900.0000 trabajadores perdieron su empleo en todo el país durante la cuarentena, de acuerdo al informe que presentará la UCA sobre el impacto del COVID-19 y las medidas de aislamiento social. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de esa universidad, explicó que entre el 20 de marzo y mediados de mayo, los más afectados fueron los trabajadores informales y que el mayor impacto para el empleo en blanco llegará más adelante, cuando se retiren los programas de asistencia del Estado a empresas privadas.
De acuerdo a las proyecciones, entre el 20 de marzo y el 12 de mayo perdieron su trabajo: 120.000 autónomos y pequeños emprendedores, entre 150.000 y 190.000 trabajadores formales, 180.000 empleados en negro, 160.000 cuentapropistas no profesionales informales y 250.000 personas dedicadas a trabajos eventuales, de supervivencia y changas.
“El primer impacto fue el del momento cero, de la fase inicial del aislamiento, que recayó sobre cuentapropistas o pequeños trabajadores independientes y pequeños empleadores de barrio. El shock de parálisis del transporte y espacios públicos golpea mucho al trabajador independiente informal, el vendedor ambulante, el empleado no registrado de pequeños comercios”, explicó Salvia.
“El segundo shock fue sobre obreros y empleados asalariados de pymes que estaban en negro. Ya en abril, en el que la parálisis golpea a esas unidades económicas por el nivel de actividad o porque el negocio nunca abrió y esos sectores se quedaron sin trabajo. Esto abarca desde peluquerías, hasta el garage o prestadores de servicios que contratan unos pocos trabajadores”, comentó.
“Hasta donde pudimos ver, la flexibilización va mejorando la situación pero el trabajador no registrado no recupera el trabajo. Porque el costo de reactivar en una situación de parálisis es muy alto. Puede abrir, pero no llama al empleado. Están semiabiertos para ver si cubren lo mínimo”, sostuvo el sociólogo.
La tercera oleada, golpeará el empleo formal, en blanco: “Ese es el siguiente impacto que nosotros estimamos, que las pequeñas empresas van a tener un nivel de reactivación muy bajo, esas unidades económicas no sólo dejan de pagar empleos sino que muchas terminan cerrando”, dijo Salvia. “¿Cuánto puede seguir siendo sostenido por el Estado cuando el restaurante, cine, no abre, cuando los remiseros o taxistas no necesiten a los peones? Va a venir un tercer impacto, un momento en el que el equilibrio se ajusta por número. Lo que vamos a ver es que una vez que se retiren las asistencias estatales, como el programa de ayuda para el pago de sueldos, esa situación se va a blanquear mucho más”, concluyó.
“Es esperable que la desocupación suba, pero no podemos saber cuál va a ser la tasa porque también hay que conocer cuál va a ser la tasa de actividad, y ante la caída que esperamos en el empleo es esperable que muchos dejen de salir a buscar trabajo porque no creen poder encontrarlo y, entonces, no sean considerados como parte de la población económicamente activa”, dijo.
En marzo se contabilizaron oficialmente 105.000 trabajadores formales registrados menos en relación con el mes anterior, a partir de la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En el Boletín Anual de la Seguridad Social de la AFIP, para febrero de este año había 541.365 empleadores, en abril esa cifra había caído a 526.364, o sea, 14.993 empleadores menos durante el primer mes de la cuarentena. De acuerdo al mismo registro oficial, en abril de 2019 había 254.244 trabajadores registrados más que en el mismo mes de este 2020.
Estas cifras acompañan las caídas históricas registradas en abril en la comparación interanual: la construcción cayó un 75% y la actividad industrial un 33% (con picos de hasta el 87% para la industria automotriz).
Solo para que no aumente el desempleo, la Argentina necesita crear un mínimo de 200.000 puestos de trabajo cada año para incluir a las personas que se incorporan al mercado laboral.