en etapas donde hay mayor voluntad política hay mayor posibilidad que se rompan los pactos de silencio, o que podamos indagar un poco más de lo que se ha hecho hasta ahora.
Diez años sin López
Por Adriana Meyer / Página|12
“No hay nada”, es la respuesta habitual a quienes conocen y siguen el expediente ante la consulta por la investigación judicial sobre el desaparecido testigo. Sin embargo, a una década de su segundo secuestro, una mirada profunda del caso impone una rectificación: no hay resultados porque pistas y pruebas valiosas fueron investigadas poco o nada, tarde y mal. Quienes condujeron el caso durante diez años descuidaron las líneas de investigación importantes, aquellas que apuntaban a los beneficiarios directos de la desaparición de Jorge Julio López, y siguieron las más banales o intencionadas para desviar el eje bien lejos de los represores.
La responsabilidad es compartida por la justicia y las fuerzas de seguridad, que más bien entorpecieron cualquier avance. Y nunca hubo, a excepción de un período en que estuvo en manos de una secretaría especial a la cual no se le dio continuidad, un criterio de conectar y cruzar los datos. De hecho, un ex policía allegado a Etchecolatz conocía de Pehuajó, donde el torturador fue comisario, a una mujer policía que vivía en la casa frente a la cual se vio por última vez a López. De las comunicaciones del mismo 18 de septiembre surge que este uniformado habló ese día con la esposa de Etchecolatz. Pero los cruces telefónicos para dar sentido a estas pruebas, a diez años siguen pendientes.
Quienes sí cruzaron los datos fueron los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot, y en el marco de la investigación que continuaron luego de la publicación de su libro Los días sin López, dieron con una fuente que pidió reserva de identidad y les confirmó el vínculo entre el médico policial Carlos Falcone y la ex policía Susana Gopar, que figura en la agenda de Etchecolatz. Pertot y Rosende sí privilegiaron las líneas relacionadas a tres grupos con capacidad operativa para secuestrar a López:
– El entorno de Etchecolatz
Su familia y su círculo íntimo podrían haber asistido o encargado el crimen. El mismo día de la desaparición de López, la mujer de Etchecolatz, Graciela Carballo, se comunica con un ex infante de Marina, Jorge Boynak, cuyo currículum apareció en la celda del genocida, quien el 18 de septiembre de 2006 le envía un mail en el que señala que la declaración de López era falsa. Ese correo electrónico luego fue reproducido por sitios web vinculados a los represores y los servicios de inteligencia.
Pero no es la única persona que habla con Carballo ese día. También lo hizo el médico policial Carlos Falcone, quien fue denunciado en la causa por un familiar que lo acusó de haber participado del secuestro de López. Indicó que se había usado su auto para el secuestro y que el cuerpo de López habría sido arrojado al mar en Mar del Plata. El allanamiento a esa casa se hizo tres años más tarde, el auto estaba desmantelado y a la intemperie, encontraron manchas de sangre pero no pudieron extraer huellas ni un perfil genético para poder vincularlo a la desaparición de López. En las escuchas de la causa, Falcone, que figuraba en la agenda de Etchecolatz, no sólo hablaba con la mujer del represor sino que también tenía contactos otros sospechosos. Fue interrogado por el vehículo, que era robado, pero no se le hicieron preguntas sobre la desaparición de López.
– Susana Gopar
Era una policía bonaerense que estaba en actividad en 2006. Cinco testigos reconstruyeron la caminata que hizo López la mañana que desapareció, y ese recorrido termina en la puerta de la casa de Gopar, en la avenida 66 “entre la verdulería y Edelap”. La mujer está en la agenda de Etchecolatz. A pesar de los insistentes pedidos de la querella de los letrados Guadalupe Godoy y Aníbal Hnatiuk nunca se allanó la vivienda de Gopar.
– La conexión Gopar-Falcone
A partir de información suministrada a Rosende y Pertot por una persona allegada a uno de los sospechosos es posible reconstruir una conexión que no figura en el expediente judicial. Falcone, el médico policial vinculado a Etchecolatz, conocía a Susana Gopar de la época en que ambos vivían en Pehuajó. Según esta fuente, la familia de Gopar había trabajado en el campo de la de Falcone. En Pehuajó, además, Etchecolatz fue comisario en 1975. La fuente confirmó además que Falcone y Etchecolatz se conocieron en esa época y en Pehuajó. Así, en la investigación para su libro, los periodistas confirmaron que el ex policía allegado a Etchecolatz conocía de Pehuajó a la policía que vivía en la casa frente a la cual se vio por última vez a López. “El dato aislado cobra dimensión sumado a la compleja red de relaciones que hay entre los sospechosos”, afirma Pertot.
– Los policías del Circuito Camps
Otra de las pistas importantes son los represores a los que López nombró en sus testimonios, que casi no fueron investigados en la causa. Uno de ellos es el ex jerarca de la Bonaerense Julio César Garachico, quien también se comunicó con Falcone y desapareció de Puerto Madryn a las pocas semanas del segundo secuestro de López. “Algunas cosas se hacen en forma figurativa en la causa, pero no en la realidad, cuando ordenaron intervenir y escuchar las llamadas de Garachico los espías de la SIDE respondieron que no podían porque no figuraba en la guía telefónica, esto es textual del expediente”, se indigna Nilda Eloy, sobreviviente de la dictadura y testigo junto a López en el juicio que dictó la primera condena a prisión perpetua contra Etchecolatz, que se produjo al día siguiente de que desapareciera el albañil de 76 años.
Eloy habla de la misma causa en la que se “buscó” a López por los dichos de videntes y “mujeres pájaro”, en la cual asignaron todas las escuchas telefónicas de la familia al ex espía Jaime Stiuso y donde el ex ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal presentó para el cuarto aniversario un testigo falso que motivó el enorme e infructuoso operativo en el parque Pereyra Iraola.
Se trata de la misma investigación donde quedaron en evidencia los privilegios de los que gozaban los represores del pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz, entre ellos Etchecolatz, a cuyas visitas nadie revisaba y que disponían de telefonía celular. Eloy recuerda que a pesar del aviso que les dio el Servicio Penitenciario Federal, y que motivó un segundo allanamiento esta vez sorpresivo, entre los papeles que le secuestraron a Etchecolatz había uno que decía “hay que lograr que un testigo se desdiga”. El dato, que nunca se tuvo en cuenta, abona la hipótesis de que López se negó a renegar de sus dichos y por eso nunca más volvió a aparecer.
– Los penitenciarios bonaerenses
Los que fueron condenados en 2010 tenían el mismo interés que los policías bonaerenses para que se frenaran los juicios. López estuvo preso en la cárcel de La Plata y podía declarar también contra ellos en el respectivo juicio. En el expediente, hay una línea de investigación que lleva directamente a un ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario bonaerense. En el libro, Pertot y Rosende lo mencionan con la letra B e indican que tiene vinculación con otros investigados en la causa, entre ellos el médico policial Falcone, y también con los penitenciarios que iban a ser condenados en 2010.
– La inaceptable impunidad
“Es demasiado dolor”, dice la abogada Godoy a Página/12 sobre la coincidencia de los diez años del segundo secuestro de López y los cuarenta de la Noche de los Lápices. “La línea más importante para mí sigue siendo la de los penitenciarios, porque tuvieron contacto no sólo con Etchecolatz sino también con militares que estaban preocupados por el enjuiciamiento que estaban sufriendo, además de policías en actividad”, precisa en referencia a la presunta “banda mixta” que desapareció al testigo. Godoy no cifra expectativas en la justicia pero sí en la posibilidad de “quebrar pactos de silencio, que depende de la capacidad que tengamos como campo popular de seguir haciendo el reclamo, como parte de la pelea del movimiento de derechos humanos que a cuarenta años sigue encontrando verdades y reclamando justicia”. A su criterio, esta década deja a López como “la certeza de que había que hacer los juicios, y las consecuencias de no afrontar en democracia las herencias de la dictadura, es la certeza de que la Bonaerense no tiene que existir tal como es”.
Pertot cubría los juicios en La Plata y estuvo el día de la condena a Etchecolatz, el 19 de septiembre de 2006. “Llegaban acordes de The Wall de Pink Floyd de afuera, había gente llorando cuando leyeron la sentencia y recuerdo los comentarios y los carteles de López. En ese momento su desaparición todavía era algo confuso, no lo terminábamos de aceptar, o no sabíamos qué pensar. Ahí todavía tenía la idea de que era algo que se iba a resolver, incluso con cierta velocidad. En algún aniversario, varios años más tarde, pensé, pero entonces ¿esto va a quedar así? Eso me resulta inaceptable”, dice sobre el caso que reinstaló la percepción colectiva de que se puede desaparecer en democracia.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309682-2016-09-18.html